Gestión de residuos en Lima Sur: mejoras distritales, pendientes metropolitanos

El último informe del Ministerio del Ambiente sobre la Gestión Nacional de Residuos Sólidos 2010 – 2011, indica que Lima genera un promedio aproximado de 2 123 016 toneladas de residuos al año. En Lima Sur, una de las zonas más contaminadas de la capital y con menor calidad de aire según el SENAMHI, la acumulación de basura en varias de las principales calles refleja el desinterés o la incapacidad de los municipios por brindar un buen servicio. Esto hace que en la percepción de la gente, el problema de la basura esté casi al mismo nivel que el de la falta de redes de agua y desagüe.

La recolección de desechos que realizan los municipios de Lima sur no tiene como único destino el relleno oficial operado por el consorcio Relima, sino también botaderos informales y clandestinos. El «ahorro» por no llegar al relleno se paga con el deterioro de la calidad ambiental y la salubridad de las zonas aledañas. A ello se suma el problema del desmonte producto de la actividad constructiva de los vecindarios, que se arroja en vías y espacios públicos poco cuidados, empeorando su estado y generando focos de acumulación de basura.

El Plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - PMM, iniciativa encabezada por el Ministerio de Economía, permite a los municipios obtener mayores recursos para mejorar la gestión de residuos sólidos. En este marco, se han implementado desde 2011 en Lima más de una veintena de Programas de Segregación en la Fuente, que involucran no solo a los vecinos, sino también a las y los recicladores que actúan en estos distritos. Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Lurín cumplieron las metas del PMM, y entre ellos los tres primeros integran a sus recicladores en la operación del servicio. En el caso de Villa El Salvador, el PMM ha sido la oportunidad de reactivar el Bono Verde, un descuento mensual de 20% en los arbitrios para las familias que entregan a las y los recicladores organizados sus residuos separados.

Entre tanto, el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) para Lima Metropolitana no se ha concretado y es uno de los pendientes de la gestión «verde» de Susana Villarán. Si bien el Ministerio del Ambiente, como rector de las políticas ambientales, brinda una serie de pautas para el cumplimiento de las metas establecidas por el PMM, estas serán insuficientes si la ciudad de Lima no responde al desafío de la gestión ambiental de residuos sólidos con voluntad política, pensando no solo en una gestión «cumplidora», sino también que proponga y plantee propuestas novedosas para mejorar la calidad de vida de las y los limeños.

desco Opina - Regional / 30 de noviembre de 2012
Programa Urbano
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Si camina como pato y nada como pato…

El pasado 15 de noviembre, Javier Diez Canseco fue finalmente suspendido de la función parlamentaria por 90 días, luego de un proceso confuso y lleno de irregularidades. La decisión que se impuso en el pleno del Congreso de la República no es otra cosa que el anunciado castigo político del Ejecutivo a uno de los congresistas oficialistas que se negaron a aceptar en silencio el viraje derechista del gobierno.

Pese al lamentable esfuerzo de las emisarias palaciegas –la ministra Ana Jara y la Presidenta en funciones, Marisol Espinoza– por organizar una posición «disciplinada» en contra de Diez Canseco, la votación de la bancada de Gana Perú fue un patético desbande: 21 a favor, 10 en contra, 2 abstenciones y 5 ausencias. En suma, hubo de todo, menos una explicación coherente acerca de esta diversidad de posiciones, que a pesar del resultado, refleja uno de los más serios reveses del oficialismo en el Congreso.

Muy diferente fue el comportamiento de los nuevos aliados del Gobierno y principales acusadores del congresista. El voto en bloque del fujimorismo es la prueba de que la iniciativa empieza a trasladarse a ese sector del hemiciclo, recordándonos un pasado que creímos derrotado en las elecciones de 2011. No es la primera señal de alarma respecto a un peligroso aire de familia entre el viraje oficialista y los modales imperantes en la nefasta década fujimorista.

Impuesta la sanción, la reacción de Diez Canseco apuntó a Nadie Heredia, cuyo protagonismo en las decisiones políticas de no deja ya lugar a muchas dudas. En una discusión que se arrastra desde la campaña electoral, en la que Humala intenta pasar por alto polos de referencia políticos («no soy de izquierda, soy de abajo»), hoy la pregunta sobre con quién gobierna Ollanta Humala adquiere nuevos matices. Entre los anillos de poder alrededor del Presidente –graficados por el sociólogo Francisco Durand-, el círculo primigeniamente compuesto por diversos familiares de la pareja presidencial parece haberse cerrado al punto que la señora Heredia lo ha monopolizado hasta hacerse imprescindible para la toma de decisiones. Y de acuerdo a la denuncia de Diez Canseco y por lo visto en el Pleno, ya no se trata sólo de las decisiones que competen al Ejecutivo.

Las dudas sobre el entorno de confianza con el que el Presidente gobierna adquieren mayor importancia, si observamos algunos aspectos clave en el corto plazo, como la inversión pública y la gestión de conflictos sociales, por mencionar apenas dos de ellos. La incapacidad de gasto en el gobierno nacional no se resuelve con «shocks de gerencia y gestión pública» como se pretende hasta ahora, menos aún cuando esos reflejos centralistas entran en contradicción con la mejora de ejecución que sostenidamente protagonizan los gobiernos subnacionales. De igual modo, la conflictividad social no se transforma por el simple cambio de la denominación de la oficina encargada de su atención, ni su nuevo tratamiento puede basarse en cargarle culpas a un proceso de descentralización «mal conducido» o a un enemigo particular, lugar que en período último ha ocupado cómodamente el MOVADEF. Somos contundentes en rechazar los intentos senderistas por aparecer nuevamente como factor político en el país, tanto como en denunciar el uso interesado que hacen del MOVADEF quienes para gobernar apuestan por legitimar situaciones de excepción e ir más allá de los márgenes de la convivencia democrática.

desco Opina / 23 de noviembre de 2012
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Huancavelica, entre la inclusión urgente y el futuro

«Esta es la inversión pública más grande de la historia de Huancavelica, que ponemos para la población más pobre del país», «No venimos con las manos vacías. No son 1.000 millones, son 1.915 millones de soles que estamos poniendo a disposición de la región para trabajar juntos, eso es inclusión social», fueron las palabras del presidente de la república, durante la IV sesión descentralizada del Consejo de Ministros que se realizó en el distrito de Pampas-Tayacaja, en la Región Huancavelica. Cuando era candidato, Ollanta Humala reconoció que la región estaba relegada. Hoy, con este tipo de iniciativas descentralizadas da por sentado que el Estado está asumiendo un papel más protagónico. ¿Será suficiente para Huancavelica?

La mejor manera de aprovechar esta iniciativa del Gobierno Central y lograr el apoyo de incluir a Huancavelica y priorizar sus necesidades, es mediante el trabajo coordinado del presidente Regional de Huancavelica, con sus alcaldes provinciales y distritales.

Porque dar dinero no necesariamente genera desarrollo, ni mucho menos garantiza que sea un proceso inclusivo, debido en gran medida a la ineficiencia de algunos funcionarios que consideran que los programas asistenciales mal acostumbran a la población a recibir dádivas. Si estos son los responsables de hacer avanzar los programas desde los gobiernos locales entonces hay claramente un problema de compatibilidad «ideológica» para cumplir con el encargo.

Sobre los programas sociales, por supuesto, cabe preguntarse hasta qué punto siguen siendo eficientes. El programa Juntos, por ejemplo, es muy importante para los presupuestos familiares. Lamentablemente, pese a algunos esfuerzos de evaluación en base a los indicadores disponibles, el programa fue lanzado sin una línea de base que permita evaluar su desempeño global con total precisión, cosa que el actual MIDIS tiene muy presente. Lo que Juntos no puede hacer es garantizar el desarrollo a largo plazo ya que no contempla un enganche con programas con enfoque productivo. Visto esto, tanto el Gobierno Central y como el regional deberían promover políticas que se vinculen con Juntos y que tomen en cuenta cuestiones como la generación de empresas, apoyo a pequeños negocios, atención a los pequeños cultivos, entre otros.

Los presupuestos deben estar articulados a objetivos establecidos en el plan de desarrollo regional concertado de la Región Huancavelica y el plan bicentenario, para darle una funcionalidad más estratégica, planificada y no caer en la ejecución de proyectos de manera aislada. Un ejemplo de esto ocurre en el sector Transportes en el cual, si bien se ve un avance significativo con la construcción de vías de comunicación también se nota que éstas no están articuladas a los corredores económicos o a las mancomunidades municipales que proliferan. Reclamamos pues que el enfoque sectorial de programas como Cuna Más o Juntos se vincule con un enfoque territorial y de inclusión social en el cual trabajen directamente con los gobiernos regionales y locales.

No desmerecemos bajo ninguna circunstancia las buenas intenciones por abordar los problemas que aquejan a una de las regiones más pobres del país, pero no se visibiliza en ningún caso una estrategia de desarrollo a largo plazo puesto que la inversión y el incremento de presupuesto por sí solo no soluciona los problemas; el presupuesto público debería dirigirse hacia los ejes de desarrollo identificados en la región, de manera integradora, priorizando los espacios locales con un desarrollo que implique circuitos económicos. Aunque Huancavelica tenga necesidad urgente de salir de la pobreza, también merece que se piense en su futuro, en el mediano y largo plazo.

desco Opina - Regional / 16 de noviembre de 2012
Programa Sierra Centro
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¿A quién le importa Lima?

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones, estableció ya la fecha para la consulta que decidirá sobre la revocatoria a Susana Villarán, cerrando de esta manera la primera etapa de un proceso a todas luces lleno de irregularidades, en el que el papel del presidente del Jurado, Hugo Sivina, ha sido protagónico. La decisión, que no deja de ser sorprendente, coincidió con el accidentado traslado de los comerciantes de La Parada a Santa Anita, permitiendo ver algunos de los rostros más oscuros que están tras la intención de cesar a la autoridad metropolitana, prácticamente desde el día siguiente a su elección.

La gestión de Villarán, tras un inicio vacilante, entre otras cosas por el desconocimiento exacto de los desafíos y el desorden que heredaban de la larga administración anterior, se afirmó definiendo cuatro ejes neurálgicos para su gestión: el ordenamiento del transporte urbano, en una ciudad que está al borde del colapso por el caos y la arbitrariedad que se fue generando en esta materia; la recuperación de los espacios públicos, donde el traslado de La Parada era un tema largamente postergado; la atención a los sectores más vulnerables de la población, donde un programa como Barrio Mío que contempla el plan de mitigaciones de riesgos en laderas, bastante más complejo y estructurado que el anterior esfuerzo municipal de construcción de escaleras, beneficiará a más de un millón de habitantes de la ciudad; y finalmente, la definición de impostergables obras de infraestructura vial y recuperación del río Rímac, con una intervención prevista que contempla significativamente a la inversión privada y que supera los mil millones de soles en los próximos años.

Vale decir que la actual gestión municipal decidió ser gobierno en una ciudad que en la última década se limitó a ser administrada, sin que las gestiones inmediatamente anteriores se preocuparan por enfrentar los grandes retos de planeamiento y orden que demanda una urbe de las dimensiones de Lima. Su valiente decisión de pensar en la ciudad, antes que en el fácil rédito político que permiten la sucesión de distintas obras inconexas y un manejo mediático astuto, pretende ser frenada por la revocatoria.

Los sucesivos paros de los dueños del transporte público, muchos de ellos claramente mafiosos e impunes en su desprecio por los usuarios y por las normas más elementales de tránsito y posteriormente, los enfrentamientos generados con sectores de los comerciantes mayoristas de alimentos, fueron utilizados como parte de una campaña de demolición, a la que se sumaron gozosos buena parte de los medios de comunicación, cada vez más interesados en impedir la participación en la gestión pública de fuerzas y sectores con un discurso de cambio y vinculadas a la izquierda.

El escenario no es fácil y el Jurado Nacional de Elecciones busca hacerlo más difícil y menos ordenado con su pretensión de llevar adelante la consulta en marzo del próximo año, a pesar que la propia organización del proceso, particularmente complejo por la manera de votación, demandaría según los conocedores, más de tres meses, a partir del 2 de enero próximo.

A las autoridades electorales parece no interesarles el futuro de Lima, que corre el severo riesgo de verse paralizada los próximos dos años. Tampoco les preocupa el costo directo e inmediato del proceso, que no es poca cosa. Por su lado, a buena parte de los promotores de la revocatoria lo que les interesa es detener los cambios que la actual gestión pretende llevar adelante. Así las cosas, en un escenario indudablemente difícil, creemos que todos los limeños y limeñas, interesados y comprometidos con el desarrollo y el ordenamiento de su ciudad, con la calidad de vida que ésta les puede ofrecer, estamos obligados a defender una gestión que optó por enfrentar algunos de los grandes problemas de la metrópoli, sin cálculo político alguno.

Más allá de los aciertos y errores de la actual gestión, ninguno de los cuales justifica apelar a la revocatoria, lo que estará en juego en marzo es el futuro de Lima y su voluntad de ordenarse, responder planificadamente a los grandes problemas que afronta y gobernarse democráticamente. Quienes estamos en esa perspectiva –varios políticos de distintas tiendas, líderes sociales e importantes sectores empresariales se han pronunciado en ese sentido– deberemos actuar conjuntamente contra quienes pretenden el regreso al pasado, defendiendo la aspiración mayoritaria de una ciudad mejor.

desco Opina / 9 de noviembre de 2012
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Bajo amenaza

Empezando por la presión política y la manipulación mediática para que se atienda el pedido de indulto para Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, hasta los intentos de sembrar el pánico en los mercados de la Capital a raíz de los hechos de violencia en La Parada, durante las últimas semanas hemos sido testigos de una sucesión de situaciones que evidencian las serias amenazas que enfrenta hoy nuestra convivencia democrática.

La resistencia al cambio de un sector de comerciantes del hoy ex Mercado Mayorista de Lima, que se niegan a abandonar La Victoria, más allá de un problema de gestión y negociación técnica, se vincula a una irresponsable campaña política para fomentar el desgobierno en la ciudad y mermar la imagen de la alcaldesa de Lima. Ni los promotores de la revocatoria de Villarán, ni el ex alcalde Castañeda, ni los voceros del aprismo han tenido la más mínima discreción en mostrar su satisfacción con la difícil situación que tuvo que enfrentar la primera autoridad edil tras el fallido operativo del jueves pasado, que dejó dos muertos y varias decenas de heridos.

Diversos representantes de la derecha política y mediática, entre ellos el ex premier Del Castillo, han establecido comparaciones caprichosas entre sucesos como el Baguazo y lo ocurrido en La Parada. La comparación no sólo es forzada en relación al tipo de violencia, ni a los actores involucrados, sino también respecto a la iniciativa de gobierno que motiva la resistencia. En otras palabras, hay mucha distancia entre el anunciado ordenamiento del comercio mayorista de una ciudad, y una política escondida de concesiones energéticas indiscriminadas en territorio amazónico. Más digerible aparece el comentario del analista Martín Tanaka, que recordando diversos estallidos de violencia en los últimos años, llama a reconocer en ellos «la actuación de actores ilegales o paralegales que obtienen beneficios desmedidos» del statu quo.

Por si todo esto no resultara suficiente, ya en la semana anterior se registraron también en Lima, dos hechos vergonzosos que tienen en común la actuación de grupos intolerantes. Nos referimos al despido del director de la Galería Municipal de Miraflores y a la censura de una muestra gráfica en Villa El Salvador. En el primer caso, el pequeño grupo fundamentalista católico «Tradición y acción» presionó al alcalde de Miraflores para que retire la muestra de la escultora Cristina Planas, calificada de «blasfema»; increíblemente, consiguieron que el municipio despida a Luis Lama. En el segundo caso, se trató de la censura a varias piezas de arte gráfico que se exhibían en la explanada de la Municipalidad de Villa El Salvador como parte de una muestra dedicada a repasar momentos como el asesinato de María Elena Moyano, el atentado Tarata, la Marcha por la Paz y la captura de Abimael Guzmán, hechos que, como señala el título de la exposición, cumplen «Veinte años en la historia del Perú». La recalcitrante fujimorista Martha Moyano, aunada a la poco clara actuación de los representantes del Ministerio de Justicia –entidad auspiciadora de la exposición– propiciaron la censura de piezas que apuntaban no a la responsabilidad del Estado en el clima de violencia de inicios de los noventa, sino a la actuación del líder senderista, Abimael Guzmán. Si hoy se «desaparece» opiniones que el fujimorismo considera demasiado «blandas» respecto al senderismo, ¿cuánta más libertad para «vigilar y castigar» tendrán esta clase de grupos de aprobarse leyes como la del negacionismo?

Todos estos hechos no deben verse como aislados. No nos referimos a una gran conspiración, sino a una creciente ola de conservadurismo e intolerancia, a las que hoy se suma la censura y la violencia expresa como parte del arsenal que los enemigos de la democracia –entre ellos la derecha derrotada en Lima– están dispuestos a emplear en su intento por asfixiar tanto las voces disidentes del discurso oficial sobre la guerra interna, como los necesarios cambios que Villarán y la confluencia quieren poner en marcha en la ciudad.

desco Opina / 29 de octubre de 2012
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La división del profesorado y el estancamiento educativo en el sur

Las prolongadas huelgas del profesorado este año en particular, han develado dos problemas. Para comenzar el resquebrajamiento del SUTEP, uno de los sindicatos más fuertes a nivel nacional, en dos bandos, el Conare Sutep y el Sutep oficial, aunque un reducido grupo de profesores, aún en huelga en Arequipa, han manifestado no pertenecer a ningún bando sino ser simplemente indignados. Lo cierto es que el crecimiento del primero, en especial en provincias, ha entrampado las negociaciones entre el Sutep oficial (cabeza de la dirigencia nacional, controlado por Patria Roja) y el Ministerio de Educación (MINEDU) para resolver el conflicto surgido por la implementación de una nueva ley para el magisterio.

El segundo problema desnudado por las huelgas tiene que ver con el avance del grupo neosenderista Movadef en el sindicato de maestros. Esto ha sido una consecuencia inesperada del poco trabajo político de los partidos para fortalecer sus organizaciones así como su falta de compromiso en la construcción de alternativas para el desarrollo nacional y su debate.

La dirigencia del Conare (Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP) que tiene claros vínculos con el Movadef, desafió al Estado con una huelga de dos meses que envió a los escolares del Cusco, Tacna, Apurímac y Puno a sus casas con vacaciones forzadas. Durante ese tiempo el MINEDU se negó a entablar el diálogo con esta facción del sindicato. Solo un acuerdo firmado por la ministra Salas, el Premier y los presidentes regionales de las regiones donde se mantenía esta paralización, donde se autorizaba los descuentos a los huelguistas, los obligó a deponer su medida.

No obstante, apenas unos días después del levantamiento de la huelga del Conare-Sutep, la otra facción planteó una huelga indefinida que se prolongó durante un mes más. Esta vez las dirigencias de Puno, Tacna y Cusco no acataron la medida, pero sí lo hicieron en Arequipa, Moquegua, Apurímac y Madre Dios. Previas conversaciones con el MINEDU, la dirigencia del Sutep oficial acordó el regreso al dictado de clases, aunque un grupo reducido no estuvo de acuerdo y continuó con protestas en las calles, desconociendo incluso a las dirigencia regionales, como pasó en Arequipa.

El clamoroso desorden en el manejo sindical al interior del gremio de maestros que dio lugar a estas dos huelgas continuas y superpuestas en varias regiones, ha quedado en el ojo de la opinión pública más como una disputa por el liderazgo del sindicato entre estas dos facciones, que como una lucha por las reinvindicaciones magisteriales desatendidas.

La mayoría de los escolares en el sur han retornado a las aulas, pero no se sabe a ciencia cierta si podrán recuperar las horas de clase, o si su rendimiento será afectado más adelante. El MINEDU alista un plan para que no se pierda el año escolar, pero más allá de esta medida de emergencia, se le exige al ministerio un mejor desempeño político para afrontar los reclamos del magisterio y una acción más eficaz para revertir los resultados de la medición del nivel de aprendizaje de los alumnos. Y es que los resultados de la evaluación censal de estudiantes en Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios, Puno y Apurímac, han registrado resultados poco alentadores, en especial en estos cuatro últimos departamentos.

desco Opina - Regional / 19 de octubre de 2012
Programa Regional Sur
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El indulto y los campos en disputa

La presentación oficial del pedido de indulto para Fujimori por parte de sus vástagos amenaza con dejar a nuestro no tan locuaz presidente sin el único argumento que tenía para no hablar sobre el tema: «no he recibido nada». Queda claro que un sector, el mismo que se opuso con tenacidad a Humala en 2011, está a favor del indulto y mueven sus fichas en privado y en público para que éste sea otorgado. Panamericana televisión, por ejemplo, titulaba la noticia con el conmovedor rótulo ‘Con fe y esperanza’, palabras que uno esperaría para informar sobre la Teletón.

Cabría esperar algún resquicio de pudor para manifestarse desembozadamente desde la prensa ‘seria’ a favor de Fujimori, exaltando sus virtudes. Y cabría esperarlo porque él y su aparato se encargaron de comprar la línea editorial de diarios y canales de televisión. Hoy, los columnistas que rechazan –legítimamente– las expropiaciones del pasado, se hacen de la vista gorda con la compra fujimorista; al parecer mientras las cosas se mantengan dentro de la lógica del intercambio de prestaciones todo vale. En positivo, el tema ha tenido la virtud de explicitar las posturas de influyentes figuras del medio, tras varios años de apoyos oblicuos y tras el amago de mea culpa de los medios en conjunto, a poco de caer el régimen de Fujimori y Montesinos.

Pero más allá de los medios, los operadores políticos juegan su partido. La especulación sobre el canje de favores entre el nacionalismo y el fujimorismo no deja de tener cierto asidero, sobre todo si estamos hablando de un gobierno que parece estar supliendo su orfandad de ideas con la posibilidad cada vez más cierta de terminar asemejándose a quienes fueron sus rivales electorales. Por el momento, las declaraciones del presidente contra los «infiltrados» en organizaciones que podrían participar en las elecciones regionales y municipales de 2014, relacionadas sin duda a su animadversión por algunos presidentes regionales tipo Santos y con la huelga de maestros del SUTEP, le hacen el juego –tal vez inadvertidamente– al tipo de alertas sobre el terrorismo que más que defender al Estado buscan beneficiar a los Fujimori, por un lado, y reforzar aquella visión de los acontecimientos que pone en el mismo saco a Patria Roja y al Movadef, y, con nulo rigor histórico, a toda la izquierda, del lado del ‘terror’.

Sumado a eso, el presidente viene dejando claro que su hartazgo con algunos ministros de su primer gabinete con quienes, supuestamente él tenía que fungir como «profesor», es inversamente proporcional a su confianza casi ciega en figuras como el ministro Castilla. El MEF parece haber amasado, sin oposición alguna dentro de un gabinete demasiado cambiante, el poder para decidir respecto de las transferencias a gobiernos locales y regionales con miras a capitalizar apoyos para el 2014. Esto juega en pared, por ejemplo, con espadas de Damocles que penden sobre la institucionalidad de los gobiernos regionales, como las modificaciones a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que están dando vueltas en el Pleno del Congreso.

Si la reconcentración es la forma que el gobierno considera óptima para acumular fuerzas y capital político que no podrá obtener de operadores políticos –que no tiene– entonces parece que se quiere cuidar más de sus propias bases que de quienes tienen el poder de susurrarle al oído en salones privados.

La derecha, ante la sensación de haber perdido algo a nivel regional con la tercera victoria sucesiva de Chávez en Venezuela, parece más empeñada en que salga el indulto. Hay una afinidad que podríamos llamar cultural con «valores» como la mano dura y el autoritarismo que el personaje encarna, pero también, se percibe que golpea a los adversarios, lo cual es una forma difusa pero eficiente de ir ganando. Lo que continúa en el guión es el ataque a fondo al Informe de la CVR y, cómo no, ampliar la amnistía a niveles insospechados.

Por otro lado, la izquierda en sus intentos por fortalecer sus bases tiene un camino complicado con la pendiente recolección de firmas que enfrentan las fuerzas que quieren inscribirse para participar en 2014 y en 2016. Parece imposible pedirles que dejen de pensar en las elecciones a favor de hacer política, si entendemos esto último como la consolidación de discursos que disputen los sentidos comunes del libre mercado y el exitismo basado en la capacidad disuasiva del consumo. En ese sentido, la batalla del indulto sí es un pleito que debe comprarse para sentar posición contra la antipolítica como forma de relacionamiento entre Estado y sociedad.

desco Opina / 12 de octubre de 2012
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