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Hasta siempre OCDE

 

La semana pasada se informó que, en octubre 2023, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mediante una carta de la presidenta de su Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales, Daniëlle Goudriaan, recomendaba al Estado peruano asegurarse que la ley que debilita la colaboración eficaz no fuera promulgada. Dicha norma finalmente fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República, en marzo de este año.

En dicho documento, dirigido al entonces premier Alberto Otárola, se expresaban distintas preocupaciones que, se esperaba, Perú atendiera. Entre estos temas se encontraba la demanda para que el proyecto de ley que modificaba el proceso especial de colaboración eficaz “no entrara en vigor”.

Se advertía que “Perú tendría que abordar estas cuestiones antes de que el Grupo de Trabajo pueda emitir una opinión favorable sobre la voluntad y la capacidad del país para aplicar los instrumentos jurídicos sustantivos de la OCDE que son competencia del Grupo de Trabajo”.

Además, se indicaba que luego de la respuesta satisfactoria del Perú, según los temas planteados, el Grupo de Trabajo procedería a evaluar si el país “estaba dispuesto y sería capaz de implementar los instrumentos legales anticorrupción de la OCDE”.

Cuando recibió la carta de la OCDE, el Ejecutivo había observado la autógrafa de la norma, cuestionando que el plazo para la celebración del acuerdo de colaboración eficaz sea de 8 meses, ampliable hasta 16 meses en casos de organizaciones criminales. Además, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también advirtieron que la aprobación de dicho proyecto, que modificaba el proceso de colaboración eficaz, afectaría la lucha contra la corrupción. Pese a tales resistencias, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la norma, estableciéndola como la Ley 31990.

En la misiva también había otras preocupaciones de la OCDE, entre ellas, solicitar al gobierno garantizar una Junta Nacional de Justicia (JNJ) “eficaz y operativa”, así como la remisión del “registro de condenas en casos complejos de soborno corporativo, en particular los casos llevados a cabo por el Equipo Especial Lava Jato”. Pese al pedido, las acciones del Gobierno para defender la institucionalidad de la JNJ ante las arremetidas del Congreso fueron mínimas. Incluso, el Parlamento logró inhabilitar a los consejeros Aldo Vásquez e Inés Tello.

Sobre el asunto central de la carta de la OCDE, las críticas se centraron, fundamentalmente, en los plazos establecidos para celebrar o denegar un acuerdo de colaboración eficaz, lo que no es un asunto novedoso. Recordemos que el 2022, se emitió un Dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso sobre los Proyectos de Ley 012-2021 y 565-2021, que incluía, entre otros aspectos, la delimitación de un plazo para el Acuerdo de Colaboración.

Para entonces, las críticas a ésta y otras propuestas, ya se centraban en que podrían desincentivar el uso de la colaboración eficaz o perjudicar procedimientos en trámite, debido al aparentemente limitado plazo (ocho meses) para cerrar acuerdos de colaboración.

Aun así, los congresistas insistieron en mantener las distorsiones que habían observado los especialistas el 2022 y las incorporaron posteriormente en la Ley ya referida, provocando la reiteración de las críticas. No son pocos los analistas jurídicos que consideran que esta norma representa, en términos prácticos, la muerte del proceso especial por colaboración eficaz, al tornarlo manifiestamente inútil. Afirman que el proceso seguido debe estar diseñado y regulado para la persecución de delitos que suelen tener una especial complejidad, donde la experiencia demuestra que, en esos casos, es imposible alcanzar un acuerdo final de colaboración y beneficios en 8, 12 o 16 meses.  

Debe considerarse que la etapa de corroboración de la información que brindan los colaboradores requiere mucho más tiempo, por la complejidad de las diligencias que deben llevarse a cabo: múltiples y cruzadas declaraciones, pericias diversas (contables, financieras, tecnológicas, etc.), levantamiento de secretos que deben ser concedidos judicialmente (de comunicaciones, bancario, etc.), diligencias diversas y abundantes de acopio de evidencias, diligencias a través de la cooperación judicial internacional, entre otras. Además, se tiene que negociar la reparación civil con la Procuraduría, lo que también implica producir información contable y financiera que debe ser objeto de discusión y validación técnica por parte de peritos o técnicos oficiales. 

En todo caso, es una situación, como muchas otras, que se escenifican últimamente en nuestro país, que tiene un lado muy malo y otro peor. Está claro que nuestra carrera hacia la OCDE pende formalmente de un hilo, pero en los hechos lo cierto es que hemos salido de ella con fuerza y vergonzosamente.

Consideremos que las advertencias de OCDE sobre la integridad y lucha contra la corrupción en el país no empezaron con la misiva de Goudriaan, remontándose al menos al 2017, cuando un informe sobre estos aspectos ponía elegantemente el dedo sobre varias llagas purulentas. Nuestros gobernantes y congresistas, lejos de suturarlas, prefirieron abrir otras y, tal como procedió Otárola, creyeron que las cosas cambiarían porque se escondían las evidencias. Las consecuencias están a la vista. 

 

 

desco Opina / 28 de junio de 2024

De batallas heroicas a batallas por corrupción

 

 “¡Soldados! Vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres: la de salvar un mundo entero de la esclavitud.”

Simón Bolívar, 1824. Cartas y Proclamas del Libertador

 

El 6 de agosto de 1824, en las planicies de Junín, se libró una de las batallas más significativas para la independencia del Perú y América del Sur. La Batalla de Junín, aunque breve, fue un enfrentamiento crucial entre las fuerzas patriotas, comandadas por el General Simón Bolívar, y las fuerzas realistas españolas. Este combate, que duró menos de una hora, se caracterizó por ser mayormente una lucha de caballería, destacándose por la valentía y el ímpetu de los combatientes patriotas que, a pesar de la inicial superioridad española, lograron una victoria que se convertiría en el preludio de la decisiva Batalla de Ayacucho.

A dos siglos de este evento histórico, el Gobierno Regional de Junín ha emprendido diversas iniciativas para conmemorar y celebrar esta fecha trascendental. Con una asignación de más de 73 millones de soles, se lanzó el proyecto “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en recursos turísticos en el Santuario Histórico de Chacamarca en el Bicentenario de la Batalla de Junín”. Este proyecto, sin embargo, ha sido objeto de cuestionamientos. El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, destituyó al antropólogo José Luis Álvarez Ramos de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), tras críticas a su gestión en el proyecto más importante de su sector: la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín. Álvarez acompañó al gobernador el pasado 29 de mayo a una presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder, entre otros aspectos, por los gastos en promoción y difusión del Bicentenario, que ascienden a cerca de S/ 18 millones, como parte del proyecto.

El proyecto incluye una variedad de componentes: la renovación de infraestructuras, la organización de eventos culturales y educativos, y la promoción turística. No obstante, actualmente no tiene un futuro claro ni un líder que lo impulse. Por un lado, es innegable que la inversión en infraestructuras y eventos culturales puede tener un impacto positivo; mejorar los sitios históricos y promover la educación sobre nuestra historia son pasos cruciales para fortalecer la identidad y el orgullo regional. Además, el impulso al turismo podría traducirse en beneficios económicos significativos para la región, atrayendo visitantes tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, a un mes de la conmemoración, lo único visible son pintas en las ciudades principales de la región.

La eficiencia y transparencia en la gestión de estos recursos es una preocupación legítima. La asignación de 73 millones de soles es considerable y la comunidad merece saber cómo se utilizan. La falta de claridad en algunos aspectos del proyecto ha generado dudas sobre posibles desvíos o malversaciones de fondos, una preocupación válida en un país y una región donde la corrupción es un problema recurrente.

La conmemoración del bicentenario de la Batalla de Junín es un momento de celebración y reflexión. La inversión en el proyecto "Bicentenario" tiene el potencial de generar beneficios duraderos para la región, pero también plantea desafíos en términos de transparencia y eficiencia política. El Gobierno Regional de Junín debe asegurar una gestión responsable y participativa de estos recursos, involucrando a sociedad civil y garantizando que cada sol invertido contribuya al desarrollo y bienestar de la región. Es imperativo que las autoridades prioricen la rendición de cuentas y la transparencia en cada etapa del proyecto. La historia y la memoria de los héroes de Junín no deben ser empañadas por sospechas de corrupción o mala gestión. Con un enfoque claro y comprometido, podemos asegurar que este homenaje no solo recuerde el pasado glorioso, sino que también inspire un futuro prometedor para Junín y para todo el Perú.

 

desco Opina – Regional / 21 de junio del 2024

descocentro

El embrollo nacional en curso

 

Se percibe un consenso creciente respecto a que la presidenta Boluarte no reina ni gobierna. No habla ni interviene ni en su propia interna, a juzgar por lo que registran las actas de las sesiones del Consejo de Ministros a las que asiste. Y está claro que el Congreso no moverá ninguna ficha que lleve a la salida de Boluarte, pues ello equivaldría a la muerte de Sansón y los filisteos al derribar las columnas del templo que los cobija. Esto, porque constitucionalmente no es posible vacar a la presidenta, sin producir simultáneamente el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones generales.

A la par, todas las encuestas de opinión muestran, de manera persistente y categórica, el rechazo ciudadano a quienes nos gobiernan. Del lado del Congreso, la inconstitucionalidad de muchas decisiones convertidas en leyes, la abierta alianza con sectores ilegales, corruptos y dañinosminería ilegal, taxis colectivos y microbuses piratas, deforestación amazónica, los negociados en educación–, así como el control perverso de los órganos de fiscalización y de las normas electorales, bastan para entender la negativa opinión mayoritaria que reciben, un rechazo que bordea el 90% al evaluar el desempeño del poder Ejecutivo y del Legislativo. Del lado del Ejecutivo, pesan la impunidad, el desborde generalizado de la delincuencia, la mayor pobreza y la corrupción abierta y altanera y la frivolidad sin límites, como vimos en el caso de los Rolex o encontramos en las declaraciones de los ministros voceros de la mandataria.

Se están afectando a diario los derechos de distintos sectores de la sociedad, en especial aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad, pero al parecer eso no basta para movilizar el rechazo y malestar generalizado, pues la mayoría de peruanos y peruanas no dan aún señales fuertes que lo indiquen.

El repudio, es claro, no produce por sí mismo un hecho político de contestación a quienes se han aliado para mantener esta situación. ¿Por qué lo toleramos?, ¿por qué nos sentimos impotentes y paralizados? ¿Por qué aguantamos resignados unos, otros desmoralizados, y atemorizados otros tantos?

Sin duda, la represión fatal de las movilizaciones de fines del 2022 e inicios del 2023 cortó el curso del movimiento democrático, es decir, cumplió el rol de aquietar, asustar, debilitar y de esa manera, permitir que se asienten en el poder los actuales gobernantes.

En esta situación anómala, debe considerarse el papel relativamente discreto –no por ello de poco poder– que desempeñan las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército. En la actualidad, avalan a Boluarte, con quien comparten varias responsabilidades penales por las muertes ocurridas al inicio de su gobierno en el sometimiento de las protestas. Altos oficiales de su institución parecen seriamente comprometidos en los sucesos de Ayacucho. En medio de este hipotético pacto del que no se habla, obtienen un trato preferencial del Congreso, del que no solo reciben mayores recursos económicos, sino que también amnistías que permiten la prescripción de delitos de lesa humanidad a criminales, algunos de ellos oficiales de las FF.AA.

Desde sus cuarteles avalan o no las decisiones de los políticos, sin inmiscuirse en los detalles. Así permitieron sucesivamente el cierre del Congreso del presidente Martín Vizcarra, luego su vacancia, y no avalaron al efímero presidente Merino, ni al fallido autogolpe del presidente Pedro Castillo.

En medio de este escenario, plagado de estropicios y quiebres de la institucionalidad democrática, sobreviven variados sectores de la sociedad civil con iniciativas que apuntan a constituir una ciudadanía activa para llevar adelante sus intereses y pugnar por la recuperación de la democracia; son aún muy débiles y se encuentran en un lento proceso de construcción de organización social y acuerdos mínimos. Al contrario, muchos políticos antes que pensar en el enfrentamiento al régimen, aparecen exageradamente concentrados en las elecciones 2026, como si éstas fueran de por sí el bálsamo reconstituyente que terminará con los males nacionales.

Las iniciativas que surgen en estos tiempos, siendo varias de ellas indudablemente valiosas, se ven limitadas por la desconfianza mutua y las distancias que existen entre ellas mismas, trabando la posibilidad de dialogar porque, por ahora, no coinciden necesariamente en las soluciones y en propuestas mínimas para superar este oscuro momento de nuestra historia nacional.

 

desco Opina / 14 de junio de 2024