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La inversión pública en Junín: no basta el incremento de recursos


Junín es actualmente la tercera región receptora de inversión minera, lo que a primera vista demuestra la existencia de recursos importantes para reducir brechas sociales y promover el desarrollo regional. En junio pasado, el presidente Martín Vizcarra, anunció la apertura de la segunda etapa del proyecto Toromocho, en la cual la empresa Chinalco invertirá US$ 1300 millones, que sumados a los US$ 4800 ya invertidos en la primera etapa, constituye un gran potencial aprovechable de recaudación de tributos que contribuyan a mejorar los servicios en educación, salud y saneamiento y que, además, generará empleo para 3500 personas.
Adicionalmente, el Gobierno Central dispuso que a partir de este mes se adelante el 60% de los fondos del canon minero a las regiones, lo que puede significar la transferencia de 3200 millones, que terminarán de entregarse en el mes de julio. Este adelanto busca que la calidad y la ejecución de gasto sea mejor que la de años anteriores y de esta forma el gobierno regional cuente con un mayor plazo para la ejecución del presupuesto transferido.
Asimismo, el gobernador regional, Vladimir Cerrón, mantuvo recientemente una reunión con representantes de la minera y con directivos del Ministerio de Energía y Minas, acordándose que al menos el 60% de los empleos que genere la empresa durante la ampliación del proyecto serán cubiertos por población local. Sin embargo, el proyecto de ampliación afronta las dificultades derivadas de la expropiación de 34 hectáreas de terreno donde habitan pobladores de Morococha, asunto que hoy es materia de un proceso judicial en el que la Corte Superior de Justicia de Junín, declaró fundada la medida cautelar interpuesta por 65 familias morocochinas.
Hay una interrogante clave que responder respecto a la calidad del gasto del Gobierno Regional y de los gobiernos locales de Junín, lo que puede dar pistas respecto al futuro de las inversiones públicas en la región. Al respecto, la ejecución del gasto del Gobierno Regional en el año 2018, de acuerdo a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, muestra que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de 5149 969 813 soles, con un nivel de gasto de 85.4%. La inversión se destinó principalmente a educación, con un PIM de 878 861 586 (95.3% de ejecución); salud con un PIM de 611 632 094 (92.3% de ejecución); saneamiento, con un PIM de 31 066 575 soles (27.2% de ejecución); agropecuaria con un PIM de 24 933 373 soles (57.3% de ejecución).
En cuanto a los indicadores de desarrollo, en la función Educación revisamos los indicadores de comprensión lectora y aprendizajes en matemáticas con los siguientes resultados: (i) el 23.2% de alumnos no logran los aprendizajes de 2º en comprensión lectora, (ii) el 35.7% de alumnos no logran los aprendizajes de 2º en matemáticas. En la función Salud, de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – Endes 2018 del INEI, se revisaron los indicadores de anemia y desnutrición infantil, con los siguientes resultados: (i) un 57% de menores de 6 a 35 meses de edad padecen de anemia y (ii) la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años afecta al 19,2% del total. En la función saneamiento los indicadores reportados por la SUNASS muestran que (i) el 30.2% de la población en la zona rural y el 14.25% de la urbana no accede al servicio de agua. En la función Agropecuaria, de acuerdo al Ministerio de la Producción, se estima que solo el 4.80% de la producción total agraria tiene valor agregado, este indicador muestra que hay mucho por hacer en esta cadena productiva en la región.
Estos resultados muestran las brechas aún subsistentes, así como las dificultades de optimizar las inversiones sociales, tanto de las transferencias del Gobierno Nacional como de los ingresos derivados del canon minero, cuyo gasto está más acotado. Esto es un desafío mayor para las autoridades regionales y municipales, pero también para el Poder Ejecutivo, ya que no es suficiente con transferir recursos y desentenderse del destino de los mismos y del modo cómo se gastan y se obtienen resultados que redunden en el desarrollo regional. Ninguna región, incluyendo por cierto Junín, puede darse el lujo de desperdiciar recursos ni permitir que, vía actos corruptos, las autoridades y funcionarios los utilicen en provecho propio.

desco Opina - Regional / 22 de febrero de 2019
Programa Regional Centro - descocentro

Las dimensiones políticas y sociales de los eventos naturales


Como ya es usual en esta época del año, varias regiones del país han sido declaradas en emergencia por las lluvias y los deslizamientos que suelen provocar, afectando a territorios, centros poblados y ciudades. Una vez más, las cuantiosas pérdidas materiales y las trágicas pérdidas humanas que tales eventos generan, especialmente entre la población de menores recursos, evidencian la complejidad del territorio que nos ha tocado habitar, algo que las mismas autoridades y funcionarios públicos reconocen.
Esto también manifiesta las archiconocidas fallas del Estado y la persistencia de un hecho hasta hoy irresuelto: el asentamiento de poblaciones en zonas de alto riesgo, por donde, inevitablemente, pasará la masa que arrastran los huaicos y deslizamientos, tanto en Lima Metropolitana, como en provincias.
Hay desastres y tragedias recurrentes y prácticamente anuales en el Perú (la otra es la muerte de niños en las alturas durante las olas de frío invernal) y la ciudadanía, con justificada indignación, responsabiliza al Estado por su incapacidad para reducir los daños que provocan los fenómenos climáticos. Las incapacidades de aquél para controlar y ordenar el territorio, para la planificación y prevención, la centralización de las decisiones y las imprecisas competencias entre sus distintos niveles, son sin duda fallas que hasta hoy no se subsanan, tanto por ausencia de voluntad política como por la presencia de intereses diversos al interior del aparato público y de las élites económicas y políticas del país.
Otro de los grandes problemas tiene que ver con la modalidad de ocupación del suelo por parte de la población; ante un Estado ausente, los asentamientos se han caracterizado no solo por una gran informalidad, sino también por ocupar zonas de riesgo como las quebradas, lechos de ríos secos y otras áreas vulnerables, por donde, tarde o temprano, el exceso de lluvias provocará los huaicos e inundaciones. Tal como el caso del poblado tacneño de Mirave lo muestra recientemente, esto ha ocurrido más de una vez a lo largo de las últimas décadas.
Cabe entonces preguntarse por qué la población, a sabiendas de la recurrencia de los huaicos y otros eventos extremos, persiste en ocupar los mismos espacios. La pobreza, la falta de alternativas, así como la visión de corto plazo predominante (no sólo en la población, sino también en los grupos políticos y empresariales) son elementos que lo explican, aunque distan de agotar el tema.
La experiencia de reubicar poblaciones y centros poblados es sin duda muy compleja y difícil; las experiencias recientes en el caso de la minería (por ejemplo, reubicación de Morococha en Junín, de Fuerabamba en Cotabambas) pueden ayudar a entender la magnitud de la tarea a emprender.
Estas experiencias demuestran que grandes sectores de población persisten en quedarse por razones que el Estado, los funcionarios y responsables del reordenamiento no pueden desdeñar, bajo pena de fracasar. Y es que para la gente, no sólo se trata de un desplazamiento físico; ello muchas veces significa cambios en su vida económica (abandonar el entorno donde generan sus ingresos y rentas); en su vida social (se rompen las redes y entramados sociales que permiten su reproducción social), y en las mismas dinámicas de poder y estatus locales. No se trata entonces de trasladar autoritaria y arbitrariamente a la población de un lado a otro.
Lo anterior, que no es frecuente pensar cuando se enfrenta la reubicación de poblaciones, plantea desafíos ineludibles para el Estado; por supuesto, se trata de avanzar en capacidades para planificar y ordenar el uso del territorio (algo que los intereses existentes y la visión predominante de libre mercado dificultan); desarrollar una cultura de prevención y reformar la institucionalidad vigente, respecto a las competencias vigentes entre los distintos niveles y sectores de gobierno; de realizar saneamiento físico y legal en ciudades y centros poblados; pero también de diseñar políticas democráticas y participativas para el desplazamiento, considerando variables tan delicadas e imprescindibles como las mencionadas en el párrafo anterior.
El desafío es indudablemente muy complejo, pero es lo que le toca enfrentar a un Estado que, aún bajo el modelo actual, no solo debe garantizar los mecanismos de libre mercado y promover las inversiones, sino también debe cautelar los derechos ciudadanos.


desco Opina / 15 de febrero de 2019

Un verano en Lima Flowers


La ciudad de Lima acaba de cumplir 484 años de fundación y sus retos son casi los mismos que décadas atrás, ante los cuales el alcalde saliente –Luis Castañeda Lossio– no solo demostró su incapacidad para hacerles frente y solucionar serios problemas, sino que, por el contrario, los agudizó; promovió la mafia del transporte informal y en paralelo, impulsó proyectos como el Metropolitano que no llegó a culminar adecuadamente permitiendo a los operadores privados demandar a la Municipalidad de Lima por ello.
La gestión de Castañeda Lossio será recordada no sólo como la del alcalde mudo que hacía obras y las pintaba de amarillo, sino también, como la de aquél que consolidó la informalidad en el transporte público, arraigó la irracionalidad en la gestión urbana de la ciudad construyendo puentes donde no eran necesarios, y afectó la estética limeña borrando murales artísticos, etc. Por otro lado, ahora sabemos que muchas de las acusaciones en su contra, las libraba gracias a jueces como los que integraban la banda de los cuellos blancos. En ese sentido, tenemos la esperanza de que la justicia peruana cuente con los mecanismos de control adecuados y se pueda auditar el manejo de recursos públicos y las obras para que, por ejemplo, casos como el de Comunicore, no queden en la impunidad.
Ya durante las elecciones pasadas, y luego, en el marco del aniversario de Lima, diversos medios de comunicación han mostrado que para la mayoría de habitantes de la ciudad, problemas como el aumento creciente de la delincuencia e inseguridad ciudadana, sumados a una precaria atención de los problemas ambientales urbanos y un sistema de transporte colapsado, ponen en evidencia lo poco o nada que se hizo desde la anterior gestión para atender las urgencias de la ciudad.
El flamante alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, a poco más de un mes del inicio de su gestión, ha tenido que enfrentar problemas que van desde la ausencia de teléfonos en la municipalidad, hasta atender la inundación ocasionada por la rotura de una tubería matriz de desagüe en San Juan de Lurigancho. Al mismo tiempo, tenemos en la metrópoli los problemas derivados de la irresponsabilidad de muchos de los alcaldes salientes de los distritos de Lima, quienes abandonaron las responsabilidades frente a sus comunas dejando, por ejemplo, a la ciudad desbordada de basura luego de las fiestas de fin de año y con obras inconclusas o atrasos en su avance. Un caso urgente es el de la infraestructura de cara a los Juegos Panamericanos ad portas, motivo de gran preocupación si no se culminaran en su totalidad en el plazo previsto.
El actual teniente alcalde de Lima, arquitecto Miguel Romero, quien ha ocupado cargos importantes en el Ministerio de Vivienda (en 1971 junto a un equipo técnico del gobierno del General Velasco, contribuyó en el diseño arquitectónico de la que más adelante sería la ciudad de Villa El Salvador), seguramente planteará medidas para enfrentar adecuadamente el crecimiento urbano de la ciudad.
Por ello, esperamos que en el marco de las competencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se preparen propuestas de esta envergadura. Que se atienda el mejoramiento de las viviendas y no se limiten a la búsqueda de terrenos para un nuevo asentamiento humano; al respecto no está de más recordar las orientaciones del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de Naciones Unidas que propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, temas que son aspectos clave como los que propone la Nueva Agenda Urbana, la cual busca promover ciudades incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y el diseño urbano adecuado, en un marco de gobernanza y legislación urbana y de promoción de la economía de la ciudad, procurando crear un vínculo de refuerzo recíproco entre los procesos de urbanización y desarrollo.
El partido recién comienza para el alcalde Jorge Muñoz Wells y el tiempo para que los equipos técnicos se afiancen prácticamente no existe, pues los problemas de la ciudad que afectan la calidad de vida de sus habitantes están muy presentes, y las demandas se harán sentir seguramente antes de culminar el verano. El Lima flowers que en algún momento planteó durante su campaña electoral como ofrecimiento de hacer de Lima un Miraflores, es un enorme reto que debe empezarse atendiendo lo básico de la ciudad.

desco Opina - Regional / 8 de febrero de 2018
Programa Urbano