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Sucesión de problemas, escasez de ideas



El frenazo económico no es circunstancial, como indican las proyecciones y análisis de las calificadoras de riesgo y, sobre todo, los ajustes oficiales hacia la baja del crecimiento para el presente año. El ministro Segura afirma que podemos cerrar el año en 4.2%, aunque podría ser menos.
En resumen, los datos anuncian incuestionablemente un nuevo momento: el fin del denominado súper ciclo de crecimiento. Viene asociado a algunos aspectos relevantes en el cortísimo plazo, como el impacto que tiene la caída de los precios de los hidrocarburos que, en términos nacionales puede ser beneficioso para un país como Perú que es esencialmente importador, pero que para las regiones productoras –Piura, Loreto y Tumbes– será como lluvia sobre mojado en sus finanzas.
En esa línea, también deben preverse situaciones generadas por variables cuyos comportamientos son de mediano plazo, como los precios de los minerales. Desde el 2012, empezó a configurarse esta tendencia a la disminución que significa, entre otros efectos, menores recursos por canon.
En suma, no tenemos más los recursos que tuvimos y esto plantea al menos dos tipos de desafíos: (i) las capacidades para manejar la economía del país en una situación de menores ingresos y, (ii) las capacidades para gestionar los conflictos sociales y entablar el diálogo, en medio de una situación en la que se prevé una alta tensión social.
Entonces, no son pocos los que intentan ver el problema en la caída de los precios internacionales lo cual no es muy cierto en tanto este factor está fuera de nuestro control. Lo que debemos resolver es cómo vamos a organizarnos y gestionar lo que tenemos para lograr el máximo provecho. Si vemos las cosas de esta manera, percibiremos que estamos realmente en dificultades.
En el plano económico, ya no podemos tener al frente del MEF a ministros tramitadores cuya función se redujo a ser los guardianes de la caja fuerte. Necesitamos ahora a un verdadero conductor de la política económica, con iniciativas y metas claras, además de concebir el buen gasto como algo más que simplemente poner cinco llaves a los recursos financieros. En otras palabras, necesitamos en la conducción del MEF alguien que tenga un perfil diametralmente opuesto al actual ministro de Economía. 
Pero, no es todo. Seguramente, lo más importante será la manera como el gobierno deberá sortear una serie de conflictos sociales de alta intensidad que ya se vislumbran nítidamente en el horizonte. Teniendo en cuenta lo poco o nada que muestra el gobierno del presidente Humala en materia de fuerza institucional, es casi seguro que le irá entre mal y muy mal. Una cuestión a tomar en cuenta es que las protestas sociales han ido mutando hacia expresiones más organizadas a las vistas en el pasado. Además, estarán muy teñidas de sentido político en tanto estamos ya ingresando al ciclo electoral que culminará con las elecciones generales de abril del próximo año.
 Pero, un tercer aspecto que debe tomarse en cuenta –y no siempre se hace– es la poca capacidad que tiene el aparato estatal para procesar estas situaciones. Desde las épocas en que los primeros ministros debían abordar un avión para iniciar un periplo por todo el país, apagando los conflictos que habían devenido en violentos, debió haber corrido mucha agua debajo del puente, pero parece que no ha sido así. Desde el 2012, se buscó construir un sistema dentro del aparato estatal que debía darle mayor presencia y legitimidad en base a un tratamiento radicalmente diferente al que venía dándose a la gestión de los conflictos. Hubo indudables avances que muy probablemente se pierdan por la extrema debilidad de un gobierno que parece estar terminando su mandato en estado catatónico.
Así, no solo en el manejo económico y en la gestión de conflictos se avizoran graves peligros, dada las restringidas habilidades del gobierno para un manejo adecuado en ambos casos. Basta observar como no atina a nada cuando un evento climático, como la actual ola de calor acompañada de fríos extremos en los territorios de altura, ocasiona importantes impactos en la infraestructura y cobra víctimas. Mejor no pensar cómo va a actuar ante la reedición del fenómeno de El Niño que ya se confirmó para el mes de mayo.
Entonces, por un lado, muchos problemas en el corto plazo y, por el otro, poca capacidad para hacerles frente. Una combinación que puede resultar letal en la última etapa del gobierno de Humala. 
               
 desco Opina / 27 de marzo de 2015
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Gestión equitativa del recurso hídrico para Ica y Huancavelica



Es conocido que el boom agroexportador de Ica, incluyendo la venta de espárragos al exterior, son dependientes del recurso hídrico proveniente del departamento de Huancavelica; esta dependencia se remonta al año 1945, con la realización del proyecto Tambo Ccaraccocha, que implementó infraestructura hídrica para la colección y trasvase de las aguas de lagunas de las partes altas de Huancavelica, para su culminación en los valles de Ica.
Sin embargo, y al igual que otros proyectos de trasvase en el país, este no ha contado con el consenso de las poblaciones de la parte alta, existiendo una conflictividad social latente. El agua, recurso entendido como un elemento integrador, no solo de ecosistemas sino también de poblaciones, ha cobrado mayor relevancia estos últimos meses a raíz del ofrecimiento del gobierno central de destinar 650 millones de soles para el desarrollo de proyectos como el colector Ingahuasi y la presa Tambo Ccaraccocha. Ambos han sido previstos para continuar con el desarrollo de la agroexportación en Ica, estando los intereses de sus principales actores bien representados por las juntas de regantes y por el gobernador regional, en tanto las comunidades campesinas como organización no pueden constituirse como comité o junta de regantes para demandar el uso del recurso (Ley de Recursos Hídricos N° 29338), y siguen a la espera de que se materialicen los ofrecimientos destinados a atender sus necesidades básicas y de comunicaciones, así como de inversiones públicas en infraestructura productiva para la crianza de camélidos.
Es sin duda importante consolidar el crecimiento de un departamento competitivo como Ica (tercer puesto entre los de mayor crecimiento económico), pero también es necesario considerar los derechos de  las comunidades alpaqueras de Huaytará y Castrovirreyna (ubicadas en las zonas de colección y trasvase, en Huancavelica), que no solo se dedican a preservar uno de nuestros principales recursos animales nativos (camélidos sudamericanos), sino también, a través de sus prácticas ancestrales y de innovación, realizan conservación y manejo del recurso en la cabeceras de cuenca, sin ser por ello adecuadamente valorados y menos aún compensados. Por todo esto, la administración del recurso hídrico en estas cuencas debe comprometer a la zona beneficiada con el boom agroexportador, para que asuma responsabilidades en el cuidado y conservación del agua.
El descontento de la población huancavelicana, en especial de las comunidades asentadas en el ámbito de las cuencas que alimentan de agua a los valles iqueños, está asociado a su invisibilización en la gestión del recurso hídrico, así como a la experiencia de más de 60 años de ver pasar el agua por sus puertas sin opción a utilizarla y sin capacidad de exigir una mitigación por los impactos generados en su entorno productivo y ambiental. Es necesario resolver las demandas de los sectores productivos del país, pero también es urgente escuchar; reducir las brechas de desigualdad parte por considerar la existencia de poblaciones que aportan en diferentes formas, que continúan desarrollando actividades poco rentables pero necesarias para la adaptación al cambio climático y requieren ser atendidas con inversiones públicas para su desarrollo.
Los responsables de manejar el proyecto «Trasvase o Sistema Choclococha» – PETACC, los gobiernos regionales de Huancavelica e Ica, y el gobierno nacional, deben promover el cumplimiento de la ley de recursos hídricos; las comunidades campesinas en la cabecera de cuenca, los actores más perjudicados, deben ser reconocidos. Actualmente, los huancavelicanos vienen fortaleciendo sus organizaciones técnicas como el Grupo Técnico Regional del Agua (GTRAH) y las demás organizaciones en favor de la protección de los recursos, liderados por el gobernador regional, Sr. Glodoaldo Álvarez Oré. Se viene impulsando la formación de la «Mesa de Diálogo Birregional» y se ha prometido diálogo a todo nivel, a fin de que el problema no llegue a mayores. 
Es hora de superar errores y exclusiones, asumiendo con responsabilidad la gestión concertada del recurso hídrico entre ambas regiones, estableciendo las responsabilidades del cuidado y conservación del mismo en la parte alta y baja de la cuenca, previniendo los conflictos que puedan eventualmente desencadenarse.
Después de resolver los errores del pasado, se pueden establecer mecanismos para la negociación de los proyectos en cartera, el canon hídrico, la inversión en infraestructura y otros temas, en un contexto de inclusión y equidad en la representación. Para el futuro de ambas regiones, es clave el respeto y el entendimiento a las comunidades campesinas. 

desco Opina - Regional / 20 de marzo de 2015
Programa Sierra Centro
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¿La vida sigue igual?



El crecimiento anunciado para el mes de enero se ubicó apenas por encima del 2%, mientras ya se advierte que distintas empresas privadas están ampliando los plazos y renegociando sus cronogramas con el sistema financiero. Cierto que lo hacen aprovechando la modificación del interés bancario, pero también empiezan a evidenciar su preocupación creciente por la falta de recuperación de la velocidad del crecimiento económico.  Las distintas medidas impulsadas por el gobierno, es claro, se limitaron a proteger la gran inversión privada creándole mejores condiciones que las previamente existentes, mostrándose ineficientes para garantizar los indicadores que el Ministerio de Economía y Finanzas ha comprometido para el año.
El Congreso de la República, por su lado, abocado a discutir distintas medidas puntuales de reforma del sistema electoral y del supuesto fortalecimiento del sistema de partidos, cambió la denominación de los presidentes regionales por la de gobernadores y prohibió su reelección inmediata, así como la de los alcaldes. El pueril argumento utilizado, no podía ser de otra manera, es el de la lucha contra la corrupción. Olvidaron que cerca del 90% de autoridades no son reelectas, que buena parte de las autoridades subnacionales denunciadas y acusadas en los últimos años, eran elegidas por primera vez, despreciando el sentido común que valora la experiencia, más aún en un Estado como el nuestro. Siguieron con la aprobación de la curul vacía como sanción a los partidos que deben responder por sus representantes y el control del cambio de domicilio para evitar el voto golondrino. Pero los temas de fondo de la reforma necesaria –la renovación por tercios o mitades de los congresistas, por ejemplo–, siguen brillando por su ausencia.
El alcalde de Lima insiste en sus ataques y denuncias a la gestión anterior a pesar de que anunció no perdería tiempo en ejercicios inútiles. Arremete contra los murales del centro de Lima y los pinta de amarillo porque la política no tiene color, mientras simultáneamente desactiva los primeros pasos de la indispensable reforma del transporte urbano que avanzara trabajosamente la ex alcaldesa, contribuyendo a mantenernos en el caos que tanto le cuesta a la ciudad y a los ciudadanos. Lo hace con la misma «efectividad» con la que sacó adelante el contrato con Línea Amarilla SAC, hoy día ya afectado por la virtual quiebra de OAS y la corrupción destapada en Brasil.
Da la impresión, entonces, que la vida sigue inexorablemente igual. Sin embargo, más allá de la superficie, el movimiento es grande y no debemos sorprendernos por ello. La gobernadora regional de Arequipa, estrenando su nuevo nombre, advierte sus reticencias por el proyecto Tía María, preocupada por las fuertes resistencias que éste genera y por el eventual conflicto ya incubado. El fujimorismo, rompiendo su prolongada coordinación con el APRA, le da luz verde al nacionalismo y dos de los informes de la Comisión Investigadora del Congreso –Business Track y los colegios emblemáticos– que responsabilizan al ex presidente García de infracción constitucional, prolongan la amenaza de su inhabilitación.
El mandatario por su parte, arropado por el escandaloso caso del espionaje chileno y acostumbrado a las marchas y contramarchas –su sello distintivo–, recupera parte del tono beligerante que mostrara cuando candidato, aunque ciertamente con un contenido distinto, mientras la presidenta de su partido, parece cómoda con el globo de ensayo que supone la eventual candidatura el 2016 de Daniel Urresti, quien se esfuerza por aparecer como un aplicado discípulo del general Donayre, mientras trata de zafarse de la acusación sobre su responsabilidad en el asesinato del periodista Bustíos. Los más pequeños, también están en movimiento. El PPC en sus evidentes pugnas internas y con la aparente decisión de marchar sólos el próximo año, las izquierdas barajando nombres y opciones variopintas, sin resolver sus dificultades más importantes, esas que las han dejado sin identidad clara y sin imagen.
En otras palabras, mientras en un plano de la realidad, la vida sigue igual y el país se mantiene en el laberinto que se ha construido, en otro; los distintos actores sociales y políticos, van dando pasos en la dirección que más les interesa. A unos, la defensa de sus intereses, como es el caso de Arequipa; a otros, su camino hacia el 2016. Ambos, actores sociales y políticos, tienen claro que los próximos meses serán largos y calientes, fuertemente crispados y con una economía golpeada, que puede añadir combustible a la discusión política, pero también a la movilización y la demanda social.

desco Opina / 13 de marzo de 2015
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Tensión en la selva central



La convulsión social que hace pocas semanas atrás envolvió a Pichanaki, fue motivada por una serie de incumplimientos y olvidos de parte de las autoridades nacionales, en los que la empresa petrolera tiene poca o ninguna responsabilidad. Eso no significa, tampoco, que a diferencia de lo que ocurría con la Petrolífera SAC en el lote aledaño 107, Pluspetrol tuviera un buen desempeño. Desde un principio, sus encargados de hacer trabajo de acercamiento y sensibilización a los pobladores y sus organizaciones, mostraron serias debilidades; se les acusaba de incumplidos, de informales, de abusivos y soberbios, entre otros calificativos. Sin embargo, los trabajos de exploración de la Pluspetrol, la manipulación y la falta de la información, dieron los pretextos suficientes para que esto sea aprovechado de otra manera, y para que se azuce la movilización de algunos pobladores ante el temor del deterioro ambiental.
Entre los rumores atemorizantes –sin sustento técnico– se señalaba, por ejemplo, que los ojos de agua desaparecerían con los trabajos de exploración, que algunos predios colapsarían y que la contaminación estaría a flor de tierra. Esta manipulación de la información y el atizamiento de actos de violencia y represión policial, le han costado la vida a un poblador, ha dejado muchos heridos y provocado (para los agricultores de la zona) pérdidas de sus cosechas de papaya, piñas y paltos que estaban prestas a salir al mercado limeño. No es de sorprender, además, el violento comportamiento de la policía en los enfrentamientos, por ser un territorio sensible de narcoterrorismo (salida del VRAEM), y sus integrantes (de las dependencias locales y los refuerzos), más allá de este conflicto, han tenido siempre roces con la población civil de esta zona.  
Es importante tener en consideración que en una coyuntura donde el agricultor local está seriamente afectado por la plaga de la roya, cualquier dinero que llegue a los caficultores por compensación social sería bienvenido. Si bien estas compensaciones económicas se están dando, la empresa Pluspetrol enfrenta juicios por daños e incumplimiento de compromisos a terceros; punto a favor para quienes capitalizan el descontento. La convocatoria ha capturado la acumulación de demandas insatisfechas de la población de Pichanaki, distrito con un crecimiento poblacional desordenado y apresurado, que en los últimos siete años triplicó su demografía, y no es de sorprender que menos del 40% de la población urbana y rural esté representada por alguna organización.
El Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki –ahora actor importante– nace el año pasado, estando inserto en pleno proceso electoral cuando muy pocos le hicieron caso; sin embargo, dejó sentadas varias acusaciones de colusión con la empresa contra algunos candidatos (de Junín principalmente); las imputaciones se centraron, sobre todo, en los que iban adelante en las encuestas.
Los convocantes no tienen la representatividad de las organizaciones sociales ni de las organizaciones de productores y mucho menos de las comunidades nativas, varias de las cuales han negociado compromisos con la empresa e incluso se han pronunciado públicamente en contra de las paralizaciones.
A excepción de Pichanaki, ninguno de los distritos donde se realizan los trabajos se ha sumado a la paralización, y si bien es posible que la conjunción de varios personajes que satanizan los trabajos haya dado sus frutos, no han podido proyectar sus pretensiones a toda la selva central. Hay quienes creen que esta protesta está siendo subvencionada por narcotraficantes y madereros ilegales molestos por la presencia de la policía y el mayor control del tráfico que ejerce el Estado desde hace algún tiempo en la zona.  
Por otro lado, es importante que se sepa que días antes de la paralización, toda la selva central tenía ya conocimiento de que las empresas de exploración petrolera suspenderían paulatinamente sus actividades hasta nuevo aviso, al haber culminado con la fase técnica que correspondía, porque se debían procesar los resultados de los estudios técnicos y también porque el precio en el mercado internacional de los hidrocarburos era poco halagüeño y no se justificaban las inversiones tanto en exploración como en compensaciones sociales. Por estos motivos, los más osados no dudan en señalar que quienes estarían más interesados en que esta concesión sea cancelada serían los de la propia empresa Pluspetrol, porque todo indicaría que financieramente les sería más rentable luchar por una indemnización del Estado peruano, que por el usufructo del contrato.
En Pichanaki fue celebrado como un triunfo rotundo haber logrado que la representación del Ejecutivo acepte la instalación de una Mesa de Diálogo, de la misma forma que fue criticada y señalada como un engaño la presencia ministerial que en su momento no aceptó sentarse a dialogar en una plaza pública.  Como es natural comprender en la zona, el tema central del debate del jueves 19 no fue la presencia de la Pluspetrol, sino el de los compromisos estatales para atender las necesidades locales, quedando claro que sólo coordinarán su ejecución con quienes tengan real representatividad de la población local. En ese contexto es evidente que el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki no encaja. La autoexclusión de quienes promovieron la paralización, ha beneficiado al Alcalde de Pichanaki, quien ha sabido liderar las conversaciones con la delegación del Gobierno Central, sin ninguna sombra que lo opaque ni cuestione su representatividad. Mientras tanto desde los medios radiales locales, los desengañados líderes de la paralización tratan de encender los ánimos para retomar las paralizaciones a partir del 22 de marzo, intentando una respuesta ante el alcalde distrital y las organizaciones representativas que en muy corto plazo organizaron una marcha por la paz que obtuvo el respaldo mayoritario.
Por último, la nueva convocatoria del Frente, que pretende ganar nuevamente respaldo para organizar un paro de alcance nacional, más allá de ser una propuesta pretensiosa es impopular, pero también nos hace ver que no es que la crisis se haya desinflado, ya que para nadie es un secreto que se está buscando llegar a acuerdos para que algunos líderes radicales se sumen a las protestas con lo cual se podría llegar a niveles de mayor conflictividad. En los medios locales se señala que la facción del SUTEP que representa a los maestros que no aprobaron el examen de selección, habría aceptado sumarse a la lucha y están a la espera de que grupos de construcción civil que demandan cupos en las obras del Estado, también aseguren su compromiso. Con ello se incorporarían nuevas demandas y la plataforma de lucha se distorsionaría tanto que sería poco manejable, incluso por parte de los mismos convocantes.

desco Opina - Regional / 6 de marzo de 2015
Programa Selva Central
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