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Concesiones mineras en entredicho

Catorce muertos en la provincia de Caravelí por el supuesto enfrentamiento entre dos asociaciones de mineros informales y trabajadores de una empresa formal disputándose terrenos donde extraían oro de manera artesanal, pusieron a Arequipa en los ojos de la prensa nacional. Se ignora que este hecho no es aislado, sino que es recurrente entre los mineros informales que llegan a ésta y a otras provincias arequipeñas atraídos por la fiebre del oro. Según un estudio reciente, en el país se dedicarían a esta actividad 500 000 personas que anualmente producen 24 000 kilos de oro, equivalentes al 29% del total formal, superando los 2500 millones de dólares anuales.

Un hecho conocido en la zona es que muchas personas que consiguieron concesionar terrenos, los alquilan a asociaciones de mineros informales para su explotación, y así hacerse de dinero fácil sin cumplir con las normas (ambientales, laborales, de utilización de tierras, etc.) para iniciar una explotación formal en su concesión. Cuando hay un control ambiental o se registra un hecho de violencia, el concesionario se lava las manos indicando que ha sido invadido sin saberlo, saliendo libre de polvo y paja del asunto. Esta forma de «trabajar» ha sido una gran dificultad para la formalización minera, pues muchas asociaciones no pueden continuar con sus trámites porque no cuentan con los derechos de concesión de la tierra que explotan o quieren explotar. La naturaleza del problema que enfrentamos es clara; el otorgamiento de concesiones no es sólo una fuente de conflicto social al no haber consulta de por medio, sino que lo es por el pobre esfuerzo que realiza el Estado para fiscalizar el uso que se hace o no de los terrenos concesionados. 

El 10 de junio el Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días la zona de la masacre, para facilitar el trabajo de la Policía. La Fiscalía contra el Crimen Organizado de Arequipa también abrió investigación, y se han detenido a 31 personas hasta el momento. Una de las hipótesis de la Fiscalía señala como responsable de estos hechos a los directivos de la empresa concesionaría Intigold Mining S.A.; entre ellos a su gerente general, Rossana Calmet Guazotti de Camarero, por supuestamente haber contratado matones para desalojar a los informales.

Las dificultades para esa empresa empezaron el 2014 cuando enfrentó problemas financieros y una investigación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por infracciones ambientales. Un año después, la Dirección General de Minería emitió una resolución administrativa impidiéndole realizar actividad minera en la zona. Desde entonces, valiéndose de vacíos y argucias legales, desconocen la ley de empresas constituidas formalmente y desde el 2016 cobran una regalía a un grupo de mineros informales que en la práctica trabajan para ellos.

Más allá del impacto de este hecho criminal que tiene que ser cabalmente investigado y sancionado, donde se tiene que poner el foco es en la legislación sobre las concesiones mineras. Hay muchos temas por discutir, como la ampliación de las zonas de exclusión para las concesiones, considerando especialmente los efectos del cambio climático, los ecosistemas vulnerables y la expansión urbana. A partir de este caso puntual, se tiene que revisar la legislación respecto a la caducidad de las concesiones mineras en caso de que el concesionario no inicie actividad en su terreno en un tiempo determinado, sea para la exploración o para la explotación; no cumpla con la totalidad de trámites para entrar en explotación como autorizaciones y estudios previos aprobados y la certificación ambiental; o por la inobservancia de las normas laborales y ambientales correspondientes. Intigold Mining, afincada en Lima, registra 17 infracciones ambientales y 15 infracciones laborales y algunos de los mineros informales inmersos en el conflicto han declarado a la prensa que le pagaban 20% en regalías para que los dejen trabajar en su concesión, entregando mensualmente unos 10 volquetes cargados con mineral aurífero. 

En el sur se concentra la mayor parte de mineros informales a nivel nacional. Están distribuidos en su mayoría en Madre de Dios, Puno y Arequipa. En este último departamento, 60 000 personas se dedicarían a la minería informal en las provincias de Caravelí, Camaná y Condesuyos. En estas provincias, según el Ministerio de Energía y Minas se han formalizado 37 pequeñas empresas mineras y 638 mineros con derechos mineros reconocidos sobre un área de explotación, del total de inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera - Reinfo. Sin embargo, mientras sigan operando empresas como Intigold y no cambie la legislación de las concesiones mineras en el país, la formalización avanzará a paso lento, y hechos violentos como éste, seguirán sucediendo.


desco Opina – Regional / 24 de junio del 2022

descosur 


Acostumbrados a la mediocridad

En algo más de un mes el gobierno del presidente Castillo cumplirá un año ocupando el poder Ejecutivo. Totalmente desgastado, no aparece más como un gobierno novedoso que ofrece esperanzas de una gestión, ni siquiera mediocre, del país. A esa derrota de la expectativa por avanzar y tener un destino mejor se suma, circunstancialmente, una derrota deportiva que nos deja fuera del campeonato mundial de futbol y que no se ha expresado en ningún descontento adicional con los políticos en el gobierno.

La marcada polarización no se ha atenuado y no se perciben aportes de la clase política que apunten a mejorar la gobernabilidad en función de lograr mejores condiciones de vida para los peruanos. La inestabilidad continua con fuerza. Es una época de intransigencias, donde la política entendida como negociación está desprestigiada. La mala calidad de nuestros políticos añade sombras a este escenario.

El vivir el «día a día» se reafirma así como parte de nuestra identidad, y contagia por cierto, todas las dimensiones de la vida pública y privada de las grandes mayorías, desprovistas de un empleo digno, de servicios básicos o de educación con mínimos de calidad. Eso, por no mencionar la larga lista de carencias en otros ámbitos como la agricultura, la vivienda y la salud. La lógica de la informalidad y la opacidad de un grupo mayoritario de congresistas que pretenden permanecer en sus cargos, pareciera señalar que esta situación se prolongará por un tiempo indefinido y las posibilidades de alcanzar un consenso mínimo están todavía muy lejos.

La lista de enfrentamientos entre poderes e instituciones públicas es cada vez más amplia e infructuosa. Casi todos los peruanos y peruanas coinciden en que, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, se han entrampado en un enfrentamiento vano, y viven en medio de una situación incierta que se prolonga. El afán por entorpecer la acción del otro o por preservar intereses conservadores y negocios oscuros o incrementarlos, es lo único que queda claro en este escenario de confrontación entre ambos poderes

Los enfrentamientos entre las derechas del Congreso y el presidente de la República en su afán por vacarlo se expresan de múltiples maneras como, por ejemplo, el propósito de vacar prestamente a la vicepresidenta Dina Boluarte por una infracción constitucional discutible. También destaca el enfrentamiento entre el Jurado Nacional de Elecciones y varios de los partidos del Congreso cuyos dirigentes mostraron su incapacidad para inscribir a buena parte de las listas de sus candidatos para los próximos comicios regionales y municipales Más recientemente, se añadió, a propósito de la próxima elección del Defensor del Pueblo, el intento de desacato del Congreso a una orden judicial que confronta también a dos poderes del Estado en medio de su escasa capacidad para negociar y asumir sus propias responsabilidades. Un nivel muy alto de desorden e improvisación que hace más difícil la situación general del país.

La consigna «que se vayan todos» compite con la crecida resignación y la disposición que mostramos a aceptar la ecuación que suma incapacidad, mediocridad y corrupción, que caracteriza la vida política institucional del país; sin verdaderos partidos políticos ni liderazgos sólidos con proyectos colectivos de mediano o largo alcance, como parte del paisaje nacional. 

El alejamiento de la pandemia y la innegable disminución de los peligros del COVID-19 en el escenario sanitario, nos trasladan ahora a una nueva situación que se define por el proceso inflacionario interno, una contagiosa crisis económica internacional y un país que rechaza el trabajo parlamentario tanto como el del gobierno, sin que se genere mayor reacción de la ciudadanía acostumbrada por la informalidad a tolerar todo tipo de mediocridad, como en el caso del empleo informal, la educación universitaria «bamba» y de pésima calidad y las estafas recurrentes desde los sectores público y privado. Para la opinión pública esta nueva forma de país en el que la inestabilidad pareciera ser lo único constante y sólido de la política peruana es la «nueva normalidad».

En medio de este panorama carente de liderazgos, hay que señalarlo también, la izquierda real ha desaparecido como un actor propositivo del escenario nacional, y lo que se espera de las elecciones regionales y municipales del mes de octubre es que sus resultados, como ha sido durante los últimos procesos, encumbren a las fuerzas locales que en abrumadora mayoría son la expresión de más informalidad en política que nos lleva a seguir en la indefinición, la incertidumbre y la instalada mediocridad.


desco Opina / 17 de junio de 2022

Elecciones generales, ¿una salida a la incertidumbre que vivimos?

La convocatoria para elecciones generales viene apareciendo crecientemente como solución frente a la crisis política que atravesamos, con poderes institucionales debilitados como el Ejecutivo y Legislativo que evidencian similar falta de idoneidad y capacidad para gobernar y gestionar nuestro país. Este camino empezó a resonar con la presentación de la iniciativa legislativa 1893/2021-CR del congresista Pasión Dávila, que propone recortar el mandato presidencial, congresal y del Parlamento Andino a julio del 2023. La bancada de Perú Libre retrocedió en dicha iniciativa retirando sus firmas de la propuesta. Ante ello, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, retomó el proyecto de su colega sosteniendo que el mismo permite una salida constitucional a la crisis que estamos viviendo. 
En este escenario la mayoría de bancadas se empeña en aferrarse a sus curules y decirle ¡No! a un adelanto de elecciones generales, manteniéndose a favor de una renuncia al cargo del presidente Castillo, dejando claro que no están dispuestos a sacrificar  sus salarios y la comodidad de los beneficios que mantienen por ser representantes, permitiendo que la crisis política entre en un bucle sin fin y en un pacto de no agresión que les posibilite al Ejecutivo y al Legislativo seguir sobreviviendo. Al medio, peruanos y peruanas nos sometemos a una incertidumbre que afecta nuestros bolsillos, conspira contra nuestra salud mental y empleo, y peor aún, resulta más grave dada la crisis alimentaria a puertas que nos angustia y puede impactarnos por la incapacidad gubernamental a pesar de ser un país rico en recursos. 
No sorprende que la derecha, en nombre de su rol fiscalizador continúe promoviendo acciones como la vacancia o la renuncia del presidente Castillo; sin embargo, desde hace ya varias semanas, distintas figuras de centro izquierda exigen algún tipo de salida a esta crisis. Como es conocido, el expresidente Francisco Sagasti fue de los primeros en pronunciarse a favor de un adelanto de elecciones ante la precariedad y la opacidad de la gestión gubernamental, ayudada por el comportamiento de un poder Legislativo igualmente rechazado mayoritariamente por la población. El exmandatario propuso en ese contexto el recorte del mandato presidencial y congresal dentro de los marcos constitucionales, teniendo como condición un acuerdo sobre nuevas reglas y las reformas necesarias para no repetir la crisis actual. 
Más recientemente, el congresista del Partido Morado, Edward Málaga, se ha manifestado a favor de una nueva moción de vacancia ante la aparición de nuevos audios de Zamir Villaverde que involucran en serios indicios de corrupción al Presidente, el exsecretario Bruno Pacheco y al ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, encontrando razones suficientes para que en esta ocasión la moción prospere.
A pesar de la descomposición que se sucede ante nuestros ojos, hasta la fecha el Congreso no está dispuesto mayoritariamente a avalar un adelanto general de elecciones, pero sí a aceptar la renuncia de Castillo. Mientras tanto, siguen apareciendo audios que involucran al entorno directo de Pedro Castillo, dando la impresión de que muchos esperan que pronto aparezca alguno que lo implique directamente y termine por hundir su gobierno facilitando la vacancia presidencial. 
En este marco, la moción de interpelación a Dina Boluarte, quien en cuestión de días podría enfrentar su destitución por una infracción al artículo 126 de la Constitución, facilitaría el camino de la vacancia al quedar sólo el presidente Castillo, que de ser vacado, dejaría el gobierno en manos de la Presidencia del Congreso. El ostensible y justificado desprestigio de su presidenta actual y la próxima elección de una nueva mesa directiva abre, por cierto, un nuevo espacio de incertidumbre y seguramente de nuevos intentos de componenda.
Es obvio que el hartazgo de la población por la actual clase política seguirá creciendo. El Ejecutivo y Legislativo con su lucha de poderes han terminado por sumergirnos en una desazón que viene agravándose desde años atrás y que hace que cada corto tiempo tengamos que elegir nuevos gobernantes y representantes que no dan la talla, que actúan en función a sus intereses particulares y continúan liquidando la democracia.
Cualesquiera sean las medidas que se tomen en los siguientes días respecto a la salida del Presidente, la situación nos obliga a pensar que si no existen reformas políticas que fortalezcan a los partidos y más allá de ellos al régimen político, continuaremos repitiendo la misma historia con gobernantes incapaces de asumir los retos que implica dirigir un país, con ministros y congresistas cuestionados por denuncias de corrupción, vinculados con poderes opacos y permanentes altos índices de desaprobación. Seguiremos clamando como país el adelanto de elecciones como salida a una crisis de larga duración, pero continuaremos retrocediendo en nuestra aspiración de mejores políticas que atiendan las problemáticas urgentes que la gente vive diariamente.


desco Opina – Regional / 10 de junio del 2022
descoCiudadano



Cuando se agote la fuga de la supervivencia…

El gobierno de Pedro Castillo continúa en su fuga hacia adelante por sobrevivir. La encuesta del mes de mayo del Instituto de Estudios Peruanos muestra que la aprobación del mandatario no sale de su caída libre alcanzando apenas al 21%, 4 puntos menos que el mes anterior. Su desaprobación que llega al 70% es definitivamente unánime; el Presidente es desaprobado en todas las macrozonas, por todos los grupos de edad, por sexo y nivel socioeconómico, identificación ideológica –derecha, centro e izquierda–, así como por la mayoría de los que quieren cambiar la Constitución. Ni el incremento de quienes creen que debemos ir a una nueva Constitución (31%. 8 puntos más que en julio pasado), lo salva de la percepción creciente, 13 puntos más que en febrero pasado alcanzando 67%, de que lo más conveniente para el país es la convocatoria a nuevas elecciones generales. Lo que paradójicamente lo sigue ayudando es la desaprobación del Congreso de la República y su protagónica Presidenta que se incrementa en un punto, llegando al 87% en el caso del primero y al 77% en el de la segunda.

En la huida por su supervivencia en la que está embarcado desde temprano como única estrategia, el mandatario y su equipo han optado por ponerse en tono de campaña electoral. La multiplicación de viajes para inaugurar y ofrecer obras o para realizar Consejos de Ministros Descentralizados en los que abunda la retórica sin contenido y los compromisos sin asidero, pueden alimentar alguna expectativa de corto plazo, pero no alcanzan para detener la caída. Por el contrario, le abren nuevos flancos por su improvisación –“la hambruna les va a dar solamente a los ociosos” como respuesta a la situación de inseguridad alimentaria que afrontamos–, como por la agresividad e intolerancia de su Primer Ministro.

Entre los costos de esa estrategia que no resuelve los desafíos de gestión que tiene el gobierno, está el descontento y los malestares de la gente con la situación que se evidencia en el crecimiento de la conflictividad social, que ya es la más alta de los últimos años. A la paralización de Las Bambas y Cuajone se suman los conflictos en la Amazonía, el anuncio de nuevas medidas de protesta de campesinos y agricultores que sufren ahora a un nuevo Ministro que ha entrado a aprender en medio de una crisis particularmente grave en el sector, así como el anuncio de distintas localidades y territorios sobre la próxima radicalización de sus medidas de lucha ante la falta de atención a sus demandas.

Se añaden también las inocultables disputas en el propio gobierno, donde el pragmático romance entre el mandatario y Perú Libre se encuentra en su peor momento. La salida del operador de Vladimir Cerrón en el MINEM le costó la cabeza a la ministra de Trabajo y nuevas renuncias de «depuración» en la bancada que empezó siendo gubernamental y que ahora toma distancia, preparándose seguramente para la negociación de la próxima presidencia del Congreso, a la par que mantienen su radicalidad discursiva con propuestas legislativas como la nacionalización de las Bambas, haciéndole sentir a Castillo que aún pueden tener la llave de su vacancia.

Mientras tanto, se multiplican las carpetas fiscales, las denuncias y las investigaciones sobre la corrupción del gobierno que alimentan el espectáculo de los medios de comunicación y naturalmente al Congreso de la República. Más importante aún, el Fiscal de la Nación, seguramente llevado por indicios crecientes que aparecen en varios de la docena de casos que tienen a su cargo distintas fiscalías en el país, decidió investigar al mandatario como presunto líder del favorecimiento a empresas que lo apoyaron en su campaña. Distintos audios y comunicaciones que se filtran interesadamente a los medios se acercan peligrosamente al Presidente y el afán por salvar el pellejo de algunos de los integrantes de sus relaciones más cercanas, van minando cada vez más su imagen y recordándonos detonadores del final del gobierno de Alberto Fujimori. 

Así las cosas, mientras el mandatario insiste en mantenerse de pie no obstante su cada vez más limitado poder político, vacadores y golpistas también desde el primer día, han ido cambiando su libreto. Fracasadas sus dos mociones para sacar a Castillo, optaron por apurar la captura de distintas instituciones que les faciliten el camino, empezando por el Tribunal Constitucional, ahora van por la Defensoría del Pueblo. Alertas a las continuas patinadas del Ejecutivo y sus integrantes, ahora buscan acabar con la vicepresidencia de Dina Boluarte a través de una acusación constitucional mientras exploran también los caminos para reducir los votos que requieren para lograr la vacancia 

De esta manera, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han modificado sus libretos originales para la liquidación del adversario, mientras pasa el tiempo para ambos. En el primero se cambian y reparten ministerios y puestos públicos como figuritas; en el segundo se legisla en función a intereses particulares y con nombre propio, se protege a personajes como Chávarry y Alarcón y crean las condiciones para su reproducción como clase política, como lo evidencian con sus afanes sobre la contrarreforma electoral de cara a los comicios del próximo octubre. En esencia son expresiones de la misma mirada patrimonial y clientelar del Estado y de la política que atraviesa nuestra historia. 

Los desafíos, en consecuencia, para nuestra sociedad y sus organizaciones son enormes. El hartazgo y los malestares no llevan automáticamente a la organización, y las tareas para su indispensable articulación para hacer frente a cualquier tentación autoritaria están aún por hacerse.


desco Opina / 3 de junio de 2022