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Revocatoria ¿uso y abuso de un derecho?

El inicio del 2012 nos vuelve a traer a la realidad sobre nuestra débil democracia. En menos de 24 horas del primer día útil del año, el Jurado Nacional de Elecciones vendió 253 Kits para la revocatoria de autoridades regionales y municipales. La prensa nacional ha resaltado el caso de la alcaldesa de Lima, el número de grupos que buscan su revocatoria y la aparente rapidez para el llenado de planillones. Sin embargo, al interior del país la situación hace evidente que grupos opuestos entre sí generan enfrentamientos para revocar a sus autoridades porque cada uno de ellos busca liderar los procesos.

Aunque parezca curioso, la Ley 26300 «Ley de los derechos de participación y control ciudadano», aprobada durante el gobierno fujimorista con el supuesto objetivo de frenar la corrupción y la incapacidad de los alcaldes, otorga la prerrogativa de revocatoria de autoridades y no establece criterios de sustento para las solicitudes presentadas. Posiblemente porque en ese entonces, lo que se buscaba en el fondo era contar con herramientas legales para impedir el crecimiento de liderazgos de las autoridades electas que no eran afines al gobierno.

En la actualidad, salvo justificadas excepciones, los ciudadanos no muestran causales válidas para iniciar estos procesos. Por esta razón creemos que las viejas costumbres de incomodar la gestión de quien no es del agrado de algún sector social, político o económico siguen vigentes, aunque con nuevos rostros. En el caso del centro del país, hay solicitudes de revocatoria para casi todas las regiones y municipalidades provinciales y distritales, habiéndose comprado kits para la revocatoria de los presidentes regionales de Junín, Huancavelica y Pasco.

Como si estos procesos dieran la oportunidad de convertir a sus promotores en salvadores de honras públicas y, al mismo tiempo, de nuestra endeble democracia, lo cierto es que a nivel distrital los temas de revocatoria muchas veces obedecen a disputas personales. Entre los argumentos que se enarbolan públicamente se colocan asuntos de índole personal por encima de los temas de gestión. Por ejemplo, a un alcalde se le enrostra en las calles de su distrito su incapacidad moral por mantener relaciones clandestinas con su secretaria siendo evangélico y casado, y se dejan pasar a segundo plano las denuncias por peculado y malos manejos que ya se encuentran en proceso de judicialización, como si lo primero fuese lo más grave e incidiese de manera directa en sus funciones ediles. A otro alcalde se le acusa de abuso de autoridad por ordenar el cierre de un mini cine y atentar contra la libre empresa, lo que no se dice es que en este local se vendía licor y se transmitían videos pornográficos a menores de edad.

Podemos estar de acuerdo o en contra de estas inciativas, de sus promotores o de las causales que argumentan, pero no podemos tildar los procesos de revocatoria de antidemocráticos, ya que sólo se está haciendo uso de la democracia directa. En las siete últimas consultas populares de revocatoria a nivel nacional se solicitó la revocatoria de 3,367 autoridades municipales (740 alcaldes y 2,627 regidores), resultando revocadas 1,057 (31.3 %): 210 alcaldes y 847 regidores. Lo que queremos poner en cuestión son los costos políticos, sociales y económicos para los territorios. Las reacciones de quienes se sienten amenazados son diversas, hay incluso, quienes minimizan las posibilidades de lograr las metas de firmas requeridas. Pero también están los que reaccionan de manera iracunda y violenta, o que azuzan a sus seguidores a iniciar persecuciones y amenazas contra la integridad de las personas. Lo cierto es que un alto porcentaje no logrará sus propósitos (los antecedentes así lo confirman), pero las fracturas sociales tardarán en curarse.

En algunos casos, las metas de firmas de adherentes que aparentemente son imposibles de lograr, no lo son tanto; todo depende de la estrategia y del discurso, y cuando las razones son válidas, no hay objeción. Pero cuando las motivaciones obedecen a caprichosas interpretaciones personales, ¿cuánto le cuesta al país estos apetitos y venganzas? ¿No sería preferible acelerar los mecanismos de denuncia e investigación de irregularidades funcionales para garantizar sentencias rápidas para la remoción de autoridades de manera ágil y efectiva? En cualquier caso, las paredes de las ciudades y carreteras del interior ya están siendo pintarrajeadas a favor y en contra de unos y otros, lo que nos recuerda que nuestra democracia no descansa de escuchar denuncias y vilipendios, y los ciudadanos tampoco nos libramos de escucharlos, aunque los argumentos de todos nos digan más de lo mismo.
desco Opina / 27 de enero de 2012
Programa Selva Central

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Política chica en cancha grande

Los cambios en el gabinete han sido leídos y analizados como parte de una disputa entre izquierda y derecha, una competencia por ganar terreno en la orientación del gobierno. A pesar que esta disputa se presenta como un asunto ideológico, podemos leerla también como una pelea por el control de sectores del aparato estatal, en la medida en que la derecha no está dispuesta a ceder ningún espacio y sólo parece flexible frente a la tecnocracia social. Si bien por el momento el péndulo se mantiene inclinado hacia la derecha, los avatares de un eventual remezón debido a la crisis internacional podrían provocar un giro populista, cuya principal consecuencia podría ser alterar la ahora armónica relación entre la derecha –siempre recelosa– y el presidente Humala.

Por ahora, sin embargo, el gobierno empezó el año afirmándose en el pragmatismo expresado en el discurso del premier Valdés, que no hizo sino profundizar la frustración de los partidarios de la «Gran Transformación». Esta línea ha impactado fuertemente entre los cuadros oficialistas y ex colaboradores. Para muestra están las severas críticas de Ricardo Soberón respecto al rumbo de la política antidrogas con su salida de DEVIDA y las versiones paralelas que el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal y su predecesor Ricardo Giesecke dan sobre la existencia del Informe Conga.

En este escenario, la virtual alianza de oposición parlamentaria –conformada por el fujimorismo, el APRA y los pasajeros de PPK– ha tenido en el caso Chehade el mayor instrumento de ataque al oficialismo. Si bien se trata de un capítulo más en el ataque focalizado que la derecha puso en marcha sobre los cuadros que resultaban más problemáticos para su proyecto de continuidad, lo cierto es que lo de Chehade va más allá. Perdido ya el principal activo en su perfil «moralizador», el oficialismo profundizó el traspié al consentir una maniobra que salvó a Chehade del desafuero, rifando su credibilidad y restando para cualquier iniciativa anticorrupción futura, empezando por la comisión que debe investigar el gobierno de Alan García.

Por otro lado, con el intento de inscripción del MOVADEF, el año también empezó volviéndonos el rostro hacia el lado oscuro de la política. Nuestra democracia enfrenta el reto de aceptar como parte del juego a una organización que propugna la «amnistía para civiles, policías y militares de la guerra interna» y la libertad para Abimael Guzmán. Sin lugar a ninguna duda, las banderas del MOVADEF representan un retroceso en la inconclusa batalla que el país ha librado en materia de derechos humanos y justicia tras las décadas de muerte y sectarismo que el PCP-SL impuso a los peruanos y peruanas, imposición llevada al límite con su irresponsable tesis sobre “inducir genocidio” con la que se convirtieron en los principales cómplices de la represión criminal que las fuerzas armadas llevaron al campo, a las universidades, a los barrios. Reducir el asunto del MOVADEF a su inscripción como partido es apenas un consuelo para quienes creen que la política se ordena en un «sistema» custodiado por los organismos electorales. Cualquier medida en ese campo será intrascendente en tanto los partidos democráticos, especialmente los de izquierda, no confronten con las armas de la democracia a los seguidores del «Pensamiento Gonzalo», que tienen presencia política en barrios y academias preuniversitarias y tienen decenas de importantes cuadros próximos a terminar el plazo de su condena.
Enlace de interés ¿Qué hacemos con MOVADEF?
http://www.elmorsa.pe/2012/01/20/que-hacemos-con-movadef/


desco Opina / 20 de enero de 2012
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Los ases del Sur

Con el cambio de gabinete ministerial, todos los cargos de confianza de las diferentes instituciones que componen el Gobierno Nacional fueron puestos a disposición del Ejecutivo. Es así que uno de los cargos clave para la promoción de descentralización del país quedó en suspenso tras la renuncia de Manuel Dammert a la Secretaría de Descentralización del Consejo de Ministros en la segunda quincena de diciembre.

Luego de un breve periodo de transición, el Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Oscar Valdés Dancuart, a fin de año toma la decisión de convocar a un viejo amigo para este puesto: el arequipeño Alberto Muñoz Najar. Él ocupó, como Valdés Dancuart, la Secretaría Técnica de la Macro Región Sur, una dependencia propuesta desde las Cámaras de Comercio del sur que gestó la Macro Región. Su trabajo consistió básicamente en la concertación con distintos actores políticos y empresariales del sur para la construcción de esta gran región, que finalmente no fraguó por diferentes intereses políticos de algunas de las autoridades convocadas, el boicot del poder central del fujimorismo y el resultado negativo del referéndum. Pese a este resultado la experiencia previa de Muñoz Najar es una credencial interesante para las tareas que le ha encomendado la PCM: implementar la política de descentralización y regionalización del Gobierno articulando y concertando con los gobiernos regionales y locales de todo el Perú.

Manuel Dammert y su equipo han dejado preparado el terreno para Alberto Muñoz Najar. Trabajaron en la conformación de cuatro juntas de coordinación interregionales y elaboraron la propuesta del Plan Nacional de Descentralización y Regionalización 2012 - 2016.

La última junta en conformarse fue la Junta de Coordinación Interregional Macro Sur, que creemos viene con buena estrella tras esta designación. Esta junta ha priorizado trabajar en dos temas: inclusión social y articulación. En el Plan Nacional de Descentralización se han incluido los proyectos consensuados por la junta como son: a) corredor vial turístico productivo, b) gasoducto y petroquímica, c) proyecto integral de camélidos sudamericanos, d) plataforma logística del sur, e) programa de afianzamiento de cuencas, f) programa minería con valor agregado, g) programa de implementación de energías renovables, h) megapuerto sur, i) programa de saneamiento básico y, j) red ferroviaria del sur. La meta es desarrollarlos en los próximos cuatro años.

De todo este abanico, la construcción del gaseoducto y la petroquímica es el que ha recibido un compromiso formal del gobierno. Para sacar adelante los otros contamos con el apoyo de otro hombre del sur: Mauricio Chabaneix Belling, desde este año el nuevo jefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Chabaneix, también cercano a la extinta Secretaría Técnica de la Macro Región Sur.

Ciertamente, dependerá de la voluntad política del Ejecutivo y que las autoridades del sur dejen sus egos en casa y trabajen en conjunto, para avanzar en la conformación de esta gran región; pero contar por primera vez con dos personas tan cercanas en el Ejecutivo, que vieron nacer e impulsaron este proyecto, se presenta como una gran oportunidad. Las reiteradas derrotas de los proyectos descentralistas han obedecido a la capacidad de resistencia de una estructura de poder centralista. Queda planteado el reto que tienen por delante las actuales autoridades y líderes regionales.

desco Opina / 13 de enero de 2012
Programa Regional Sur

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