Bajo amenaza

Empezando por la presión política y la manipulación mediática para que se atienda el pedido de indulto para Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, hasta los intentos de sembrar el pánico en los mercados de la Capital a raíz de los hechos de violencia en La Parada, durante las últimas semanas hemos sido testigos de una sucesión de situaciones que evidencian las serias amenazas que enfrenta hoy nuestra convivencia democrática.

La resistencia al cambio de un sector de comerciantes del hoy ex Mercado Mayorista de Lima, que se niegan a abandonar La Victoria, más allá de un problema de gestión y negociación técnica, se vincula a una irresponsable campaña política para fomentar el desgobierno en la ciudad y mermar la imagen de la alcaldesa de Lima. Ni los promotores de la revocatoria de Villarán, ni el ex alcalde Castañeda, ni los voceros del aprismo han tenido la más mínima discreción en mostrar su satisfacción con la difícil situación que tuvo que enfrentar la primera autoridad edil tras el fallido operativo del jueves pasado, que dejó dos muertos y varias decenas de heridos.

Diversos representantes de la derecha política y mediática, entre ellos el ex premier Del Castillo, han establecido comparaciones caprichosas entre sucesos como el Baguazo y lo ocurrido en La Parada. La comparación no sólo es forzada en relación al tipo de violencia, ni a los actores involucrados, sino también respecto a la iniciativa de gobierno que motiva la resistencia. En otras palabras, hay mucha distancia entre el anunciado ordenamiento del comercio mayorista de una ciudad, y una política escondida de concesiones energéticas indiscriminadas en territorio amazónico. Más digerible aparece el comentario del analista Martín Tanaka, que recordando diversos estallidos de violencia en los últimos años, llama a reconocer en ellos «la actuación de actores ilegales o paralegales que obtienen beneficios desmedidos» del statu quo.

Por si todo esto no resultara suficiente, ya en la semana anterior se registraron también en Lima, dos hechos vergonzosos que tienen en común la actuación de grupos intolerantes. Nos referimos al despido del director de la Galería Municipal de Miraflores y a la censura de una muestra gráfica en Villa El Salvador. En el primer caso, el pequeño grupo fundamentalista católico «Tradición y acción» presionó al alcalde de Miraflores para que retire la muestra de la escultora Cristina Planas, calificada de «blasfema»; increíblemente, consiguieron que el municipio despida a Luis Lama. En el segundo caso, se trató de la censura a varias piezas de arte gráfico que se exhibían en la explanada de la Municipalidad de Villa El Salvador como parte de una muestra dedicada a repasar momentos como el asesinato de María Elena Moyano, el atentado Tarata, la Marcha por la Paz y la captura de Abimael Guzmán, hechos que, como señala el título de la exposición, cumplen «Veinte años en la historia del Perú». La recalcitrante fujimorista Martha Moyano, aunada a la poco clara actuación de los representantes del Ministerio de Justicia –entidad auspiciadora de la exposición– propiciaron la censura de piezas que apuntaban no a la responsabilidad del Estado en el clima de violencia de inicios de los noventa, sino a la actuación del líder senderista, Abimael Guzmán. Si hoy se «desaparece» opiniones que el fujimorismo considera demasiado «blandas» respecto al senderismo, ¿cuánta más libertad para «vigilar y castigar» tendrán esta clase de grupos de aprobarse leyes como la del negacionismo?

Todos estos hechos no deben verse como aislados. No nos referimos a una gran conspiración, sino a una creciente ola de conservadurismo e intolerancia, a las que hoy se suma la censura y la violencia expresa como parte del arsenal que los enemigos de la democracia –entre ellos la derecha derrotada en Lima– están dispuestos a emplear en su intento por asfixiar tanto las voces disidentes del discurso oficial sobre la guerra interna, como los necesarios cambios que Villarán y la confluencia quieren poner en marcha en la ciudad.

desco Opina / 29 de octubre de 2012
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La vida después de «Artemio»

El presidente Ollanta Humala lamentó no haber podido capturar él mismo a Florindo Flores, alias ‘Artemio’, cuando patrullaba la zona del Huallaga en los 90 como oficial del Ejército. Durante esa década, marcada por el autoritarismo fujimorista, el régimen todavía cosechaba los réditos de haber capturado a Abimael Guzmán, máximo líder de Sendero Luminoso y pensamiento guía del grupo. En la práctica, este fue el golpe mortal para la agrupación que, según la CVR, es responsable de más de de la mitad de víctimas fatales de la guerra que le declaró al Estado peruano. ¿Qué significa ahora la captura de Artemio? ¿Tendrá el efecto de fortalecer al gabinete encabezado por Valdés?, y ¿cuáles serán los pasos siguientes del gobierno, aprovechando la mayor aceptación que le traerá la captura?

El arresto de «Artemio» debe entenderse como el retiro de una pieza clave en un engranaje que no funcionaba más bajo la lógica de la consecución de objetivos políticos de SL, sino más bien dentro de la dinámica del movimiento del narcotráfico en el Huallaga. Cabría pensar que, si SL tuviera una lógica de apropiación del territorio (como las FARC) entonces, sin el jefe la zona queda libre y «pacificada». Lamentablemente no es así. Aunque se ha señalado con razón que Artemio proviene de la facción más cercana a Guzmán, el personaje capturado es más un producto derivado del ilícito negocio de las drogas que de una supuesta «mística» senderista de cercar la ciudad desde el campo. Siendo una pieza importante, no deja de ser un engranaje reemplazable para los operadores del narcotráfico que hacen uso instrumental del potencial de amedrentamiento de elementos ‘terroristas’.

En cuanto al fortalecimiento del gobierno, parece claro que la tendencia alcista de la aprobación presidencial recibirá un mayor impulso con este golpe al senderismo, sobre todo en el enrarecido clima de amenaza que se había instalado sobre el país con las pretensiones de inscripción del Movadef. Es de suponer que el efecto positivo se extienda también a una mayor aprobación a la gestión del Primer Ministro, quien ha tenido el cuidado de mantenerse fuera del ojo público en esta coyuntura (acaso más preocupado por Conga).

En lo que sigue, el escenario empieza a nublarse. La zona del Huallaga no está ‘liberada’ y ciertamente no es propicio abandonar los esfuerzos por cortar los circuitos del narcotráfico allí para priorizar otras zonas como el VRAE, donde la tentación podría radicar en seguir al terrorista de turno a medida que vaya apareciendo, por aquí o por allá. Aunque el gobierno ha mostrado cierta cautela, la experiencia demuestra que la administración de los miedos de la población a que regrese el senderismo es una excelente forma de legitimar la presencia militar.

Cabe preguntarse si los militares saldrán del Huallaga y si las acciones contra el narcotráfico quedarán en manos de la policía nacional o cuál es la estrategia para hacer frente al tema, sobre todo con el reciente cambio en la conducción de Devida. Saber qué pasará con la presencia militar es importante a la luz de los temores de hace pocos meses sobre la ‘militarización’ del régimen con Valdés a la cabeza del gabinete. Creemos que, al margen de cierta verticalidad en la toma de decisiones, no se puede hablar realmente de dicha tendencia. Sin embargo, esta importante captura vuelve a poner a las FFAA en primer plano y nos lleva a reflexionar sobre si hemos avanzado o retrocedido en la institucionalidad democrática.

Recordemos el comunicado de 2001 en el que los jefes máximos de las FFAA denuncian el acta de sujeción de los altos mandos al poder omnímodo de Montesinos en 1999. El comunicado habla del respeto a los derechos humanos, orden constitucional y se respalda la conformación de la CVR, un lenguaje que algunos medios interesados se desgañitan en tildar de ‘caviar’. ¿Hemos avanzado respecto de 2001 respecto del rol que queremos que jueguen las FFAA en nuestro país? ¿Utilizará Humala la mayor autonomía que ganará con su mayor aprobación en las encuestas para avanzar en reformas en pro de la institucionalidad política del país?

desco Opina / 17 de febrero de 2012
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Política chica en cancha grande

Los cambios en el gabinete han sido leídos y analizados como parte de una disputa entre izquierda y derecha, una competencia por ganar terreno en la orientación del gobierno. A pesar que esta disputa se presenta como un asunto ideológico, podemos leerla también como una pelea por el control de sectores del aparato estatal, en la medida en que la derecha no está dispuesta a ceder ningún espacio y sólo parece flexible frente a la tecnocracia social. Si bien por el momento el péndulo se mantiene inclinado hacia la derecha, los avatares de un eventual remezón debido a la crisis internacional podrían provocar un giro populista, cuya principal consecuencia podría ser alterar la ahora armónica relación entre la derecha –siempre recelosa– y el presidente Humala.

Por ahora, sin embargo, el gobierno empezó el año afirmándose en el pragmatismo expresado en el discurso del premier Valdés, que no hizo sino profundizar la frustración de los partidarios de la «Gran Transformación». Esta línea ha impactado fuertemente entre los cuadros oficialistas y ex colaboradores. Para muestra están las severas críticas de Ricardo Soberón respecto al rumbo de la política antidrogas con su salida de DEVIDA y las versiones paralelas que el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal y su predecesor Ricardo Giesecke dan sobre la existencia del Informe Conga.

En este escenario, la virtual alianza de oposición parlamentaria –conformada por el fujimorismo, el APRA y los pasajeros de PPK– ha tenido en el caso Chehade el mayor instrumento de ataque al oficialismo. Si bien se trata de un capítulo más en el ataque focalizado que la derecha puso en marcha sobre los cuadros que resultaban más problemáticos para su proyecto de continuidad, lo cierto es que lo de Chehade va más allá. Perdido ya el principal activo en su perfil «moralizador», el oficialismo profundizó el traspié al consentir una maniobra que salvó a Chehade del desafuero, rifando su credibilidad y restando para cualquier iniciativa anticorrupción futura, empezando por la comisión que debe investigar el gobierno de Alan García.

Por otro lado, con el intento de inscripción del MOVADEF, el año también empezó volviéndonos el rostro hacia el lado oscuro de la política. Nuestra democracia enfrenta el reto de aceptar como parte del juego a una organización que propugna la «amnistía para civiles, policías y militares de la guerra interna» y la libertad para Abimael Guzmán. Sin lugar a ninguna duda, las banderas del MOVADEF representan un retroceso en la inconclusa batalla que el país ha librado en materia de derechos humanos y justicia tras las décadas de muerte y sectarismo que el PCP-SL impuso a los peruanos y peruanas, imposición llevada al límite con su irresponsable tesis sobre “inducir genocidio” con la que se convirtieron en los principales cómplices de la represión criminal que las fuerzas armadas llevaron al campo, a las universidades, a los barrios. Reducir el asunto del MOVADEF a su inscripción como partido es apenas un consuelo para quienes creen que la política se ordena en un «sistema» custodiado por los organismos electorales. Cualquier medida en ese campo será intrascendente en tanto los partidos democráticos, especialmente los de izquierda, no confronten con las armas de la democracia a los seguidores del «Pensamiento Gonzalo», que tienen presencia política en barrios y academias preuniversitarias y tienen decenas de importantes cuadros próximos a terminar el plazo de su condena.

Enlace de interés ¿Qué hacemos con MOVADEF?
http://www.elmorsa.pe/2012/01/20/que-hacemos-con-movadef/


desco Opina / 20 de enero de 2012
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Un iceberg llamado Sendero

La demostración pública en la facultad de Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre banderas rojas y consignas a favor de la libertad para «los presos políticos del Perú», que hacen clara alusión a los sentenciados por delitos de terrorismo, expresa crisis, debilidades y aprovechamientos de diverso tipo, que finalmente constituyen la punta de un iceberg con posible rumbo de colisión en el mediano plazo. Vayamos por partes.

No podemos obviar que la marcha pro senderista parece haber aprovechado con criterio estratégico el contexto de aguda crisis institucional que atraviesa la Decana de América. Por su lado, los medios de comunicación van construyendo la gran noticia de la amenaza terrorista, uniendo este registro en video con otros hechos que han estado en las primeras planas en estos días, como la excarcelación del Lori Berenson a fines de mayo. El gobierno se vale de esto para dar demostraciones de rigor y vigilancia, sobre todo para distanciarse de los procesos de excarcelaciones sobre los cuales, dicen, no pueden hacer nada porque vienen desde el gobierno de Toledo. Esto le sirve, de paso, a los sectores conservadores cercanos al régimen para criticar la labor de las organizaciones de derechos humanos. Finalmente, el fujimorismo se beneficia y busca ensalzar la imagen de su también encarcelado líder como el que derrotó a las agrupaciones subversivas.

Sin embargo, al margen del provecho político que algunos esperan obtener, no cabe duda que éste es un tema que debe tomarse con suma seriedad, sobre todo por lo que expresan las nuevas dinámicas «electorales» de sectores filo-senderistas como el Movimiento por la Aministía y Derechos Fundamentales (Movadef) que ha comprado un kit electoral y está a la caza de firmas para inscribirse. Ya han saltado a la palestra al menos un par de candidatos a alcaldes por este movimiento, entre los que destaca Abraham Cauna, candidato en Puno que declaró que Abimael Guzmán es «un genio del proletariado que va a superar la teoría del Big Bang».

Sea que se trate de una «fachada democrática» o de la apuesta real de algunas facciones de SL por participar dentro del sistema, esto presenta una novedad que nos habla de dinámicas internas que avanzan –aún con las contradicciones conocidas entre «acuerdistas» (leales a Guzmán) y los de la línea «proseguir» (que optan por la continuación de la lucha armada)– sin que haya una mayor elaboración desde el sistema político de partidos ni desde las instancias de gobierno por completar una labor que ahora se revela como inconclusa durante el periodo de Fujimori.

Se pensó que, seco el pantano, desaparecerían los mosquitos, pero es claro que la capacidad de organización territorial en las zonas cocaleras y la infiltración y la acumulación de fuerzas –fenómeno muy acotado en Lima pero de mayor alcance en otras regiones, incluyendo Huamanga– tienen que ver con la continuidad de una propuesta ideológica que cala entre los jóvenes que siguen constatando día a día qué poco hemos avanzado en la reducción de las desigualdades sociales y económicas y que –en muchos casos– no han vivido la crueldad de SL en carne propia. Por ahora, pareciera que hasta SL ha cambiado, pero no la forma del Estado peruano de afrontar el tema.

Tampoco parece haber desde los partidos de izquierda, preocupados la mayoría por su inscripción y su propia acumulación de fuerzas durante el «invierno» neoliberal del segundo García, la necesidad de dar batalla ideológica a Sendero Luminoso, tal como lo hizo tantas veces en el pasado. La derecha política y el partido de gobierno tampoco debaten ni toman posición y se opta a menudo por la vía represiva como alternativa, solución y bálsamo.

El Presidente, en esa línea, se sigue equivocando, tanto al señalar que los pedidos de amnistía a Guzmán configuran el delito de apología al terrorismo, como al pretender, a toda costa, intervenir las universidades. Pero esto no es solo un error, sino un paso coherente con una política más amplia de alianza con sectores militares para fomentar el uso de la fuerza. No debemos olvidar que el 10 de junio se aprobó un proyecto de Ley que faculta al Poder Ejecutivo a legislar sobre: a) el nuevo código de Justicia Militar, b) ley de uso de la fuerza letal por parte del personal militar y c) normas procesales para personal militar y policial condenados por delitos contra los derechos humanos. Los analistas advierten el carácter inconstitucional de esta nueva maniobra que anticipa juegos políticos de largo plazo para el partido de gobierno en su vinculación con las fuerzas armadas y confirma que la agenda de «lucha contra el terrorismo» está subordinada a otro tipo de cálculos políticos. Este es un tema que merecería un mayor debate puesto que, por ahora, nos encontramos sumidos entre la ignorancia de la verdadera magnitud de estas dinámicas y la ausencia de alternativas realmente efectivas para hacerles frente como sociedad y como sistema político.

desco Opina / 25 de junio de 2010

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