viernes

Elecciones y violencia en la Selva Central



Luego de las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre pasado, mientras la prensa capitalina se concentraba en construir el nuevo mapa político nacional, el interior del país se convertía en una fotografía de la frágil credibilidad de nuestro sistema electoral.
En la Selva Central las protestas generalizadas, las acusaciones de fraude, violencia en los centros de votación, agresiones a candidatos y a sus simpatizantes, han estado presentes durante el proceso. En el caso de Pasco los resultados trajeron un vencedor cuestionado: Klever Meléndez, Presidente Regional y candidato por Pasco Verde que actualmente se encuentra en prisión, alcanzó la segunda vuelta para la elección regional. Tal parece que las serias acusaciones de corrupción y los videos que fueron difundidos por la prensa nacional no mellaron la credibilidad del candidato frente a sus simpatizantes.
Del rosario de incidentes en el proceso electoral de la Selva Central, el más grave ha sido el asesinato de un candidato a la alcaldía de Pangoa que, si bien es cierto, sucedió días antes del 5 de octubre, anticipaba la necesidad de una mejor estrategia de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad del proceso; antes, durante y después de las elecciones.
A pesar de que el criminal fue identificado y detenido, los ánimos de beligerancia que tensaron el proceso en los distritos electorales no se calmaron.  Durante esa misma semana en el distrito de Pichanaqui –a unos cuantos kilómetros de distancia– un grupo de desconocidos quemó la moto lineal de un candidato a regidor, método de amedrentamiento que sorprendió a los vecinos del sector denominado Villa Perené.
Del mismo modo, durante la semana post-electoral (antes y después del conteo de votos y anuncio de resultados oficiales) se registraron casos como agresiones a candidatos y sus simpatizantes en lugares como la ciudad de Oxapampa; una toma de carreteras en Puerto Bermúdez; y, quema de actas y cédulas de sufragio en varias otras localidades. En Oxapampa, las agresiones fueron dirigidas a un ex candidato quien luego de denunciar públicamente un fraude, sufrió una golpiza incluso registrada por un medio televisivo local. Pese a quedar demostrado desde cual tienda política provenía la acción criminal, hasta la fecha no se tiene conocimiento que se haya identificado y detenido a los responsables.
Mientras tanto, la toma de carreteras en Puerto Bermúdez vino acompañada de acusaciones graves hechas por manifestantes, quienes señalaban que la agrupación de la alcaldesa reelecta había «comprado» el apoyo de la ONPE, facilitando la existencia de «electores golondrinos». Esta y otras acusaciones que nunca pudieron ser demostradas, sirvieron de excusa para sitiar el palacio municipal; azuzar la quema de ánforas, cédulas de sufragio y actas de escrutinio de algunas localidades; tanto como para generar destrozos en centros de votación y movilizar a pobladores para bloquear el paso de vehículos en señal de protesta.
Lo cierto es que en esta jurisdicción –Puerto Bermúdez– la sombra de la corrupción ha estado presente varios meses antes del inicio de la campaña electoral. En este sentido, la reelección sólo ha exacerbado los ánimos de los pobladores y restado credibilidad a los procesos electorales en los que se sustenta nuestra democracia representativa.
Ante esta seguidilla de incidentes que afectaron la Selva Central, el Presidente Ollanta Humala formuló un llamamiento a la calma e instó al Congreso a legislar para definir límites a la participación de candidatos cuestionados e inmersos en actos de corrupción, lo que podría significar cerrar el acceso a los grupos de poder local y camarillas que, en muchos pueblos pequeños del país, manipulan a la población para reelegirse permanentemente y enriquecerse ilícitamente.

desco Opina - Regional / 31 de octubre de 2014
Programa Selva Central
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sábado

Un salto más allá del análisis de coyuntura



El asunto Oscar López Meneses nos recuerda no sólo que el llamado montesinismo vive y mantiene efectivas las redes tejidas por la mafia orquestada durante el gobierno de Fujimori. También nos muestra una dimensión radicalmente pragmática de la política local, al quedar claro los variados intereses que para su juego propio, intentan usar a este personaje gris: desde dilucidar conflictos entre policías y militares, hasta definir posiciones entre el gobierno y el fujimorismo, o el Poder Judicial y el Ejecutivo, entre otros frentes.
El caso, entrampado en dimes y diretes, es útil para mostrar la facilidad con que la atención pública –la de los medios y de los políticos de turno– se dirige hacia asuntos de aparente turbiedad, dejando lejos del escrutinio ciudadano, decisiones ahora mismo en curso para enfrentar al menos tres escenarios definitorios: la seguridad en el país, la eventual crisis económica y el futuro de las regiones luego de las elecciones de octubre.
La interpelación al ministro del Interior sobre su teatral desempeño confirma las limitaciones de nuestros congresistas para fiscalizar las políticas de Estado. Con las honrosas salvedades de Marisol Pérez (PPC), Rosa Mavila y Verónika Mendoza (Frente Amplio-AP), quienes le dieron dimensión política a la visita de Urresti al Parlamento, los demás congresistas naufragaron en lo insustancial, la chabacanería en el caso del fujimorismo, y la defensa acrítica y populista, del oficialismo, para quienes el del Interior es un ministro «exitoso» a quien se le interpela por que los peruanos somos por naturaleza envidiosos del éxito ajeno.
En el frente económico, una ola negra parece estarse formando en el horizonte y quienes administran la precaria bonanza peruana intentan ocultar lo evidente. Basta compararnos con los logros que exhiben hoy los gobiernos de Chile, Ecuador y la hasta hace poco menospreciada Bolivia, y lo que trabajan sus ministros de economía para resistir el embate, para saber que en el Perú hemos desperdiciado el ciclo de alza del que se benefició la economía nacional y permitió navegar «en automático» al gobierno de García tanto como al de Humala.
Al parecer, a diferencia de la crisis financiera del año 2008, ésta viene incubando desde hace tres años tendencias de naturaleza más profunda para la cual solo contamos con algunos ahorros que esta misma crisis se podría tragar. La educación, la salud, la diversificación productiva, el desarrollo agrario interno del país están con notas desaprobatorias y la lista de lo importante que no se ha hecho pero que debimos hacer aprovechando la bonanza, es dramática.
Un dato duro para el flujo de caja –y para la doctrina del chorreo– es que los proyectos mineros están bajando de velocidad, si no parando, y no necesariamente por conflictos con poblaciones que se resisten, sino como proyección y efecto de la crisis internacional (en nuestro caso principalmente por la menor demanda china de cobre). Las únicas salidas que imagina el gobierno parecen ser otorgar mayores facilidades al capital extranjero (incluida la relajación de la norma ambiental), iniciativas para bajar el IGV, –incluyendo lo que le toca al Impuesto de Promoción Municipal (IPM)  visto como fuente de corrupción– y establecer una reforma laboral que es en realidad otro «paquetazo» que reducirá beneficios y derechos a las y los trabajadores, a la medida de lo que exigen las insaciables Confiep y la SNI.
Los resultados globales de octubre y la pronta segunda vuelta en más de la mitad de las regiones, más que renovar el horizonte de la descentralización, aceleran la tendencia dictada a conveniencia desde el MEF: concentrar recursos, cerrar las arcas regionales y reducir el «ruido» político, así como tener una estrategia –no muy brillante, pero suficiente para la tribuna– que permita contar con cierta caja para los malos tiempos. En resumen: media docena de gobiernos potencialmente anti mineros, un buen grupo de candidatos ganadores o en competencia, que tienen juicios y pueden ser inhabilitados por sentencias, y un voto antigobiernista concentrado, por razones quizá opuestas, en Cajamarca y Madre de Dios.
En lugar de atender esto, seguimos entretenidos en procesos puramente coyunturales y en la construcción de estrategias políticas para las cada vez más próximas elecciones generales del 2016.  ¿Cómo superar esta situación y abordar temas verdaderamente de fondo para el futuro del país y sacudirnos de esta inercia?


desco Opina / 24 de octubre de 2014 
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viernes

Deshojando margaritas en el sur



Los resultados de las elecciones regionales en gran parte de la Macro Región Sur, al igual que en el resto del país, se han caracterizado por la atomización y dispersión del voto entre una gran cantidad de candidatos interesados en ocupar los cargos regionales. En seis departamentos de los siete que la componen (Arequipa, Puno, Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Tacna), habrá segunda vuelta.
No hay duda de que en la primera parte de la campaña electoral regional se presentaron candidatos con el legítimo interés de contribuir al desarrollo regional, pero ha habido otros que han buscado acceder a los recursos públicos con propósitos menos claros. La gran cantidad de listas y candidatos tachados por plagiar programas de gobierno, las denuncias por vinculaciones con el narcotráfico, la minería ilegal, las diversas manchas en las hojas de vida, etc., sugieren tal interpretación. Hay que mencionar también el interés por los recursos de los que se dispondrá en estos departamentos con la apertura de nuevos proyectos mineros. No olvidemos que es en el sur donde se va a concentrar la inversión minera del país  en los próximos años. Así tenemos que en Tacna se presentaron 19 candidatos, en Arequipa 17, en Puno 16, en Cusco 13, en Madre Dios 10, en Apurímac 10, y en Moquegua 8 candidatos.
Prácticamente terminado el escrutinio de los votos, los dos candidatos más votados que no alcanzaron el 30% más uno de los votos válidos en sus regiones, comenzaron la campaña para la segunda vuelta apelando a diversas estrategias: unos han preferido iniciarla con ataques al contrincante, otros están buscando y pactando alianzas, mientras un tercer grupo todavía guarda un silencio táctico. Por otro lado, algunos candidatos eliminados en la primera vuelta vienen exigiéndoles precisiones a sus propuestas, a fin de contemplar un eventual apoyo, mientras que otros, sin tener militancia, llaman a viciar el voto.
En Arequipa la campaña de la segunda vuelta comenzó con ataques. Pedro Pablo Kuczynski abrió un flanco con sus declaraciones de apoyo a Javier Ismodes (Arequipa Renace), que la candidata Yamila Osorio (Arequipa Tradición y Futuro) aprovechó para calificar a su rival como el candidato de la derecha; por su parte, Ismodes califica a Osorio como la candidata de los contratistas, basándose en una denuncia aparecida en medios los últimos días de la primera campaña. Ambos sin embargo, han sido considerados por los otros candidatos como representantes del continuismo de Juan Manuel Guillén, que luego de dos gestiones, viene siendo investigado por varias irregularidades. Esta última semana, Yamila Osorio ha recibido el apoyo de los alcaldes de la provincia de Caylloma, la segunda provincia con mayor población de la región y de otros de los distritos más populosos de Arequipa, mientras que Javier Ismodes ha decidido reforzar su campaña en provincias, donde el voto le fue mayoritariamente esquivo. Cualquiera de los candidatos, de ser electos, tendrá que lidiar su primer año de gobierno con un presupuesto reducido, por la disminución de las transferencias del canon minero, y una serie de demandas de las provincias, pues también los presupuestos municipales han sufrido recortes. En cualquiera de las opciones, y con fines de evitar problemas de gobernabilidad, el triunfador deberá forjar alianzas pues la mayoría del Consejo Regional proviene de otros movimientos o agrupaciones.  
En Puno, Juan Luque Mamani (PICO) y Walter Aduviri (Democracia Directa), guardan silencio midiendo sus fuerzas. PICO ha logrado siete de las trece alcaldías de Puno, mientras que Democracia Directa ninguna. Sin embargo, el perfil reivindicativo de Aduviri es más fuerte que el de Luque en el imaginario popular, en especial en la zonas aymaras del altiplano, y aunque con respecto a los quechuas son una minoría electoral, muchos analistas regionales no se atreven a predecir su derrota sobre todo por la identificación del candidato con las zonas rurales y el apoyo que tiene en las provincias del norte, donde se concentra mayor población. Ambos todavía tienen pocas adhesiones de los partidos y movimientos derrotados en la primera vuelta, pero Luque es, sin duda, quien tiene menos rechazos. En el caso de esta región, la composición del consejo está más equilibrada, así que no se avizoran mayores problemas.
Este es el panorama de la segunda vuelta en Arequipa y en Puno, que prevé, por el momento, resultados inciertos en la conformación del mapa político de la Macro Región Sur para los próximos cuatro años.

desco Opina - Regional / 17 de octubre de 2014
Programa Regional Sur
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Los resultados de octubre



Los resultados de las elecciones regionales parecen estar despertando distintas luces de alarma entre analistas, medios de comunicación y empresarios. Los mismos que el 2010 querían entusiastamente «descubrir» empresarios entre los vencedores, hoy quieren encontrar «corruptos» y «antisistema», sorprendiéndose del triunfo categórico de Santos, de las votaciones de Aduviri y Michael Martínez o del éxito relativo de Waldo Ríos,  olvidándose «oportunamente» de los casos limeños como el del propio Castañeda o los avatares de San Isidro con sus «votos golondrinos», denunciados por el entorno de la ex candidata Osterling, la que proponía trasladar el colegio emblemático Alfonso Ugarte «porque la mayoría de estudiantes son de otros distritos».
En sentido estricto, las autoridades ya electas y los candidatos que irán a la segunda vuelta, ratifican la debilidad de nuestro sistema de representación cada día más fragmentado, pero también, las pulsiones de una sociedad fuertemente desarticulada y ligada a las dinámicas e historias particulares de sus respectivos territorios, desde donde viven el acontecer nacional. Así, no debe sorprender que algunos de los reales empresarios triunfantes (Amazonas), estén sindicados de vinculación con actividades ilícitas y lavado de activos, mientras otros arbitrariamente sean señalados de antisistémicos (Junín), aunque no existan argumentos razonables para ello.
La victoria deSantos, sorprendente por la alta votación alcanzada, expresa antes el rechazo cajamarquino al gobierno por el que votó el 2011 y al comportamiento reiterado de una empresa determinada, que una posición antiminera o el predominio de una organización partidaria en ese espacio del país. Al otro lado, el también sorprendente porcentaje alcanzado por el candidato Juan Luque en Puno, anuncia la voluntad de evitar la incertidumbre y seguramente la confrontación que habría supuesto una victoria de Aduviri.
En términos generales, salvo alguna excepción, los resultados eran previsibles tras una campaña que tuvo poco de programático y mucho de cuchillero, en la que se logró instalar la desconfianza sobre la mayoría de postulantes, alimentada por indiscutibles casos de corrupción en el interior del país (Ancash y Chiclayo, por señalar los menos polémicos), que ciertamente no son muy distintos a los que uno observa indignado nacionalmente. Es cierto que muchas autoridades del interior están seguramente involucradas en actos de corrupción, pero no olvidemos que ello ocurre en el mismo país que tiene a sus últimos tres presidentes en situación lamentable; el uno, condenado por violación de derechos humanos, los otros dos, sindicados de distintos actos de corrupción.
Aunque en esta ocasión, los denominados partidos nacionales tuvieron por primera vez más listas que las agrupaciones regionales, que son las más de las veces calco y copia de aquellos, no obtuvieron los resultados que esperaban. Apenas si ganan La Libertad y Lambayeque (APP) y mantienen alguna expectativa para la segunda vuelta en otras tres regiones (Ica, Pasco y San Martín). APP, quien sale mejor parado, se ratifica como partido firma a partir de una red clientelista solventada por una universidad, cuyo papel claro ha sido hasta ahora el reducirle el sólido norte al APRA, intentando con éxito limitado avanzar al Centro y al Sur. Tiene autoridades en 16 departamentos y cierta «fuerza» en La Libertad y Lambayeque, pero también en Ancash, Ayacucho y Lima provincias.
Los mayores perdedores son sin ninguna duda el APRA, que no Alan García, el PPC ya enfrascado en una guerra interna, así como las izquierdas. Los primeros apenas ganan una provincia en La Libertad  y 45 distritos en todo el país. Los segundos, casi desaparecen con 7 distritos en Lima y 7 más en todo el país. Las izquierdas, finalmente, siguen viviendo su larga agonía; la suma del MAS, Tierra y Libertad y el Frente Amplio alcanza apenas a una región, 5 provincias y menos de 40 distritos. Como es penosamente obvio, cada uno responsabiliza a los otros.
Así las cosas, nuestra precaria democracia se sigue vaciando de contenido, nuestro sistema de representación se ratifica como un rompecabezas de infinitas fichas que además son intercambiables y la descentralización, que ciertamente tiene múltiples limitaciones y dificultades, se convierte en el chivo expiatorio y en la explicación fácil de todos y cada uno de los problemas del país que tienen en el Estado, las instituciones y los partidos, un vértice que no se quiere ver, mientras siga «facilitando» la gran inversión privada. Por este camino, no nos quejemos más adelante, porque como es obvio, seguimos sembrando tormentas, en el país todo y no solo en el interior.

desco Opina / 10 de octubre de 2014
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