Transporte, extorsiones y gobernabilidad

 

La movilidad urbana y el transporte público de pasajeros se encuentran en seria crisis desde hace mucho tiempo en la ciudad de Lima. Las actuales autoridades de la Municipalidad de Lima y los responsables del poder Ejecutivo, han renunciado a que Lima cuente con un sistema de transporte público masivo e interconectado eficiente en el área metropolitana de Lima y el Callao. Ello, pese a ser un asunto significativo, que atañe a la posibilidad de incrementar la calidad de vida de más de diez millones de personas, en lugar de impedirla como ocurre con los taxis colectivos y la fantasmagórica presencia de combis asesinas por las noches.

Este es un asunto indispensable de considerar como prioritario para respaldar el desarrollo económico, crear empleo y conectar a las personas con servicios esenciales, como son la atención de salud y la educación. Y, sin duda, para disminuir la enorme cantidad de horas de trabajo muertas, que se tragan el tiempo del descanso, el estudio y la recreación perdidas por embotellamientos que llevan a superar las dos horas diarias de viajes promedio en los 24 millones de viajes de personas que se movilizan en la metrópoli en condiciones de decreciente calidad.

Según la propia Municipalidad de Lima Metropolitana, al salir de casa para ir trabajar entre las 06.00 a 09.00 horas de lunes a viernes, es el lapso donde se produce la mayor pérdida de tiempo útil, con grave impacto negativo en la economía y la productividad. La congestión y caos vehicular en la ciudad de Lima representan una pérdida cercana a los S/ 2000 millones al año.

A la ineficiencia, caos y tolerancia permisiva, protegidas por leyes de un Congreso protector del transporte ilegal que incrementa la inseguridad ciudadana se suma el sicariato de la extorsión a los transportistas de la ciudad. Los ataques a las empresas formales de transporte de pasajeros han descollado hasta lo insoportable agregándose como riesgos cotidianos a los que ya se someten las vidas de las y los ciudadanos: abusos, atropellos y muertes en calles mal iluminadas y atestadas de una perniciosa contaminación producida por la antigüedad y mal mantenimiento de la flota pública y privada de vehículos.

Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, hasta el mes de setiembre 2024 se registraron 13 372 denuncias por extorsión. Estas cifras evidencian un escalamiento del crimen que comparando cifras entre 2021 y 2023, se constata una multiplicación que quintuplica de 4510 a 22 162 casos la incursión delincuencial.

Sin duda, estamos ante la peor crisis de gobernabilidad nacional de este siglo, producto de la errática conducción de un gobierno absolutamente deslegitimado nacido de una alianza autoritaria y criminal que vela por sus propios intereses y que por ello enfrenta día a día un descontento creciente y la presión social de grupos de ciudadanas y ciudadanos que nunca antes se habían movilizado en defensa de la vida: transportistas, comerciantes de bodegas y mercados y trabajadores de servicios, todos chantajeados y algunos asesinados, en medio de la inacción sorda a las demandas sentidas de la población. El gobierno, con cinismo, al minimizar las protestas parece no entender que las movilizaciones continuarán y que el gobierno que preside Boluarte ha entrado en una acelerada cuenta regresiva que se lee en las calles.

Las protestas recientes y el paro nacional parcial de transportistas urbanos de pasajeros del 23 de octubre, ponen por delante una agenda ciudadana urgente. Han abierto las compuertas del avivamiento de conflictos sociales latentes, que ya se contagian al ámbito regional de nuestro país sobre un sinnúmero de asuntos no atendidos, que sumados desbordan la mediocre respuesta del gobierno nacido de la alianza de Dina Boluarte y las mayorías derechistas en el Congreso.

La ciudadanía demanda soluciones prontas en los temas de seguridad, transporte y la penalización de la corrupción generalizada. También exige la creación de empleo juvenil digno y la mejora de la pésima cobertura de los servicios de salud pública, entre otros. Esta agenda refrescada incluye implícitamente la necesidad de construir prontamente nuevos liderazgos capaces de conducir organizaciones legítimas, democráticas y representativas de los intereses ciudadanos.

Parece estar cerca el momento para reconstruir la política en nuestro país, que dé conducción a los intereses públicos en marcos de diálogo y concertación de nuevas alianzas capaces de concretar una ruta de futuro democrático al servicio de sus ciudadanos.

 

desco Opina - Regional / 25 de octubre de 2024

descoCiudadano

 

El hambre, el nuevo rostro de la pobreza

 

Hay frases que condensan una época. Ángel Manero, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, es el autor de una de ellas, entre miles, que ilustran sin necesidad de explicaciones, nuestros actuales momentos: "En el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente". Dicho, además, cuando circulaba una evaluación de la seguridad alimentaria para el 2023, realizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en la que se indicaba que el 51,6% de los hogares peruanos (5.2 millones) se encontraban en inseguridad alimentaria, siendo Puno, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica (por encima del 60%), las regiones más afectadas.

Esta situación, no es solo un problema nuestro. Según FAO, hay por lo menos 733 millones de personas que se enfrentan al hambre debido a los conflictos, las repetidas crisis climáticas y las recesiones económicas en el mundo. Pero, son alrededor de 2800 millones de personas las que pudiéndose alimentar, no acceden a una dieta saludable, lo que está en la raíz misma de todas las formas de malnutrición: desnutrición, carencia de micronutrientes y obesidad, que ahora existen en la mayoría de los países y afectan a todas las clases socioeconómicas. 

Más aún, la falta de acceso a los alimentos adecuados repercute con mayor incidencia en los pobres y vulnerables, entre los que se encuentran los productores agrícolas, reflejando claramente que el problema no radica en las existencias del producto, sino en las desigualdades dentro y entre los países.

Sin embargo, contra lo que dicta un erróneo y generalizado sentido común, los agricultores producen suficientes alimentos para una cantidad de gente, incluso mayor que la actual población mundial.

Amartya Sen, cuando introduce el “enfoque de la titularidad”, explica por qué las hambrunas no son simplemente el resultado de la falta de alimentos, sino de las desigualdades en los mecanismos de distribución. Es decir, son factores sociales y económicos como salarios en declive, desempleo, precios de alimentos en aumento y sistemas de distribución de alimentos deficientes, los que elevan la probabilidad de hambre. En suma, éste no puede atribuirse simplemente al “descenso de la disponibilidad de alimentos”.

En otras palabras, el golpe propinado por Sen a los fanáticos del mercado como un ámbito autorregulado por la “mano invisible”, fue decisivo: el mercado no puede aislarse y abstraerse de la red de relaciones políticas, sociales y jurídicas en las cuales se halla situado. Para ello, argumenta que el método “FAD” (food availability decline, es decir, descenso de la disponibilidad de alimentos) da pocos indicios sobre el mecanismo causal de la inanición, ya que no entra en la relación de las personas con los alimentos.

Todo ello valga para buscar situar comprensivamente al hambre y la desnutrición en la actualidad. Desde el 2023, el Banco Mundial da cuenta de una nueva dimensión de la pobreza a vigilar: la inseguridad alimentaria y nutricional.

Sobre nuestro país, los cálculos del referido organismo multilateral, apoyándose en las estadísticas de FAO, señalan que la prevalencia de la inseguridad alimentaria, alcanzó a más del 50% de la población en el país, considerando el promedio entre el 2021 y el 2023. Esto ubicó al Perú en el escenario más crítico a nivel de América del Sur, sin considerar a Venezuela y Bolivia.

Para William Maloney, economista jefe para América Latina del Banco Mundial, la causa es evidente: el alto costo para cubrir una dieta saludable. “Tenemos una dieta saludable que es muy costosa, [hablamos de] una que le dé al cuerpo lo que necesita, sin llegar a niveles de obesidad. En general, es bastante alto [el costo] en la región”.

Para Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, la situación revela la profunda crisis del mercado laboral peruano, que se traduce también en una de acceso económico: “En el Perú no faltan alimentos. Lo que ocurre es que a la gente no le alcanza [lo que gana] para comprar en cantidad y calidad. Además, no sabe si mañana tendrá la capacidad de cubrirlo. Desde el 2010, vemos que la cifra de inseguridad, en el Perú, viene creciendo ante la precarización del empleo”.

Al respecto, Trivelli apuntó que la solución para afrontar la inseguridad alimentaria se basa en que las personas perciban mayores ingresos. Esto, finalmente, puede ocurrir porque consigan un empleo mejor; ganan más por lo mismo que hacen, lo que significaría un incremento de la productividad; o se dan transferencias del gobierno a través de programas de protección social.

Como vemos, la inmensa incapacidad de los últimos gobiernos para manejar cuestiones tan delicadas como la alimentación, profundizada en grado sumo por la actual administración, agrava a niveles inconcebibles lo que en su momento debió reconocerse como probable resultado catastrófico de la mercantilización de bienes, como los alimentos: éstos no se dirigen hacia quienes los necesitan, sino hacia los que tienen posibilidad de comprarlos. En efecto, exactamente igual a lo que aconteció durante la pandemia con los medicamentos y el oxígeno.

 

desco Opina / 18 de octubre de 2024

Clamor por seguridad y agudización de la crisis política

 

El paro de transportistas en Junín, iniciado el 10 de octubre de 2024, ha escalado rápidamente debido a la creciente preocupación por el crimen organizado y las extorsiones que azotan la región. Transportistas, bodegueros, comerciantes y movimientos estudiantiles se han unido en un frente común para exigir la derogación de la Ley N.º 32108, que consideran ineficaz para enfrentar el crimen organizado.

Este paro tiene lugar en un contexto de inseguridad generalizada en muchas partes del país, y Junín no es la excepción. Los pequeños comerciantes y transportistas, frecuentemente víctimas de extorsiones, ya no ven una solución viable dentro del marco legal actual. La movilización no solo responde a las preocupaciones económicas, sino que también refleja una demanda urgente de mayor seguridad y protección para la ciudadanía.

En respuesta, el gobierno nacional ha desplegado 14 000 policías y 4000 militares con el objetivo de controlar la situación, afirmando que los manifestantes representan a una minoría. Sin embargo, en Junín, el paro ha recibido un respaldo significativo, junto a la suspensión de clases y el cierre de mercados por temor a posibles disturbios.

En ciudades como Huancayo, las protestas han sido mayormente pacíficas, aunque se produjeron intentos para bloquear la Carretera Central, lo que conllevó a intervenciones policiales. El transporte público paralizado, con menos combis y buses en circulación, generó un incremento en el uso y costo de taxis.

El paro continuará hasta que el Congreso derogue la cuestionada Ley N.º 32108, denominada también como la “ley pro crimen organizado”. A nivel nacional, diversos gremios han señalado la radicalización de sus medidas, incluyendo huelgas de hambre, si no se deroga la criticada ley y se toman acciones efectivas contra la criminalidad en el país; sin embargo, las principales fuerzas políticas en el Legislativo se han reafirmado en su negativa para poner en debate la derogatoria de la ley, criminalizando la protesta y enfrentándose violentamente a los representantes del gremio de transportistas.

El Ejecutivo, por su parte, pretendió maquillar la paralización nacional y frente a la gran movilización recurrió a sus tácticas terruqueadoras para intentar deslegitimar la protesta. Como se observó en varios medios de comunicación, la presencia militar fue importante en diversos puntos críticos de la ciudad capital, a diferencia de los días previos a la movilización. Y tal como lo advirtió el aún ministro Santiváñez, la fuerza policial se hizo notar en la avenida Abancay, reprimiendo con violencia a la población movilizada que intentaba llegar al Congreso.

La ciudadanía en Junín y el país clama por soluciones concretas a la inseguridad, mientras quienes están hoy en el poder intentan aminorar la gravedad de la situación. Si no se toman decisiones rápidas y acertadas, el paro podría intensificarse, mientras que la criminalidad seguirá escalando dejando en el total desamparo a la población de las regiones del Perú.

¿Existe una verdadera voluntad política para enfrentar la delincuencia? Todo indica que no, y leyes como la Nº 32108 seguirán aprobándose gracias al pacto que hoy gobierna el país y sostiene a Dina Boluarte.

 

desco Opina - Regional / 11 de octubre de 2024

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