lunes

En lo que resta del tiempo

desco Opina / 24 de agosto de 2009

Ni el propio Alan García Pérez se había imaginado que su segundo gobierno se iba a desgastar tan rápidamente antes de llegar a su tramo final. Atrás quedaron los orgullosos 57 o 64 puntos de aprobación que obtenía de la opinión pública limeña. Ahora, con un poco más de dos centenares de conflictos sociales en todo el país, con la mayor parte de sus cuadros políticos «quemados» luego de una pésima o corrupta gestión al frente de algún ministerio, la PCM o el Congreso, y una represa de cifras macroeconómicas a punto de colapsar, el Presidente García no tiene tiempo sino para trabajar exclusivamente en cómo ganar a la base de la pirámide social del Perú aunque no gane las elecciones presidenciales del 2011, pero sí tener opciones para el 2016.

Alan García quisiera salir por la puerta grande de la historia. No puede darse el lujo de terminar este segundo mandato en medio del fracaso, las pifias y el abucheo. Por esta razón, ha reorientado su estrategia de gobierno en torno a la idiosincrasia más enraizada que existe en una sociedad tan desigual y desinstitucionalizada como la nuestra: «roba pero hace obras». Las quejas de corrupción no le preocupan. Si así fuera, Kouri y Castañeda habrían dejado sus honorables cargos debido a sendos juicios por sobrevaloración de obras; sin embargo, gozan de un respaldo popular envidiable para Palacio de gobierno. Las obras de concreto, aunque consumen mucho tiempo y molestia, podrán generan escándalo mediático pero no necesariamente rechazo. Por el contrario, elevan el respaldo popular.

Esta estrategia funcionó muy bien también con Alberto Fujimori. Durante su gobierno, bajo los grandes programas de focalización orientados por la demanda –esto es, los núcleos ejecutores–, se construyeron cientos de colegios y postas médicas. También se hicieron miles de kilómetros de caminos y puentes. Se concretaron proyectos de irrigación, obras sanitarias e incluso plazas y parques. Se repartieron alimentos a las familias de las zonas más empobrecidas a escalas nunca antes vistas, en cientos de comunidades y distritos donde nunca antes había llegado un Presidente del Perú. Las evaluaciones reportaban que el modelo de los núcleos ejecutores funcionaba, pues se repartía los beneficios allí donde era necesario. Pero estas mismas evaluaciones también reportaron un detalle singular, el momento y monto de la ejecución de los proyectos era clave para comprar el respaldo popular. La experiencia de Puno, luego de la derrota del referéndum constitucional de 1993, fue uno de los tantos ejemplos que demostraron que esto fue así.

Por ello, cuando las primeras evidencias de corrupción comenzaron a mostrar el lado oculto y pecuniario de la gestión fujimorista, resultaba notable observar que una parte mayoritaria de la población se resistía a desaprobar la gestión del «Chino» ¿Por qué? Porque a pesar de los millones de dólares que se decía que Fujimori había robado, lo importante era que el pueblo veía en él, al Presidente que hacía obras como nunca antes nadie lo había hecho.

Por eso el actual momento es circunstancialmente propicio para Alan García. Una gran crisis global amenaza la bonanza económica doméstica que él hubiera deseado dure milagrosamente hasta el 2011. Sólo tiene unos cuantos millones de soles embalsados en los gobiernos regionales y locales y en el presupuesto de inversiones del próximo año para lograr algún efecto hasta mediados del 2010 y luego empezar a encandilar con su voz a todas las sangres. Por eso la decisión es apresurada: el Estado debe gastar más y rápidamente para recuperar la confianza del pueblo comprándolos con obras. Después de todo, es preciso hacerlo, cuando tanto propios como extraños no van a calificarlo de populista, ¿Acaso no ven que estamos en crisis?

Es por eso que esta estrategia quedaría coja si no complementa sus acciones con una campaña comunicacional agresiva para minimizar las voces disonantes y envidiosas de sus críticos y detractores. Por eso la ley mordaza y las amenazas sórdidas a los bloggers. Por eso también las cuentas circenses de facebook y twitter de su Ministerio de Justicia como si estas pudieran lavarle la cara a uno de los poderes más desprestigiados y corruptos de nuestro país. Pero le es necesario seguir esta ruta para garantizar el fortalecimiento de su partido en los próximos dos años a costa de los naturales pies de lastre del Estado en contraste con la elevada eficiencia y efectividad del andamiaje que logre montar paralelo a éste. Este exo-estado es su última apuesta para recuperar al Perú.

No obstante, hay un gran supuesto en su diagnóstico, que se constituye como la principal frontera de su apuesta. Que el 2010 habrá una recuperación de la economía mundial y que el Perú mejorará al mismo ritmo que ella. Pero las crisis financieras de fines de los noventa demuestran lo equivocado que está. Estas socavaron las bases sociales de Fujimori, y la actual crisis, definitivamente acabará con su gobierno.

desco Opina / 24 de agosto 2009
Fecha: 08/2009. Descargar AQUI

CHINCHA 2009, TESTIMONIOS DE LA AUTORECONSTRUCCIÓN

El segundo aniversario del terremoto ocurrido en el sur peruano ha sido objeto de numerosos comentarios críticos. Desde la política se ha destacado que el reciente mensaje presidencial por las Fiestas Patrias no mencionó palabra alguna sobre las labores de recuperación luego del terremoto. No sorprendió tampoco que la semana anterior al segundo aniversario fuéramos testigos de una diarrea de anuncios de inauguraciones y de promesas para el presupuesto del año 2010. Las autoridades tratan de mostrar sus acciones y justificar los magros resultados. La ocasión para criticarse unos a otros no es una sorpresa. El gobierno central acusa a las regiones de incapacidad de gasto y las regiones replican con lo mismo. Si de poder a poder se trata, la opinión pública se inclina a pensar que hay falta de voluntad política del Gobierno Central, haciéndose eco de la sensación de abandono y la desidia frente a las necesidades de la reconstrucción que observan las familias de la región afectada.

El terremoto ha ocurrido en una zona privilegiada del país. Su cercanía a la capital no es solamente un asunto de la carretera pavimentada y los buses que parten de Ica a Lima y viceversa cada 7 minutos. También es una cercanía a las costumbres costeñas y limeñas, a sus gastronomía, dulces y música. Es la cercanía a las clases más acomodadas del Perú, tanto por lazos familiares, también por sus playas y por la creciente inversión que empresarios de la capital hacen en la agricultura agroexportadora del sur, que experimenta un impresionante crecimiento.

Todo ello ha motivado la proximidad mediática y el eco a las quejas de los afectados de las ciudades más destruidas, en particular Pisco y Chincha. Esta proximidad también explica la falta de interés de la prensa en lo que sucede en Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna, provincias serranas y pobres también afectadas por el (mismo) terremoto.

Los ciudadanos comunes y corrientes debiéramos imaginar por un instante lo que hubiera sucedido en Huancavelica, Apurímac o Puno si 600 personas hubieran fallecido y 75,000 viviendas así como sus escuelas y hospitales se hubieran venido abajo. La "cercanía" no sería la misma, lo que muestra la profunda desigualdad que existe en el país. Serían mucho menos las instituciones, personas y empresas las que se alinearían detrás de una solidaridad con la sociedad afectada. La solidaridad misma también tiene gradaciones.

Pero, si la cercanía física y emocional de la costa de Ica al poder es tanta, ¿por qué solamente se han edificado 550 de las 1100 aulas de escuela destruídas? ¿Por qué se ha entregado menos de 30,000 bonos de ayuda al daminificado cuando la ley señaló que toda aquella familia, sea propietaria, posesionaria o inquilina, esto es, 75,000 viviendas donde vivían cerca de 100,000 familias sería acreedora a ese subsidio de emergencia?

Las declaraciones grabadas que acompañan esta nota, testimonios tomados en agosto de este año en diversas localidades chinchanas, nos remiten a una situación sobre la cual los peruanos tenemos poca sensibilidad. El tema de la reconstrucción de la vivienda y de la economía local.

Los peruanos --pueblo y autoridades-- sabemos actuar en casos de emergencia y tenemos algunas nociones sobre lo que es la prevención de desastres. Pero no tenemos claro lo que significan los procesos de reconstrucción. Para el gobierno actual reconstruir significa "reponer lo que había", ignorando así que la tan mentada oportunidad que abre toda crisis era la del desarrollo integral de un vasto territorio. Por esa razón, no han faltado memoriosos que nos recuerden actitudes totalmente diferentes del gobierno central frente al terremoto de Ancash (1970) y de las autoridades central y local cuando los terremotos destruyeran Arequipa (1960) y Cusco (1950). Los planes de reconstrucción de entonces, aunque rudimentarios tenían mucho mayor visión que la broma con gusto 7.9º que publicara el FORSUR antes de desentenderse de su responsabilidad. Es indignante encontrar allí dibujos absurdos de propuestas de vivienda rural sin servicios higiénicos, pero con excelentes tecnologías que no han podido ser implementadas con el bono 6000, excepto allí donde la cooperación extranjera y la no gubernamental pisaron fuerte y forzaron la mano a las propias autoridades nacionales.

Reconstruido el aparato productivo de los grandes en el sur, se ignoró que la realidad del pujante Sur Chico de Lima también es de pobreza y discriminación... al igual que en el resto del país. Esa parte --la de la gente-- es la que no se ha reconstruido de manera oficial. Ni siquiera se piensa en ello.

La destrucción masiva de territorios y economías locales demanda una acción pública para todo el teritorio y no sólo para algunos. Demanda planes y un papel rector del Estado. El gobierno actual sigue creyendo en lo que la realidad ha desmentido: que la economía popular se reconstruye de manera automática y que la pobreza termina por goteo o chorreo. En fin, el gobierno no se preocupa en apoyar las pequeñas iniciativas privadas esto es, las de la auto reconstrucción.

Las familias han demostrado gran capacidad de reponerse a la situación, de combinar los distintos recursos disponibles, incluyendo las vitales ayudas durante la emergencia. De lo que se trata ahora no es de "ayuda" ni de más donaciones. Ahora la solidaridad tiene que expresarse en planes regionales (que debieran ser nacionales) que faciliten los numerosísimos procesos e iniciativas puntuales e individuales para producir y para construir un nuevo futuro.

Era -- y aún queda-- la oportunidad para empezar desde el principio. La oportunidad para que no se reconstruya la informalidad, la oportunidad para que las familias edifiquen viviendas que no se vayan a caer de nuevo, la oportunidad para el pequeño productor agrícola para cultivar mejor, para la Sierra Exportadora. Era también la oportunidad para desarrollar modelos de gestión que fortalezcan en vez de menospreciar sibilinamente a las municipalidades, también damnificadas por el terremoto. Era la oportunidad dorada para mostrar la posibilidad del desarrollo nacional sin exclusión.

cHINCHA 2009, TESTIMONIOS DE LA AUTORECONSTRUCCIÓN

Participaron.
En Grocio Prado: Juan Pablo Castilla y familia, Eusebio Tasayco, Jaime Orlando, Eduardo Ávalos y familia, Jackeline Saravia y familia
En Chincha Alta: Juan Gutiérrez e Isabel de Gutiérrez, Erlinda Castro y familia
En Chincha Baja: Miguel Angel Araujo
En Pueblo Nuevo: Alcides De la Cruz, Germán Piñan, Alberto Vera, Juan Tornero
En Tambo De Mora: Julia Ormeño, Melchorita Ormeño, Ana Melba Ramírez
En Nuevo Tambo de Mora: Familia Sotelo
En Cruz Verde-Tambo De Mora: Aral Caqui y Elvira Gonzáles, José Iraola y Carmen Rosa Rojas, Francisco Arango y familia

Producción. Desco- Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
Concepto, investigación y guión. Teresa Cabrera, Gustavo Riofrío, Mario Zolezzi
Con el apoyo de Juan Tokeshi, Paul Sánchez, Claudia Canchaya
Cámara, edición y post producción. Carlos García - Monoloco Producciones
Gracias a Asociación Solidaridad Países Emergentes-ASPEM y Associazione Volontari per il Servizio Internazionale-ASVI por la colaboración de sus equipos en Chincha.

Agradecimiento especial: UN-HABITAT / ROLAC

sábado

Viaje sin novedad

desco Opina - Regional / 14 de agosto de 2009

Desde el 21 de julio, fecha en que entró en vigencia el nuevo Código de Tránsito, se han impuesto alrededor de 9 mil multas a nivel nacional, de las cuales 6 mil –67 por ciento– corresponden a la ciudad de Lima. Cabe preguntarse ¿realmente estas cifras indican una reducción en las infracciones? Más aún, ¿realmente se está produciendo un cambio?

En efecto, se ha reducido el número de multas por infracción, pero los usuarios no están convencidos de los datos oficiales, pues ello no significa que se haya producido un cambio sustancial orientado al respeto a la ley y al usuario. Ante la probabilidad de una fuerte multa, es visible una mayor preocupación por parte de los conductores de servicio público y, de otro lado, se aprecia un mayor control en las unidades de transporte público respecto al uso de paraderos y lugares de estacionamiento. Sin embargo, estos detalles siempre están supeditados a la presencia de efectivos policiales.

Recordemos que el nuevo Código de Tránsito fue promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como respuesta al alto índice de accidentes a nivel nacional y, en especial, en Lima, durante los pasados meses. Pero, ante la mayor dureza de las sanciones, el gremio de transportistas optó por la protesta contra las medidas tomadas por el Ministerio de Transportes, que imponía sendas multas y amenazas de traslado del vehículo infractor al depósito. Mientras tanto, los usuarios no tuvieron voz.

Ante la presión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, retrocedió con el argumento de priorizar el diálogo y la búsqueda de consenso, que devinieron en acuerdos. El ministro prefirió una postura flexible y transigir en algunos puntos que eran objeto de controversia –por existir entonces una coyuntura delicada para el gobierno– con consideraciones menos duras para los infractores que cometen faltas leves, como por ejemplo el decomiso del brevete.

De esta manera, encontramos dos aspectos importantes que resaltar sobre el ordenamiento del tránsito en la ciudad. De un lado, se anteponen intereses políticos coyunturales al beneficio de la mayoría, lo que no es ninguna novedad pero que a la larga agrava la situación y, de otro lado, se pretende generar un cambio en la cultura del conductor y de las autoridades.

Sobre lo primero, sería necesario plantear normas claras que puedan solucionar efectivamente el problema y que no se «derritan» ante la presión de los sectores que tienen intereses directos, aun cuando su potencial electoral sea importante: creemos importante resaltar que quien comete una falta debe ser sancionado.

Con respecto a la sanción, existe el riesgo que las multas elevadas propicien la corrupción y la coima en la negociación callejera, como muchos de nosotros hemos visto con lamentable frecuencia. Ello tiene que ver con la cultura enraizada –choferes, policías y usuarios– que se pretende cambiar y, otra vez, nos encontramos con diversos actores sociales involucrados –pero no comprometidos– con la solución del problema.

Mientras el efectivo policial sea un comisionista de la multa en tanto percibe el 25% de la misma, no podremos estar libres de negociaciones clandestinas en las vías. Y allí juegan un rol importante y hasta ahora no asumido, tanto las municipalidades como varios ministerios.

Por su parte, el triunfal anuncio del Ministro de Transportes, respecto a que 365 choferes son sancionados diariamente, nos parece un dato interesante para contrastar con las 1500 papeletas diarias que se emitían antes de la vigencia de este código. Pero, a la iniciativa le falta aún el sustento de la educación vial, de la campaña en concordancia con los medios, con la responsabilidad de los Ministerios de Educación y del Interior y con el liderazgo de la Municipalidad de Lima, que es la institución que tiene los recursos necesarios para tutelar el orden, el transporte y seguridad en la ciudad.

Así, la vigencia y puesta en marcha del Código de Tránsito debe ir articulado con un plan integral que solucione problemas esenciales de las ciudadanas y ciudadanos que se transportan diariamente por las vías de Lima, en concordancia con las necesidades de los que caminan por las calles, donde el gobierno metropolitano es el llamado a poner orden.

No hay solución específica ni parcial para un problema de amplio espectro: ésta debe involucrar a todos los sectores comprometidos. Si bien es cierto que en tiempos de gripe AH1N1 y de conflictos en el interior del país que requieren de atención inmediata del gobierno central y que absorben la atención de la opinión pública, el transporte no es un tema esporádico: se ha desarrollado y evolucionado con la ciudad, donde después de la época de los autos y buses empezaron a circular colectivos y mototaxis y, en el interior de ellos, personas con derechos, que requieren transportarse «sin novedad».

desco Opina - Regional / 14 de agosto 2009
Programa Urbano
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lunes

Mensaje, verbo y cintura

desco Opina / 7 de agosto de 2009

Pensábamos que al cumplirse tres años de su mandato, Alan García ya no tendría reflejos y que con la designación de Yehude Simon para el premierato había agotado su capacidad de sorprendernos. Cuán equivocados estábamos. En su Mensaje a la Nación expuso, una vez más, su destreza para la pirotecnia verbal, para ir colocando sigilosamente sus fichas para las elecciones 2010-2011.

Como se esperaba, no dijo nada sobre la situación de la lucha contra la corrupción. Tampoco abundó, salvo generalidades, sobre la conflictividad social. Menos aún sobre los efectos de la crisis internacional en la economía de los peruanos. Sin embargo, sí buscó impactar sobre un terreno impensado: la descentralización y los gobiernos locales.

Nos anunció a los peruanos que hacia adelante tendríamos una descentralización popular: se promocionaría a los denominados «núcleos ejecutores», ya sea comunales o juveniles, con la finalidad de incentivar más participación directa de la ciudadanía en la ejecución de los recursos públicos. Como este es el modelo seguido por FONCODES, inmediatamente saltaron las sospechas sobre si sería esta entidad la que conduciría el proceso. Presto, García afirmó que no. Después de su mensaje por Fiestas Patrias, mediante una columna de opinión en el diario El Comercio, señaló que estos núcleos ejecutores y su multiplicación de demandas deberán dirigirse hacia los gobiernos locales y regionales para que afinen técnicamente y financien sus obras.

Como ya sabemos que no hay capacidad técnica suficiente para soportar esta probable superposición de pedidos y, además, gran parte de los recursos que se dicen disponibles están comprometidos para el presupuesto participativo, podemos intuir el desmadre que puede ocurrir si no se pone un poco de orden a las cosas. Pero, como podrá sospecharse, la intención de García no se conduce hacia el fortalecimiento de la descentralización y de los gobiernos locales. Lo que parece haber visualizado es que en estos ámbitos van a discurrir claves importantes para la negociación política que rodeará el contexto electoral que está en la puerta.

Así, busca ganar espacios entre las autoridades municipales y regionales. De la misma manera como los apristas los desdeñaron tiempo atrás, por considerarlos poco significativos en términos políticos, ahora parecen revalorarlos y, al respecto, nada resulta mejor que repartir recursos y poner a la defensiva a las referidas autoridades.

En este mismo encuadre político debemos colocar su anuncio de una segunda vuelta para las elecciones regionales. Este es un pedido que se formuló reiteradamente en años anteriores y siempre contó con la oposición aprista. Ven ahora la oportunidad de implementarlo y, seguramente, la decisión tiene relación con las necesidades de corto plazo del partido gobernante, en donde ya deben estar imaginando la fuerza de negociación que les daría un buen conjunto de presidentes regionales militantes o consejos regionales bajo su influencia, en la campaña del 2011.

Una última cuestión es lo que señaló respecto al FONCOMUN. Anunció una restitución –casi una concesión graciosa– para compensar las pérdidas sufridas por la disminución en la recaudación del IGV, principal fuente del referido fondo. Lo que no dijo García, es que las transferencias hacia las municipalidades han disminuido no solamente por ese motivo sino también por la centralización de la gestión de programas sociales y por lo que se restó a las municipalidades para formar la Reserva de Contingencia, destinada a asistir a los sectores impactados por la crisis internacional, y el Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local del 2009, para que los gobiernos locales puedan acceder al cofinanciamiento de sus proyectos de inversión, mediante concursos.

También afirmó que aumentaría progresivamente el porcentaje del IGV destinado al FONCOMUN: del 2% al 4%. Tampoco está mal el anuncio y debe aceptarse. Pero, como no viene acompañado de medidas que busquen mayor transparencia y rendición de cuentas en los gobiernos locales, la mayor cantidad de recursos no están suponiendo mejor gestión.

Así vienen las cosas. El Presidente ha sido bastante claro en advertirnos que tiene la llave de la caja y puede repartir según sus conveniencias. También al menos parte del mango de la sartén y, sin lugar a dudas, que ha decidido probar suerte en la política local y regional. Queremos suponer que la oposición ya está buscando ganarle la iniciativa.

desco Opina / 7 de agosto 2009
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