domingo

Adelanto de elecciones: lecciones de una derrota anunciada


Como era previsible desde hace días, y ni bien partió la Comisión de Venecia invitada por la mayoría opositora del Congreso, la propuesta del presidente Vizcarra para adelantar las elecciones fue archivada en la Comisión de Constitución. Como diversos analistas mencionaron en su momento, ahora el jefe de Estado se encuentra en una suerte de trampa, pues se le han agotado las herramientas a las que puede echar mano para responder al desafío que aquél le ha planteado. Esto pareció evidente en la presentación del Premier Del Solar que, ante la decisión de la mayoría aprofujimorista, no respondió nada en concreto.
La cuestión de confianza en torno perdió viabilidad, y en ciertos corrillos se rumoreaba incluso, que el Presidente del Consejo de Ministros era reticente a presentarla. Pero aun si ello ocurriera, la estrategia del Congreso dominado por el aprofujimorismo sería derivarla a un Tribunal Constitucional (TC) recompuesto con magistrados afines que la entramparían o la declararían improcedente. Algunos congresistas «duros» estarían preparando una moción de vacancia presidencial, aun cuando a la fecha, es dudoso que tengan los votos y causales razonables (hay al menos una comisión del congreso que está expurgando la trayectoria del Presidente).
Cabe preguntarse cómo, un Presidente que hasta hoy había logrado arrinconar al Congreso, ha terminado ahora aparentemente acorralado. El público en las calles (y también algunos analistas), consideran que el Congreso debió cerrarse hace meses, en tanto otros sostienen que el error estribó en haber presentado el proyecto de adelanto de elecciones que desencadenó un conflicto que supuestamente no existía.
Al respecto, debe señalarse que, de acuerdo a las reglas de juego, el Congreso no podía cerrarse pues en las ocasiones en que fue emplazado por la cuestión de confianza, se allanó al pedido de reformas del Ejecutivo para evitarlo. En cuanto al segundo argumento, si bien el Congreso, desde el año 2016, había aprobado las iniciativas del gobierno, estas fueron especialmente medidas económicas (en las que no parece haber mayores discrepancias), pero se rechazaban u obstruían otras de carácter institucional y político. Este conflicto parecía destinado a escalar cuando Fuerza Popular recuperó recientemente el control del Congreso con la elección de Pedro Olaechea y la recomposición de las comisiones.
Los errores entonces, hay que buscarlos en otra parte. Hay sin duda varios factores, pero uno de ellos tiene que ver con las dificultades del gobierno y del mismo Presidente de entender que la política no puede constreñirse a las reglas formales de las instituciones estatales. Limitarse a ello, sin buscar alianzas políticas en el Congreso (es sabido que Vizcarra no tiene una bancada significativa), sin concertar con algunos partidos y sin apostar a neutralizar los intentos de Fuerza Popular por reconstruir una mayoría, le dejó a esta última la cancha libre para reconstituir una nueva coalición que de momento ha terminado cercando al Ejecutivo.
Las dificultades del Presidente, sea por desconfianza o inexperiencia, para convocar y atraer asesores y operadores políticos con peso y experiencia, son también parte del problema. Su condición de «externo» a la élite limeña y su falta de un aparato político lo han ido aislando.
Por otro lado, existe en las calles un fuerte antifujimorismo, capaz de decidir una elección como ocurrió en el 2011 y 2016 pero que, en las condiciones actuales, muestra sus déficits organizativos para movilizarse y enfrentar al aprofujimorismo aislado socialmente, pero atrincherado en instituciones claves que saben manejar.
Los resultados del enfrentamiento son aún inciertos, y la última respuesta del Presidente anunciando la presentación de una cuestión de confianza para cambiar las reglas de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, muestra una disposición del gobierno a continuar la pugna de poderes, intentando frenar los intentos de la oposición por copar el TC, aunque sin replicar la decisión de archivar el proyecto de ley antes mencionado. El desenlace continúa en suspenso y las posibilidades de un acuerdo político lejanas.
Una derrota de Vizcarra y una posterior renuncia o vacancia, significaría una victoria del fujimorismo y todos sus lastres (corrupción, autoritarismo, carencia de visión de país, etc.) en la escena política oficial, aun cuando en la de la opinión pública y las intenciones de voto para el 2020 o 2021 futuro luzca de momento derrotado. Aunque parcial y temporal, sería su primera revancha en casi 20 años de enfrentamientos con el antifujimorismo.
Entonces, una lección que deja esta crisis para quienes aspiran a gobernar el Perú es que deben asimilar la política no solo como competir, ganar elecciones y gobernar respetando las reglas democráticas (esto último es desde luego un valor clave), sino también negociar, establecer acuerdos y forjar alianzas, más aun, considerando la precaria correlación de fuerzas y la débil institucionalidad política del país.


desco Opina / 27 de setiembre de 2019

viernes

La selva huele a humo



Más de 80 000 incendios han sido registrados en la selva amazónica este año, lo que ha generado una alerta mundial sobre los daños a este estratégico espacio forestal y de biodiversidad. Lo más clamoroso ha sido sin duda, el desdén del gobierno brasileño por afrontar los incendios forestales en su Amazonía, producto de los planes de gobierno del Presidente Bolsonaro para desarrollar la "Amazonía improductiva”, un ecosistema particularmente vulnerable, en un contexto de preocupación mundial por el cambio climático.
La Amazonía peruana no es desde luego ajena a este problema; todos los años se reportan incendios forestales, habiendo sido particularmente devastador uno producido en el año 2016, que afectó 20 000 hectáreas en Satipo (Junín). Es alarmante que este siniestro haya sido prácticamente silenciado, sin tenerse conocimiento alguno sobre las responsabilidades en torno a su desencadenamiento, menos aún de acciones técnicas de recuperación. La impunidad persiste y a nadie le sorprende que la quema de bosques siga siendo una práctica habitual y parcialmente tolerada en la selva central. Coincidentemente, en estos días, se está produciendo un incendio forestal de grandes proporciones en Chanchamayo.
Detrás de esto hay, sin duda, ideologías como las que respaldaron el famoso "síndrome del perro del hortelano" del fallecido expresidente Alan García, evidenciado en afirmaciones como la siguiente: "…hay muchos recursos que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad o por indolencia”.
En la Amazonía no existen incendios forestales naturales, pues eso requeriría rayos secos, sin lluvia; los siniestros son producto de la irresponsabilidad y la falta de escrúpulos, basadas en intereses económicos. Es conocida la existencia de vínculos directos entre la quema de bosques y la expansión de áreas para la producción agropecuaria, lo que ocurre muchas veces con la soterrada complicidad de las autoridades nacionales o locales.
Una condición estructural para afrontar estos siniestros son las limitaciones del Estado. Así, en el plano normativo, existe un marco legal que sanciona el hecho –provocar incendios forestales es considerado un delito contra el ambiente y puede castigarse por ley con pena privativa de la libertad–; pero se carece de capacidades para identificar responsables, iniciar las acciones legales y ejecutar la sanción correspondiente. Las intervenciones requieren apoyo de la Policía Nacional y de la Fiscalía Ambiental, que no siempre están disponibles. Más grave aún, hay una clamorosa insuficiencia de bomberos forestales especializados, con equipos necesarios para combatir incendios. La capacidad operativa para desarrollar acciones de prevención es todavía menor. Llama por eso la atención, que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) pretenda minimizar la frágil situación.
Por todo esto, el combate inmediato a los incendios corre siempre a cargo de iniciativas locales, en donde participan unos pocos bomberos mal equipados y muchos pobladores preocupados y comprometidos, intervenciones a todas luces insuficientes.
La presión internacional a raíz de los gigantescos incendios en la Amazonía brasileña, ha motivado la firma del Pacto de Leticia, que esperamos contribuya a mejorar la protección del principal pulmón del planeta, aun cuando hasta hoy no se han evaluado los resultados del Tratado de Cooperación Amazónica que fue firmado por los mismos países en 1978.
En conclusión, el olor a humo que emana del Amazonas, evidencia la falta de escrúpulos de ciertos empresarios y la corrupción de autoridades y funcionarios públicos. Muchos pequeños agricultores son, asimismo, en parte responsables, lo que demuestra que la pobreza secular es también una de las grandes causantes. Por eso preocupa que el flamante pacto, no enfatice en la necesidad de sancionar a los culpables, dejando abiertos muchos vacíos y resquicios legales en los compromisos internacionales, que permitirían reducir acciones contrarias a la preservación de la riqueza forestal y ambiental de esta importante cuenca. En el caso peruano, la ausencia del Estado, su escasa preocupación y la poca prioridad que de hecho le asigna al problema, agravan la situación.


desco Opina - Regional / 20 de setiembre de 2019
Programa Regional Centro - descocentro

Problemas urgentes y política ausente


Muerte de neonatos en hospitales públicos, homicidios perpetrados con saña inaudita e intentos de desalojo en terrenos invadidos que produjeron gran violencia, fueron hechos resaltantes en los últimos días, sin que haya merecido mayor interés de los que dirigen el país.

Madres adolescentes
En semanas recientes, algunos medios de comunicación reportaron con alarma una supuesta creciente cifra de fallecimientos de recién nacidos prematuros, por la inexistencia de incubadoras en los hospitales públicos. Según el Ministerio de Salud, en lo que va del año han muerto 1817 recién nacidos, de los cuales 1291 fueron prematuros.
Si nos ponemos en contexto adecuado, lo cierto es que, en los últimos veinte años, el Perú ha tenido una reducción sostenida de la mortalidad infantil. Los fallecimientos en menores de un año pasaron de 33 por cada mil nacidos vivos a inicios del 2000 a 15 el año pasado, según la ENDES. En otras palabras, estamos en el promedio latinoamericano. Por otro lado, la tasa de mortalidad neonatal (antes de los 28 días luego de nacer) pasó de 18 a 10 por cada mil nacidos entre los mismos años. Si bien hubo un descenso, aún estamos por encima del promedio regional, que es de 9.6 y, lo que es más, se ha mantenido constante durante los últimos cuatro años.
Entonces, hay un problema y busca explicarse soplando la pluma. Según la ministra de Salud, Zulema Tomás, desde este año la compra de incubadoras, respiradores y otros implementos para la atención de recién nacidos está a cargo de los gobiernos regionales. Esto presenta demoras por la falta de gestores en el sector. En suma, el problema es de falta de recursos humanos para la buena gestión y, también, deficiente prevención (controles prenatales y lactancia materna) que puede corregirse con una mejor vigilancia de la autoridad pública.
Pero, lo que no nos dicen las autoridades y no preguntan los periodistas es el posible perfil de las madres que tienen estas pérdidas. De acuerdo con la OMS, la procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo.
Al respecto, el INEI señala que cada día cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas en Perú, y este promedio sube a diez cuando las menores llegan a esta edad. La encuesta demográfica y de salud familiar realizada en 2017, revela que el 13.4% de adolescentes de 15 a 19 años, fueron madres o quedaron embarazadas por primera vez en aquel año, lo que significó un alza del 0.7% con respecto al 2016. Lo que es más, ese porcentaje se había mantenido en el mismo rango en los últimos cinco años.
Homicidios
Hay quienes todavía señalan que no somos un país violento y los casos registrados y convenientemente filtrados por las autoridades competentes, parecieran que solo son carne para los bolsillos de la prensa comercial. En el 2017, la tasa de homicidios de El Salvador era de 60 víctimas por cada 100 mil habitantes y de Venezuela 54 víctimas por cada 100 mil habitantes. La nuestra era para ese año, de 8 víctimas por cada 100 mil habitantes.
No parece mal, pero debíamos considerar que entre el 2011 y 2017 hubo un importante incremento, pasando de 5,4 muertes por 100 mil habitantes a 7,8. Además, si desagregamos territorialmente esta cifra, nos vamos a encontrar con resultados realmente preocupantes: Madre de Dios tuvo una tasa de 46.6 en el 2017, Tumbes de 28.8, Lima región de 14 y Callao de 13.1.
Si nos enfocamos en las provincias, veremos que Tambopata tiene 59 víctimas por cada 100 mil habitantes; siguiéndole la provincia de Barranca y Tumbes con 41 y 40 víctimas por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Las ciudades más violentas son Tumbes con 58 víctimas por cada 100 mil habitantes; Barranca con 46 víctimas por cada 100 mil habitantes, Huaral y Pisco, con 28 y 18 víctimas por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
Tráfico de terrenos
En el Perú, esta es la segunda fuente de ganancias ilícitas, después del narcotráfico y a la par con la trata de personas y la minería ilegal. Además, según Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías sobre crimen organizado, es la modalidad con mayor crecimiento relativo en los últimos años, afirmando que una de estas redes puede mover hasta 20 millones de soles al año, básicamente, por las ventas sucesivas de un mismo terreno, conocido como ‘ruleteo’.
Asimismo, se ha podido evidenciar recientemente, que estos grupos han tejido densas redes de relaciones involucrando a algunas autoridades competentes en el tema. Agregado a esto, también puede decirse que el tráfico de tierras es el eje alrededor del cual giran otras actividades ilegales como la extorsión y el sicariato. Si alguien puede tener dudas sobre la importancia de este delito, debería remitirse a la información proporcionada por Rubén Vargas, ex viceministro de Orden Interno del Mininter: “El 90% de invasiones en Lima y la costa norte ha sido dirigido por organizaciones criminales”.
Si bien desde el 2016, la policía y la fiscalía han realizado 120 megaoperativos, de los cuales la mitad sirvieron para desbaratar estas redes e iniciar al menos 45 procesos judiciales, lo cierto es que hasta el momento no hay sentenciado alguno.
Mientras sucedía esto y muchas otras situaciones preocupantes, la política discurría –y seguirá discurriendo– por canales diametralmente opuestos. Nuestros políticos, como bien sabemos ahora, no hacen política no porque no quieren, sino porque no saben. No pueden solucionar siquiera sus cuitas y mal haríamos en creer que puedan tener una sola idea clara sobre qué hacer con los problemas de los peruanos.

desco Opina / 13 de setiembre de 2019