sábado

Nuestro informal transporte formal


Hace pocos días los noticieros daban cuenta de los desmanes de los colectiveros informales de Lima Metropolitana. Los colectivos interprovinciales también se sumaron a esas protestas, basando sus demandas en los proyectos de ley de formalización que quedaron en el disuelto Congreso. Curiosamente –o exprofeso– todos estos proyectos fueron elaborados por la bancada de Fuerza Popular. Pocos medios dieron cobertura al paro de este sector de colectiveros y menos aún analizaron la real situación del transporte interprovincial del país que da cabida a la generalizada informalidad.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la SUTRAN, organiza campañas de sensibilización para el uso del servicio de las empresas formales y se dedica a hacerse visible monitoreando las unidades que parten de las terminales. Estas campañas son al parecer deficientes; de otra forma no se explica por qué buses formales previamente controlados por esa instancia, terminen a un costado de las pistas con fallas mecánicas.
Existen normas, pero las capacidades del Estado y las voluntades de autoridades, funcionarios y de los mismos propietarios son incapaces de hacerlas respetar o no están dispuestas a ello. Así, no faltan empresas interprovinciales «formales», cuyas unidades no cumplen con las exigencias para el transporte de pasajeros. Esta informalización evidencia los bajos niveles de fiscalización del transporte, limitado a las terminales, pero sin controlar otros asuntos relevantes como las horas del conductor al volante ni las condiciones mecánicas de las unidades.
Existen muchas unidades de transporte que operan sin el debido y oportuno control mecánico, cuyos dueños son empresas «pantalla» que se cierran en 3 o 4 meses o que cambian de razón social para evadir impuestos. Sus choferes no descansan el tiempo adecuado, los trabajadores no están en planilla, tienen un sueldo menor al del mercado o se les paga sólo cuando están de servicio, lo que los obliga a sobrepasar las horas de trabajo permitidas para manejar, poniendo en riesgo la vida de los viajantes. No es raro observar buses que, llegando a la terminal, inmediatamente después embarcan nuevos pasajeros, mientras sus conductores descansan incómodamente en su interior.
Por otro lado, muchos percances de los buses son fruto de las irresponsables maniobras de sus conductores, el exceso de velocidad, la inexperiencia o sus propias condiciones psicológicas. Por ello, no es extraño el alto número de accidentes en las carreteras con víctimas fatales en los últimos dos meses.
Otro tema a resaltar es la calidad de los servicios ofrecidos al pasajero: buses que salen con retraso o simplemente no lo hacen, servicios higiénicos en estado deplorable, cinturones de seguridad ausentes o deteriorados, etc. Si INDECOPI interviniera, mucho de lo ofrecido e incumplido ameritaría sanción de publicidad engañosa.
En conclusión, la informalidad del transporte interprovincial y la mortandad que este provoca se solucionará con un Estado con capacidad efectiva para fiscalizar y controlar a las empresas prestadoras del servicio. Tanto el Gobierno Nacional, como los gobiernos subnacionales, en las competencias que les corresponden, deben actuar para mejorar la calidad y seguridad del transporte de pasajeros y carga, lo que sin duda demanda contar con los recursos financieros y profesionales mínimamente adecuados.
Entre otras cosas, el MTC debe evaluar a las empresas y someterlas a procesos de acreditación en plazos perentorios, estableciendo condiciones para renovar las autorizaciones. La Policía Nacional debe jugar también un rol importante en el control del servicio –sobre todo en las carreteras–, y los usuarios deben exigir calidad en el mismo y denunciar irregularidades y presumibles actos de corrupción que permitan la operación irregular e ilegal de las unidades de transporte. Mientras tanto –y tal como está la situación– seguiremos escuchando hilarantes, pero trágicas confesiones de los colectiveros informales: “suba nomás, porque nosotros llegamos más rápido y matamos menos”.

desco Opina - Regional / 13 de diciembre de 2019
Programa Regional Centro - descocentro

viernes

El páramo sin llamas




El tres de octubre juramentó el nuevo Gabinete ministerial, luego de que el presidente Vizcarra decidiera disolver el Congreso. Dos meses después, en medio de una constante picada hacia abajo en su popularidad –algo que, a estas alturas, el Presidente seguramente ya comprendió que no es un dato sustancial para darse estabilidad– muestra un Premier anodino y tres renuncias a carteras tan importantes como Salud, MIDIS y Cultura.

En otras palabras, sin fuerzas contrarias activadas, el gobierno muestra sus debilidades porque no tiene base en que asentarse o porque es en extremo endeble, ya que las causas por las que debió poner de lado a los ahora exministros Meléndez, Tomás y Petrozzi, nos retrotrae a los momentos estelares de administraciones como la del hoy reo Alejandro Toledo, signado entonces por las tropelías de poca monta que protagonizaban sus parientes y amigos.

Otra dimensión que muestra la levedad de la política peruana son los comicios parlamentarios programados para enero del 2020, es decir, dentro de mes y medio. Al respecto, si bien durante diciembre no es posible poner en acción una campaña electoral y, por lo mismo, los candidatos tendrán solo tres semanas para llevarla a cabo, se esperaba un poco más de entusiasmo que el consignado por las encuestas.

A noviembre, según IPSOS-Apoyo, casi el 40% de los encuestados no tienen preferencia por ningún partido ni candidato. Por otro lado, entre las preferencias mostradas no vamos a encontrar indicio alguno de aquella renovación imaginada cuando el Ejecutivo decidió el cierre del Congreso. En efecto, las organizaciones políticas que encabezan las encuestas, entre las que se encuentra la fujimorista Fuerza Popular, connotan todas ellas, continuidades de lo que se quiso poner de lado.

El mismo desinterés, al parecer, se extiende hacia las acciones judiciales contra la corrupción. Que haya salido un grupo de empresarios a declarar públicamente que contribuyeron con las campañas políticas de Keiko Fujimori, desató más encontronazos clasistas revestidos de moralina que evaluaciones sobre los supuestos logros de una supuesta estrategia que supuestamente estaría dándose alrededor de los casos de corrupción. En esa línea, las intervenciones del fiscal Pérez a las instalaciones de CONFIEP para buscar pruebas de hechos que acontecieron hace ocho años, no han dejado de ser observables.

Pero, ¿están realmente preocupados los empresarios peruanos por el grado de corrupción en los ámbitos donde hacen negocios? Según la presidenta de CONFIEP, María Isabel León, nunca más debe haber corrupción: “Apoyamos el trabajo de la Fiscalía, del Poder Judicial, pero llamamos la atención, justicia para todos por igual. Y sabiendo el riesgo que me corro repito, estoy para trabajar juntos con todos los empresarios, somos más de 3 millones en todo el país, hay buenos, malos, de todo color. Estamos aquí para trabajar por los buenos empresarios”.

Sin embargo, la encuesta aplicada por IPSOS entre los asistentes a CADE 2019 pregunta sobre los riesgos que preocupan a las empresas y la respuesta mayoritaria, con el 45%, es el deterioro del ambiente de negocios en el país. El incremento de la corrupción se ubica en el cuarto lugar.

Igualmente, la excarcelación de Keiko Fujimori debió haber situado las preocupaciones en las implicancias que tiene privar de la libertad a una persona a la que aún no se le ha formulado una acusación para procesarla. Más allá de las consideraciones de los integrantes del Tribunal Constitucional y de aquellos que se oponen a su decisión, lo cierto es que no hemos tenido una evaluación política de este hecho y todo se ha reducido a buscar fórmulas que hagan aparecer como politizado un fallo judicial.

Mientras tanto, el peruano está preocupado por los elevados índices de inseguridad existentes en las ciudades. También, a los sectores medios urbanos –a quienes empieza a impactar con fuerza la desaceleración económica– les inquietan cuestiones como su creciente nivel de sobre endeudamiento bancario, al compás de la disminución relativa de sus ingresos. A los jóvenes, el desempleo y la precarización de la oferta laboral.

Agreguemos a todo lo anterior nuestro consuelo de haber subido dos peldaños en las pruebas PISA y completamos, mal que bien, el cuadro en el que nos retratamos: distanciados cada vez más de un sistema político que no tiene incidencia alguna en nuestra cotidianeidad y buscando cómo resolver solos nuestros problemas con recursos apremiantemente escasos y precarios.

 

desco Opina / 6 de diciembre de 2019

martes

COP25 ante un problema mundial


En la ciudad de Madrid, del 2 al 13 de diciembre, se desarrollará la denominada COP25; la conferencia anual más importante para tratar la problemática sobre cambio climático. Esta cumbre en la que participan representantes de unos 200 países firmantes del Acuerdo de París (acuerdo histórico para la búsqueda de reducción de emisiones de gases efecto invernadero), entre ellos unos cuarenta jefes de Estado o gobierno, empieza de una manera bastante accidentada luego de que sufriera hasta en dos oportunidades el cambio de sede para la realización del evento.
En un primer momento, en noviembre del año pasado, Brasil rechazó la organización del evento –pese a que la postulación y aceptación a ser el a país organizador se gestionó con suficiente antelación– argumentando razones de carácter económico; aunque quedaba claramente demostrado que aquellas eran de índole ideológico, al ser elegido Jair Bolsonaro para presidir el gobierno brasilero entre 2019 y diciembre 2023, al cual llega con un equipo crítico a las causas ambientales a las que liga con la izquierda. Los incendios forestales en la Amazonia de Brasil y otras zonas de Sudamérica, los argumentos de Bolsonaro sobre los culpables del incendio –que forman parte de su campaña contra grupos ambientalistas que trabajan en Brasil–, y los enfrentamientos con su par francés Emmanuel Macron, no hacen sino reafirmar que la realización de la cumbre mundial en ese país, hubiera sido un gran error.
En un segundo momento y ante la negativa brasilera, fue el gobierno de Chile el que propuso que la sede de la COP25 fuera la ciudad de Santiago. Todo parecía ir de acuerdo a lo programado en términos de la organización de la cumbre; sin embargo, a poco más de mes y medio de la realización de esta, explotó en Chile la peor crisis social que les ha tocado vivir en las últimas tres décadas. Sin lugar a dudas y argumentando que debía “abocarse de lleno a restablecer plenamente el orden público, impulsar la agenda social que responda a los pedidos de la calle y sostener un amplio diálogo con la sociedad y el mundo político”, el presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció la suspensión de este evento.
Con todo lo ocurrido la cumbre se alejó de Sudamérica y es en el viejo continente donde se le da cabida, lo cual en cierta medida resulta lamentable, pues diversas organizaciones sociales latinoamericanas ya se habían preparado para visibilizar sus problemas y demandas en materia climática, participando de manera presencial en la cumbre que se realizaría en Santiago debido a su cercanía. Ahora, a la distancia, se genera la incertidumbre de saber si los mensajes y los llamados a la acción por parte del continente con la mayor reserva de áreas naturales del mundo llegarán de manera adecuada; considerando que los niveles de afectación en procesos de desglaciación y otros de incidencia directa producto del cambio climático ya son notorios y alarmantes, como en el caso de Perú, por ejemplo .
Al margen de lo antes expuesto, quizá sea un buen momento para la reflexión sobre la pertinencia y participación en estos espacios, hacer un balance sobre lo que se ha logrado en estas 25 cumbres desarrolladas una por año desde 1994. Esta cumbre resulta emblemática pues puede ser el punto de quiebre para saber si lo expresado en el Acuerdo de París hace cuatro años en materia de contribuciones nacionales para la reducción de gases efecto invernadero (GEI) era un compromiso real o solo fue una manera de seguir dilatando el tiempo para tomar acciones radicales, sobre todo tomando en consideración que la meta del acuerdo es no llegar a un aumento de 3.2 °C hasta final de siglo.
La meta parece descomunal si tomamos en consideración que para lograr un aumento no mayor a 1.5 °C se debería reducir las emisiones de GEI en un promedio de 7.6% a partir del próximo año, siendo el Reino Unido el único país en el mundo que ha logrado reducir las emisiones en casi 2% anual entre 1990 y 2018. Especialistas aseguran que de superar la valla de 1.5 °C, aumentarán la frecuencia e intensidad de eventos climáticos catastróficos a nivel mundial. En este momento la percepción no deja de ser fatalista, puesto que las señales de los efectos del cambio climático cada vez son más visibles y, al parecer, ya estamos jugando tiempo de descuento.


desco Opina - Regional / 3 de diciembre de 2019
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