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El sueño de la gobernanza climática peruana

 

La cumbre sobre cambio climático de la ONU COP 26 (Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), se desarrolló en Glasgow, Escocia, las primeras semanas de noviembre. En ella participó la delegación peruana, posiblemente comprometida con el tema, pero que quizá sobredimensiona nuestras capacidades de colaboración para alcanzar la carbononeutralidad y la resiliencia al cambio climático.

El Registro Nacional de Medidas de Mitigación, que consigna las acciones de mitigación de diferentes sectores, el Infocarbono (Inventario Nacional de GEI), y la Huella de Carbono Perú (que mide las emisiones de GEI de una organización ya sea pública o privada), forman parte del Sistema para la Medición de las Medidas de Mitigación que nuestro país viene implementando. Todas ellas son herramientas importantes, pero insuficientes para considerarnos a la vanguardia a nivel latinoamericano, tal como lo señalaron los miembros de la delegación peruana. Hay muchos temas aún pendientes o insuficientemente atendidos.

En 2014 el Ministerio del Ambiente (MINAM) señaló que nuestra meta para el 2021 era «cero deforestación», que evidentemente no se alcanzó. Se estima que en el 2020 más de 150 000 hectáreas de bosques tropicales fueron devastadas como consecuencia de la tala y la minería ilegal a nivel nacional, cifra que siguió elevándose este año, dado que la pandemia obstaculiza la fiscalización de parte de las autoridades; tarea ésta que incluso antes de esta crisis sanitaria tenía serias deficiencias e involucraba, incluso, actos de corrupción de varios funcionarios.

Esta pérdida forestal es responsable de casi la mitad de las emisiones de gases efecto invernadero a nivel nacional. Aunque las áreas naturales selváticas son espacios geográficos de vital importancia para la captura de carbono, los equipos técnicos y de seguridad para garantizar su intangibilidad carecen del financiamiento suficiente y de la logística adecuada para cumplir su tarea, por lo que aquellas continúan bajo amenaza. Los atentados a su intangibilidad son cometidos muchas veces por personas de su entorno, dándose incluso casos de corrupción y tolerancia de autoridades de diversos sectores frente a estos hechos. Un artículo publicado en el 2019 por la revista Science, reportaba que Perú protagonizó 61 eventos de reducción del nivel de protección, así como de eliminación de bosques naturales, lo que nos ubicaría entre los países que peor tratan a sus áreas de interés forestal con fines de captura de carbono.

Nuestro parque automotor contribuye considerablemente en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Al Estado peruano le corresponde el diseño de políticas públicas y acciones que vayan más allá de sanciones a conductores o la promoción de bonos de chatarreo, desarrollando una tarea muy importante que es la concientización ecológica de la ciudadanía. Esta situación se complica por una serie de factores como sistemas deficientes y mal administrados de transporte urbano, unidades obsoletas, alta congestión, excesiva cantidad de pequeñas unidades de transporte que excede diez veces más el número necesario, entre otros. Al igual que en el caso de la deforestación, las ciudades de nuestra selva no son ajenas a esta problemática; pese a que los bosques aledaños podrían ser paliativos interesantes contra la contaminación, muchas mediciones en las áreas muestran un valor negativo y muy por encima del estándar recomendado.

Nuestra Ley Marco sobre cambio climático define competencias para varios niveles e instancias de gobierno y, es entonces que aparecen los problemas, porque es sabido que en el país las tareas compartidas son responsabilidad de todos y de ninguno. Mal podríamos decir entonces que Perú es un ejemplo de gobernanza climática, si a duras penas podemos reconocer nuestras profundas debilidades institucionales y ciudadanas; sin ninguna duda, mal podríamos ser referentes a ser imitados.

 

desco Opina – Regional / 26 de noviembre del 2021

descocentro

La política, el Ministro y la Premier

 

Los últimos días del ahora exministro Walter Ayala fueron más tristes de lo que suelen ser estos momentos para aquellos funcionarios que deben irse, pero buscan un milagro a sabiendas que todo está consumado.

En los pocos meses que ejerció como ministro de Defensa, no dio pie con bola. No recordamos alguna afirmación, siquiera una frase retórica con la que intentara sino definir, al menos darnos un bosquejo de lo que buscaba hacer. Es cierto que esto no lo alejó demasiado del promedio de una secuencia de ministros –militares retirados, premieres efímeros ahora encausados por la justicia o literales neófitos en la materia– que dejaban muchísimo que desear.

Para el caso, los que ahora reclaman airadamente la falta de idoneidad de los funcionarios del actual gobierno, deberían recordar que lo que llamaron «gabinete de lujo» del encausado PPK, incluyó a un ministro de Defensa que en noviembre de 2016 debió renunciar al revelarse sus vínculos personales con una asesora de su despacho, a la cual presumiblemente había favorecido con un ascenso. La justificación fue memorable: “Lo que he cometido es un hecho de amor. Mi único delito es haberme enamorado”.

Pero, aunque no es argumento válido hurgar los acontecimientos pasados de otros para justificar los propios, podemos referir algunos de ellos, precisamente, para lograr mayor nitidez en lo que aconteció con Ayala.

Al respecto, deben ser cada vez menos los que recuerdan la decisión que debió tomar el general Velasco Alvarado para imponer al vicealmirante Guillermo Faura Gaig como ministro de Marina, obligando a que pasen al retiro varios vicealmirantes y luego de haber alterado previamente el escalafón de ascensos, como medida para sortear la amenaza de insubordinación que empezaron a mostrar los altos oficiales navales desde 1974, por lo menos.

Pero, si lo de Velasco es perfectamente explicable por las circunstancias políticas, lo hecho por Vladimiro Montesinos en los años 90 superó con creces cualquier cálculo en ese sentido. En diciembre de 1991, auspició la promoción del general Hermoza Ríos como comandante general del Ejército y para lograrlo debió distorsionar el cuadro de ascensos permanentemente a partir de ese momento.

Es decir, si le creemos al exministro Ayala sobre lo que sucedió previamente al pase al retiro de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea, dada la casi insignificancia de lo que estaba comprometido, estamos ante una situación de clamorosa incompetencia política que basta y sobra para ser puesto de lado. Expresado de otra manera, Velasco y Montesinos hicieron gala de su poder cuando tomaron las decisiones que se refieren líneas arriba. Seguramente, el exministro Ayala ya debe haber comprendido que, si tenía alguno, no le alcanzaba para algo sideralmente menor a lo que estaba comprometido en aquellas ocasiones.

De otro lado, la ocasión también ha traído noticias auspiciosas. Por ejemplo, constatar que la premier Mirtha Vásquez disputa cada centímetro de poder, demostrando que lee correctamente la política. En efecto, aceptó el cargo sabiendo que debía amoldar el Gabinete para conseguir objetivos mínimos pero muy valiosos, dada la precariedad extrema del gobierno del presidente Castillo. Por eso su actitud ante Barranzuela. Por eso su posición ante Ayala.

Asimismo, no se retira al primer escollo o insolencia proveniente desde el lado cerronista. Por el contrario, los enfrenta, los amenaza soterradamente y los obliga a mostrar lo que tienen, lo que, finalmente, es la forma para evidenciar que más allá de la palabra altisonante no hay nada.

La pregunta, a estas alturas, es hasta cuándo le durará la paciencia a la Premier, formando parte de un Gobierno reacio a darse coherencia y que desata crisis semanales sin que nadie se las provoque.

 

desco Opina / 19 de noviembre de 2021

sábado

El cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes

 

Este año concluye el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA), formulado una década atrás, sin que hasta la fecha se haya realizado algún balance global, un informe de cumplimiento de sus metas establecidas o cuando menos la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil para aportar en la elaboración de un necesario plan de continuidad. Como lo muestran algunos indicadores sobre salud infantil, embarazo adolescente, participación y violencia hacia niñas, niños y adolescente, hay avances importantes, pero los problemas identificados hace diez años subsisten y no se lograrán las metas, fundamentalmente en las zonas rurales y en las de mayor pobreza.

El Plan estableció 6 metas emblemáticas: (i) reducción de la desnutrición crónica infantil a 5%, (ii) 100% de niñas y niños de 3 a 5 años con acceso a una educación inicial de calidad, (iii) 70% de niñas y niños de segundo grado de primaria con un nivel suficiente de comprensión lectora y razonamiento matemático, (iv) reducción de la tasa de maternidad adolescente en 20%, (v) los adolescentes acceden y concluyen en la edad normativa una educación secundaria de calidad, (vi) disminución de la violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes. Recientemente, desco, en el marco de uno de los proyectos que ejecuta en torno a restitución de derechos vulnerados en niñas, niños y adolescentes, concluyó un estudio acerca de la evolución y proyección de indicadores en perspectiva territorial, de género e interculturalidad del PNAIA 2021; priorizando 17 indicadores de 6 de los 25 Resultados Esperados del Plan. Se muestran acá algunos de sus alcances, ligados a los temas de salud, embarazo adolescente, participación y violencia.

Los datos indican que muchas de las metas no se cumplirán. Si bien la tasa de mortalidad neonatal disminuyó de 12.5 a 9.9 en el periodo 2012-2018 y la de mortalidad materna también se redujo, empeoró la proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer en 2020 con respecto al 2014, empeoró la proporción de recién nacidos vivos prematuramente y disminuyó el porcentaje de neonatos que reciben lactancia materna dentro del primer día de nacidos, según datos del INEI. Además, si bien la desnutrición crónica en niños menores de 5 años y la anemia en infantes entre 6 y 36 meses, disminuyeron entre 2012 y 2020, ese año el porcentaje de menores de 36 meses con vacunas básicas completas, cayó al 69.4%.

En el caso del embarazo adolescente es importante observar una diferencia entre antes y después de la irrupción de la pandemia. Si en el periodo 2012-2018, el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años de edad que eran madres o estaban embarazadas por primera vez disminuyó a 12.6%, en 2020 se redujo a 8.3%, aunque en aquel primer año se mantienen ciertas regularidades, como su alta prevalencia en el ámbito rural. En cuanto a la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, hasta el 2019 la incidencia disminuyó apreciablemente en sus variantes familiar, escolar y sexual. Sin embargo, la pandemia ha puesto en riesgo estos avances. 48 de cada 100 niñas y niños justifican la violencia hacia ellos en el hogar y 40 de cada 100 jóvenes hacen lo propio. Los hogares enfrentan situaciones que les generan malestar emocional (pérdida del empleo, reducción de ingresos, sobrecarga de actividades de cuidado y crianza, entre otros) que incrementan el riesgo en las familias hacia los menores de edad. Lo grave es que, al margen de la pandemia, la violencia sexual que ha venido en aumento es la que se perpetra hacia niñas y niños de 0 a 11 años de edad, solo considerando los casos visibles a partir de denuncias, en espacios que se supone deben proporcionar seguridad: hogar o vecindario, de donde proceden frecuentemente los agentes agresores.

En general, la pandemia del Covid-19, no ha afectado drásticamente los indicadores, que mantienen su tendencia desde el 2012, siendo claro que no se lograrán las metas. La pandemia ha afectado sí, la operatividad de procesos habituales que implican presencialidad, como es el caso de la cobertura de vacunas básicas completas, notándose ya una cierta mejora los últimos meses de este año con el progreso relativo en el control sanitario de la pandemia.

Ésta ha supuesto una reconfiguración de las interacciones sociales. Su traslado al entorno digital, donde como país tenemos grandes brechas por cerrar, ha afectado dramáticamente la socialización. En este contexto resulta llamativa la disminución de la incidencia del embarazo adolescente el 2020 frente a la situación del periodo 2012-2019, donde la política pública hizo muy pocos avances y registraba un crecimiento en las zonas rurales, donde uno de los factores que aparecían era la iniciación sexual temprana sin uso de preservativos entre parejas menores de 18 años o parejas donde el varón mayor imponía sus decisiones. La pandemia habría debilitado estos escenarios, momentáneamente.

Si bien en los últimos años ha habido muestras de voluntad política para crear espacios institucionales de participación a nivel regional (Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes – CCONNA) el porcentaje de gobiernos regionales donde participan niñas, niños y adolescentes en el ciclo de políticas públicas en temas que les involucran o interesan, pasó de 12% a 96%, el avance en la participación real es pobre: 4 de cada 5 niñas, niños y adolescentes manifestaban que carecían de espacios locales para expresar sus opiniones y puntos de vista antes de la pandemia, en una sociedad donde más de 1 de cada 2 miembros del hogar no participa organizadamente. Por cierto, la digitalización y los entornos semipresenciales no parecen prometer avances en la participación en el corto plazo. Queda entonces el reto de convertir a los CCONNA en espacios de auténtica participación y formación de ciudadanía.

Es evidente que se requiere actualizar la formulación del Plan, proyectándolo al 2030, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la “nueva normalidad” como condicionante de los programas y estrategias de intervención pública. Todo el planteamiento debe apuntar a superar las heterogeneidades territoriales en cuanto a resultados por cada indicador. Incorporar una estrategia digital explícita y focalizada debe ser un componente significativo, además de desarrollar con mayor amplitud y claridad la forma de operativizar los enfoques transversales de equidad, género e interculturalidad. El objetivo debe ser reconfigurar los espacios de convivencia para convertirlos en espacios de seguridad donde el cuidado, respeto e integridad física y emocional de las niñas, niñas y adolescentes sean sus rasgos fundantes. Nos encontramos, lamentablemente, aún alejados de esta aspiración.

 

 

desco Opina - Regional / 12 de noviembre de 2021

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