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El Niño de la selva



Desde inicios del año se anuncian las posibles consecuencias que dejará el fenómeno El Niño en nuestro país. Casi por coincidencia, en esta ocasión las autoridades subnacionales entrantes son quienes asumen la responsabilidad administrativa de este problema en sus jurisdicciones, haciendo presumir una escasa experiencia para afrontar esta clase de situaciones.
La coyuntura, sin embargo, fue suficiente para que el gobierno central asuma de manera directa la disposición de recursos financieros para acciones de prevención, pretexto de la falta de experiencia en la gestión por parte de las nuevas autoridades.
La selva central no está ajena a las consecuencias del fenómeno El Niño, ni tampoco a la urgencia de invertir en prevención. Sin embargo, a pesar de ser una región que soporta fuertes embates climáticos con cierta regularidad, no realiza un registro técnico de las ocurrencias climatológicas ni de los daños de un fenómeno como El Niño; y, a pesar de que los estragos ya se están haciendo visibles, no tiene identificado a este tipo de fenómenos climatológicos de manera específica.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) señala que, de acuerdo al Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI), cada jurisdicción municipal debe instalar comités de Defensa Civil. Los comités son encabezados por el alcalde y deben convocar a la sociedad civil y al sector público local para diseñar y ejecutar medidas de corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente, cada jurisdicción debe diseñar planes operativos para la administración de los desastres; instalar centros de operaciones de emergencia cuando se necesite; y, tal vez el punto más importante, implementar estrategias de educación en desastres enfocadas a funcionarios públicos y población en general.
En la actualidad, sin embargo, estos espacios suelen desempeñar un papel casi alegórico dada la ausencia de instrumentos de gestión (como mapas de riesgos locales) y presupuesto; ambos necesarios para actividades de prevención.
Futuros instrumentos de gestión deben de contemplar no sólo los puntos críticos del territorio, sino también el papel y responsabilidades de todos los actores locales para prevenir y gestionar desastres. No está demás mencionar que los instrumentos legales de alcance nacional existen, pero, por diversas causas, su aplicación no sería de prioridad  para los gobiernos locales.
La incertidumbre frente al fenómeno de El Niño se manifiesta en la incomodidad mostrada por los alcaldes de la selva central al denunciar una supuesta falta de atención a problemas que, desde su punto de vista, deben priorizarse. Sus reclamos se sustentan en la ya típica desatención desde algunos sectores del Estado peruano, amplificada por la falta de una vinculación clara entre la selva peruana y el fenómeno El Niño.
Lo cierto es que el vínculo entre la selva y El Niño no ha sido definido simplemente porque no existen los estudios técnicos ni los datos necesarios para establecer la relación. Por ejemplo, hace varios años se habla de la pérdida paulatina de recursos hídricos en la selva central. Sin embargo, esta afirmación se basa únicamente en percepciones No existen estaciones ni instrumentos de monitoreo del caudal en ríos y quebradas que permitan sustentar la afirmación.
De la misma manera, a pesar de que la ocurrencia de climas extremos no habituales (friaje, calor excesivo) es un tema que ocupa muchos discursos supuestamente técnicos, no existen suficientes estaciones meteorológicas y ni datos históricos   procesados que nos digan qué es lo que está pasando. Sin estudios ni equipo apropiado es preocupante que haya quienes se atrevan a lanzar afirmaciones que minimicen el impacto de El Niño en la selva central.
Lo cierto es que, ante la falta de una cultura de prevención y la ausencia de registros históricos y mapas de vulnerabilidades locales, ni siquiera el gobierno central tiene la certeza de qué es lo que se debe de priorizar ni cuánto se necesita invertir.

desco Opina - Regional / 18 de diciembre de 2015
Programa Selva Central
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Una carrera más abierta al 2016



Los sondeos de opinión de diciembre no expresarán los resultados electorales del 2016, pero indican, eso sí, algunos cambios en las tendencias.  La imagen de una elección cerrada, con los primeros lugares inamovibles, ha empezado a ceder paso hacia otros escenarios: el desplazamiento de Alan García por César Acuña, el desplome del (todavía) estadounidense PPK y la que parece ser la salida del tablado del envejecido Alejandro Toledo. La trama se presenta más abierta y lo que siga dependerá de los jales y reacomodos que probarán los asesores para ir definiendo la orientación de su oferta, en función de una demanda ciudadana confusa, desanimada y hasta ahora pesimista.
Y es que los temas que se han instalado en la agenda electoral ni entusiasman ni marcan diferencias programáticas relevantes. Para empezar, el reto del crecimiento económico después del “boom”, con Alan García y la señora Keiko Fujimori corriendo con ofertas más definidas que el resto de competidores, aunque no necesariamente fundamentadas con seriedad. En segundo lugar, una de las deudas del actual gobierno: el extendido problema de la seguridad-delincuencia, frente a lo que, entre populismo y represión, todos ofrecen más de lo mismo. Finalmente –es de lo poco en que se le concede algún avance a la gestión de Humala– está el aparente consenso en torno a la agenda educativa y la promesa de destinarle el 6% del PBI.  Actitud que dista mucho de las reservas –cuando no la abierta oposición– a la reforma universitaria, a la que le han bajado el pulgar PPK, García, y Alejandro Toledo, al permitir la salida de Daniel Mora, ficha de Perú Posible, de la presidencia de la Comisión de Educación del Congreso, según todo indica, cediendo a la presión de los sectores que se resisten a las consecuencias de la nueva ley universitaria.
Por ahora, y aunque será todo un tema para el próximo gobierno, no está en la agenda electoral marcada desde Lima contener la expansión territorial –y la ampliación de la base social– de la economía informal-delictiva alrededor de la minería informal y la tala ilegal. De seguir así, nos veremos rebasados como ya lo estamos por la delincuencia cruda alimentada por el narcotráfico, el blanqueo de dinero y la actuación delincuencial de miles de policías instalados en el Estado y funcionando como aliados de mafias grandes, medianas y pequeñas, con las que cada día convivimos con mayor resignación.
La marcha económica del país durante los primeros meses del 2016 –el crecimiento económico decae y nadie tiene propuestas creíbles para remontar la situación– y el impacto del Fenómeno de El Niño serán sin duda factores que jugarán para las nuevas alineaciones que propongan los candidatos y los cambios en las preferencias que se expresen en futuras encuestas. Junto a ello, los pasos de salida que dé el gobierno de Humala marcarán también la orientación del elector que en 2011 le dio la victoria sobre Keiko Fujimori. ¿Con quién irán aquellos que están medianamente satisfechos con el talante "reformista" respecto a la estructura del Estado (ampliación de programas sociales, mejora en educación, ley servir, reforma universitaria, etc.)? ¿Cómo votarán los «despechados» con el Presidente de la Gran Transformación (que no fue)?

desco Opina / 11 de diciembre de 2015 
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¿La antipolítica en los partidos?



La campaña electoral continúa con su tono farandulero y de escándalo, como lo hará previsiblemente hasta el final. En los días recientes, distintos «casos» evidencian cómo están enfrentando los distintos partidos los comicios venideros. Los medios de comunicación nos han presentado los «jales» de algunos de los principales candidatos, que buscan «adquirir» las capacidades de aquellos; así distintos personajes como Vladimiro Huaroc y Fernando Rospigliosi aparecieron como figuras intercambiables, el uno acercándose a Keiko Fujimori, el segundo vinculándose con PPK. En este afán, a los más nuevos no les fue tan bien; César Acuña y su agrupación pagaron la factura de su inexperiencia y tras presentar a sus especialistas en seguridad, tuvieron que desmarcarse de uno de ellos, vinculado al escándalo López Meneses.
El Partido Popular Cristiano se encuentra atrapado en problemas mayores. Sus ostensibles desavenencias internas, agravadas por la disposición de su lideresa Lourdes Flores de marchar a una alianza con el APRA, se desbordaron tras sus elecciones internas para dirigentes territoriales quienes elegirán, a inicios de diciembre, sus nuevas autoridades nacionales y definirán su participación en las elecciones del 2016. Hoy, los socialcristianos han trasladado su disputa, tras ventilarla cargada de adjetivos por los medios, al Jurado Nacional de Elecciones y todo indica que la presunta alianza voló por los aires, llevándose de encuentro la unidad del partido de Bedoya Reyes.  
El APRA no la pasa mejor. Tras la pomposa presentación de su Plan de Gobierno 2016-2021, el portal Altavoz, llevado por la denuncia puntual de un exfuncionario del Ministerio de Cultura, denunció que el 32% del documento no sería de autoría original, proviniendo de distintas fuentes, ninguna de las cuales es citada. En otras palabras, un vulgar plagio. El candidato García, rápidamente se desmarcó del documento, indicando que su plan de gobierno lo presentó él mismo con anterioridad en el coliseo Chamochumbi, anunciando la separación del partido de quienes resulten responsables del desaguisado. Reviviendo viejas disputas en Alfonso Ugarte, con el congresista Mulder a la cabeza, se inició el cargamontón contra Jorge del Castillo, encargado del documento, quien finalmente puede ser descabezado, no obstante sus explicaciones.
Aunque se trata de casos distintos, los tres tienen en común el desinterés y el descuido por las formas que muestran las principales agrupaciones políticas involucradas. Expresan lo que varios llaman la antipolítica. Pareciera que se trata de «rodearse» de especialistas que permitan mejorar la imagen de cada aspirante, así éstos no entiendan lo que aquellos plantean; que  salvar la valla electoral es la única garantía de supervivencia y que programas y planes son poco más que meras fórmulas para cumplir con las exigencias de los organismos electorales.
El caso del APRA es el más llamativo en este sentido. No sólo porque se trata de la agrupación con más larga historia y permanencia en nuestro país, aquella que sin duda tiene el número mayor y más alto de militantes –entendidos en el sentido clásico del término–, sino también, y especialmente, porque siempre se ha afirmado como una organización programática e ideológica. Los sucesos recientes evidencian, por si hiciera falta, que todo ello es parte de lo que el viento se llevó. Más allá de los discursos, parece claro que el partido de Haya de la Torre, como los otros, se siente cómodo con la desafección por la política que existe en el país y actúa en consecuencia.
En este escenario, cabe preguntarse si el electorado está interesado o no, en estas cuestiones. Es decir, si éstos y otros casos similares que se seguirán sucediendo, les implican un costo importante en votos a las agrupaciones involucradas. Todo indica que no tanto, dado el «adelgazamiento» sistemático de nuestra democracia. Sin embargo, es obvio que los hombres y mujeres de este país tienen preocupaciones concretas sobre su futuro inmediato –ingresos, pensiones, acceso a servicios de calidad, ejercicio de derechos, oportunidades en el mercado, etc. –, que intuyen están ligadas a cuestiones que los exceden individualmente, del tipo qué vamos a hacer para enfrentar el fin de un ciclo económico o cómo vamos a atender la inseguridad ciudadana.
Si las respuestas están en un documento, plan o programa, no les interesa. Lo que están buscando son respuestas que los convenzan y rostros que les resulten convincentes.


desco Opina / 27 de noviembre de 2015
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lunes

Cambios de zonificación al gusto del desarrollador inmobiliario



El pasado 12 de noviembre el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la Ordenanza n°1911 que dispone la revisión de las solicitudes de cambio de zonificación de manera individual y en cualquier momento del año, que según los promotores de la norma, busca desentrampar más de 252 expedientes sin resolver, acumulados desde el año 2013. La decisión atiende solamente a demandas puntuales de intereses inmobiliarios y comerciales, sin considerar el contexto urbano en el que se pretende desarrollar, simplemente satisface apetitos inmobiliarios sin ponderar las consecuencias y efectos de estas medidas sobre la ciudad y los que vivimos en ella. Un ejemplo de este descuido y falta de respeto por los vecinos es lo que ya viene sucediendo en un distrito como Miraflores, en el cual se pretende desplegar cambios de zonificación sin consulta y consenso de los vecinos que viven en el entorno generando escenarios de conflictos. Otro caso similar por efectos no contemplados de un cambio de zonificación, fue la reacción de los vecinos de Jesús María ante el intento de ampliar la Av. Salaverry a un tercer carril por la congestión que genera el nuevo centro comercial Real Plaza.
Esta decisión debe alertarnos por varias razones. La primera es que los cambios específicos de zonificación no estaban prohibidos, pero sí estaban regulados para que se produjeran sólo dos veces al año y previa consulta vecinal integral. De esta manera los desarrollos inmobiliarios y comerciales no contemplados en los parámetros vigentes en un distrito se debían acumular, todos, para ver el impacto conjunto de estos cambios sobre los barrios, las vías y los espacios públicos. El cambio de zonificación debía responder a una mirada de conjunto y no a pedidos lote por lote que a lo sumo, contemplan los efectos sobre una manzana y no sobre un barrio, una urbanización o un distrito.
La decisión tomada por el Concejo de Lima es más grave cuando –lo recordamos una vez más– la actual administración edil no cuenta con los parámetros de un Plan de Desarrollo Urbano que sirva de sustento y guía para sus decisiones, herramienta indispensable para una ciudad de casi nueve millones de habitantes como es Lima. Vemos entonces que la negativa del alcalde Castañeda a aprobar y poner en vigencia el documento de planificación para la ciudad (el PLAM 2035), trabajado durante la gestión edil previa, sirve de hecho a los intereses de quienes ven la ciudad solamente como una oportunidad para negocios de corto plazo y no como el hogar, el barrio y los espacios de vida de millones de personas que la habitan y esperan una ciudad mejor cada día.
Son penosas las justificaciones y peores los argumentos técnicos que esgrimen quienes ahora dirigen los destinos de Lima para intentar legitimar su proceder, pues evidencian con torpeza carecer de una visión que implique una propuesta de urbanismo de calidad, indispensable para gestionar nuestra ciudad. Peor aún, cuando esto ocurre ad portas de los Juegos Olímpicos Panamericanos, previstos a realizarse en Lima el año 2019 y próximos al bicentenario de la independencia del Perú. Nos preguntamos: ¿Es que Lima no tiene quién la defienda con amor e identidad ciudadana, como sí ocurre con otras ciudades como las del sur del país?, ¿es que tener una ciudad mejor solamente significa invertir en nuevas vías, mejoramiento de pistas y construcción de pasos a desnivel?, ¿así se logrará mejorar la eficiencia y eficacia que demandan los habitantes de Lima para tener una ciudad más segura, democrática y de mejor calidad humana? Parece que no, pues la prensa nos informa a diario que la seguridad, la movilidad y la accesibilidad dentro de la ciudad es cada día peor, como lo demuestran los accidentes de tránsito y la menor seguridad ciudadana.
La incapacidad de la gestión Castañeda para servir a los altos intereses de la ciudad (y más bien atender a oscuros beneficios crematísticos) se evidencia una vez más con esta nueva Ordenanza que, en su torpe negativa de hacer una lectura integral para la gestión concertada del territorio, abre los procesos de cambio de zonificación sin orden ni concertación. Al optar por soluciones puntuales y fragmentadas no resolverán los problemas de fondo de esta gran metrópoli; al contrario, éstos se agravarán generando nuevos conflictos de intereses entre vecinos, inversionistas e instituciones. Confiamos que en algún momento próximo, brote una corriente de opinión ciudadana diferente que denuncie y corrija la manera como se afecta la calidad de vida futura de todos en esta ciudad, empezando por los más débiles, excluidos y pobres… y por cierto, incluyendo la de usted que ahora nos lee.

desco Opina - Regional / 23 de noviembre de 2015
Programa Urbano
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