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Incertidumbres en la Macro Región Sur tras la segunda vuelta



La campaña para la segunda vuelta de las elecciones para Presidente Regional en Arequipa y Puno, duró dos meses en los que predominaron los ataques antes que las propuestas sustentadas, con muchos silencios y omisiones en temas clave.
En Arequipa, celebrando lo que creía su victoria electoral, un despistado Javier Ismodes Talavera, candidato de “Arequipa renace”, se bañó en la pileta de la Plaza de Armas de la ciudad. Horas después, sin embargo, con un mayor número de actas contabilizadas, la ONPE informaba que su contendora, Yamila Osorio Delgado, de “Arequipa Tradición y Futuro”, era la ganadora de los comicios. La lectura de los votos arrojaba también una sombra, pues casi un tercio del electorado, al parecer, no se sintió representado, y anuló o dejó en blanco sus papeletas en las urnas. El primer debate electoral, en el cual participaron los equipos técnicos de ambos candidatos, hizo ver claramente a muchos, que los movimientos políticos que los cobijan tenían serios vacíos y debilidades. Quizá esto, o el que los dos contendientes tuvieron relación con la hoy cuestionada gestión del actual Presidente Regional, Guillén Benavides, influyeron en el descontento demostrado en las urnas.
En una de sus primeras declaraciones como presidente electa, Yamila Osorio ha manifestado que su tarea inicial será culminar con las obras del gobierno regional, pero el pasivo de Guillén es muy grande, y si a esto le sumamos que el presupuesto para el 2015 ya está decidido y que esta gestión ha comprometido parte del canon minero de los próximos años, le será muy difícil tener un buen arranque. ¿Con qué dinero viabilizará sus promesas electorales? Esa es una pregunta que difícilmente podrá contestar, en especial a las provincias, a las que debe parte de su victoria. Es por ello esperable un gobierno complicado y con muchas tensiones de por medio.
En Puno, Juan Luque Mamani (Proyecto de la Integración para la Cooperación-PICO) se alzó con el 54% de los votos válidos. Sin embargo, varios analistas coinciden en que si quiere demostrar que su gobierno será probo, debe aclarar una serie de denuncias por presuntos actos de corrupción y deslindar con personajes un poco oscuros de su entorno.
La parte norte de Puno, habitada por población mayoritariamente quechua, fue la que le dio la victoria, por lo que en el primer año de su gestión, también con un menguado presupuesto, deberá seguramente afrontar las demandas de estas provincias. Un asunto altamente preocupante es conocer qué compromisos habrá asumido el candidato ganador para conseguir el apoyo abierto de los mineros informales e ilegales de La Rinconada y Lunar de Oro, siendo la contaminación por esta actividad uno de los más graves problemas de Puno, en un contexto donde el proceso de formalización de estos mineros se ha estancado.
Otra de las victorias que preocupa en la Macro Región Sur es la de Luis Otsuka Salazar en Madre de Dios. Golpeado por la tala ilegal y la minería ilegal e informal, ahora el departamento tendrá como máxima autoridad política a un antiguo dirigente de los mineros, que además tiene denuncias por explotación en zonas intangibles.
En Cusco, Edwin Licona Licona (Kausachun), no ha tenido mayores cuestionamientos, y su votación ha sido más bien una respuesta a los políticos tradicionales cusqueños con muchas denuncias en su haber. Lo único que se le critica es su poca experiencia en la gestión pública. Finalmente, en Tacna, Omar Jiménez Flores (Movimiento Cívico Peruano) tendrá que sobrellevar la poca representatividad de su movimiento político en el Consejo Regional, de allí su mensaje por la unidad de Tacna tras su victoria.
Este proceso ha sido la confirmación de la debacle de los partidos nacionales en el sur peruano, de la precariedad de los movimientos regionales y de la urgencia de una reforma política con medidas que, entre otras cosas, contribuyan a fortalecer la institucionalidad regional, a impulsar la participación ciudadana y mejorar el reglamento electoral. La situación plantea, también, un reto para que la población organizada pueda impulsar un proceso democrático de participación y vigilancia ciudadanas en un contexto de crecientes denuncias y escándalos de corrupción que involucran a autoridades y funcionarios públicos. Esta vez, mirar de soslayo, puede resultar aún más desastroso. 

desco Opina - Regional / 12 de diciembre de 2014
Programa Regional Sur
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¿Atrapados sin salida?

Pareciera que nada nos conmueve en el país. Luego de un CADE en el que lo más llamativo fue la pobreza de ideas, las más de ellas desgastadas y largamente repetidas como señaláramos en un editorial anterior, siguió la aprobación del presupuesto 2015, prácticamente tal cual fuera diseñado en agosto pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, un presupuesto que recentraliza aún más el gasto público, afectando especialmente a los gobiernos municipales, y que mantiene el criterio histórico e inercial para la distribución de los recursos, al extremo que las regiones con mayor pobreza y menor densidad del Estado seguirán recibiendo menos recursos de inversión per cápita que aquellas otras que se encuentran en mejor situación. Así, por ejemplo, Moquegua tendrá más dinero por habitante que Cajamarca o Ayacucho.
Entre ambos eventos, el Congreso de la República aprobó el tercer paquete económico y poco después, el cuarto y el quinto. Estos últimos, como los anteriores, orientados a satisfacer las demandas de los distintos sectores empresariales y a crearles mejores y mayores condiciones en nombre de la recuperación de la velocidad del crecimiento y la simplificación de la «tramitología» que sería la causante de todos nuestros males. El énfasis puesto en el presupuesto 2015 en los mecanismos de obras por impuestos y alianzas público-privadas es parte de esa misma lógica, a pesar de que la experiencia –como lo ha demostrado el Grupo Propuesta Ciudadana con su análisis del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo– no demuestra precisamente la eficacia de las empresas, que tras cinco años habían ejecutado apenas el 65% de los 2,285 millones de soles comprometidos.
El domingo 7 se realizará la segunda vuelta electoral en 14 regiones del país. A diferencia de lo que ocurrió en la primera ronda del 5 de octubre, éstas no han despertado el mismo interés. Apenas algunas encuestas en Arequipa, Ica, Cusco y Tacna y el ritual de los debates promovidos en esta ocasión por el Jurado Nacional de Elecciones, desplazadas en los medios por el «éxito» que sigue mostrando en la opinión pública el ministro Urresti, que puede terminar siendo el vulnerable nacionalista que distintos sectores empresariales pretenden derrotar el 2016. Ello a pesar de que más de 7 millones de peruanos y peruanas elegirán las autoridades, en muchos casos entre candidatos fuertemente polémicos, en cerca del 60% del territorio nacional.
Las próximas semanas estarán ocupadas por la COP 20 y los millones de dólares que dejará el evento, según algunos voceros del gobierno, encargados de la participación peruana, que no tienen el mismo interés en explicar la posición que llevamos a esa reunión, en la que tenemos una responsabilidad central. Imposible sorprenderse entonces, de la falta de información y el desconocimiento que la mayoría de peruanos y peruanas muestran sobre los alcances e implicancias de lo que se negocia en el evento de cara al cambio climático.
Atravesando todos y cada uno de estos hechos, la campaña del 2016 ya en marcha. Alan García, Keiko Fujimori y PPK instalados en el partidor, compitiendo soterradamente entre sí y hermanados por cerrarle el paso a cualquier voz disidente con este curioso «orden» en el que nada parece moverse, no obstante los claros síntomas de la crisis simultánea del modelo de crecimiento económico y el naufragio del sistema político en el que los peruanos y peruanas creen cada vez menos. Si Carlos Ramos, acusado de vinculación con César Álvarez fue elegido Fiscal de la Nación, Víctor Ticona, acusado de un fallo que favoreció a Orellana, es el novísimo Presidente del Poder Judicial. El Presidente y la presidenta del PNP por su lado, atrapados en su telaraña, aparecen cada vez más incómodos con las acusaciones de corrupción que tocan su puerta y que son agitadas por sus opositores, decididos a hacerse cargo directamente del país.
En este escenario, las izquierdas, con su parálisis absoluta con lo que está ocurriendo, sumidas en sus tribulaciones electorales, mantienen desde hace ya demasiado tiempo un silencio sepulcral frente a todos y cada uno de estos hechos, evidenciando su desconexión con la realidad.
¿Significa todo esto que estamos atrapados sin salida?

desco Opina / 5 de diciembre de 2014
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La sociedad civil y la COP 20



El explosivo crecimiento urbano generado en los últimos tiempos, trae como consecuencia que actualmente muchas ciudades afronten serias dificultades derivadas de los efectos del cambio climático en curso. ¿Cómo adaptarse al mayor número de tormentas, inundaciones, tsunamis, sequías, olas de frío y de calor y, posiblemente de escasez de agua?  Cada vez se hace más evidente el reto de encontrar las formas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, (mitigación) apuntando a desacelerar y, en definitiva, detener el ritmo del calentamiento de la Tierra provocado por la acción humana.
En este contexto durante los siguientes días se realizará la «Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – COP 20», y la «Décima Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto – CMP 10» y Lima será sede de este trascendental evento de interés mundial. Los convocados son los gobernantes de los países industrializados (los que más contaminan), de los países en vías de desarrollo y, participa también, la sociedad civil organizada internacional que defiende el derecho de todos y todas a un medio ambiente libre de contaminación.
Muy poco se ha comentado acerca del Protocolo de Kyoto y sobre la reunión que sucederá en simultáneo a la COP 20. La ONU aprobó en 1997 el Protocolo de Kyoto, que fue ratificado por 156 países y, finalmente, rechazado por los mayores contaminantes del mundo, con Estados Unidos a la cabeza. La prórroga de este acuerdo se produjo durante la COP 18, dándole vida por ocho años más, aunque Rusia, Japón y Canadá, entre otros, no han accedido a este nuevo compromiso, con lo que la lucha contra las emisiones de CO2 de los participantes suponen ahora apenas el 15% de las emisiones globales. Esperamos que este nuevo encuentro sirva para que los gobiernos que más contaminan el planeta se decidan a avanzar en la adopción de medidas concretas para sumarse a reducir la contaminación que nos agobia.
La COP 20 tiene el reto de avanzar en las negociaciones entre los gobernantes y empresarios para que éstos en realidad dejen de destruir el planeta. El peso principal recae ciertamente sobre los países industrializados que son los causantes del mayor porcentaje de contaminación a nivel mundial y cuyo compromiso real es muy débil con esta causa. Así, la COP 19 realizada en Varsovia fue decepcionante y sus resultados fueron calificados como un rotundo fracaso al no haber ni siquiera llegado a establecer un acuerdo mínimo que caracterizaba a las anteriores conferencias. Hasta hoy, los países industrializados se niegan a reconocer su responsabilidad en la generación de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas desde la Revolución Industrial y, consecuentemente, se niegan también a asumir compromisos ambientales. Con tal de salvaguardar sus ganancias de corto plazo a costa de la destrucción del planeta y la afectación de vidas humanas, intentan salvar sus responsabilidades con formulismos de ampulosas declaraciones y gestos teatrales, sin asumir de verdad las tareas concretas que les corresponde.
La realización de ambos eventos en el Perú, a los que se suma, por parte de la sociedad civil, la realización paralela de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, se convierte en un momento importante para la humanidad toda. La sociedad civil busca empoderarse y seguir construyendo, a través de la movilización ciudadana, un actor político y social capaz de hacer contrapeso a los gobiernos (como el peruano) que finalmente defienden a las empresas, sus intereses de acumulación y no a sus ciudadanos.
La COP 20 será sin duda, un espacio para evidenciar los desequilibrios ambientales causados por el egoísmo y el afán de lucro de una minora, y debería serlo también para la acción política a través de la articulación social de las organizaciones y movimientos locales y globales que defienden el derecho a vivir en un ambiente saludable. Es por ello que la Marcha de los Pueblos a realizarse el 10 de diciembre, nos convoca a los peruanos a participar allí de manera protagónica en el afán de expresar la conciencia ambiental de los habitantes de miles de ciudades, países y nuestro único planeta.
De hecho está demostrado que somos y seremos uno de los países más afectados por estos eventos climáticos, pero esta información no ha calado aún como debiera en la conciencia nacional. Nos corresponde como anfitriones de los representantes de los pueblos del mundo, insistir en la necesidad de establecer medidas para que el clima no siga cambiando, y más bien, para que el sistema de poder mundial haga suya la necesidad de preservar la vida de la gente común y corriente y no solo atienda a la demanda por mantener las cosas como están, que es la que en verdad sostienen las grandes empresas transnacionales. Si no lo hace nuestro gobierno, deberíamos manifestarlo con fuerza todos nosotros.

desco Opina - Regional / 28 de noviembre de 2014
Programa Urbano
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CADE, la política y la corrupción



Acaba de finalizar la edición anual de CADE, en la que se dijo poco, pero se reveló mucho. Habitualmente, nos referíamos a la izquierda peruana como el factor disminuido o inexistente del espectro político. Ahora resulta que la derecha está en la misma situación, si no peor. En este evento se habló de la corrupción y la seguridad ciudadana, pero no se dijo casi nada sobre la economía, salvo los infructuosos ejercicios retóricos que buscaban ocultar lo que todos sabemos: el agotamiento del modelo económico y la incapacidad absoluta de la derecha empresarial para imaginar su relanzamiento sin alterar las condiciones actuales –políticas y económicas– de su funcionamiento.
Además de orfandad de ideas, CADE evidenció un empresariado dividido, sin las expectativas que mostraron durante toda la década anterior y, lo que es peor, entreviendo casi horrorizados que el 2016 se acerca a todo tren sin que se vislumbre un candidato claro, afín a sus intereses. Era el momento –al menos en el papel– de poner a prueba las capacidades políticas que habían acumulado y, en esa línea, dejar de lado a los aspirantes presidenciales alineados con ellos o claramente cooptados, lanzando a uno de los suyos directamente al ruedo, como han hecho sus pares en distintos países de la región como Chile, Colombia y México.
Fue, por lo visto, mucho esperar. La pereza política y los pobres criterios de un sector del empresariado peruano para apreciar la calidad de los planteamientos que les formula una autoridad política, se evidenciaron cuando los reflectores apuntaron nada menos que al ministro del Interior quien, al parecer, cosechó muchos aplausos en Paracas; aun cuando Semana Económica tildó a su presentación de stand up comedy, El Comercio no dudó ni un instante en asignarle la condición de presidenciable o, por lo menos parte de una candelejona fórmula nacionalista para el 2016.
Así es como la derecha pretende hacer política. ¿Será por ello que al presidente Humala le da pena  el nivel al que ésta ha descendido? Suponemos que sí, pero el mandatario debiera preocuparse antes que apenarse, porque lo que dicen las encuestas es que todos sus rivales políticos tienen una aceptación mayor a la suya, ganándole solamente a su aún aliado Alejandro Toledo.
Posiblemente, existe alguna relación entre el penoso nivel de la política peruana, al decir presidencial, con la puesta en escena de la persecución y captura de Rodolfo Orellana, la previa de Benedicto Jiménez y la prometida aparición de Martín Belaunde.  Sin olvidar, claro está, a Óscar López Meneses quien seguro de sí mismo no huyó a ningún lado ni pasó a ninguna clandestinidad.
Como vemos, la derecha aún busca encuadrar las elecciones del 2016 en función a personas. Fue así como procedió en años anteriores, aunque siempre con algún susto que tratan de evitar en esta ocasión. El éxito que alcanzaron entonces no necesariamente se reeditará hacia adelante; para empezar, la fiesta del crecimiento se terminó y los resultados alcanzados no son suficientes para aspirar, por ejemplo, a una membresía en la OCDE, que quedó finalmente como un sueño de emergente. Esto hace que la agenda política tome forma sobre una base completamente diferente a lo visto hasta el momento y cuyos ejes la derecha ni remotamente puede controlar.
 Hasta hoy son vanos sus intentos para colocar en la discusión algo alternativo a la descentralización pese la gran cantidad de recursos empleados para desprestigiar el proceso. Lo mismo se puede decir de su afán por evaluarnos mediante sus «índices de competitividad» en el que no logran insertar una noción más o menos pertinente de territorio. Ni hablar de sus enormes dificultades para tratar de construir una explicación razonable sobre la amplitud de lo informal y lo ilegal que ha dado como resultado el modelo neo-liberal, creyendo que basta colocar en debate una noción «dura» de seguridad ciudadana –con su toque populachero, versión ministro del Interior– para suponer buenos resultados. Tampoco han dado pie con bola cuando intentan balbucear algo alrededor de la noción de interculturalidad, versión Banco Mundial. Mejor no referirnos a lo que ha querido decirnos cuando desde Produce buscan difundir una diversificación productiva que sigue siendo puro discurso y nadie ha podido entender. Por lo demás, es cada vez más angosto el espacio de maniobra que tiene para seguir martillando con la idea de que la corrupción sistémica puede ser enfrentada con expedientes legales, sin suponer por un instante siquiera que estamos ante un fundamento mismo del sistema que auspicia.
De esta manera, si bien derechas e izquierdas están atravesadas por el denominador común de la debilidad y el fraccionamiento, los síntomas no conducen a la misma causa ni proyectan el mismo efecto. En el caso de las primeras, como lo ha evidenciado CADE por su falta de ideas, es la manifestación misma del agotamiento y la imposibilidad de continuar hegemonizando como lo vienen haciendo, sin dañar los estándares de la democracia formal. Para las segundas, se evidencia la necesidad de un profundo aggiornamento y la urgencia de nuevas caras y lenguajes, pero sobre todo, de posiciones claras.

desco Opina / 21 de noviembre de 2014
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