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Un jalón de pelos y un Ejecutivo a la deriva

 

La imagen de la señora Boluarte, confrontada y zarandeada por dos mujeres en su provocadora visita a Ayacucho, ha dado la vuelta al mundo. Ruth Bárcena, viuda de uno de los diez asesinados en Ayacucho, la encaró; Ilaria Ayme, madre de un menor de quince años, igualmente asesinado, le jaló los pelos. Provocadora, decimos, porque creer que luego de los muertos y heridos en distintas regiones del país durante las protestas y movilizaciones de hace un año, puede pasearse tranquilamente en ellas, evidencia que la mandataria carece del mínimo sentido común. Máxime cuando se trata del personaje que avaló y elogió la acción de quienes realizaron los operativos, “terruqueó” directamente a víctimas y familiares, y presionada por distintos organismos internacionales y la prensa, sostuvo que carecía de mando sobre los militares y sus acciones.

La misma señora que dijo que eran las instituciones de la justicia las que debían investigar, pero se amparó en el silencio ante la Fiscalía, mientras sus ministerios del Interior y de Defensa siguieron el mismo camino. Peor aún, la persona que ha firmado los recientes ascensos de varios de los mandos que participaron directamente en la brutal represión a las protestas y movilizaciones. Incapaz de pedir disculpas y mostrar alguna empatía con las víctimas, su pretensión viajera para mostrar un país en paz y posar con una sonrisa falsa repitiendo una imagen como las que trató de crear con el presidente americano y con el Papa, evidencian su desconexión de la realidad y su único afán de sobrevivir en el gobierno a cualquier costo.

Ninguna de las dos mujeres, ni la que la confrontó, ni la que le jaló los pelos –acto no por comprensible, menos censurable–, amenazó la vida de la señora, aunque evidenciaron sí, la indignación y la impotencia que sienten miles de peruanas y peruanos, especialmente en los territorios con muertos y heridos, donde con la frívola sonrisa mostrada y los caramelos que la acompañaban, se escondía el desdén por las víctimas y por todo un pueblo agredido.

Más allá de la constatación del mundo paralelo de la mandataria y de la reiteración del agravio, el suceso evidenció una vez más, la precariedad de un Ejecutivo mediocre y carente de capacidades. Las flagrantes fallas que se observaron en la seguridad de Boluarte, que eran una reiteración –recordemos que días atrás asaltaron a los custodios de su hijo y les robaron sus armas–, sirvieron de coartada perfecta para que el gobierno aproveche la ocasión para deshacerse del comandante general de la Policía Nacional.

Enfrentado desde el primer momento con el actual ministro del Interior, responsabilizándolo, entre otras cosas, del fracaso de las declaraciones de emergencia, estrategia y política del gobierno y del gabinete Otárola, tercamente defendida por éste que aseguraba en octubre pasado, que había disminuido la delincuencia en 18%, mientras extorsiones, secuestros y crímenes continuaban a todo trapo. No se trata de defender al general Ángulo, sino de resaltar la facilidad con la que la mandataria y su Premier soplan la pluma y encuentran chivos expiatorios. Así como afirman que no mandan sobre los militares, tampoco asumen ninguna responsabilidad en sus políticas y estrategias que fracasan cotidianamente, menos aún en sus declaraciones sin evidencia alguna.

Que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, –aquél que permaneció mudo mientras muchas mujeres andinas, algunas con sus hijos en brazos, eran gaseadas–, fuera la primera voz del Estado en pronunciarse, criticando “la agresión física en contra de nuestra Presidenta”, es coherente con un gobierno a la deriva, cuya única meta es llegar al 2026. Como lo es, también hay que decirlo, la velocidad con la que el Ministerio Público ha empezado acciones contra las involucradas, que se presentaron voluntariamente, contrastando con la velocidad de tortuga renga que muestran en las investigaciones sobre sus diez muertos y la violencia desplegada o con la total inacción por el intento de ataque de “La Resistencia” a una muestra en la que participaban familiares de las víctimas, días atrás.

Precariedad de un Ejecutivo y su Gabinete que en los mismos días mostraba su desnudez plena. Una recesión galopante con un Ministro de Economía que carece de toda propuesta, un ministerio de Energía y Minas contra las cuerdas y enfrentado con el primero por la compleja situación de Petroperú, un ministerio del Ambiente incapaz de enfrentar y responder a las modificaciones que el Congreso le ha hecho a la Ley Forestal, la ministra de Vivienda sindicada de estar operando la privatización disfrazada de Sedapal, la ministra de Cultura enfrentada con Cusco por la gestión poco clara del ingreso a Machu Picchu y la ministra de Producción alentando a sectores de pequeños empresarios a movilizarse contra el ministerio del Interior.

Por el momento, todo indica que Boluarte cree que sobrevivirá mientras sea genuflexa, como hasta hoy, frente a un Congreso que la necesita aún y al que todavía, como viene haciéndolo en diversos sectores, puede seguirle concediendo posiciones en el Ejecutivo y entregarles el Gabinete todo sabiendo que nada cambiará.

  

 desco Opina / 26 de enero de 2024

Lima: crisis a la N potencia

 

Resulta fácil el ejercicio de balance y crítica sobre lo que ha sido el primer año de gestión municipal del alcalde Rafael López Aliaga si este recuento se limita a revisar las promesas electorales incumplidas. Son muchas. Desde la construcción de tanques de agua para los asentamientos humanos ubicados en las partes más altas de los cerros que bordean la capital peruana, hasta la compra de diez mil motocicletas para el patrullaje contra la delincuencia callejera. En la lista hay que incluir la eliminación de peajes, la construcción de un teleférico en Lima Norte, la instalación de doce mil cámaras de videovigilancia, la eliminación de la contratación de consultorías en el municipio y varias otras más.

Por ello, no es aconsejable, con perspectiva de futuro, solazarse con el decepcionante desempeño que significa para quienes votaron por el alcalde López Aliaga, líder del ultraderechista Partido Renovación Nacional; alguien con obras para el olvido, como la ridícula construcción de una supuesta playa artificial llenando de arena el entorno de la piscina de un parque zonal. Por ello, nuestra somera lectura sobre este primer año de la actual administración municipal, apunta a compartir nuestra preocupación respecto a lo que vemos como una gestión sin rumbo en la que se toman decisiones de manera harto irresponsable. Así, pese a los avances técnicos en la formulación del Plan de Desarrollo Urbano de la metrópoli, es prácticamente nula la coordinación interdistrital y se carece de una visión integral y sostenible en la práctica de gobierno. La iniciativa de endeudamiento, por más de 1200 millones de soles para la construcción de 60 intercambios viales que no figuran en el plan y tampoco han sido consensuados con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), con tasas de interés sumamente elevadas, es un buen ejemplo del mal proceder del alcalde López Aliaga.

Otra muestra del desatino es el nuevo intento de progresiva privatización de los parques zonales para convertirlos en clubes, diferenciando a los usuarios de estas áreas verdes con servicios de recreación entre socios y no socios, en lugar de propiciar el acceso de ciudadanos iguales, para su uso y disfrute.

Por lo dicho, basta con revisar la propia documentación municipal en cuanto a los objetivos y acciones estratégicas territoriales priorizadas en el Plan de Desarrollo Concertado de Lima al año 2035 para comprobar las graves limitaciones que caracterizan a la actual gestión municipal. No se trata entonces únicamente de una situación de incumplimiento de ofertas electorales, sino principalmente, de un desvío desordenado de rumbo para atender las urgencias de una ciudad necesitada de una atención cuidadosa de sus graves problemas que mantienen en pésimas condiciones de vida a varios millones de personas.

Estamos ante una gestión municipal para el olvido, que ofreció hacer de Lima una potencia mundial, y cuyos resultados, en el primer año de gobierno, lo que evidencian es más bien un grave retroceso que ahonda las dificultades y agrava los preocupantes retos de cómo mejorar la convivencia entre más de12 millones de personas, muchas de las cuales constatan la segregación en la que viven cuando se comparan con unos cuantos puñados de ciudadanos con calidad de vida razonable o buena. Por donde se investigue, los datos y las estadísticas nos muestran una creciente pobreza, escasez de servicios, aumento de la inseguridad y del crimen callejero, disminución de las áreas verdes por ciudadano y una pésima calidad de vida que finalmente termina afectando a todos los habitantes de la metrópoli.

Salvo el discurso oficial del alcalde Rafael López Aliaga, no es posible encontrar ningún comentario o balance que exprese satisfacción o mínimamente esperanza sobre el rumbo y el recorrido que ha significado su primer año de gestión. Al contrario, son muchos los críticos y desesperanzados ante lo que sabe a estafa al comprobar que las promesas de tener una ciudad cada vez mejor, contrasta de manera cruda con la creciente desorganización y el caos que la ignorancia y soberbia del alcalde y sus asesores empujan y alientan. El parecido de su gestión con el de la señora Boluarte, ambos amigos de la realidad paralela, explican quizá las relaciones cordiales entre las dos gestiones vecinas.

 

desco Opina - Regional / 19 de enero de 2024

descoCiudadano

Cruzando el desierto, nuevamente

 

Mostrar lo malo que será probablemente el comportamiento económico en el 2024, esconde lo peor que contienen esas cifras y, más aún, que algunas expectativas como el posible aumento de las plazas laborales, que simplemente no pasan del buen deseo y la fe en el destino.

A mediados de diciembre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) entregó su último informe anual 2023, en el que señala que la región mantendrá su bajo crecimiento, la desaceleración en la creación de empleo, la persistencia de la informalidad y de las brechas de género, entre otros efectos.

Según el secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs, en promedio América Latina y El Caribe creció 2,2% en 2023 y estima un 1,9% en 2024, aunque el desagregado subregional muestra comportamientos diferenciados. Si bien todas las subregiones mostrarán el 2024 un menor crecimiento respecto al 2023, América del Sur solo crecería un 1,5% (3,8% en 2022); el grupo conformado por Centroamérica y México, un 3,5% (4,1% en 2022), mientras que El Caribe (sin incluir Guyana), crecería un 3,4% (6,4% en 2022).

Estas proyecciones reflejan, entre otros factores, el limitado impulso que proviene desde la economía mundial. Aunque la inflación ha disminuido, las tasas de interés de las principales economías desarrolladas no se han reducido, por lo que los costos de financiamiento se han mantenido en niveles elevados todo el año y se espera que continúen así durante los próximos años.

Sin embargo, no toda la explicación puede volcarse a los factores externos. El bajo crecimiento también responde al limitado alcance que tienen las políticas fiscales y monetarias, que emplean los países de la región. En otras palabras, a las restricciones mostradas por una institucionalidad que pese a los recientes ciclos y superciclos económicos, jamás dejó de ser sustancialmente precaria.

Por eso, para la Cepal es indispensable que las políticas de fomento productivo se complementen con políticas fiscales y financieras que permitan un adecuado manejo de los riesgos que enfrenta la región; y que estimulen la movilización de recursos internos, para ampliar el espacio fiscal, incrementar la inversión y la productividad. De igual forma, se requieren políticas que permitan una mayor inclusión y la reducción de las grandes desigualdades que caracterizan a la región, destacando las de género. Asimismo, la Cepal señala que son necesarias reformas a la arquitectura financiera y tributaria internacional para acompañar a los países de la región en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante la movilización de recursos hacia la región.

Como vemos, sobre estas premisas, no podemos armarnos ni siquiera de mínimas expectativas para nuestro caso. Las proyecciones de Cepal para Perú indican un crecimiento del 2,5% en el 2024, esencialmente como consecuencia del rebote que ocasionará la baja expansión del consumo privado en 2,9% y de la inversión privada en 1,9%. Si se toma en cuenta que ambos agregados representan alrededor del 83 % del PBI, se entenderá el bajo impulso que darán a la actividad económica.

Entonces, para los analistas económicos, el desafío está en la reactivación económica con una tasa de crecimiento del PBI que se acerque al 3% anual. Para ello, afirman, no basta con aumentar el gasto público, sino que es necesario promover una mayor inversión privada, en un entorno en donde las expectativas empresariales son negativas y que se hace necesario cambiar.

Otro desafío para el presente año es la reducción de la pobreza, que aumentó en 2022 y 2023 y seguramente lo hará en 2024. Para lograrlo, el país necesita de un crecimiento económico que genere empleo y recaudación de impuestos para financiar las transferencias monetarias e ir llevando la pobreza a niveles de prepandemia.

Estos contextos positivos difícilmente se consolidarán sin considerar algunos factores que los empresarios peruanos son renuentes a tratar. Entre ellos, el salario mínimo vital. En el panorama latinoamericano, los 277 dólares americanos que establece el Estado peruano como remuneración mínima sólo superan a los establecidos en tres países de la región. A ello se agrega la inflación de los precios, fundamentalmente el de los productos que forman parte del Índice de Precios al Consumidor (IPC): hacia agosto del 2023, el 64% de estos productos habían alcanzado una variación anual de sus precios mayor al 3%.

Aún más. Todo parece indicar que la balanza comercial positiva que proyectamos para el 2024, descansa en gran medida en la disminución de nuestras importaciones por una menor demanda y, entre ellas, la de alimentos. Entre los principales alimentos que importa el Perú destacan la soya, el maíz, el trigo, el arroz, el azúcar, productos lácteos y oleaginosas. En 2020, el valor FOB importado de estos productos, fue US$ 2529 millones, equivalente al 7,3% de las importaciones totales de bienes (y 46,5% de las importaciones de bienes de consumo no duradero), siendo los principales países de origen Argentina (principalmente maíz, soya, aceites y trigo), Canadá (trigo) y Estados Unidos (soya, maíz, productos lácteos y trigo).

En medio de este complicado panorama, la iniciativa 'Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos', del presidente Javier Milei, podría tener un impacto negativo en las importaciones de determinados productos al Perú, al proponer el aumento de la tasa impositiva de las exportaciones de aceite de soya, afectando al 72% de las importaciones que realizamos de ese producto.

Además, eventualmente, podría incidir en el precio final de algunos alimentos que se producen en nuestro país. Argentina nos provee del 82% de maíz amarillo duro que consumimos. Para ese producto, el Gobierno de Milei ha planteado que la tasa impositiva se eleve de 12% a 15%.

De esta manera, no solo estamos aspirando a modestísimas tasas de crecimiento, sino que éstas, además, no aseguran que las tasas de pobreza permanezcan siquiera como están actualmente. Es decir, parece ser momento de preguntarnos y preguntarles a las autoridades que condujeron al país durante las últimas dos décadas cómo arribamos a estos resultados después de una década y media de intenso crecimiento del PBI.

 

desco Opina / 12 de enero de 2024