Las batallas perdidas

 

En Alemania las marchas y manifestaciones contra el fascismo se multiplican ante el inminente avance de la ultraderecha en las próximas elecciones; en Francia su ascenso fue contenido gracias a una alianza de última hora entre el centro y la izquierda para impedir que llegara al poder. En contraste, en muchos países de América Latina, como es el caso del Perú, estas corrientes continúan en crecimiento, prácticamente sin una oposición organizada.

Desde una perspectiva progresista son varias las batallas perdidas en el mundo. Entre ellas está el debilitamiento intenso de las Naciones Unidas, promovido por el presidente estadounidense contra sus agencias de desarrollo, cuestionando su validez y calificando de despilfarro a sus programas, o peor aún, contrarios a la libre determinación de los pueblos.

A pocos sorprenderá por eso que en nuestro país avancemos rápidamente en esa dirección y que se incremente el ataque a la sociedad organizada y se socaven las instituciones encargadas de aplicar la ley y administrar la justicia. En nuestro caso, además, asistimos al incremento de la persecución de las ONG, sus programas y proyectos, acusándolas de destructores de la libertad y del mercado libre.

Vemos que en Europa la ultraderecha avanza. La presencia de partidos y líderes políticos de orientación ultraderechista se ha consolidado en varias naciones europeas. Están a la vista los casos de Italia, con el partido Hermanos de Italia, liderado por Giorgia Meloni, primera ministra que ganó las elecciones generales de 2022, también de Hungría, desde hace quince años, con Viktor Orbán y de Polonia, países donde gobiernan con una orientación ultraconservadora.

Más recientemente, en Suecia, tras las elecciones de 2022, el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, se convirtió en la segunda fuerza política y pasó a formar parte de la coalición de gobierno. Algo similar ocurrió en Finlandia, donde el Partido de los Finlandeses, también de extrema derecha, ha ganado creciente influencia y participa en el gobierno.

En Austria, el Partido de la Libertad de Austria mantiene una presencia significativa en la política nacional. En Bélgica, el partido nacionalista flamenco, N-VA, cuyo primer ministro, ha marcado un giro hacia la derecha. En Francia, aunque la ultraderecha no gobierna a nivel nacional, el partido Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen, ganó las elecciones europeas de 2024, consolidando su influencia.

Mientras tanto, en América, se han establecido gobiernos de corte conservador, como los de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y el actual gobierno de Guatemala, que cuentan con la simpatía del presidente Donald Trump.

En nuestro país soportamos la alianza conservadora que controla en gran medida al gobierno también conservador, violador de los derechos humanos y corrupto de Dina Boluarte, validando la desigualdad, el crecimiento injusto, las políticas contra derechos y pueblos originarios, etc.

El crecimiento del conservadurismo a nivel global, de nacionalistas que restringen los derechos ciudadanos, sigue un proceso claro de fortalecimiento. Ejemplos de ello se observan en Irán, Rusia, India, Arabia Saudita y recientemente, en Estados Unidos, donde el triunfo del Partido Republicano, con Donald Trump, marcó un nuevo giro hacia la derecha con fuerte impacto en el mundo por sus rápidas políticas comerciales y la deportación de migrantes sin papeles, sindicados de criminales.

Si bien no existe un consenso sobre qué es ser de ultraderecha, la lista se amplía a más países con políticas conservadoras, como Ecuador y el nuestro. En este panorama internacional, los políticos de derecha en Perú tienden lazos de mayor cercanía con la ultra derecha española, particularmente con VOX, mientras el alcalde limeño pugna por aparecer como un émulo local de Milei. También es verdad que ante la pobreza de propuestas inteligentes y atractivas de parte de las organizaciones y partidos de izquierda, el panorama, ante las cada vez más cercanas elecciones del próximo año, aparece como muy desalentador para las fuerzas progresistas, carentes de liderazgos capaces de aglutinar a las organizaciones de izquierda; más grave aún, de construir puentes con la sociedad y tener propuestas frente a sus necesidades y malestares.

La ausencia de líderes reales en la izquierda, capaces  de generar un cambio favorable que combata la enorme corrupción y descrédito de la política y los políticos en general,  facilitan y favorecen la permanencia y continuidad de las posiciones y políticas conservadoras ante un electorado desinformado y dispuesto a dejarse llevar por el populismo y las ofertas autoritarias y de orden, disfrazadas de anti establisment que abundan en el escenario nacional.

Para evitar seguirnos hundiendo y que los millones de jóvenes que abandonan el país nos dejen sin su valioso aporte, es hora de alentar la militancia democrática y diseñar una estrategia y propuestas atractivas que convoquen a la ciudadanía a ejercer un voto responsable que nos permita evitar mayores desastres a los que, casi con estupor, si no con indiferencia, contemplamos a diario, viendo las decisiones en contra del sentido histórico constructivo que deseamos para la humanidad y los peruanos en particular. Evitemos ser parte de la lista de las batallas perdidas ante la ultraderecha, que profundiza la precarización laboral, la destrucción ambiental y la erosión de la democracia, representando un desafío histórico que demanda organización colectiva para impedir un colapso civilizatorio.

 

desco Opina / 7 de febrero de 2025

Fatalidad signo cruel

 

Son varios los certificados de defunción que ha fedateado la crisis venezolana. Uno de ellos, por supuesto, es el de la otrora importante diplomacia peruana, aun cuando a nadie parece importarle esta situación. También, el de una izquierda política anquilosada, maniatada por la perpetua fantasía de “lo popular”. Luego, sin duda, el del sistema hemisférico -OEA-, incapaz no solo de actuar, lo que no hace desde hace décadas, sino incluso de ponerse de acuerdo en cuestiones tan significativas como lo que acontece en Venezuela, por disensos mínimos.

De otra parte, Venezuela también revela la historia inevitable no sólo de ese país sino de gran parte de América Latina. Para el caso, lo adjetivo es que el régimen de Maduro se denomine socialista, cuando lo fundamental es que haya perpetrado un inmenso desastre, muy parecido a los acontecidos en otros lugares de la región, sin importar el sello ideológico con los que se identificaban.    

Detrás de la agitación social, radica un colapso económico prolongado: "Venezuela ha experimentado una recesión sin precedentes para un país latinoamericano o globalmente para un país sin guerra. La contracción económica entre 2014 y 2021 superó el 70%".

Aun cuando haya amenguado la hiperinflación que sufrió entre 2018 y finales de 2019, es prematuro afirmar que se han restablecido las pérdidas acumuladas en la última década. El Producto Interno Bruto está recuperándose lentamente, con un valor estimado de 102,300 millones de dólares estadounidenses en 2024, pero sigue siendo una fracción de los niveles anteriores a la crisis. Aun así, la deuda pública nacional pudo haber alcanzado entre 120-200 mil millones de dólares en 2023, agravando la más que precaria situación económica. De igual manera, aunque la tasa de desempleo se encuentra relativamente baja, 5,5%, esta cifra no refleja plenamente el subempleo y el trabajo informal que enfrentan actualmente muchos venezolanos.

De otro lado, si bien la inflación venezolana ya no es la más alta de América Latina -Argentina supera el 200% anual- se mantenía por encima del 50% en junio de 2024, afectando directamente el nivel de vida de los venezolanos. El salario mínimo ha permanecido congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, con un valor actual de aproximadamente 3.50 dólares. Si bien en mayo el presidente Maduro anunció un aumento en los bonos estatales para el sector público, que incluyen el salario mínimo, un bono de alimentación de 40 dólares y un "Bono de Guerra Económica" que aumentará de 60 a 90 dólares; los resultados de esta situación son, entre otros, más del 80% de la población viviendo en pobreza y  53% enfrentando la pobreza extrema.

Pero, no son solamente las presiones económicas. Junto a ellas, destacan los desafíos políticos y sociales alimentados por la terca continuidad de un entramado de relaciones entre el Estado y la sociedad venezolana, que Fernando Coronil ha denominado el “Estado mágico” o, en otras palabras, la constitución del petro-Estado. Como señala Edgardo Lander, con la revolución bolivariana, Venezuela se volvió “más rentista que nunca”.

De manera certera, Lander afirma que en lugar de existir un partido revolucionario que controle al Estado, desde el petro-Estado se creó, financió y dirigió al partido, siguiendo el patrón clásico de un Estado nacional, que se arroga la representación de la nación, del pueblo y del bien común; y, en esa lógica, es el lugar donde necesariamente debieran concentrarse todas las iniciativas y las principales decisiones.

Como podrá suponerse, esto niega tajantemente cualquier aspiración democrática, en tanto descarta, niega, mutila, la única forma en la cual es posible asentarla: amplios, variados y múltiples procesos de experimentación social autónomos, que surjan de la diversidad de las prácticas, de las memorias y los proyectos de los diferentes pueblos, sectores sociales, regiones y culturas del país.

De esta manera, desde la izquierda no son cuestiones de cálculo -político o pecuniario- lo que debería estar en juego. Son principios. Por eso la enorme importancia de la posición del presidente chileno Gabriel Boric, antes incluso de desencadenarse la actual crisis venezolana. El 10 de marzo, refirió claramente que en la izquierda en general, y en América Latina en particular, “ha habido una tendencia a no hacerse cargo de los errores propios”, tipificando como tal la defensa de ciertos regímenes, “porque se entienden como parte de la misma familia”.

Boric fue muy claro y tajante en esto: “No miro el color político de una persona que viole los derechos humanos o restrinja libertades que son esenciales”. Por supuesto, estaba plenamente consciente de las críticas que eso provocaría, pero, consideraba que políticamente era un error cerrar los ojos a las gravísimas violaciones de derechos que hacen los regímenes que se denominan de izquierda, creyendo ingenuamente que esto es propio sólo de la derecha que está al frente: “la gente no es tonta y esas confusiones o desviaciones le hacen mal a la política”.

 

 

desco Opina / 9 de agosto de 2024

Cruzando el desierto, nuevamente

 

Mostrar lo malo que será probablemente el comportamiento económico en el 2024, esconde lo peor que contienen esas cifras y, más aún, que algunas expectativas como el posible aumento de las plazas laborales, que simplemente no pasan del buen deseo y la fe en el destino.

A mediados de diciembre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) entregó su último informe anual 2023, en el que señala que la región mantendrá su bajo crecimiento, la desaceleración en la creación de empleo, la persistencia de la informalidad y de las brechas de género, entre otros efectos.

Según el secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs, en promedio América Latina y El Caribe creció 2,2% en 2023 y estima un 1,9% en 2024, aunque el desagregado subregional muestra comportamientos diferenciados. Si bien todas las subregiones mostrarán el 2024 un menor crecimiento respecto al 2023, América del Sur solo crecería un 1,5% (3,8% en 2022); el grupo conformado por Centroamérica y México, un 3,5% (4,1% en 2022), mientras que El Caribe (sin incluir Guyana), crecería un 3,4% (6,4% en 2022).

Estas proyecciones reflejan, entre otros factores, el limitado impulso que proviene desde la economía mundial. Aunque la inflación ha disminuido, las tasas de interés de las principales economías desarrolladas no se han reducido, por lo que los costos de financiamiento se han mantenido en niveles elevados todo el año y se espera que continúen así durante los próximos años.

Sin embargo, no toda la explicación puede volcarse a los factores externos. El bajo crecimiento también responde al limitado alcance que tienen las políticas fiscales y monetarias, que emplean los países de la región. En otras palabras, a las restricciones mostradas por una institucionalidad que pese a los recientes ciclos y superciclos económicos, jamás dejó de ser sustancialmente precaria.

Por eso, para la Cepal es indispensable que las políticas de fomento productivo se complementen con políticas fiscales y financieras que permitan un adecuado manejo de los riesgos que enfrenta la región; y que estimulen la movilización de recursos internos, para ampliar el espacio fiscal, incrementar la inversión y la productividad. De igual forma, se requieren políticas que permitan una mayor inclusión y la reducción de las grandes desigualdades que caracterizan a la región, destacando las de género. Asimismo, la Cepal señala que son necesarias reformas a la arquitectura financiera y tributaria internacional para acompañar a los países de la región en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante la movilización de recursos hacia la región.

Como vemos, sobre estas premisas, no podemos armarnos ni siquiera de mínimas expectativas para nuestro caso. Las proyecciones de Cepal para Perú indican un crecimiento del 2,5% en el 2024, esencialmente como consecuencia del rebote que ocasionará la baja expansión del consumo privado en 2,9% y de la inversión privada en 1,9%. Si se toma en cuenta que ambos agregados representan alrededor del 83 % del PBI, se entenderá el bajo impulso que darán a la actividad económica.

Entonces, para los analistas económicos, el desafío está en la reactivación económica con una tasa de crecimiento del PBI que se acerque al 3% anual. Para ello, afirman, no basta con aumentar el gasto público, sino que es necesario promover una mayor inversión privada, en un entorno en donde las expectativas empresariales son negativas y que se hace necesario cambiar.

Otro desafío para el presente año es la reducción de la pobreza, que aumentó en 2022 y 2023 y seguramente lo hará en 2024. Para lograrlo, el país necesita de un crecimiento económico que genere empleo y recaudación de impuestos para financiar las transferencias monetarias e ir llevando la pobreza a niveles de prepandemia.

Estos contextos positivos difícilmente se consolidarán sin considerar algunos factores que los empresarios peruanos son renuentes a tratar. Entre ellos, el salario mínimo vital. En el panorama latinoamericano, los 277 dólares americanos que establece el Estado peruano como remuneración mínima sólo superan a los establecidos en tres países de la región. A ello se agrega la inflación de los precios, fundamentalmente el de los productos que forman parte del Índice de Precios al Consumidor (IPC): hacia agosto del 2023, el 64% de estos productos habían alcanzado una variación anual de sus precios mayor al 3%.

Aún más. Todo parece indicar que la balanza comercial positiva que proyectamos para el 2024, descansa en gran medida en la disminución de nuestras importaciones por una menor demanda y, entre ellas, la de alimentos. Entre los principales alimentos que importa el Perú destacan la soya, el maíz, el trigo, el arroz, el azúcar, productos lácteos y oleaginosas. En 2020, el valor FOB importado de estos productos, fue US$ 2529 millones, equivalente al 7,3% de las importaciones totales de bienes (y 46,5% de las importaciones de bienes de consumo no duradero), siendo los principales países de origen Argentina (principalmente maíz, soya, aceites y trigo), Canadá (trigo) y Estados Unidos (soya, maíz, productos lácteos y trigo).

En medio de este complicado panorama, la iniciativa 'Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos', del presidente Javier Milei, podría tener un impacto negativo en las importaciones de determinados productos al Perú, al proponer el aumento de la tasa impositiva de las exportaciones de aceite de soya, afectando al 72% de las importaciones que realizamos de ese producto.

Además, eventualmente, podría incidir en el precio final de algunos alimentos que se producen en nuestro país. Argentina nos provee del 82% de maíz amarillo duro que consumimos. Para ese producto, el Gobierno de Milei ha planteado que la tasa impositiva se eleve de 12% a 15%.

De esta manera, no solo estamos aspirando a modestísimas tasas de crecimiento, sino que éstas, además, no aseguran que las tasas de pobreza permanezcan siquiera como están actualmente. Es decir, parece ser momento de preguntarnos y preguntarles a las autoridades que condujeron al país durante las últimas dos décadas cómo arribamos a estos resultados después de una década y media de intenso crecimiento del PBI.

 

desco Opina / 12 de enero de 2024

El estallido chileno y los desafíos para el Perú

La crisis política chilena ha impactado no solo en la clase política del país del sur, sino también en las élites de toda América Latina, incluyendo desde luego al Perú. Prácticamente nadie se esperaba el estallido, las movilizaciones masivas ni la radicalidad y la violencia, esta última desatada al parecer por grupos minoritarios.

Ante esto, los analistas de distintas tendencias se plantean la inevitable pregunta: qué ha provocado una protesta de tal magnitud, cuyas demandas cuestionan elementos claves del régimen neoliberal implantado hace más de cuarenta años. Los defensores del mismo sostienen que no es crisis del modelo, el cual tiene importantes logros, encontrándose aquí al menos dos tipos de argumentación: por un lado, quienes aluden a que las protestas son resultado de una falla del Estado y de las instituciones, mas no del libre mercado, desconectando el régimen económico de la institucionalidad, tal cual lo afirman al menos dos conspicuos neoliberales peruanos. Por otro lado, hay posiciones extremas, que sostienen la idea de una conspiración chavista, amparándose en un comunicado de la OEA, o en investigaciones que muestran –supuestamente– millones de tuits emitidos desde Venezuela o Rusia, incentivando la revuelta.

Al respecto, es curioso observar cómo los argumentos de los defensores del neoliberalismo se parecen a los esgrimidos por los defensores del socialismo real que, a fines de los años 80 del siglo pasado, se afanaban por demostrar que no era el modelo el que fallaba, sino su aplicación y las desviaciones en que se incurrieron, coinvirtiendo a este en una suerte de entelequia o esencia inmaterial.

Desde otras posiciones, se sostiene que el estallido es fruto de innegables fallas estructurales del modelo, especialmente de las desigualdades y de la arraigada sensación de injusticia social en millones de chilenos, pese a los altos estándares de vida que exhibe Chile en comparación con el resto de Latinoamérica. Por supuesto, hay quienes anuncian el fin del modelo.

Como se sabe, Chile es a la fecha el país líder de la región en producto per cápita, casi duplicando, por ejemplo, el peruano (en el 2018, US$ 24,190 a precios de paridad de poder adquisitivo versus US$ 13,810). Es también el de mejor posición en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas (lugar 44, versus 89 del Perú al 2017). Adicionalmente, solo el 8.6% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, frente al 20.5% en el Perú (cifras del banco Mundial), observándose también que la línea de pobreza chilena es hoy de US$ 228, en tanto la del Perú equivale a US$ 104 mensuales por habitante. Los analistas de orientación neoliberal abundan en estadísticas para demostrarlo, algo que han practicado con frecuencia en el Perú, cuando defienden inversiones mineras resistidas por la población (Conga o Tía María), tratando de deslegitimar con cifras macroeconómicas las demandas ciudadanas.

Pese a las posiciones extremas, hay una cierta coincidencia en que las protestas en Chile tienen como fondo la desigualdad económica y social persistente en un país de altos ingresos; los extremos a los que se llevó la privatización (especialmente en educación y salud), la desafección ciudadana ante un sistema político oligopólico, entre otros factores. Más allá de esto, la situación plantea en nuestro país la necesidad de reflexionar y obtener algunas lecciones.

En este sentido, en distintos círculos se afirma que difícilmente esto podría ocurrir en el Perú debido a las notables diferencias con la sociedad chilena, destacándose particularmente a la informalidad (por ejemplo, 75% de la PEA es informal hoy en el Perú). Siendo Chile un país altamente formal e institucionalizado, las demandas al Estado son mucho mayores que las que recibe el peruano, del cual un amplio sector de la población espera muy poco o nada.

Se tendría aquí entonces, una suerte de «colchón» que nos cubriría, no se sabe hasta cuándo, de un estallido social contra el modelo. Lo que antes se miraba con envidia (la institucionalidad chilena y su sistema político estable y fuerte), ha perdido hoy estima y no sería extraño que comience a revalorarse nuestra precaria institucionalidad. No hay que olvidar, sin embargo, que la informalidad expresa no solo la debilidad del Estado, sino también las brechas tecnológicas de la economía peruana, que se traducen en productividades e ingresos altamente diferenciados, lo que agudiza o, en el mejor de los casos, dificulta avanzar en reducir las desigualdades. No hay que alegrarse entonces de tener una informalidad tan grande, cuyos costos sociales son también muy altos (minería informal e ilegal, cultivos ilícitos, tala ilegal, transporte público informal, entre otros).

Los desafíos tienen que ver entonces con afrontar las desigualdades y brechas existentes, a través de la diversificación productiva; el impulso a las pequeñas y microempresas para la creación de empleos de calidad, más allá del sector extractivo; aumentar la presión tributaria, fortalecer la capacidad regulatoria del Estado (incluyendo por ejemplo, SENACE OEFA, OSINERGMIN, SUNEDU, a los que hay que dejar de recortar sus recursos y funciones) y la eficiencia de las inversiones públicas, avanzando más allá de la preocupación por desarrollar mecanismos de obras por impuestos o alianzas público-privadas, entre otros.

La crisis chilena es una advertencia para construir una economía más diversificada, inclusiva y equitativa, un Estado más eficiente, transparente y con capacidad regulatoria, una presión tributaria al menos similar al promedio latinoamericano, servicios públicos de calidad y –por último, pero no menos importante– un sistema judicial transparente y ágil, así como un sistema político más democrático y participativo. No es una fórmula que vaya a terminar con las protestas sociales, pero al menos podría reducir la inestabilidad y conflictividad social, pero sobre todo las desigualdades.

desco Opina / 8 de noviembre de 2019