martes

Nro. 55 Después de la fiesta

Finaliza el 2008 y la popularidad del Presidente de la República ha remontado el constante deterioro que marcó en los meses previos, aun cuando ésta sea sumamente baja en algunas regiones, como ocurre con el sur del país. La combinación de un buen aprovechamiento mediático del foro de la APEC, con la rápida y eficaz salida que dio a la crisis suscitada por la revelación de los petroaudios, al menos momentáneamente, y el tratamiento benigno que le depara parte de los medios de comunicación más importantes, ha tenido los resultados que ahora se muestran.
Sin embargo, este cierre de año para García puede ser tomado como un buen y necesario respiro, indispensable para sortear la serie de problemas, que parecen esperar sólo la finalización del ambiente festivo para manifestarse con intensidad. En ese sentido, resaltan las dudas sobre el alcance que tendrán las recientemente anunciadas medidas para paliar los efectos de la crisis financiera internacional.
Por lo pronto, el freno al crecimiento ya está dando sus señales con las restricciones en las inversiones y su secuela de desempleo. Asimismo, el impulso que quiere dársele a la inversión pública puede volver a poner sobre el tapete la siempre alta sospecha sobre actos de corrupción que genera el gobierno aprista, pues esta decisión parece conllevar el deseo de relajar los controles mínimos exigidos –bajo el argumento de la urgencia– a lo que se agrega el ambiente enrarecido que está rodeando la elección del nuevo Contralor de la República.
Un ejemplo de lo anterior es lo poco convincente que resultan los argumentos esgrimidos para licitar terrenos del Estado, con la finalidad de usarlo en la construcción de viviendas. A lo sucedido con el aeródromo de Collique, tenemos ahora lo del Pentagonito. En esa línea, ¿vendrán otros casos?
El problema es que estas situaciones no son circunstanciales y revelan fallas sistémicas. La falta de transparencia, la actividad de oscuros lobbistas en los altos niveles de gobierno y la primacía de intereses privados en las cuestiones públicas, entre otros asuntos, no son materias que se reducen a algunos casos sino parecen responder a una manera habitual como el Estado ha entablado sus relaciones con el poder económico desde siempre.
Por otro lado, entre los asuntos que debe enfrentar el Ejecutivo en los meses venideros está la conflictividad social. Cada vez más compleja y virulenta, el equivocado enfoque del gobierno –responder cuando el conflicto ya se ha producido, para evitar daños mayores– puede tener, en el mejor de los casos, visos de pragmatismo pero definitivamente corroe desde sus bases mismas la escasa legitimidad del sistema político.
En ambos casos, lucha contra la corrupción y conflictividad social, se suponía un protagonismo central del primer ministro Yehude Simon. Sin embargo, pareciera que su figura viene siendo empequeñecida por la exposición mediática del presidente García. Esto podría interpretarse en función a las capacidades histriónicas del mandatario, pero parece que el síntoma revela otras cuestiones.
Es evidente que Simon asumió sus funciones sin tener en cuenta lo indispensable que es tener equipos de asesores propios. Asimismo, mas allá de la voluntad que declaró y de la que nadie tiene dudas, pareciera que muchos de los complicados asuntos de gobierno no le son tan fáciles de manejar. Todo ello está haciendo que el Premier no se maneje con soltura, ante una desbordante personalidad como la del Presidente de la República.
En todo caso, pasados los rezagos de las fiestas, parece que la vuelta a la realidad tomará la forma de un ardiente verano, sin que se sepa cómo le podrá ir al gobierno con tantos flancos débiles que quedan a la vista.

miércoles

Producto de bandera… productores olvidados

Regional

Mientras en Lima se desarrollaba un proceso de acondicionamiento de calles, avenidas y parques para la reunión de APEC, con el consiguiente desembolso de innumerables recursos que posibilitaran interesar a los visitantes para invertir en el Perú, particularmente en el rubro agrario, en el interior del país acontecían una serie de movilizaciones de los productores esperando atención a sus demandas. Una de ellas debe ser destacada en nuestro caso, porque el Gobierno se habría comprometido a mejorar los precios de la fibra de alpaca, principal fuente de ingreso para las miles de familias que habitan los altos andes del Perú, entre la Sierra de Lima, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno.  Los precios mencionados no han mejorado y, peor aun, en los últimos días la caída de éstos se ha pronunciado,  pese a las campañas publicitarias que se desarrollan desde diferentes sectores.

 

Queremos recordar también, que durante su campaña presidencial, el Dr. Alan García ofreció un sistema de mejora a través de la creación de un híbrido denominado paco-vicuña. Posteriormente, al desarticularse el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos, se desconoce cuáles son las líneas matrices para el sector: ¿Cuáles son las alternativas del gobierno, de las que dependen las familias más pobres del Perú? En este contexto, nos hacemos partícipes del siguiente pronunciamiento de los productores huancavelicanos.

 

 

PRONUNCIAMIENTO

 

 

La Asociación de Promotores Alpaqueros y Servicios Múltiples de la Región Huancavelica – APROAL, hace de conocimiento público y aclara; que las emisiones radiales y televisivas que se vienen difundiendo desde hace unos meses, en relación con los precios de la fibra de alpaca, donde se menciona que la fibra ha mejorado de 2.7 a 14.00 nuevos soles por nuestra gestión y con asesoramiento de la minería; es falsa é incoherente, y queda absolutamente desfazada pues esos precios corresponden a periodos cortos de la campaña 2007, y en la actualidad está generando grandes confusiones y malestar en las comunidades alpaqueras de la región de Huancavelica; por lo tanto hacemos pública nuestra solicitud de retiro del spot mencionado a quienes corresponda.

 

Además manifestamos lo siguiente:

 

Primero.- Los precios de la fibra son manejados monopólicamente por la industria textil  arequipeña y sus intermediarios,  por lo tanto; ni los productores ni mucho menos la minería tenemos ingerencia o poder para subir y bajar los precios. A pesar de éste escenario; la APROAL ha logrado organizar por gestión propia la oferta de la fibra, y realizar mejores negociaciones y con ello regular los precios de la fibra en el mercado regional a favor de los productores alpaqueros desde el 2003 hasta la actualidad.

 

La APROAL reconoce y agradece los aportes de diferente índole por parte de instituciones y proyectos ligados al sector alpaquero huancavelicano, sin embargo, individualmente; éstas no fueron determinantes para alcanzar los logros de nuestra organización. 

 

Segundo.- Mostramos nuestro absoluto descontento por la desidia total de parte del Gobierno  Central y Regional por generar políticas publicas en favor de las comunidades alpaqueras de la región Huancavelica, que a su vez históricamente ha sido sometida a los grandes poderes económicos como la industria textil arequipeña.

 

Tercero.- Comunicamos nuestra absoluta preocupación por la caída de los precios de la fibra de alpaca en el mercado nacional y local; y la ausencia del Estado para regular los precios de la fibra a pesar de estar considerada como producto bandera nacional. No existen intentos por fomentar y fortalecer  organizaciones de los productores como la APROAL, más por el contario estamos expuestos a las reglas desventajosas del mercado con capacidades debilitadas.

 

Cuarto.- Existe descoordinación o aislamiento a los productores por parte del Gobierno Regional de Huancavelica para la participación efectiva en la instalación de plantas textileras en la región, donde aparentemente los productores alpaqueros no contamos, olvidándose que somos los principales proveedores de materia prima.

 

No estamos en contra de iniciativas, empresas u otros que se quieran conformar a favor de los productores alpaqueros, sin embargo; debemos ser considerados como directos interesados.

 

Atentamente

 

Asociacion de Promotores Alpaqueros APROAL Huancavelica

La Directiva

 

martes

Seguridad ciudadana y desarrollo de la selva peruana

Regional

Aunque se difunden cifras oficiales sobre la incidencia delictiva y el resultado de las intervenciones policiales en la Selva Central, según estudios confiables existe un alto número que alimentan las «cifras negras», es decir aquellas que no son reportadas por las víctimas. Al respecto, son visibles las limitaciones de equipamiento logístico de la policía y por ello los pobladores dudan de su eficiencia, a lo que debemos sumar la inercia del Poder Judicial, lo que da como resultado una percepción de inseguridad bastante alta.  

Es cotidiano escuchar noticias sobre asaltos a pasajeros de los buses que transitan en las carreteras pero, lo que no se señala es que en los caminos vecinales y trochas carrozables de esta parte del país, donde la presencia policial es nula, el número de actos delictivos es mayor al que se anuncia en los medios, con el agravante de que, generalmente, la víctima es fuertemente golpeada o asesinada. Esta inseguridad se incrementa de manera alarmante en temporada de cosecha, cuando  esperanzados en recuperar su inversión luego de largas faenas de trabajo son presas de bandas organizadas, que controlan y reciben datos sobre las actividades de venta y cobranza de los agricultores locales.  

Las autoridades recomiendan el uso de transferencias interbancarias, cheques y  tarjetas para reducir la vulnerabilidad del traslado de grandes sumas de dinero. Sin embargo, nada está más alejado de la realidad de los pueblos de selva, en donde no existe un número adecuado de agencias bancarias ni seguridad en las mismas.  Además, las que funcionan efectúan limitadas gestiones financieras. En pocas palabras, sin efectivo visible no habrán pagos a jornaleros, dinero para compra de insumos ni circulante para los abastos familiares.  

En estas incursiones delincuenciales no sólo se roba el dinero y valores personales, sino que se despojan los vehículos y hasta las cargas de productos. También se incurre en violaciones y otros vejámenes. Existen pues diferencias abismales entre las recomendaciones que se promocionan para garantizar la seguridad ciudadana, que están basadas en realidades urbanas, y los desafíos que plantean las condiciones cotidianas de nuestra amazonía.  

De esta manera, con la poca credibilidad que generan las estadísticas oficiales y la incongruencia entre la supuesta reducción de los actos delictivos y el incremento de la inseguridad en las localidades del interior, no es posible facilitar el desarrollo rural que, a su vez, urge de la seguridad para poder desarrollar sus actividades productivas. Según la norma (Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana) se han creado 26 Comités Regionales, 193 provinciales y 1,627 distritales de Seguridad Ciudadana. Esto nos podría hacer creer que existe una estrategia nacional que rendirá frutos en el mediano plazo pero, al parecer, esto dista de ser una proyección verosímil.  

En primer lugar, estas instancias –en donde deben confluir las autoridades y la comunidad organizada en juntas vecinales– crean contradicciones con las formas organizativas locales, ya que no se desprenden de ellas sino que se conforman de manera paralela. En buena cuenta, los procesos de capacitación a estas juntas vecinales son simples formalismos, que buscan cumplir con el requisito especificado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). No faltan quienes cuestionan el compromiso civil en la tarea de prevención, pero olvidan que esta participación es voluntaria y riesgosa, ya que se exponen a represalias por parte de los delincuentes, sin contar con ningún tipo de garantía personal.

Otra causa gravitante es la alta frecuencia en la rotación de las autoridades policiales y de los funcionarios que los gobiernos regionales y locales asignan a esta tarea, que no sólo impide la debida formación de capacidades sino que, también, siguiendo con las prácticas burocráticas comunes, el reemplazante desconoce lo actuado y lo pasa a fojas cero, sin recoger ni analizar las experiencias vividas. De esta manera, el burocratismo y el populismo le han ganado terreno a la obtención de buenos resultados. Demás está decir que la coordinación interinstitucional deja mucho que desear por lo literalmente inexistente.  

Desde la óptica de la planificación para la acción, no se cuenta con diagnósticos confiables ni existen mapas de incidencia delictiva. Entonces, no es errado pensar que los planes de trabajo elaborados por estos comités de Seguridad Ciudadana finalmente no se implementen porque las instancias gubernamentales no tienen capacidad para ponerlos en práctica. En efecto, el equipamiento de las comisarías rurales y del personal de patrullaje es exiguo, sin dejar de mencionar los actos de corrupción en que incurre parte del cuerpo policial. De otro lado, la falta de eficaces equipos de comunicación y combustible para los vehículos favorecen aún más la actividad criminal.

Ante esta realidad ¿Es posible hablar de posibilidad de desarrollo de la Selva central en las condiciones en que se encuentra la Seguridad Ciudadana?, ¿se puede incentivar una mayor inversión del productor en tecnología y mejores prácticas si no se le asegura la integridad personal y la de sus bienes? Estamos seguros que no. A pesar de ello, existen los emprendedores del agro que asumen los riesgos pero, no dejan de manifestar su desazón por el descuido y los crasos errores en que incurren las instancias que deberían de protegerlo, una razón más que acentúa el distanciamiento entre el Estado y la sociedad rural.  

Nro. 54 ¿Podrá Simon?

La presentación del primer ministro Yehude Simon ante el Congreso de la República, el 8 de noviembre, fue algo desconcertante. Por momentos, parecía exponiendo un Plan de Gobierno, con tópicos generales y objetivos de mediano plazo, cuando lo que se requería eran propuestas de acción inmediata y resultados rápidos. La buena voluntad de Simon es incuestionable. Sin embargo, las dudas se evidencian cuando preguntamos si los medios de los que dispone son los necesarios y si el entorno es el adecuado para que su intención se plasme en resultados que logren remontar la deteriorada imagen del Ejecutivo.

Con su designación se intentó superar una grave crisis provocada por la revelación de actos corruptos que comprometerían a altos niveles del gobierno, evidenciando un fenómeno que, al parecer, es bastante más extendido y complejo de lo que se supone. Así, su integración al Ejecutivo fue un golpe de timón del presidente García, quien haciendo gala de su celebrado olfato político que le indicaba que era indispensable responder a la creciente conflictividad social, pero también a la corrupción, encontraba en el Presidente Regional de Lambayeque una carta importante.
La obligatoria presentación del nuevo Gabinete ante el Congreso de la República era la ocasión para entrever el margen de maniobra del nuevo Premier para hacer efectivos sus planteamientos, aunque, era evidente que sus límites estaban planteados desde el inicio mismo de su gestión pues, camino al tercer año de gobierno, el Ejecutivo difícilmente modificará de manera importante la direccionalidad de su acción. Las primeras declaraciones de Simon, recién asumido el cargo, no se condecían con este escenario tan claramente acotado. Sensibilizado por el tema de la corrupción, afirmó que la iba a combatir frontalmente, sin considerar la sucesión de fracasos previos en esta materia, varios de ellos por falta de voluntad real del gobierno que hoy integra.
Como no podía ser de otra manera, éste fue uno de los puntos estelares de su exposición ante el Congreso, donde el nuevo Premier señaló que se adelantaría la implementación del nuevo Código Procesal Penal para agilizar los procesos seguidos a los funcionarios corruptos. También anunció el impulso que se dará al Servicio Civil (SERVIR) y un mayor grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Pero, lo central fue su compromiso para fortalecer el Sistema Nacional de Control, cambiar las formas en la elección del nuevo Contralor General y comprometerse a un plazo de 45 días para presentar un Plan Nacional Anticorrupción, que aspira consensuarlo ante el Acuerdo Nacional.
A estas alturas, la inesperada entrega del prófugo Rómulo León a la justicia, por propia decisión, podría crearle un contexto favorable para impulsar las acciones que anunció. Sin embargo, si bien nadie puede estar en desacuerdo con lo expresado, podría sospecharse que el enfoque dado a la lucha contra la corrupción tiene un sesgo tecnocrático, que limita la eficacia de estas tareas, en momentos en que lo que se reclama es un diseño que otorgue la debida importancia a los componentes políticos que están tras el problema; es decir, una reforma del aparato del Estado que lo legitime ante la sociedad mediante una participación más activa de la ciudadanía organizada. Así, por ejemplo, aunque nos parece positivo que se retomen las iniciativas para transparentar las actividades de los lobbies, pensamos que el tema de fondo en esa materia supone profundos cambios en el manejo de las licitaciones y las listas de proveedores del Estado.
Otro punto del discurso en el Congreso que generó expectativa, fue el de la descentralización y la regionalización. Sin embargo, todo parece indicar que en este rubro las aspiraciones de Simon se reducen a garantizar, en la medida de lo posible, el cumplimiento de lo que ya está normado; sus propuestas carecieron de la audacia que se esperaba de alguien que conoce profundamente ambos procesos.
Sobre los otros aspectos del discurso del Premier hay poco que decir, lo cual debe preocupar. Apuesta por las posibilidades de desarrollo humano de un modelo económico cada vez más cuestionado, precisamente por sus pobres resultados en este rubro. Repitió las fórmulas manidas y fallidas sobre el combate contra el narcotráfico y, peligrosamente, ha hecho suyo el término «narcoterrorista» desde el cual cree poder construir un esquema contrasubversivo diferente a los que hemos visto en las últimas décadas. Finalmente, sus propuestas respecto a cómo enfrentará el Perú las consecuencias de la crisis financiera internacional son, en buena cuenta, declaraciones de buenas intenciones y esperanza en que las cosas no empeoren.

viernes

Canon minero y recursos en Arequipa

Regional
En Arequipa, todos los minerales extraídos durante el primer trimestre de este año, a excepción del oro, tuvieron un volumen mayor al visto en el mismo periodo del 2007, motivado por el aumento del precio y la demanda internacional. Sin embargo, las señales que indican el fin de la bonanza son inequívocas y ya han empezado a evidenciarse, por ejemplo, en la tendencia a la baja en los precios, debida a la crisis financiera mundial, aun cuando se asegure que esta disminución de los precios es sólo coyuntural y que retomará luego su nivel, aunque lentamente.

En todo caso, más allá de las proyecciones, lo cierto es que la contracción de los precios, especialmente el del cobre, tiene efectos importantes en el corto plazo. Por ejemplo, la empresa minera Cerro Verde decidió suspender los 1000 millones de dólares que tenían planeado invertir para su expansión en los próximos cuatro años. Sin embargo, el principal problema para la región será la disminución de las transferencias por concepto del canon minero.
Además, las dificultades se multiplicarán ante la inexistencia de planes de contingencia, que hubieran permitido tener mejores criterios para establecer las prioridades de los proyectos regionales (seguridad, empleo, infraestructura, educación, entre otros). De esta manera, si bien es cierto que vienen ejecutándose proyectos muy buenos (Angostura, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, el asfaltado de carreteras, entre otros), generalmente no se ha tomado en cuenta la limitada capacidad de gasto de los gobiernos subnacionales (justificada muchas veces por el retraso en la asignación que debería transferirles el Gobierno Central) y eso ha condicionado la formación de una situación en que muchas actividades indispensables para el desarrollo de Arequipa no han tomado forma.
En esa línea, hay que considerar además la limitación que tienen las municipalidades distritales para la formulación de sus proyectos, pues no deben superar el 30% en el uso de sus recursos. Pero, ello no debe ser pretexto para dejar de lado las responsabilidades del Gobierno Central: son obvias las trabas que pone en la entrega de la asignación de los recursos a la región y los gobiernos locales. Por ello, debe exigírsele más responsabilidad y seriedad, ya que los recursos mineros no serán eternos y no siempre se cotizarán como en estos años. Por eso, el uso eficiente del canon no es una cuestión que se reduce a simple eficiencia administrativa sino que ésta debe verse como una condición para generar resultados en los objetivos de desarrollo.
Otro aspecto que se debate frecuentemente es la distribución del canon. Como se sabe, la ley establece que el 50% de este rubro corresponde al Gobierno Central y el otro 50% se distribuye en el ámbito donde está localizado el recurso. Esto debería cambiarse, por los probables impactos que generan en las brechas de desigualdad y no responder a criterios generales de desarrollo, es decir, si bien puede decirse que esa manera de distribuirlo pone en práctica un sentido de justicia social lo cierto es que genera mayores entrampes para la consecución de objetivos nacionales. Como se ha planteado reiteradamente, una solución pertinente sería la formación de un fondo de compensación que permita derivar parte de los recursos hacia las zonas que no poseen recursos minerales, siempre y cuando se tenga bien formulado un plan nacional de desarrollo que, desgraciadamente, es inexistente hasta la actualidad.

Otra propuesta sería la planteada por la Asamblea Nacional de Alcaldes, que señala que el 50% que va al Gobierno Central sea redistribuido a las regiones que no tienen explotación minera. Sin embargo, esto significaría reprogramar los presupuestos sectoriales, cuya formulación se hace en base a las proyecciones sobre los referidos ingresos.
En todo caso, el fondo del asunto es que la manera como se distribuye puede llegar a situaciones absurdas: en Arequipa, hay distritos que han recibido más dinero que el Gobierno Regional y otras regiones. De esta manera, por ejemplo, el distrito de Yarabamba (provincia de Arequipa), donde se localiza el yacimiento Cerro Verde, el canon representa S/. 5,706 per capita mientras que en el Cercado (distrito principal de la provincia) es de sólo S/. 25 soles.
Finalmente, otra manera de ver este problema es el siguiente. De cuarenta y cuatro proyectos en agenda con recursos del canon en el primer semestre de este año, veintisiete tienen PIM (Presupuesto Institucional Modificado). Si dividimos los treinta y cinco millones de soles de PIM con que cuenta el Gobierno Regional de Arequipa para las diferentes obras incluidas en los 27 proyectos con PIM, tendríamos que a cada uno le correspondería un millón 321 mil soles; además, la mayor parte de proyectos financiados con recursos del canon se aplica al rubro de infraestructura y transporte. Saludamos así esta iniciativa ya que sin vías de comunicación no hay desarrollo; pero también hay otros temas importantes que aquejan a la población día a día, como son la salud, educación, empleo, seguridad ciudadana, entre otros.

Está bien que haya desarrollo construyendo pistas y carreteras, pero también es necesario tener proyectos sociales que tengan impacto regional en la población. Estamos pasando por una etapa de transición hacia una descentralización y esperamos que los próximo años, los errores del pasado sean superados en pro del beneficio de Arequipa.

Una ley que debilita la seguridad

El pasado 27 de setiembre, fue aprobado el reglamento de la Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones (Ley No. 29090), que entró en vigencia al día siguiente de su aprobación. Esta norma fue cuestionada desde su publicación en el 2007, por los colegios profesionales de Ingenieros y Arquitectos, que sostienen que no se puede alentar las construcciones a costa de la seguridad de las edificaciones.
Esta controversial ley creada con la finalidad de «promover la inversión inmobiliaria», establece cuatro nuevas modalidades de licencias de construcción, entre ellas las licencias automáticas, que se otorgan sin inspecciones previas, dejando de lado un tema esencial para la población: la calidad de lo construido.
En efecto, establece que para los casos de construcción de viviendas unifamiliares o multifamiliares de hasta 5 pisos, la licencia será automática siempre que se presente con el expediente la póliza de seguro con cobertura mínima por daños materiales y personales a terceros, con vigencia durante todo el período de ejecución de la obra. Además, los responsables de la construcción deberán presentar, el documento de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley de Seguridad Social y el Plano de Sostenimiento de Excavaciones, si hubiese sótano o semisótanos con profundidad mayor a 1.50 m.
Esto significa que las responsabilidades sobre cualquier contingencia durante la obra, recaen en el propietario. En pocas palabras si algo sucede, es “su” problema. La situación generada es grave porque de esta manera se afecta el derecho de la población a contar con una vivienda segura y es inaudito que el Estado trate de “lavarse las manos”.
Si bien en el caso de las viviendas unifamiliares de hasta 120 m2, se ha establecido que la Municipalidad podrá exigir la presentación de los planos de arquitectura y de estructuras de la edificación, suscritos por un arquitecto y un ingeniero civil, respectivamente, lo que brinda mayor seguridad a la calidad de la construcción, no podemos desviar la mirada del problema central.
Dadas las características geofísicas de nuestro país, nuestro territorio presenta una gran actividad sísmica y sería irresponsable evadir los estudios correspondientes antes de construir una casa, con la finalidad de ganar tiempo. Es algo contradictorio que, para beneficiar al usuario a que cuente con una vivienda, se agilice el trámite y el resultado de éste sea una edificación insegura.
Creemos que una vez más la ley que rige a nivel nacional, no atiende las verdaderas necesidades de la ciudadanía y no prioriza el bienestar de las ciudades, por lo cual urge un proceso de rediseño, en el que se atienda las opiniones de los expertos y hasta del sentido común. Si lo ideal es construir sobre seguro, entonces antes de construir una casa, debe existir un anteproyecto aprobado para que la Municipalidad respectiva pueda emitir la licencia. Sólo así se asegura la integridad de los habitantes.
Si no se revisa y se modifica esta reglamentación, tendremos que afrontar una vez más, las consecuencias de una ley –una más– que no prioriza la seguridad plena de los habitantes. Y probablemente tendremos como triste lección, más obras en conflicto, más construcciones sin criterio técnico y más tragedias que lamentar, bajo el techo de una ley que desmorona nuestra seguridad.

martes

Nro. 53 El manejo económico tiene que ser parte de la agenda pública

Las primeras páginas de los periódicos durante los últimos días, estuvieron salpicadas por distintos sucesos y debates que marcan el corto plazo. Entre las protestas callejeras y el bloqueo de carreteras en Tacna, Sicuani y Cajamarca por un lado y los «petroaudios» y la reclusión de Magaly Medina, por otro, la indispensable discusión sobre el modelo económico y el futuro de la política económica de cara a la inocultable crisis financiera global, no termina de aparecer con la necesaria fuerza y claridad en la agenda pública nacional. 

Ciertamente la conflictividad social y las dificultades del gobierno, incluso con nuevo Premier y con gabinete remozado, son importantes, como lo es también la significativa corrupción que se evidencia tras el caso León Alegría, que parece ir más allá de una concesión petrolera amañada. Sin embargo, es claro que estamos asistiendo, a decir de distintos analistas, al fin de un ciclo de la globalización y a la más importante crisis del sistema, luego de la de 1929, lo que debiera alentar un profundo debate nacional sobre sus implicancias para el país. 

La inicial reacción gubernamental de restarle importancia y poco menos que anunciar el «blindaje» de nuestra economía frente a lo que ocurre en el mundo, cedió paso al anuncio presidencial de la incorporación de elementos keynesianos a su discurso del perro del hortelano. En idéntico sentido, las primeras respuestas del ministro Valdivieso, anunciando la restricción del gasto público para contener la inflación, se flexibilizaron con la firma de un acuerdo con la Asamblea de Gobiernos Regionales, en el que se compromete a mantenerles el 2009 su presupuesto actual, que se complementó con algunas declaraciones en las que advertía, todavía con timidez, de la posibilidad de «políticas contracíclicas». 

Entre un momento y el otro, se tuvo que aceptar que la inflación bordeará el 7% a fin de año; que los fondos de pensiones, en manos de las AFP han perdido ya más del 16% de su valor; que estamos asistiendo a la paulatina disminución de las remesas que enviaban los peruanos en el exterior, que bordearon los 2,200 millones de dólares el 2007...En otras palabras, todos incluido el gobierno, constatamos que la crisis nos alcanza y nos afecta. Lo que es peor, nos golpeará con mayor fuerza en los próximos meses, dada nuestra particular inserción subordinada en el sistema mundial. 

Ya es claro que en los próximos meses se reducirán los ingresos fiscales porque caerá el valor, precio y cantidad de los minerales que exportamos y disminuirá en general, la demanda americana de nuestros productos; como consecuencia de la disminución de nuestras exportaciones caerá nuestra cuenta externa porque muchas de las importaciones –tecnología, maquinaria, equipos y todo lo que no producimos– se mantendrán. La reducción del crédito, que ya estamos viviendo, se profundizará y el sobreendeudamiento que se observa en nuestra economía –el crecimiento exponencial que se ha visto en los créditos– seguramente nos pasará factura.

Es evidente que el futuro no es promisorio porque cada día es más claro que la crisis global está dejando de ser puramente financiera y se está manifestando ya en la economía real. Frente a una situación de tales características, ante la que ya están reaccionando con distinta velocidad y profundidad distintos países de la región, la agenda pública tiene que incorporar como aspecto central la discusión del modelo económico que tenemos desde el gobierno de Fujimori. En la misma, resulta indispensable saber en cuánto afectará la crisis nuestro PBI, cómo enfrentar el tema de la recaudación fiscal y de la política tributaria en general, cómo proteger el gasto social y qué recursos utilizar para impulsar la inversión productiva. Pero también es urgente definir cómo proteger a los sectores más vulnerables y a nuestro propio aparato productivo. 

Se hace indispensable, en una palabra, colocar la política económica en el centro de la agenda pública. Cerrar los ojos frente a sus implicancias, como pretenden aún distintos voceros del gobierno y algunos empresarios, interesados exclusivamente en proteger sus intereses y su ganancia, sería irresponsable. El Premier, convocado para calmar las aguas de la conflictividad social, tiene un desafío mayor: promover la transformación de una política económica que está tentando llevarnos, nuevamente, al círculo perverso del endeudamiento externo.

jueves

Ley de reestructuración de la deuda agraria

desco Opina - Regional
Desde el 5 de octubre, los agricultores que tuvieron deudas por créditos agropecuarios con la banca privada o pública, pueden acogerse al Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA). En esa fecha, entró en vigencia la Ley 29264, señalando dos vías para su aplicación; el primero es la extinción parcial de la deuda vencida al 31 de diciembre del 2007, hasta por diez mil nuevos soles de capital principal, sin incluir intereses, moras y otros gastos devengados; y la segunda modalidad contempla la refinanciación de las deudas de los campesinos.

De esta manera, se viabiliza la paralización de los remates de tierras por deudas agrarias, ya que no sólo considera los programas crediticios del Estado sino que incorpora a todo el sistema financiero nacional al autorizar al Banco Agropecuario (AGROBANCO) a comprar el íntegro de la cartera morosa para su administración y supervisión. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas transferirá 50 millones de nuevos soles con cargo a los bonos del Tesoro Público. Asimismo, AGROBANCO deberá establecer los procedimientos para la recuperación de las deudas en los plazos y condiciones del PREDA. Esto significa que su aplicación está sujeta al cumplimiento de la compra de la deuda morosa a las entidades financieras y una vez descontado el monto a extinguir, la diferencia será pagada por los agricultores en un plazo máximo de 5 años, sin intereses. Se estima que los campesinos beneficiados suman unos sesenta mil a nivel nacional, teniendo plazo hasta el 4 de diciembre para acogerse al dispositivo legal.

Aunque los cuestionamientos a la norma llegaron desde el Ejecutivo, argumentando que se incentiva la política del “perro muerto”, los congresistas que la auspiciaron niegan cualquier intención populista, afirmando que es un acto de justicia hacia el campesino abandonado por el Estado. En esa línea, es indudable que los productores agropecuarios del Perú concentran la mayor parte de la pobreza nacional, debido a una serie de factores entre los que se incluyen las erróneas políticas del sector Agricultura, la falta de formación técnica, la precariedad de la infraestructura vial, la ausencia de asesoramiento y monitoreo profesional, la fragmentación de los predios productivos, los bajos precios de los productos agrarios, la falta de capital de trabajo barato, entre otros.

Sin embargo, creemos que la dación de la referida norma a pocos días de la publicación de la Resolución Suprema Nº 076-2008-EF (27.09.08), que da por concluido el proceso de liquidación del Banco Agrario del Perú, esta aparente “solución justa y equitativa al problema del agro tradicional” se asocia a malos recuerdos. En efecto, desde inicios de los años 90 no parece haberse tomado en cuenta las lecciones sobre los errores populistas pasados, que terminaron costeando un poco más de 1,700 “malos créditos”, con una cifra de más de mil millones de soles (más de 16 millones de dólares americanos), sin contar las otras deudas que debimos asumir todos los peruanos a través del MEF.

La actual cartera morosa asciende a 48 millones de soles y, según fuentes del AGROBANCO, la norma incrementará peligrosamente las pérdidas acumuladas hasta bordear los 90 millones de soles, convirtiéndose en pesados grilletes que servirán de lastre al todavía joven Banco Agropecuario. Más aun, la solidaridad con el campesino pobre se traducirá en deudas saldadas pero con ello no estamos resolviendo sus problemas de falta de capital ni de calidad de inversión. Por lo tanto, en el mejor de los casos, lo dejaremos expuesto a ser sujeto de nuevos créditos, lo invitaremos a endeudarse nuevamente, a tener libre disponibilidad del dinero y a organizarse para hacer lobby con los parlamentarios en favor de una “justa condonación futura”. ¿No será que con esta Ley se está iniciando la agonía de la banca de fomento agrario, que apenas ha cumplido cinco años?


Entendemos que el país en su conjunto tiene una deuda social con el sector agrario; pero poca justicia hacemos con estas iniciativas efectistas, en tanto están lejos de reconocer y premiar a los 40 mil campesinos puntuales, interpretamos mal sus necesidades y promovemos el borrón y la cuenta nueva. El agro nacional necesita un servicio crediticio moderno y dinámico, que brinde asesoría técnica, incentive la educación financiera así como la cultura de pago y, simultáneamente, promueva una planificación organizada de las labores de siembra y cosecha para evitar sinsabores en sus economías. En otras palabras, el agro no necesita lástima, ni poses populistas, sino liderazgos con políticas sectoriales propositivas.

Estos servicios complementarios no encarecerían el producto crediticio. Si son articulados con las oficinas de promoción agraria de los gobiernos regionales o locales, ellos podrían supervisar el uso adecuado del crédito, y de esta manera cumplirían con gerenciar el desarrollo económico local, además de optimizarse los recursos humanos y económicos disponibles.

Reconstrucción y corrupción

desco Opina - Regional
Luego del sismo del 15 de agosto de 2007, que dejó 600 muertos, 70 mil casas derruidas y más de 100 mil hogares inhabitables (sin tener en cuenta los destrozos en la infraestructura productiva, en especial la huancavelicana), sería bueno preguntarnos qué ha pasado desde entonces.

Podríamos empezar indicando que al ministro de Vivienda de entonces se le planteó la urgente necesidad de reconstruir aceleradamente. En efecto, el referido Ministro se «instaló» en la zona afectada pero luego se fue a liderar el sector Salud, cuando ni siquiera habían comenzado las tareas programadas. Recordemos que los cambios en el Gabinete se produjeron en medio de los escándalos desatados por la revelación de actos de corrupción: patrulleros bamba, adquisiciones fraudulentas de ambulancias, alimentos sobrevalorados, etc., ahora lejanos e imperceptibles por los nuevos casos de alta corrupción, que hizo caer finalmente al Gabinete presidido por Jorge del Castillo.

Así, parece que a poco más de un año de la catástrofe ya no es urgente para nadie atender las zonas afectadas por el sismo. Tenemos como resultado una «urbanización» en Pisco con módulos del programa Mi Vivienda, que se pueden adquirir a un costo de 10 soles por día, es decir, dos tercios del jornal que se paga en esa provincia. En Chincha también hay oferta de viviendas por el estilo. En Ica debe haber sistemas similares. Sin embargo, ¿quiénes podrían acceder a este «beneficio»?

De otro lado, hasta la fecha el Ministerio de Vivienda habría entregado 28,000 bonos de solidaridad en Ica, Pisco, Chincha, Cañete y Yauyos (a Huancavelica que lo parta un rayo). El valor asciende a 172 millones de soles. Sin embargo, este apoyo que sale del erario nacional, parece que también ha sido afectado por la corrupción. No es poca cosa lo que estamos exponiendo. El negociado de los bonos compromete a autoridades locales en actividad o en retiro, a constructores y dueños de ferreterías y, lo que es más triste, a muchas familias damnificadas. Escuchamos en la zona de Villa de Arma en Huancavelica una frase que debe preocupar a todos los peruanos: «La corrupción es como Dios, está en todas partes, es invisible y será eterna en el Perú».
¿Le informarán al nuevo Presidente del Consejo de Ministros de esta situación? ¿Podrá, como ha prometido, luchar contra este y otros actos de corrupción? ¿Tendrá los medios y, sobre todo, el apoyo político del Presidente de la República en esta cruzada? Asimismo, ¿no sería bueno que solicite informes del proceso de reconstrucción en el Sur, antes que el malestar larvado termine por explotar, y se vuelva literalmente un terremoto –esta vez político–?

El Metropolitano inacabable de Lima

desco Opina - Regional
La última semana de setiembre estuvo cargada de controversias en torno al proyecto del Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad (Cosac), pues el Concejo Metropolitano aprobó, por mayoría, una decisión sorprendente: el aumento por segunda vez del presupuesto del proyecto en 200 millones de soles que ahora le costará a la ciudad nada menos que el doble de lo presupuestado inicialmente, 844 millones de soles en total. Pero el estupor surgió cuando se anunció que esta obra será recortada en 11.6 kilómetros pues ya no se ejecutará el tramo comprendido entre la avenida El Naranjal y el Parque Sinchi Roca, que corresponde a la última fase del proyecto, dejando con esta decisión al distrito de Comas fuera de los beneficios del célebre Metropolitano.

Los indicios de irregularidades en las licitaciones de buses que comprometen a altos funcionarios ediles cercanos al alcalde, alimentan sospechas de malos manejos y amenazan la paciencia ciudadana que ya ha sido puesta a prueba por Protransporte, el organismo municipal responsable de la implementación y el funcionamiento del Metropolitano, ante el caos sembrado en las vias con las obras, tráfico y desvíos.

Los constantes cambios en el equipo técnico de Protransporte y las demoras en la ejecución, acusan inoperancia, por ejemplo, la demora en la habilitación de paraderos en el tramo sur que ya está terminado. Ante esto, el Municipio decidió que la Empresa Municipal Administradora del Peaje, Emape, asuma este trabajo, mientras Protransporte continuará con el tramo norte. Pero Emape tampoco cuenta con la confianza ciudadana dado que es la encargada del mantenimiento de las principales vias de la ciudad y no podrían estar peor, además de los escándalos por licitaciones en los que se ha visto envuelta.

La transparencia, eje prioritario de relación entre una entidad pública que usa el dinero de los contribuyentes y la ciudadanía, no cuenta para el Alcalde de Lima que se las ingenia para eludir las explicaciones solicitadas en el Congreso de la República.

El Alcalde tampoco ha atendido las opiniones de especialistas sobre el criterio técnico de los paraderos y las terminales, dimensiones y ubicaciones que permitan accesos seguros y amplios acorde con una solución eficaz al problema de la congestión y el caos. Mucho menos, ha brindado a la ciudadanía la oportunidad de plantear sus inquietudes. Pero sí se esfuerza en asegurar que indudablemente entregará la obra a la ciudad a fines del próximo año, aunque los atrasos en la ejecución de las obras sea evidente.

Lima necesita un sistema de transporte eficiente y rápido pero también necesita que su gobierno metropolitano trace objetivos que trasciendan la frontera del periodo electoral y que dé explicaciones sobre la administración de las soluciones a los problemas generados en el proceso.

Con los buses del Metropolitano el viaje de Chorrillos a Comas debería tomar sólo 50 minutos, la mitad del tiempo que demora actualmente. Esta solución depende también de una adecuada administración de rutas donde las empresas que brindarán el servicio de buses actúen tomando en cuenta las necesidades de la ciudad, pues aún cuando se haya concluido la construcción del Metropolitano, la solución al problema del transporte urbano en Lima, no caerá del cielo: requiere emprender el ordenamiento de las unidades de transporte, transformar las empresas para que brinden servicios eficientes con personal capacitado y con buen trato. Además, es indispensable atender el problema de las combis, retirándolas de circulación gradualmente.

Es esencial un proceso de planificación insertado en un proyecto mayor, un proyecto de ciudad preparado para los cambios, que considere las proyecciones de flujo, con revisiones técnicas que garanticen la calidad del parque automotor de la ciudad, donde las modificaciones apuntan a mejorar problemas estructurales, necesariamente de largo plazo y que incluya a la población que diariamente se desplaza usando el servicio público, a la postre la alternativa sostenible para la ciudad.

La ciudad que queremos
La improvisación en las obras viales evidencia un problema de mayor incidencia en nuestro desarrollo urbano. Esta fiebre de obras que se ejecutan al son de los ritmos de prioridades políticas del alcalde no responde siquiera al cumplimiento ordenado de un plan metropolitano de inversiones.

Así pues, los ciudadanos que usamos el transporte público diariamente, que convivimos en esta ciudad donde la participación ciudadana en los proyectos metropolitanos es inexistente, donde no hay una política de rendición de cuentas y los vecinos podamos estar al tanto de lo que se hace con el dinero de la ciudad, requerimos la práctica democrática como medio que permita a nuestra ciudad crecer saludablemente.

En esta vía de contrasentido marcado por las decisiones y políticas emprendidas por el gobierno municipal, seguiremos mucho tiempo más ejercitando la paciencia frente a la informalidad de las empresas, la alta peligrosidad de las pistas, los accidentes y afrontando a cada paso una ciudad cuyas calles no están hechas para personas, donde cruzar y terminar ileso es una gran suerte.

martes

Nro. 52 Maniobrando en el vendaval

La tormenta desatada al revelarse los altos niveles de corrupción que envuelven nuevamente a un gobierno peruano, tardará mucho en disiparse, en el mejor de los casos.  Las próximas encuestas de opinión  indicarán si esto es manejado como un hecho circunstancial por el presidente García o simplemente se ha establecido un punto de no retorno en la baja confianza que despierta el mandatario ante la ciudadanía.

En ese sentido, no puede negarse la rápida reacción de Alan García, apuntando además, a la dirección correcta.  No dudó de la necesidad de hacer cambios importantes en su Gabinete de Ministros y, por otro lado, convocar a personas ajenas a su partido y con una imagen favorable en la opinión pública.  Aun cuando la extendida mancha de corrupción quedará impregnada como sospecha en lo que queda de su gestión, la designación de Yehude Simon como nuevo Presidente del Consejo de Ministros tiene la virtud de inyectarle oxígeno a un Ejecutivo que empezaba a ahogarse sin mostrar mayor reacción, ante las imágenes y audios de lobbistas inopinados actuando en altos círculos del poder.

Difundida su designación, se esperaba de Simon mucha voluntad pero poca capacidad para imponer condiciones en el Gabinete que iba a presidir.  Al conocerse los nombres, los pronósticos más pesimistas no se cumplieron pero sin que ello indique que el recién estrenado Premier se conducirá con un cuerpo de ministros que automáticamente cerrará filas con él.  Finalmente, es un gabinete que sólo ha cambiado seis de sus integrantes –de un total de dieciséis– siendo personas allegadas al nuevo Premier, tres ellos.  Una cosecha no muy mala pero tampoco buena.

¿Qué le espera a Simon?  Hay dos escenarios.  En el corto plazo, Simon tendrá que persuadirse que su acción viene acotada por los lineamientos ya impuestos en las políticas gubernamentales.  Es decir, más temprano que tarde deberá aceptar que desde su cargo puede dar algunos golpes de timón pero no variar rutas pre establecidas, ya sea en materia económica o social.  En ese sentido, será muy interesante saber cómo piensa combatir la corrupción, algo que anunció como su preocupación fundamental, así como su opinión respecto a la elección próxima del Contralor de la República.

El otro escenario es del cortísmo plazo.  En este plano, sus retos son mayores.  Uno de ellos será reemplazar a Jorge del Castillo en las tareas de bombero de las protestas sociales que se multiplican en el país.  Como antecedente están los días finales de Del Castillo: abrumado y sin mayores ideas respecto a cómo afrontarlas. La segunda cuestión para Simon es el reacomodo de las relaciones entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales.  Hasta antes de su designación, era una especie de vocero de los presidentes regionales ante el Presidente de la República.  Ahora, en la misma mesa, cambiará de lugar y será el vocero del Ejecutivo ante las autoridades de las regiones.

Un tercer aspecto será la distribución sectorial del Presupuesto de la República 2009.  Como se sabe, el pliego ingresará a la discusión política en el Congreso y allí Simon no tiene muchos amigos.  Los fujimoristas ya han empezado a enseñarle los dientes, los apristas deben estar resentidos ante su desalojo del Ejecutivo, los nacionalistas manifiestan sus dudas y quieren «ver para creer» y los diferentes grupos que tuvieron su origen en Unidad Nacional no disimulan su desconfianza. Finalmente, está el impulso que debería tomar el proceso de descentralización.  Se supone que Simon tiene el interés, las ideas e, incluso, los equipos humanos necesarios para este fin.  Sin embargo, ¿tendrá a su favor la correlación política suficiente para afrontar exitosamente esta tarea?

Con el Gabinete Simon tenemos una certeza: le ha dado espacio de maniobra a un Ejecutivo que se veía cercado aunque hay varias interrogantes sobre los aspectos descritos líneas arriba y otros más. Por ejemplo, su reacción frente a la voluntad aprista de amnistiar a un número significativo de policías y militares procesados por delitos contra los derechos humanos y alentada por el propio Alan García. Sumemos a ello su error de entrada, al afirmar que dentro de dos meses habrá más cambios en el equipo ministerial, lo que puede provocar inestabilidad y dar señales equívocas hacia la ciudadanía.  Ojalá que llegado diciembre el cambio anunciado no lo involucre.

jueves

Y después de la derogatoria de la Ley de la Selva ¿qué?

desco Opina - Regional

Luego de un ardoroso debate, el 21 de setiembre el Congreso de la República aprobó la derogatoria de los D.L. 1015 -popularmente conocido como la Ley de la Selva- y 1073.  Sesenta y dos votos a favor y veintisiete en contra, fueron suficientes para que el Poder Legislativo dé la razón a los reclamos nativos y disienta con el Poder Ejecutivo. Días atrás, el presidente Alan García, señaló que sería irresponsable dejar prosperar tamaña solicitud y que esa posibilidad sería observada por su despacho. A su vez, el ministro de Agricultura se congració con el mandatario, culpando “a los buitres del siglo XXI” (las ONG) de financiar la movilización y promover los desmanes. Mientras tanto, el premier Del Castillo desconfió de la capacidad de articulación que tienen los pueblos amazónicos para realizar este tipo de protestas, dejando entrever que intereses oscuros se escondían tras los sucesos.

Cuando todo hacía presagiar abiertas discrepancias entre el Congreso y Palacio de Gobierno, un conveniente homenaje póstumo a la congresista Fabiola Salazar dio un marco ideal para la promulgación de la Ley 29261, sin que nadie se sienta aludido, resentido ni afectado por esos dos escuetos artículos que contiene: ningún medio periodístico ha ahondado en la negativa y terquedad presidencial de reconocer públicamente su derrota política ante la movilización parcial del oriente peruano.

Danzas de guerra…lanzas en ristre

La Selva celebró muy a su estilo la derogatoria, pero tras el triunfo de la movilización se ha percatado que las puertas han quedado abiertas para nuevas movilizaciones, paralizaciones y protestas. A los D.L. 1015 y 1073 se le pueden ir agregando otras 22 normas que, para el sentir de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) o de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), son lesivas a los intereses de las etnias y pueblos amazónicos.  Ya se anuncian nuevas paralizaciones para noviembre y el Gobierno Central se ha quedado sin conciliador al habérsele negado esa calidad al ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack, quien no ha sido capaz de consolidar un espacio de diálogo con los nativos. Situación que se agrava porque el Poder Ejecutivo plantea dialogar solamente con la CONAP y no con AIDESEP, a quien ha dispuesto sea investigada por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Más allá de los emotivos comentarios locales sobre la derrota e incapacidad del Gobierno para imponer una norma impopular, no ha habido mayores espacios de análisis que permitan reconocer las causas por las cuales no todos los supuestos afectados por los decretos leyes derogados participaron de las jornadas de lucha. En primer lugar, las organizaciones amazónicas han mostrado deficiencias en su capacidad de organización y  visibilización de intereses comunes; y abiertos desencuentros entre líderes y posiciones institucionales divergentes. De otro lado, las metodologías de resistencia y los mecanismos de expresión internos, hacen aparentemente infranqueable la conciliación de acciones. La AIDESEP y la CONAP tienen serios problemas para sentarse a dialogar; a esta última incluso se le acusa de trabajar coludida con la Empresa PLUSPETROL. Al respecto en la Selva Central más de una comunidad nativa está aprovechando la presencia de “la petrolífera” que desarrolla exploraciones en los distritos del río Palcazu, siendo posible pensar que se les ha financiado algunas de sus actividades internas y por ello, se han mantenido al margen de los sucesos para no ahuyentar el apoyo empresarial.  Sin embargo, de aprobarse las labores de explotación petrolera en la zona, la factura social y política será trasladada a sus representantes, quienes tendrán serios problemas de credibilidad para explicar las características de esas relaciones.

Otro aspecto a considerar es la creciente comercialización informal de tierras que realizan muchas comunidades nativas. Según algunas estimaciones empíricas y sin ningún sustento técnico manifestadas por los mismos nativos de la provincia de Oxapampa, más del 40% de las tierras de sus comunidades se hallan en poder de colonos minifundistas provenientes de la Sierra Central. La pobreza ha obligado a  sus poseedores a desprenderse de ellas para sanear sus necesidades económicas. Entonces, es presumible que el temor a las leyes aludidas no sea por la venta de las mismas, sino por una posible aplicación radical y sin participación de los afectados para favorecer a grandes empresas. De otro lado, la precariedad de estas ventas -realizadas al margen del marco legal vigente- mantiene expectantes y tensos a los colonos; pero no los entusiasma a exponer abiertamente su débil situación legal.

Finalmente, un tema que ha quedado claro es que no todos los manifestantes tenían pleno conocimiento de los alcances de las normas aludidas. Las interpretaciones sesgadas, los acalorados discursos y los rumores distorsionaron la posibilidad de comunicación y entendimiento, dificultando, además, la posibilidad de construir colectivamente propuestas alternativas que sean técnicamente viables para beneficiar a las comunidades nativas.

…. Tercera Cumbre Amazónica

Entonces, el jolgorio por la derogatoria se trasladó a la Tercera Cumbre Amazónica celebrada el 21 de setiembre en Yurimaguas. Asistieron congresistas, presidentes regionales, algunos alcaldes y líderes de comunidades nativas, además de otros invitados como líderes de organizaciones políticas, grupos sindicales y frentes de defensa entre otros.  Los representantes de la CONAP no asistieron por su abierta discrepancia con la AIDESEP, quien acaparó el protagonismo. El tema central de la agenda era elaborar un Plan de lucha contra el abuso del Estado,  señalándose las 22 normas que están siendo incorporadas a la agenda de las “derogables”.

Más allá de estas intervenciones circunstanciales, no debemos de perder de vista la agresiva contaminación política que sufrirán estos grupos cuyas demandas de interés local se verán diluidas por utilizaciones partidarias en vísperas del foro de la APEC. Quienes resistieron a la Ley de la Selva pueden perder de vista que desde el Ejecutivo o desde el Congreso se insistirá en retomar el tema amazónico, cuyo actual desenlace es una enconosa espina que no ha dejado contentos a los miembros del partido de gobierno. 

miércoles

Nro. 51 ¿Cuál es la estrategia peruana frente a la crisis internacional?

La crisis financiera internacional ha hecho metástasis. En tan solo 7 horas y media, el índice de Dow Jones cayó 778 puntos, lo que en la práctica representó una pérdida de aproximadamente 1.2 billones de dólares para la bolsa de Wall Street. Para hacernos una idea de las magnitudes entre manos, tenemos que en tan sólo un día, se perdió casi el doble de lo que el plan Paulsen pedía para rescatar a la economía financiera americana. A su vez, esta cifra representa casi el 10% del producto de los Estados Unidos y equivale a un poco más de 10 veces lo que produce la economía peruana en un año. Esto sin contar que en lo que va del año 2008, ya se han perdido 4.8 billones de dólares.

La onda expansiva de la crisis financiera ha arrastrado hacia abajo a las bolsas europeas, latinoamericanas y, mientras se escribía esta reflexión, a las asiáticas también. Las bolsas más afectadas en América Latina han sido la brasilera y la argentina, con -9.4% y -8.7% respectivamente. En tanto que la BVL cayó en un 4.9%. Es decir una descapitalización de USD 4.5 miles de millones. Este desplome acumuló una caída total en lo que va del año de 36%, lo que literalmente ha esfumado el avance logrado durante todo el año 2007. Para nuestra bolsa, ciertamente, el Perú ya no avanza. Retrocede.

Pero en la otra orilla del análisis, contrasta el notable incremento del precio del oro y el dólar, considerados refugios seguros por los inversionistas para afrontar las crisis recurrentes del sector financiero global. Mientras que el precio del oro aumentó en 2.9% (alcanzando los USD 906.3 la onza), el dólar se revaluó en 0.54%, a pesar del monto récord de dólares vendidos por el BCRP (USD 418 millones) para tratar de contener la caída de nuestro nuevo sol. 

¿Cuáles han sido las reacciones en el mundo? En los Estados Unidos se ha producido una movilización ciudadana descomunal que pide la inmediata destitución del actual Presidente Bush a la par que busca evitar con éxito los costosos planes de salvataje financiero que son un claro ejemplo de socialización de las pérdidas frente a la ganancia de unos pocos malos inversionistas. Se ha provisto de información abundante del costo del plan de salvataje para cada americano y el impacto que éste tendrá sobre sus obligaciones y derechos más fundamentales: los impuestos, la salud y las pensiones. Por su parte, los bancos centrales de Europa han tenido que intervenir, ya sea inyectando dinero en los bancos o bien nacionalizando algunos de ellos, a la par que sus ojos no dejan de mirar que piensan hacer al otro lado del océano para acabar con la crisis financiera de una vez por todas.

En contraste, en nuestro país, la capacidad de convocatoria de nuestros decidores para formular una estrategia coherente y urgente para afrontar la nueva coyuntura internacional aparece obnubilada e incierta. Sólo han aparecido algunos tímidos balbuceos para informar sobre lo que se está haciendo en el margen para capear  la crisis, a la par que se asegura por enésima vez que nuestra economía es lo suficientemente fuerte para afrontarla. 

En efecto, la ministra de Comercio Exterior, por ejemplo, ha atinado a decir que “la crisis ha afectado la exportación de textiles y confecciones al mercado norteamericano, pero felizmente nuestro sector es inteligente, y hemos podido abrir otros mercados, y eso compensa la mala situación” (Perú21.com) ¿Acaso no ha escuchado la ministra que la crisis actual está afectando a las economías líderes del mundo entero? No es buena para el desarrollo la estrategia de diversificación de mercados cuando nuestra actual oferta exportable se concentra en unos cuantos productos básicos. Por el contrario, es más racional en términos de un menor riesgo exportador diversificar nuestra oferta productiva hacia productos de mayor valor agregado que puedan comercializarse en cualquier mercado del mundo. Para ello, es necesario transformar nuestra matriz productiva a través de una propuesta de desarrollo que nadie se atreve a proponer porque el gobierno no tiene la capacidad o voluntad política para aplicar, por ejemplo, impuestos extraordinarios a las sobreganancias de las corporaciones mineras, en especial el oro.

Por su parte, el ministro de Economía ya no parece tan convencido cuando intenta afirmar que nuestro país está preparado para afrontar la crisis venidera. El discurso del ajuste del presupuesto público ha perdido validez incluso dentro del propio Fondo Monetario Internacional. Así lo señalan las recientes declaraciones dadas por Dominique Strauss-Kahn, director ejecutivo del FMI, ante la prensa francesa y reproducidas en la web del Fondo: “Es por causa que no hubieron regulaciones o controles, o insuficientes regulaciones o controles, que esta situación ha nacido” afirmó. “debemos sacar conclusiones de lo que ha pasado –es decir regular, con gran precisión, las instituciones financieras y los mercados”. “El plan [de los USD 700 mil millones de los Estados Unidos] es bienvenido porque es amplio. Pero tiene que ser el primer paso para una acción política internacional”. Y finalmente, “Estamos afrontando una crisis sistémica, y por tanto necesita una respuesta sistémica”.

¿Por qué en el Perú no se debate pública y abiertamente cuál va a ser nuestra respuesta política y sistémica ante la crisis? En realidad, este tema sólo se debate en los cenáculos del poder económico y financiero, construyendo lobbies y generando recursos necesarios para afrontar con éxito los efectos de esta coyuntura tan adversa. Pero con seguridad, estas medidas trasladarán los efectos negativos de la crisis hacia un menor nivel de remuneraciones y menos empleos para la población peruana.

Entre tanto, el país permanece intoxicado y marginado del debate que realmente  debería importarle; por ahora se nos vende el discurso de que este es “un lío de tecnocrátas” y que no tenemos por qué preocuparnos. Mientras, seguimos enchufados al sonsonete de los otorongos, que paradójicamente, son los elegidos para debatir los destinos de la nación con justicia y equidad.

lunes

Nro. 50 ¿El espejo boliviano?

Los recientes y dramáticos sucesos bolivianos, que enfrentan a un gobierno que obtuvo más de dos tercios de los votos en el referéndum revocatorio de agosto pasado, ganando en 95 de 112 provincias e incrementando en más de 600,000 votos el resultado que obtuviera en las elecciones presidenciales, con un grupo minoritario de empresarios y sectores urbanos de 4 departamentos, parecen haber entrado a un momento de indispensable negociación, ayudada, entre otras cosas, como no podía ser de otra manera, por el claro respaldo de los gobiernos de la región (UNASUR) a la indiscutible legitimidad de Evo Morales.

El proceso que vive el hermano país debe servirnos para reflexionar sobre la relación entre mayorías y minorías en el marco de la democracia, pero también para preguntarnos sobre la difícil vinculación entre ésta y la necesidad de cambios significativos en las relaciones de desigualdad y exclusión que caracterizan a la mayoría de sociedades en nuestro continente.

Si bien el gobierno peruano se alineó con el respaldo a la democracia en Bolivia, y por lo tanto con el apoyo a Evo Morales, es claro que intentó diferenciarse de los otros gobiernos de la región. A la ausencia del presidente García en la reunión de mandatarios en Santiago de Chile, justificada con razones pueriles –fuimos el único país representado por su Canciller– se le añadió el énfasis de la Cancillería en responder el equivocado pronunciamiento boliviano que señalaba la presencia de sicarios peruanos y brasileños en la masacre de Pando. En el fondo, nuestro mandatario y su gobierno buscaron diferenciarse porque entienden que las protestas violentas y los bloqueos de carreteras en Bolivia eran aceptables porque se enfrentaban a un modelo estatista e indigenista, que es en su particular «filosofía», el del perro del hortelano.

En nuestro país, protestas similares en las formas, aunque con bastante menos violencia y con actores populares, son denunciadas y criticadas implacablemente y empiezan a ser judicializadas en nombre de la defensa de la democracia, olvidando interesadamente algunas cuestiones elementales. En principio, que ella supone un conjunto de derechos, bases mínimas de igualdad, por lo menos jurídica, así como mecanismos y procedimientos para resolver legalmente los conflictos y las diferencias.

En segundo lugar, como lo demuestra la experiencia internacional, que la falta de propuestas inclusivas de las minorías, exacerba la conflictividad, como lo demuestra el caso boliviano en donde, no obstante su legitimidad y su innegable peso electoral, el gobierno de Evo Morales se haya tenido que sentar a negociar con sus opositores, anunciando ya, por ejemplo, que la Constitución incorporará el asunto de las autonomías.

¿Será muy difícil para nuestros gobernantes aceptar que con sus políticas y su comportamiento exacerban el malestar de importantes sectores de la población? ¿Será mucho pedir –máxime cuando nunca tuvieron el 67.4% de los votos y hoy aparecen en caída libre en las distintas encuestas de opinión pública– que entiendan la importancia de los intereses y las percepciones de importantes sectores de la población? Estamos convencidos que nuestros gobernantes harían bien, si por un instante se miran desapasionadamente en el espejo boliviano.

martes

Bases para la integración del Sur peruano

Desco Opina Regional

A pesar del actual contexto desfavorable para el proceso de descentralización, por la poca voluntad expresada por el actual gobierno nacional para fortalecerlo y consolidarlo, recientemente se llevó a cabo el II Encuentro de Consejeros Regionales del Sur del Perú donde, con firmeza, los consejeros manifestaron su conformidad con la instalación del  Polo Petroquímico del Sur por Petroperú y Petrobras, en base a la construcción del  Gasoducto Andino con nexos regionales para darle valor agregado industrial. Derivado de esto, se enfatizó en que el gas no debe exportarse a Chile, y más bien promover su transformación en productos como fertilizantes, plásticos, insumos químicos, electricidad, etc.
 
En el discurso de clausura, el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, declaró que, a diferencia de otras zonas del país, el proceso de integración del sur peruano se procesaba desde las mismas regiones, encontrando puntos en común y debatiendo soluciones a los problemas interregionales.
 
Así, los días 25 y 26 de agosto los consejeros regionales de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, después de las exposiciones del ex ministro de Agricultura Carlos Amat y León y del ex parlamentario Manuel Dammert, aprobaron la Declaración de Arequipa señalando, en primer lugar, que el calentamiento global provocado por los países desarrollados está disminuyendo el recurso hídrico y, en consecuencia, incrementando la vulnerabilidad y la pobreza de las zonas altoandinas.

De otro lado, se afirmó que el Decreto Legislativo Nº 1081 - que crea el sistema nacional de recursos hídricos- centraliza las decisiones sobre la gestión del agua y las deriva hacia el sector privado. Este decreto empeorará las relaciones entre la comunidad y el sector privado; en tanto los consejeros regionales proponen la creación de la Autoridad de Aguas Macroregional participativa, integrada por los distintos usuarios que determinen el uso racional del agua, y la derogatoria del DL Nº 1081.
 
De igual manera, se estima que los derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales se establecen sin consultar a los gobiernos regionales y municipales ni a la población afectada, provocando conflictos sociales; por lo cual se suscribió la Agenda legislativa macroregional de protección de los recursos naturales y fortalecimiento de la democracia. Asimismo, como propuesta para la acción conjunta, se acordó conformar el Consejo Inter-Regional que además de los temas anteriores discuta el ordenamiento y delimitación territorial.
 
Del mismo modo, el II Encuentro de Consejeros Regionales, cuya organización recayó en los consejeros de Islay y Arequipa, Fernando Bossio Rotondo y Javier Lizárraga Lazo, también acordó exigir al Gobierno Central la pronta ejecución y culminación de los proyectos macro regionales, como la carretera Inter-Oceánica, la planta de uranio (Puno) y otros proyectos similares.
 
Otro aspecto discutido ampliamente fue la reforma fiscal, propugnada por todos los gobiernos regionales, que debe contemplar la creación del impuesto a las sobre-ganancias mineras, así como el estudio, revisión y debate para la modificación de los términos económicos y tributarios de las concesiones mineras y sus respectivos contratos. Agregado a ello, se propone la Iniciativa Legislativa de Reforma Fiscal para la Descentralización de los Tributos en general.
 
Para implementar los acuerdos, deberán constituirse equipos macroregionales para presentar iniciativas normativas e impulsar proyectos macroregionales tales como a) la construcción de la cadena de frío en el sector pesquero para el consumo humano, con aportes tributarios efectivos del sector; b) el plan vial macro regional y competencia compartida regional-nacional en la fiscalización de la construcción de la vía Interoceánica del sur, complementándola con el eje Matarani-Ilo-Tacna a La Paz y Santos en Brasil; c) incremento de fuentes de generación de energía eléctrica, sobre la base de las plantas hidroeléctricas en actual funcionamiento (Majes, Machupicchu, San Gabán, etc.) y la sustitución de carbón por gas en Enersur-Ilo; d) ampliar y modernizar el par portuario interoceánico competitivo de Ilo y Matarani, asumiendo su condición portuaria competitiva del sur peruano con los puertos chilenos de Arica, Iquique y  Mejillones; e) promoción de las cadenas productivas de la región macro sur: camélidos, agroindustrias, manufactureras, pesqueras, minero- metalúrgicas, turísticas, impulsando sus infraestructuras básicas de apoyo con inversión pública y privada; f) promoción de un sistema de innovaciones científicas y  tecnológicas de las Universidades del macro-sur, con un programa de investigación, capacitación y profesionalización, en función de la transformación  productiva del sur; g) generación de una red macro-sur de centros de plataformas logísticas, comerciales, e industriales en las zonas de desarrollo especial (Ceticos, Zonas Francas, etc.) de Tacna, Ilo, Matarani, Arequipa, Puno y Juliaca; h) reforma aduanera binacional Perú-Bolivia, para facilitar los intercambios y la integración, especialmente en los pasos de frontera y en los terminales de almacenamiento portuario; i) plan de desarrollo de infraestructura y servicios del circuito turístico del macro-sur, con políticas de conservación y puesta en valor de los patrimonios naturales y culturales; j) creación de un Fondo para el Desarrollo Sustentable en Gestión de la Cuenca Macro Regional, financiado con el impuesto a las sobre ganancias mineras, el cual debe ser visto como un derecho de restitución y una compensación real ante los efectos negativos que causa la explotación minera al medio ambiente.
 
Finalmente, otras resoluciones del referido Encuentro fueron que los consejos regionales deberán ratificar en las próximas sesiones de sus respectivos Consejos los compromisos aprobados, a través de acuerdos regionales; y que el III Encuentro Macro Regional de Consejeros Regionales del Sur del Perú, se realice en la ciudad del Cusco, la primera quincena de diciembre.

jueves

Nro. 49 Cavilaciones presidenciales

Una quincena particularmente densa, signada por las movilizaciones de los pueblos originarios de la Amazonía y las diversas reacciones que suscitó la conmemoración del quinto año de entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, coincidente con la corrosión de la aprobación a la gestión presidencial que gana velocidad.  

En ambos casos, los acontecimientos tuvieron la virtud de revelar las inconsistencias bajo las cuales se desenvuelve el esquema gubernamental y, más aun, los límites cada vez mayores para la gobernabilidad democrática del país que impone el modelo económico vigente.  

En el caso de lo ocurrido en diversos puntos de la Amazonía, lo que se ha puesto en cuestión son los criterios con los que se debe desenvolver el Estado de Derecho y la correspondencia que éstos guardan con los objetivos del actual gobierno. En efecto, el malestar expresado por los pueblos nativos que habitan en territorios amazónicos, tan peruanos como el que más, se explica por algo tan claro y simple como el cumplimiento de la normatividad vigente.  

Distintos instrumentos internacionales suscritos por el país, entre los que destaca el Convenio 169 de la OIT, establecen  procedimientos de consulta, grados de autonomía y obligación de preservar el capital cultural de las sociedades, que han sido contradichos por varios decretos legislativos dictados por el Ejecutivo, entre otras cosas, para adecuar al país a lo establecido por el TLC con los Estados Unidos.  

Ante la fuerza de la protesta y la multiplicación de las críticas, la acción gubernamental apareció sin derroteros fijos, pareciendo obedecer a los ritmos de la coyuntura y sin ninguna idea cierta al respecto. En menos de dos semanas, el Presidente de la República pasó de la absoluta inflexibilidad –llegando a establecer  incluso el estado de emergencia– a la insólita declaración de que el Ejecutivo no había considerado las diferencias existentes entre las comunidades campesinas y las comunidades nativas en el momento que redactó sus normas. Mientras tanto, el mismo Congreso que había ratificado los decretos legislativos cuestionados, decidió finalmente dejarlos sin efecto.  

Por lo demás, las convulsiones sociales en la región amazónica revelaron, una vez más, las enormes fragilidades de nuestra institucionalidad y su creciente incapacidad para procesar las demandas sociales. Más allá de ello, cabe preguntarse como se resuelve la contradicción entre objetivos tan divergentes como los que exigen respecto a los pueblos originarios, el TLC y de otro lado, los tratados internacionales y la Constitución Política. Obviamente se trata de un asunto netamente político y, como tal, será determinado por las prioridades del gobierno de García. En consecuencia, estamos avisados.  
   
Pero éste es sólo un lado de los problemas que debe procesar el Ejecutivo.  La espiral inflacionaria puede empezar a generar un campo de potencial conflictividad que se localizaría esencialmente en los ámbitos urbanos, allí donde se expresó precisamente el principal apoyo electoral para el APRA en las elecciones del 2006. En ese caso, la rápida tendencia al endurecimiento, apostando por una mayor represión puede tomar cuerpo en los próximos meses, apoyada por las intenciones que empiezan a expresarse alrededor del debate presupuestal para el 2009, que debe iniciarse dentro de poco. Sobre la premisa de no expandir el gasto público como medida para contener la inflación, en ese debate veremos cuáles son las prioridades del  gobierno, –tal como se ha vislumbrado con los acontecimientos en la Amazonía– si obtener grados de inversión o apostar por el desarrollo sostenible.  

Finalmente, nada de lo que compone el actual escenario político, social y económico es ajeno a las reacciones  ante los eventos conmemorativos del Informe de la CVR.  Como se sabe, sus recomendaciones buscan formular garantías para que lo sucedido no vuelva a ocurrir nunca más.  De allí los criterios para reparar los daños causados por el Estado en el ciclo de violencia política, como factor indispensable para  una construcción democrática que debía acompañarse de una profunda reforma del aparato estatal. A juzgar por las declaraciones destempladas de distintos voceros del gobierno, y como no podía ser de otra manera, del Cardenal Cipriani, de lo que se trata es de “olvidar” y pasar la página como si no hubiera pasado nada, motivando la rápida y contundente respuesta del monseñor Luis Bambarén: «Si hubiera hablado [el cardenal Cipiriani], habría salvado vidas».

Es evidente que algo ha empezado a moverse aun cuando la retórica oficial diga que todo marcha por buen camino. Al respecto, el comunicado emitido por los obispos de la selva peruana, llama la atención sobre el hecho de que los conflictos sociales no son síntomas de problemas circunstanciales sino demandas que ponen en cuestión los ejes mismos del actual modelo económico.