martes
Nro. 55 Después de la fiesta
miércoles
Producto de bandera… productores olvidados
Regional
Mientras en Lima se desarrollaba un proceso de acondicionamiento de calles, avenidas y parques para la reunión de APEC, con el consiguiente desembolso de innumerables recursos que posibilitaran interesar a los visitantes para invertir en el Perú, particularmente en el rubro agrario, en el interior del país acontecían una serie de movilizaciones de los productores esperando atención a sus demandas. Una de ellas debe ser destacada en nuestro caso, porque el Gobierno se habría comprometido a mejorar los precios de la fibra de alpaca, principal fuente de ingreso para las miles de familias que habitan los altos andes del Perú, entre
Queremos recordar también, que durante su campaña presidencial, el Dr. Alan García ofreció un sistema de mejora a través de la creación de un híbrido denominado paco-vicuña. Posteriormente, al desarticularse el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos, se desconoce cuáles son las líneas matrices para el sector: ¿Cuáles son las alternativas del gobierno, de las que dependen las familias más pobres del Perú? En este contexto, nos hacemos partícipes del siguiente pronunciamiento de los productores huancavelicanos.
PRONUNCIAMIENTO
La Asociación de Promotores Alpaqueros y Servicios Múltiples de la Región Huancavelica – APROAL, hace de conocimiento público y aclara; que las emisiones radiales y televisivas que se vienen difundiendo desde hace unos meses, en relación con los precios de la fibra de alpaca, donde se menciona que la fibra ha mejorado de
Además manifestamos lo siguiente:
Primero.- Los precios de la fibra son manejados monopólicamente por la industria textil arequipeña y sus intermediarios, por lo tanto; ni los productores ni mucho menos la minería tenemos ingerencia o poder para subir y bajar los precios. A pesar de éste escenario; la APROAL ha logrado organizar por gestión propia la oferta de la fibra, y realizar mejores negociaciones y con ello regular los precios de la fibra en el mercado regional a favor de los productores alpaqueros desde el 2003 hasta la actualidad.
La APROAL reconoce y agradece los aportes de diferente índole por parte de instituciones y proyectos ligados al sector alpaquero huancavelicano, sin embargo, individualmente; éstas no fueron determinantes para alcanzar los logros de nuestra organización.
Segundo.- Mostramos nuestro absoluto descontento por la desidia total de parte del Gobierno Central y Regional por generar políticas publicas en favor de las comunidades alpaqueras de la región Huancavelica, que a su vez históricamente ha sido sometida a los grandes poderes económicos como la industria textil arequipeña.
Tercero.- Comunicamos nuestra absoluta preocupación por la caída de los precios de la fibra de alpaca en el mercado nacional y local; y la ausencia del Estado para regular los precios de la fibra a pesar de estar considerada como producto bandera nacional. No existen intentos por fomentar y fortalecer organizaciones de los productores como la APROAL, más por el contario estamos expuestos a las reglas desventajosas del mercado con capacidades debilitadas.
Cuarto.- Existe descoordinación o aislamiento a los productores por parte del Gobierno Regional de Huancavelica para la participación efectiva en la instalación de plantas textileras en la región, donde aparentemente los productores alpaqueros no contamos, olvidándose que somos los principales proveedores de materia prima.
No estamos en contra de iniciativas, empresas u otros que se quieran conformar a favor de los productores alpaqueros, sin embargo; debemos ser considerados como directos interesados.
Atentamente
Asociacion de Promotores Alpaqueros APROAL Huancavelica
La Directiva
martes
Seguridad ciudadana y desarrollo de la selva peruana
Nro. 54 ¿Podrá Simon?
Con su designación se intentó superar una grave crisis provocada por la revelación de actos corruptos que comprometerían a altos niveles del gobierno, evidenciando un fenómeno que, al parecer, es bastante más extendido y complejo de lo que se supone. Así, su integración al Ejecutivo fue un golpe de timón del presidente García, quien haciendo gala de su celebrado olfato político que le indicaba que era indispensable responder a la creciente conflictividad social, pero también a la corrupción, encontraba en el Presidente Regional de Lambayeque una carta importante.
viernes
Canon minero y recursos en Arequipa
En todo caso, más allá de las proyecciones, lo cierto es que la contracción de los precios, especialmente el del cobre, tiene efectos importantes en el corto plazo. Por ejemplo, la empresa minera Cerro Verde decidió suspender los 1000 millones de dólares que tenían planeado invertir para su expansión en los próximos cuatro años. Sin embargo, el principal problema para la región será la disminución de las transferencias por concepto del canon minero.
Otra propuesta sería la planteada por la Asamblea Nacional de Alcaldes, que señala que el 50% que va al Gobierno Central sea redistribuido a las regiones que no tienen explotación minera. Sin embargo, esto significaría reprogramar los presupuestos sectoriales, cuya formulación se hace en base a las proyecciones sobre los referidos ingresos.
Está bien que haya desarrollo construyendo pistas y carreteras, pero también es necesario tener proyectos sociales que tengan impacto regional en la población. Estamos pasando por una etapa de transición hacia una descentralización y esperamos que los próximo años, los errores del pasado sean superados en pro del beneficio de Arequipa.
Una ley que debilita la seguridad
Esta controversial ley creada con la finalidad de «promover la inversión inmobiliaria», establece cuatro nuevas modalidades de licencias de construcción, entre ellas las licencias automáticas, que se otorgan sin inspecciones previas, dejando de lado un tema esencial para la población: la calidad de lo construido.
En efecto, establece que para los casos de construcción de viviendas unifamiliares o multifamiliares de hasta 5 pisos, la licencia será automática siempre que se presente con el expediente la póliza de seguro con cobertura mínima por daños materiales y personales a terceros, con vigencia durante todo el período de ejecución de la obra. Además, los responsables de la construcción deberán presentar, el documento de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley de Seguridad Social y el Plano de Sostenimiento de Excavaciones, si hubiese sótano o semisótanos con profundidad mayor a 1.50 m.
Esto significa que las responsabilidades sobre cualquier contingencia durante la obra, recaen en el propietario. En pocas palabras si algo sucede, es “su” problema. La situación generada es grave porque de esta manera se afecta el derecho de la población a contar con una vivienda segura y es inaudito que el Estado trate de “lavarse las manos”.
Si bien en el caso de las viviendas unifamiliares de hasta 120 m2, se ha establecido que la Municipalidad podrá exigir la presentación de los planos de arquitectura y de estructuras de la edificación, suscritos por un arquitecto y un ingeniero civil, respectivamente, lo que brinda mayor seguridad a la calidad de la construcción, no podemos desviar la mirada del problema central.
Dadas las características geofísicas de nuestro país, nuestro territorio presenta una gran actividad sísmica y sería irresponsable evadir los estudios correspondientes antes de construir una casa, con la finalidad de ganar tiempo. Es algo contradictorio que, para beneficiar al usuario a que cuente con una vivienda, se agilice el trámite y el resultado de éste sea una edificación insegura.
Creemos que una vez más la ley que rige a nivel nacional, no atiende las verdaderas necesidades de la ciudadanía y no prioriza el bienestar de las ciudades, por lo cual urge un proceso de rediseño, en el que se atienda las opiniones de los expertos y hasta del sentido común. Si lo ideal es construir sobre seguro, entonces antes de construir una casa, debe existir un anteproyecto aprobado para que la Municipalidad respectiva pueda emitir la licencia. Sólo así se asegura la integridad de los habitantes.
Si no se revisa y se modifica esta reglamentación, tendremos que afrontar una vez más, las consecuencias de una ley –una más– que no prioriza la seguridad plena de los habitantes. Y probablemente tendremos como triste lección, más obras en conflicto, más construcciones sin criterio técnico y más tragedias que lamentar, bajo el techo de una ley que desmorona nuestra seguridad.
martes
Nro. 53 El manejo económico tiene que ser parte de la agenda pública
jueves
Ley de reestructuración de la deuda agraria
De esta manera, se viabiliza la paralización de los remates de tierras por deudas agrarias, ya que no sólo considera los programas crediticios del Estado sino que incorpora a todo el sistema financiero nacional al autorizar al Banco Agropecuario (AGROBANCO) a comprar el íntegro de la cartera morosa para su administración y supervisión. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas transferirá 50 millones de nuevos soles con cargo a los bonos del Tesoro Público. Asimismo, AGROBANCO deberá establecer los procedimientos para la recuperación de las deudas en los plazos y condiciones del PREDA. Esto significa que su aplicación está sujeta al cumplimiento de la compra de la deuda morosa a las entidades financieras y una vez descontado el monto a extinguir, la diferencia será pagada por los agricultores en un plazo máximo de 5 años, sin intereses. Se estima que los campesinos beneficiados suman unos sesenta mil a nivel nacional, teniendo plazo hasta el 4 de diciembre para acogerse al dispositivo legal.
Aunque los cuestionamientos a la norma llegaron desde el Ejecutivo, argumentando que se incentiva la política del “perro muerto”, los congresistas que la auspiciaron niegan cualquier intención populista, afirmando que es un acto de justicia hacia el campesino abandonado por el Estado. En esa línea, es indudable que los productores agropecuarios del Perú concentran la mayor parte de la pobreza nacional, debido a una serie de factores entre los que se incluyen las erróneas políticas del sector Agricultura, la falta de formación técnica, la precariedad de la infraestructura vial, la ausencia de asesoramiento y monitoreo profesional, la fragmentación de los predios productivos, los bajos precios de los productos agrarios, la falta de capital de trabajo barato, entre otros.
Sin embargo, creemos que la dación de la referida norma a pocos días de la publicación de la Resolución Suprema Nº 076-2008-EF (27.09.08), que da por concluido el proceso de liquidación del Banco Agrario del Perú, esta aparente “solución justa y equitativa al problema del agro tradicional” se asocia a malos recuerdos. En efecto, desde inicios de los años 90 no parece haberse tomado en cuenta las lecciones sobre los errores populistas pasados, que terminaron costeando un poco más de 1,700 “malos créditos”, con una cifra de más de mil millones de soles (más de 16 millones de dólares americanos), sin contar las otras deudas que debimos asumir todos los peruanos a través del MEF.
La actual cartera morosa asciende a 48 millones de soles y, según fuentes del AGROBANCO, la norma incrementará peligrosamente las pérdidas acumuladas hasta bordear los 90 millones de soles, convirtiéndose en pesados grilletes que servirán de lastre al todavía joven Banco Agropecuario. Más aun, la solidaridad con el campesino pobre se traducirá en deudas saldadas pero con ello no estamos resolviendo sus problemas de falta de capital ni de calidad de inversión. Por lo tanto, en el mejor de los casos, lo dejaremos expuesto a ser sujeto de nuevos créditos, lo invitaremos a endeudarse nuevamente, a tener libre disponibilidad del dinero y a organizarse para hacer lobby con los parlamentarios en favor de una “justa condonación futura”. ¿No será que con esta Ley se está iniciando la agonía de la banca de fomento agrario, que apenas ha cumplido cinco años?
Entendemos que el país en su conjunto tiene una deuda social con el sector agrario; pero poca justicia hacemos con estas iniciativas efectistas, en tanto están lejos de reconocer y premiar a los 40 mil campesinos puntuales, interpretamos mal sus necesidades y promovemos el borrón y la cuenta nueva. El agro nacional necesita un servicio crediticio moderno y dinámico, que brinde asesoría técnica, incentive la educación financiera así como la cultura de pago y, simultáneamente, promueva una planificación organizada de las labores de siembra y cosecha para evitar sinsabores en sus economías. En otras palabras, el agro no necesita lástima, ni poses populistas, sino liderazgos con políticas sectoriales propositivas.
Estos servicios complementarios no encarecerían el producto crediticio. Si son articulados con las oficinas de promoción agraria de los gobiernos regionales o locales, ellos podrían supervisar el uso adecuado del crédito, y de esta manera cumplirían con gerenciar el desarrollo económico local, además de optimizarse los recursos humanos y económicos disponibles.
Reconstrucción y corrupción
Podríamos empezar indicando que al ministro de Vivienda de entonces se le planteó la urgente necesidad de reconstruir aceleradamente. En efecto, el referido Ministro se «instaló» en la zona afectada pero luego se fue a liderar el sector Salud, cuando ni siquiera habían comenzado las tareas programadas. Recordemos que los cambios en el Gabinete se produjeron en medio de los escándalos desatados por la revelación de actos de corrupción: patrulleros bamba, adquisiciones fraudulentas de ambulancias, alimentos sobrevalorados, etc., ahora lejanos e imperceptibles por los nuevos casos de alta corrupción, que hizo caer finalmente al Gabinete presidido por Jorge del Castillo.
Así, parece que a poco más de un año de la catástrofe ya no es urgente para nadie atender las zonas afectadas por el sismo. Tenemos como resultado una «urbanización» en Pisco con módulos del programa Mi Vivienda, que se pueden adquirir a un costo de 10 soles por día, es decir, dos tercios del jornal que se paga en esa provincia. En Chincha también hay oferta de viviendas por el estilo. En Ica debe haber sistemas similares. Sin embargo, ¿quiénes podrían acceder a este «beneficio»?
De otro lado, hasta la fecha el Ministerio de Vivienda habría entregado 28,000 bonos de solidaridad en Ica, Pisco, Chincha, Cañete y Yauyos (a Huancavelica que lo parta un rayo). El valor asciende a 172 millones de soles. Sin embargo, este apoyo que sale del erario nacional, parece que también ha sido afectado por la corrupción. No es poca cosa lo que estamos exponiendo. El negociado de los bonos compromete a autoridades locales en actividad o en retiro, a constructores y dueños de ferreterías y, lo que es más triste, a muchas familias damnificadas. Escuchamos en la zona de Villa de Arma en Huancavelica una frase que debe preocupar a todos los peruanos: «La corrupción es como Dios, está en todas partes, es invisible y será eterna en el Perú».
¿Le informarán al nuevo Presidente del Consejo de Ministros de esta situación? ¿Podrá, como ha prometido, luchar contra este y otros actos de corrupción? ¿Tendrá los medios y, sobre todo, el apoyo político del Presidente de la República en esta cruzada? Asimismo, ¿no sería bueno que solicite informes del proceso de reconstrucción en el Sur, antes que el malestar larvado termine por explotar, y se vuelva literalmente un terremoto –esta vez político–?
El Metropolitano inacabable de Lima
Los indicios de irregularidades en las licitaciones de buses que comprometen a altos funcionarios ediles cercanos al alcalde, alimentan sospechas de malos manejos y amenazan la paciencia ciudadana que ya ha sido puesta a prueba por Protransporte, el organismo municipal responsable de la implementación y el funcionamiento del Metropolitano, ante el caos sembrado en las vias con las obras, tráfico y desvíos.
Los constantes cambios en el equipo técnico de Protransporte y las demoras en la ejecución, acusan inoperancia, por ejemplo, la demora en la habilitación de paraderos en el tramo sur que ya está terminado. Ante esto, el Municipio decidió que la Empresa Municipal Administradora del Peaje, Emape, asuma este trabajo, mientras Protransporte continuará con el tramo norte. Pero Emape tampoco cuenta con la confianza ciudadana dado que es la encargada del mantenimiento de las principales vias de la ciudad y no podrían estar peor, además de los escándalos por licitaciones en los que se ha visto envuelta.
La transparencia, eje prioritario de relación entre una entidad pública que usa el dinero de los contribuyentes y la ciudadanía, no cuenta para el Alcalde de Lima que se las ingenia para eludir las explicaciones solicitadas en el Congreso de la República.
El Alcalde tampoco ha atendido las opiniones de especialistas sobre el criterio técnico de los paraderos y las terminales, dimensiones y ubicaciones que permitan accesos seguros y amplios acorde con una solución eficaz al problema de la congestión y el caos. Mucho menos, ha brindado a la ciudadanía la oportunidad de plantear sus inquietudes. Pero sí se esfuerza en asegurar que indudablemente entregará la obra a la ciudad a fines del próximo año, aunque los atrasos en la ejecución de las obras sea evidente.
Lima necesita un sistema de transporte eficiente y rápido pero también necesita que su gobierno metropolitano trace objetivos que trasciendan la frontera del periodo electoral y que dé explicaciones sobre la administración de las soluciones a los problemas generados en el proceso.
Con los buses del Metropolitano el viaje de Chorrillos a Comas debería tomar sólo 50 minutos, la mitad del tiempo que demora actualmente. Esta solución depende también de una adecuada administración de rutas donde las empresas que brindarán el servicio de buses actúen tomando en cuenta las necesidades de la ciudad, pues aún cuando se haya concluido la construcción del Metropolitano, la solución al problema del transporte urbano en Lima, no caerá del cielo: requiere emprender el ordenamiento de las unidades de transporte, transformar las empresas para que brinden servicios eficientes con personal capacitado y con buen trato. Además, es indispensable atender el problema de las combis, retirándolas de circulación gradualmente.
Es esencial un proceso de planificación insertado en un proyecto mayor, un proyecto de ciudad preparado para los cambios, que considere las proyecciones de flujo, con revisiones técnicas que garanticen la calidad del parque automotor de la ciudad, donde las modificaciones apuntan a mejorar problemas estructurales, necesariamente de largo plazo y que incluya a la población que diariamente se desplaza usando el servicio público, a la postre la alternativa sostenible para la ciudad.
La ciudad que queremos
La improvisación en las obras viales evidencia un problema de mayor incidencia en nuestro desarrollo urbano. Esta fiebre de obras que se ejecutan al son de los ritmos de prioridades políticas del alcalde no responde siquiera al cumplimiento ordenado de un plan metropolitano de inversiones.
Así pues, los ciudadanos que usamos el transporte público diariamente, que convivimos en esta ciudad donde la participación ciudadana en los proyectos metropolitanos es inexistente, donde no hay una política de rendición de cuentas y los vecinos podamos estar al tanto de lo que se hace con el dinero de la ciudad, requerimos la práctica democrática como medio que permita a nuestra ciudad crecer saludablemente.
En esta vía de contrasentido marcado por las decisiones y políticas emprendidas por el gobierno municipal, seguiremos mucho tiempo más ejercitando la paciencia frente a la informalidad de las empresas, la alta peligrosidad de las pistas, los accidentes y afrontando a cada paso una ciudad cuyas calles no están hechas para personas, donde cruzar y terminar ileso es una gran suerte.
martes
Nro. 52 Maniobrando en el vendaval
La tormenta desatada al revelarse los altos niveles de corrupción que envuelven nuevamente a un gobierno peruano, tardará mucho en disiparse, en el mejor de los casos. Las próximas encuestas de opinión indicarán si esto es manejado como un hecho circunstancial por el presidente García o simplemente se ha establecido un punto de no retorno en la baja confianza que despierta el mandatario ante la ciudadanía.
En ese sentido, no puede negarse la rápida reacción de Alan García, apuntando además, a la dirección correcta. No dudó de la necesidad de hacer cambios importantes en su Gabinete de Ministros y, por otro lado, convocar a personas ajenas a su partido y con una imagen favorable en la opinión pública. Aun cuando la extendida mancha de corrupción quedará impregnada como sospecha en lo que queda de su gestión, la designación de Yehude Simon como nuevo Presidente del Consejo de Ministros tiene la virtud de inyectarle oxígeno a un Ejecutivo que empezaba a ahogarse sin mostrar mayor reacción, ante las imágenes y audios de lobbistas inopinados actuando en altos círculos del poder.
Difundida su designación, se esperaba de Simon mucha voluntad pero poca capacidad para imponer condiciones en el Gabinete que iba a presidir. Al conocerse los nombres, los pronósticos más pesimistas no se cumplieron pero sin que ello indique que el recién estrenado Premier se conducirá con un cuerpo de ministros que automáticamente cerrará filas con él. Finalmente, es un gabinete que sólo ha cambiado seis de sus integrantes –de un total de dieciséis– siendo personas allegadas al nuevo Premier, tres ellos. Una cosecha no muy mala pero tampoco buena.
¿Qué le espera a Simon? Hay dos escenarios. En el corto plazo, Simon tendrá que persuadirse que su acción viene acotada por los lineamientos ya impuestos en las políticas gubernamentales. Es decir, más temprano que tarde deberá aceptar que desde su cargo puede dar algunos golpes de timón pero no variar rutas pre establecidas, ya sea en materia económica o social. En ese sentido, será muy interesante saber cómo piensa combatir la corrupción, algo que anunció como su preocupación fundamental, así como su opinión respecto a la elección próxima del Contralor de
El otro escenario es del cortísmo plazo. En este plano, sus retos son mayores. Uno de ellos será reemplazar a Jorge del Castillo en las tareas de bombero de las protestas sociales que se multiplican en el país. Como antecedente están los días finales de Del Castillo: abrumado y sin mayores ideas respecto a cómo afrontarlas. La segunda cuestión para Simon es el reacomodo de las relaciones entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales. Hasta antes de su designación, era una especie de vocero de los presidentes regionales ante el Presidente de
Un tercer aspecto será la distribución sectorial del Presupuesto de
Con el Gabinete Simon tenemos una certeza: le ha dado espacio de maniobra a un Ejecutivo que se veía cercado aunque hay varias interrogantes sobre los aspectos descritos líneas arriba y otros más. Por ejemplo, su reacción frente a la voluntad aprista de amnistiar a un número significativo de policías y militares procesados por delitos contra los derechos humanos y alentada por el propio Alan García. Sumemos a ello su error de entrada, al afirmar que dentro de dos meses habrá más cambios en el equipo ministerial, lo que puede provocar inestabilidad y dar señales equívocas hacia la ciudadanía. Ojalá que llegado diciembre el cambio anunciado no lo involucre.
jueves
Y después de la derogatoria de la Ley de la Selva ¿qué?
desco Opina - Regional
Luego de un ardoroso debate, el 21 de setiembre el Congreso de
Cuando todo hacía presagiar abiertas discrepancias entre el Congreso y Palacio de Gobierno, un conveniente homenaje póstumo a la congresista Fabiola Salazar dio un marco ideal para la promulgación de
Danzas de guerra…lanzas en ristre
Más allá de los emotivos comentarios locales sobre la derrota e incapacidad del Gobierno para imponer una norma impopular, no ha habido mayores espacios de análisis que permitan reconocer las causas por las cuales no todos los supuestos afectados por los decretos leyes derogados participaron de las jornadas de lucha. En primer lugar, las organizaciones amazónicas han mostrado deficiencias en su capacidad de organización y visibilización de intereses comunes; y abiertos desencuentros entre líderes y posiciones institucionales divergentes. De otro lado, las metodologías de resistencia y los mecanismos de expresión internos, hacen aparentemente infranqueable la conciliación de acciones. La AIDESEP y la CONAP tienen serios problemas para sentarse a dialogar; a esta última incluso se le acusa de trabajar coludida con
Otro aspecto a considerar es la creciente comercialización informal de tierras que realizan muchas comunidades nativas. Según algunas estimaciones empíricas y sin ningún sustento técnico manifestadas por los mismos nativos de la provincia de Oxapampa, más del 40% de las tierras de sus comunidades se hallan en poder de colonos minifundistas provenientes de
Finalmente, un tema que ha quedado claro es que no todos los manifestantes tenían pleno conocimiento de los alcances de las normas aludidas. Las interpretaciones sesgadas, los acalorados discursos y los rumores distorsionaron la posibilidad de comunicación y entendimiento, dificultando, además, la posibilidad de construir colectivamente propuestas alternativas que sean técnicamente viables para beneficiar a las comunidades nativas.
…. Tercera Cumbre Amazónica
Entonces, el jolgorio por la derogatoria se trasladó a
Más allá de estas intervenciones circunstanciales, no debemos de perder de vista la agresiva contaminación política que sufrirán estos grupos cuyas demandas de interés local se verán diluidas por utilizaciones partidarias en vísperas del foro de