viernes

El “estallido populista” del Congreso

 

Es ya un lugar común que los medios masivos, políticos y opinólogos defensores del modelo económico, así como los dirigentes de gremios empresariales, califiquen algunas leyes y normas emitidas por el Congreso como «populistas», especialmente cuando éstas atentan contra lo que el establishment político nacional entiende como economía de libre mercado.

Esto ha ocurrido una vez más a propósito de la discusión y aprobación (algunas probables, otras ya consumadas) de leyes relacionadas al cobro de peajes, el retiro de fondos en las AFP y la ONP, las deudas en el sector financiero, el ajuste de las pensiones escolares, entre otras, que cambian las reglas de juego en esas materias.

El «populismo congresal» no queda allí, sin embargo. El Presidente Ejecutivo de una consultora, colaborador de un diario donde defiende a fondo el modelo, señaló que su empresa recopiló 81 proyectos de leyes sobre el sistema de pensiones, 36 sobre el sistema financiero, 26 sobre control de precios que el Congreso actual ha gestado en cinco meses de funcionamiento.

La corrupción, la ignorancia, la defensa de intereses de grupo, el oportunismo y el chantaje, incluso la ideología, son los factores a los que se apelan para explicar esta suerte de ataques al libre mercado. Otros aluden a la irresponsabilidad derivada de las pocas posibilidades que las múltiples fuerzas del fragmentado Congreso tienen de llegar a ser gobierno. Esos factores cuentan al momento de considerar las motivaciones de los congresistas, pero no parecen ser extensibles al universo y quizás ni siquiera a la mayoría de ellos.

Así, es difícil que un representante corrupto, buscando su propio beneficio económico, prefiera afectar a sectores poderosos de los cuales podría aprovecharse. Es difícil también que una mayoría se deje arrastrar por los intereses de grupos minoritarios para aprobar leyes como las que se vienen discutiendo. En cuanto a la irresponsabilidad derivada de sus pocas expectativas de ser gobierno, hay al menos cuatro bancadas (AP, APP, Podemos y UPP) con aspiraciones para ganar las elecciones generales del 2021, lo que relativizaría la efectividad del argumento. Por último, las razones ideológicas existen, pero quienes las encarnan son minoría dentro del Congreso y, al menos hasta la fecha, no han sido capaces de consensuar o persuadir a una mayoría para que aprueben sus propuestas.

Existen razones políticas en los congresistas para ganar apoyo para sus partidos o su eventual reelección, pero la debilidad orgánica de aquellos y la no reelección inmediata relativiza estos móviles como dominantes. Ahora bien, que estén buscando legitimarse ante la población, es algo que todos los políticos hacen. La pregunta es ¿por qué ello pasa por plantear iniciativas que atacan algunos ejes importantes del modelo? ¿Por qué, por ejemplo, la defensa del libre mercado, de la gran minería o de las AFP no son particularmente populares y no movilizan apoyo masivo? Más aún, ni siquiera el discurso del emprendedor, dirigido a sectores populares, dio réditos políticos a quien lo manejó en la última campaña presidencial, de la cual fue finalmente retirado luego de una serie de papelones y una irrisoria intención de voto en las encuestas.

Recuérdese también las veces en que la supuesta candidatura de Hernando de Soto, difusor del capitalismo popular, se ha frustrado y no ha logrado despegar. La mayoría de congresistas (y de los ciudadanos) conoce este imaginario popular, de allí que busque representarlo y ganar apoyo, independientemente del impacto de las medidas «populistas» en las finanzas y en la institucionalidad pública. Dicho sea de paso, la preocupación por las finanzas públicas parece surgir sólo cuando el Estado debe realizar gastos para pagar deudas sociales con las mayorías nacionales.

Luego de tres décadas, la derecha económica y política no entiende que el modelo de libre mercado no se ha legitimado ante la mayoría ciudadana; su visión parece reducirse a lo jurídico, confiando en la «fuerza» de la Constitución, supuesta expresión de un pacto social en realidad ficticio, pues el modelo fue de hecho impuesto en los años noventa. La solidez del blindaje constitucional al régimen está evidentemente jaqueada. El mayor logro social (la reducción de la pobreza) obviamente no alcanza a contrarrestar la desigualdad y la exclusión reales y percibidas, más aún en una coyuntura donde se prevé que hacia fines de año, habrá un 10% más de hogares pobres.

Seguramente muy pocos previeron que los golpes más serios al modelo económico provendrían del Congreso de la República. Esto es parte del costo que la derecha económica y política tiene que pagar por no construir alternativas políticas orgánicas y por creer que el «goteo», la focalización del gasto social y el mercado se encargarían de solucionar los problemas. Ha pasado también en Chile, pero allí fueron movilizaciones masivas las que provocaron el estallido, cosa que en nuestro país no ha ocurrido. La debilidad de las organizaciones sociales y las pocas expectativas de la población frente al Estado deben provocar suspiros de alivio entre las élites. A pesar de todo, que el «estallido» se limite por ahora al Legislativo y sólo para ciertas medidas, no deja de ser una ventaja.

El torpedeo del modelo desde el Congreso está lejos de ser una alternativa seria para resolver los problemas de fondo. Ejemplo de ello es la reciente aprobación de la ley que devuelve los aportes de la ONP, así como antes lo fue la liberación parcial de las cuentas individuales de las AFP. Ello puede ayudar a sobrellevar la difícil situación que ha creado la pandemia, pero elude abordar una solución integral: la creación de un sistema universal de pensiones, con solidaridad intergeneracional. Muchos críticos atribuyen estas leyes a la irresponsabilidad del Congreso con las finanzas públicas, pero no mencionan que ésta tiene un antecedente en otra irresponsabilidad, que diseñó una legislación que fomentaba la fuga de afiliados desde la ONP hacia las AFP.

Los vacíos programáticos, el oportunismo y el cortoplacismo del Congreso, insoslayables, criticables e imperdonables, pueden terminar siendo una oportunidad para los defensores del modelo pues que se sepa, no han perdido su capacidad de cooptación y las elecciones del próximo año pueden cambiar el escenario. Lo que no se vislumbra es una legitimación social del modelo ni esfuerzos que conduzcan a ello; tampoco alternativas programáticas, organizadas y democráticas de cambio, lo que es ciertamente una tragedia para el país.

 

desco Opina / 28 de agosto de 2020

Sin estrategia de salud ni de comunicación

 

Las noticias diarias evidencian la magnitud de la crisis que estamos viviendo como país en el contexto de la pandemia. Próximos a los 27 000 muertos, el número más conservador que se puede mostrar de la tragedia, con un aparato de salud colapsado no obstante el esfuerzo hecho para incrementar su equipamiento y con una tasa de contagiados de 1665.98 por cada 100 000 habitantes, la situación es dramática. Más dura aun cuando constatamos en los últimos días la ausencia de una estrategia de salud y la falta de comunicación efectiva del Ejecutivo con la población.

Como lo hemos sostenido en un texto anterior, el reemplazo del gabinete Cateriano por el que preside el general Martos, no ha supuesto grandes cambios de fondo ni una manera distinta de enfrentar la situación de la salud, aunque se subrayó la prioridad de aquella cuando se sostuvo que no se puede reactivar la economía cuando se ve que la gente se está muriendo. No se dice casi nada sobre la importancia de la atención primaria, prácticamente dejada de lado por el predominante enfoque hospitalario que se ha impuesto, menos sobre la salud comunitaria o los indispensables centros de aislamiento que la situación reclama.

En este escenario, la falta de una estrategia clara se hace más ostensible cuando distintos voceros del Ejecutivo hacen anuncios contradictorios sobre aspectos centrales para el enfrentamiento sanitario de la pandemia. Así, se anunció que las pruebas moleculares reemplazarían gradualmente a las serológicas para iniciar el trazado de contactos y el aislamiento, indicando que se tenían ya 800 000 de ellas. Días después, un segundo vocero indicó que no se haría el trazado de contactos de los contagiados por el número de éstos, lo que hacía imposible tal tarea, relativizando simultáneamente la multiplicación de las pruebas moleculares. Finalmente, se zanja la «diferencia» y se sostiene que cada prueba tiene su utilidad y se indica que todavía no se tienen las pruebas moleculares.

De esta manera, al temor que genera el colapso del sistema de salud y la precariedad de las respuestas que se observan, es decir la incapacidad para definir una estrategia e incluso identificar las lecciones aprendidas de los errores cometidos, se suma la persistencia en el silencio y la falta de comunicación, más evidente aun cuando desde los propios responsables de la estrategia de salud no existen ni explicaciones ni versiones claras. Peor aún, cuando cotidianamente observamos los problemas de gestión del Estado y el gobierno: la escasez de oxígeno que no tiene cuando resolverse y que parece «depender» de la buena voluntad de parroquias, de empresarios y ciudadanos de buen corazón, los hospitales que se anuncian e inauguran y 40 días después siguen sin funcionar, el personal de salud que continúa contagiándose y muriendo, que arrecia en sus denuncias de falta de equipamiento de protección básica y de incumplimiento de compromisos elementales….

En marzo, al inicio de la crisis, estuvimos entre quienes reconocimos la capacidad inicial de comunicación que mostró el gobierno y el papel que asumió el mandatario en ese quehacer. Lamentablemente la misma fue desgastándose con el correr de los días y con la forma simultáneamente vertical y paternal que adoptó. Cierto que el mandatario fue el beneficiario directo del camino elegido, pero innegable también que por esa vía, conforme transcurrieron los días y las semanas, se hizo notoria la ausencia de una política y una estrategia de comunicación sobre la pandemia y las políticas que se adoptaban frente a ella.

Cuestiones tan elementales como el uso del barbijo, la importancia del lavado frecuente de manos y la distancia social, no fueron cabalmente difundidas y explicadas. Decisiones, sin duda acertadas como la cuarentena –además de las grandes limitaciones de los bonos y el apoyo a la gente–, carecieron de explicación. En sentido estricto, el gobierno no supo ni qué comunicar, ni cómo llegar con sus mensajes a la mayor cantidad de peruanos.

Más allá de la conferencia inicialmente diaria, luego semanal y finalmente «cuando sea su voluntad», el gobierno no ha desarrollado ninguna campaña de comunicación sostenida y en su vínculo diario ha obviado cuestiones elementales en la materia. Decir la verdad, es decir no mentir o decir verdades a medias es una de ellas que le ha pasado factura, por ejemplo, en la contabilidad de las muertes, que no termina aún de explicarse cabalmente. Reconocer la incertidumbre y proporcionar información útil, relevante y precisa en formatos y lenguajes comprensibles, son otras dos.

Luego de la salida del principal asesor presidencial en comunicación, suponemos entre otras cosas por sus resultados, el desafío se mantiene y apremia. En esa dirección, una primera cosa que le haría bien al gobierno es preguntarle y escuchar a la gente. Atender y dialogar con propuestas que provienen desde la sociedad civil y distintas instituciones –la propuesta de las organizaciones indígenas, la carta abierta de la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC) o el Plan “Resucita Perú” presentado por el Cardenal Barreto– es un primer paso necesario. Ampliar el diálogo que se dice querer, también.

 

 

desco Opina - Regional / 21 de agosto de 2020

descoCiudadano

sábado

Dos gabinetes para las mismas políticas

 

Tras más de 160 días de confirmación del primer caso de coronavirus que registró Perú, el número de contagios superó ya el medio millón de personas convirtiéndonos en el sexto país con más contagios en el planeta, mientras el número de muertos, tras un nuevo ajuste a los números que formaban parte de un subregistro, ascendió a más de 25 000. Con 12 millones de compatriotas en cuarentena, la letalidad (porcentaje de fallecidos sobre el total de los casos) está ya en 5.05% y tenemos once regiones por encima de ese promedio.

Mientras esa es una de las imágenes del drama que estamos viviendo, en menos de quince días asistimos a la caída del gabinete Cateriano y a la formación de uno nuevo, presidido por el hasta entonces Ministro de Defensa, general Martos. El abrumador voto de confianza obtenido por el segundo –115 votos a favor–, apenas una semana después del rechazo al primero, estaba cantado. A fin de cuentas, el expremier Pedro Cateriano cayó por una combinación de factores que iban más allá de la innegable y condenable acción de un grupo de congresistas interesados en «castigar a Sunedu» y al ministro de Educación por afectar los intereses privados que representan.

No siendo un tema menor, como tampoco lo fue el estilo arrogante y soberbio que mostrara el Premier de ese momento, con ellos confluyeron el malestar del interior del país por la sensación de abandono del gobierno nacional –62 de los parlamentarios provincianos votaron en contra de la aprobación–, las críticas a la minería y más ampliamente el rechazo al modelo de algunas de las bancadas. Intentar negar esa realidad, como lo hizo el mandatario y distintas voces desde el Ejecutivo, tanto como la mayoría de medios de comunicación en un primer momento, apuntaba fundamentalmente a cargar las tintas contra un Congreso fragmentado, desordenado y tan pragmático como el propio Presidente, reemplazando en muchos casos el análisis por los adjetivos.

En este escenario, la confianza lograda por Martos, permite entender mejor la censura anterior. Se trata prácticamente del mismo gabinete, con apenas cuatro cambios; la presentación no expresó nada sustantivamente distinto a lo enunciado por su antecesor –por lo demás ambas presentaciones tienen como camisa de fuerza el discurso presidencial del 28 de julio–, pero alteró pesos y equilibró mejor los énfasis. La «humildad» del tono del Premier en el Congreso contrastó con la «grandilocuencia» que pusiera su antecesor.

Por lo demás, siguiendo el derrotero establecido por el mandatario, la autocrítica estuvo prácticamente ausente y que no la haya indica muy poca voluntad de enmienda, lo que es grave. La carencia de una estrategia clara en materia de salud y saneamiento se hizo evidente, como lo ratifican los números y el virtual colapso de nuestro sistema de salud. Nada sobre la importancia de la salud comunitaria, la atención primaria o los centros de aislamiento, asuntos éstos que tampoco aclaró la ministra de Salud en su intervención. La posterior prolongación de las medidas restrictivas en once regiones, así como el retorno a la inamovilidad los domingos, no aclara mucho el panorama. Como fue obvio también, mucha insistencia en la reactivación económica y muy poca luz sobre los bonos y el apoyo a la gente, a diferencia de lo que ocurre en este mismo campo en otros países de la región.

Así las cosas, la interpelación al ministro Benavides no llegó a censura. La «gesta» Cateriano desgastó a todo el Congreso, que se vio obligado a su propio control de daños y parece haber salvado al titular de Educación, que, sin embargo, tendrá que seguir su peregrinaje ante las Comisiones de Educación y Fiscalización. La ministra de Economía, por su parte, además de citada tiene una moción pendiente de aprobación, a lo que se añaden los distintos proyectos de ley que se presentan como iniciativas de lucha contra la pandemia e involucran recursos fiscales, aunque en realidad, en muchos casos, tienen como norte los votos del 2021. En este escenario, aunque es difícil imaginar una multiplicación de censuras –que sin embargo no pueden descartarse– es de esperar que el Estado se concentre en mejorar su acción contra el coronavirus y entienda que en ese camino debe encontrarse con la sociedad y sus organizaciones para salvar vidas y defender la economía de la gente.

Las diferencias y los factores de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantendrán mientras va avanzando el calendario electoral y se multiplican las presiones por responder eficientemente al Covid-19, enfrentando con seguridad y transparencia el desafío económico. En este encontronazo, Vizcarra ha mantenido su espacio y siente que el derrotero seguido es el que le conviene para llegar a julio 2021, su meta mayor, si no la única desde que entró al gobierno; parece creer que haber derrotado al fujiaprismo le da suficiente capital para su futuro político en el mediano plazo.

 

desco Opina / 14 de agosto de 2020