Un fantasma recorre
nuestra época: el fantasma del corto plazo
Jo Guldi y David Armitage
La negación para potenciar Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), es lo más
notorio del complicado proceso de facultades legislativas pedidas por el
Ejecutivo a un Congreso mayoritariamente opositor. Inmediatamente se la asoció,
aunque creemos que equivocadamente, con el estereotipo corrupto que el
fujimorismo se ganó a pulso. Igualmente malo –políticamente hablando– ha sido
ubicar este resultado en el restringido campo de los intereses de los 72
parlamentarios de la referida bancada que, desde la perspectiva de algunos
análisis, parecieran estar solos en la cancha, haciendo y deshaciendo según les
dictan sus cortos cálculos.
Debe recordarse que la adecuación
institucional para reprimir eficientemente las transacciones financieras con
dinero obtenido ilícitamente es de data más o menos larga. En 1992 –Ley 25428– se establecieron los
primeros controles ciertos, normando facultades para intervenir e investigar a
personas y organizaciones, restringiéndoles la reserva y la garantía del
secreto bancario. En 1996 se explicita legalmente las entidades y personas que
están obligadas a informar de sus actividades que serán aumentadas en el 2008,
así como los montos transados sujetos a supervisión. Posteriormente, se añaden
hasta diez nuevas modalidades de corrupción, complejizando aún más el esquema
de represión al delito de lavado de activos.
Junto a esos logros, hay que
considerar también los poderosos factores –normalmente no visibles–, que
buscaron restringir estas funciones, algo que aún está pendiente de una
comprensión cabal y un debate político en forma. Es decir, no es solamente un
problema de institucionalidad, sino también de las fortalezas e intereses que
portan los actores que se desenvuelven en estos ámbitos que, como hemos visto,
no se reducen al tráfico de drogas aun cuando esta actividad sea el origen de
algo menos de la mitad de los montos lavados en el país.
Otra cuestión a tener en cuenta, es que la UIF no es un esfuerzo aislado del Estado peruano
para darse mayor transparencia y eficacia en la represión del delito. Por el
contrario es, al menos en parte, producto de las condicionalidades impuestas
por el sistema internacional. Como afirma el Banco Mundial, las UIF son parte
de las estrategias globales implementadas para enfrentar al lavado de dinero y
el financiamiento del terrorismo. En ese sentido, es «una entidad nacional
centralizada que se encarga de recibir, analizar y transmitir a las autoridades
competentes información sobre operaciones sospechosas», porque «la lucha contra
los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es crucial para
la integridad de los sistemas financieros». Así, las primeras UIF –creadas bajo el
auspicio del BM– aparecieron en los años 90 y lo que habría que preguntarse es por qué demoramos casi una década en hacer realidad la nuestra.
Al parecer, este aplazamiento no se debió exclusivamente a la poca propensión
del fujimorismo –entonces en el gobierno– hacia la transparencia y una efectiva
represión del lavado de activos.
En todo caso, lo que empezó a
construirse y fortalecerse a inicios del presente siglo no fue solamente una entidad –la UIF– sino un frondoso sistema en donde ésta
se concibe como vértice del mismo, denominado Sistema Nacional de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SILAFIT), conformado por lo
que las normas respectivas denominan Sujetos obligados, Organismos supervisores
y Colaboradores públicos.
Sujetos Obligados
El comercio de antigüedades.
El comercio de joyas,
metales y piedras preciosas, monedas objetos de arte y sellos postales.
Los préstamos y
empeños.
Martilleros públicos.
Construcción e
inmobiliarias.
Las organizaciones e
Instituciones públicas receptoras de fondos que no provengan del erario
nacional.
Compraventa de
vehículos, embarcaciones y aeronaves.
Compra venta de
Divisas.
Casas de juego,
hipódromos y sus agencias y similares.
Gestores de intereses
en la Administración Pública.
Empresas que permitan
mediante sus programas y sistemas de informática, se produzcan Operaciones
Sospechosas de LAFIT.
Organismos
Supervisores
SBS
Sistema Financiero.
Seguros.
AFP Empresas de servicios complementarios y conexos.
Cajas de Ahorro y Crédito que no captan dinero del público.
Fideicomisarios o administradores de bienes, empresas y consorcios.
Empresas emisoras de tarjetas de crédito.
CONASEV
Sociedades agentes de bolsa de intermediarias de valores.
Administradoras de fondos.
Titulizadoras.
Compensación y liquidación de valores.
Otras.
MINCETUR
Casinos.
Salas de máquinas y tragamonedas.
Agencias de viaje y de turismo.
Hoteles.
Restaurantes.
Consejo Del Notariado
Notarios Públicos.
MTC
Empresas concesionarias de remesa postal.
Courier.
SERPOST.
Ministerio de Energía y Minas
Empresas Mineras.
Ministerio del Interior
DISCAMEC.
Vendedores de armas.
Fabricantes de explosivos.
Sociedad de Beneficencia Pública (MINDES)
Loterías.
APCI
Organizaciones No Gubernamentales.
Personas receptoras de donaciones o aportes de terceros.
SUNAT
Agencias y Despachadores de Aduanas.
Despachadores de operaciones de importación y exportación.
Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y Piratería.
Ministerio de la Producción
Productoras o comercializadoras de insumos químicos utilizados para la producción de drogas y explosivos.
Colaboradores Públicos
Instituciones y
Organismos Públicos que cooperan con la UIF-Perú en el suministro de
información, para la lucha contra el LAFIT.
Ministerio de
Justicia: SUNARP y Consejo del Notariado.
Ministerio Público.
Poder Judicial.
RENIEC Y ONPE.
Contraloría General
de la República.
Ministerio de
Economía y Finanzas: SUNAT, CONASEV y OSCE
Ministerio de
Relaciones Exteriores: APCI.
Ministerio del
Interior: DIGEMIN.
Presidencia del
Consejo de Ministros: DEVIDA e INDECOPI.
Gobiernos Regionales.
Municipalidades.
Una vez establecida la UIF y el
sistema que la cobija, lo que se plantea como reto es una eficacia que se
condice con la buena gestión de la totalidad del sector público. Con el tiempo,
dictamina la teoría, el objetivo debería ser la reducción apreciable del número
de casos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. A fin de
alcanzar el máximo grado de eficacia, todos los organismos participantes –desde
las entidades notificadoras hasta las autoridades judiciales– tienen que
incrementar su propia eficacia y cooperar entre sí para funcionar bien en
conjunto. De ahí que cada componente del sistema tenga que evaluarse en función
de los esfuerzos que se desplieguen para que cumpla su cometido individual,
incluso si se trata de tan solo una parte de todo el engranaje. Al parecer, aún
no hemos llegado a esta situación. Según el último reporte de la Unidad, el
número de casos sospechosos sigue en aumento constante desde el 2007, siendo el
sistema bancario donde se da la mayor ocurrencia.
La frecuencia más alta del posible delito vinculado al lavado de activos, corresponde
al narcotráfico, seguido por la corrupción de funcionarios. Asimismo, gran
parte del flujo pareciera tener como destino la actividad minera.
Esta situación es favorecida –como el
propio superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinoza, asevera– porque el
Perú tiene una economía «sin muchos controles»,
haciendo muy difícil el seguimiento debido. Al respecto, el mismo Espinoza
aseguró que eran los sectores construcción y comercio exterior los que tradicionalmente lideran el lavado de activos en el país: «en el sector construcción existe la costumbre de
crear una empresa y construir un edificio, para posteriormente cancelarla, y
luego empieza el círculo de crear otra empresa para construir otro edificio y
así sucesivamente. Es muy difícil hacerle el seguimiento a este tipo de modalidad delictiva».
Frente a ello, lo conveniente sería
revisar los pilares de transparencia del Estado peruano, su eficiencia en la
gestión, así como contemplar la posibilidad de potenciar la UIF como un
organismo público descentralizado que le permita una mayor autonomía y ejercicio
de rectoría sobre el resto de las entidades públicas. En suma, no es cuestión
de crear «islas de excelencia» sino de un aparato estatal que responda a
exigencias éticas, incluso sobre sus metas de crecimiento económico.
desco Opina / 27 de setiembre de 2016