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A seis semanas de las elecciones, así son las cosas

 

El escándalo de las vacunas es un nuevo golpe a la desconfianza que se ha instalado en nuestra sociedad y que está significativamente en la política, pero va mucho más allá de ella, es muy profunda y de larga duración. Si la última versión del Barómetro de las Américas nos mostraba como el país de la región con menor apoyo al sistema político (41.7%) y aquél donde el 95% de los encuestados creía que la mitad o más de los políticos son corruptos; el Latinobarómetro evidenciaba para el mismo período que el 85% de encuestados consideraba que la democracia era el gobierno de los poderosos para su beneficio y, lo que es más grave, apenas el 11% creía en la confianza interpersonal. Para que no queden dudas, a inicios de la pandemia (marzo 2020), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), nos indicaba que los partidos políticos eran la institución que generaba menor confianza en la gente (3%), superados apenas por el Congreso de la República (4.3%).

En este marco en el que se desconfía de instituciones públicas y privadas, pero tampoco se cree en la gente, los sucesos de los últimos días abundan en argumentos en esa dirección. Más allá de cargos, trayectorias, ocupaciones y responsabilidades, e independientemente de prestigios y reconocimientos previos, resulta muy difícil encontrar razones para la fe en el otro, menos aún en instituciones públicas que a lo largo de décadas nos acostumbraron al desengaño, o de importantes sectores privados que, en la pandemia –por si hiciera falta– revelaron su entraña.

Si la revelación de lo hecho por Martín Vizcarra, dos exministras, varios viceministros y muchos altos funcionarios era escandalosa, pero no una sorpresa total, la irresponsabilidad de los científicos a cargo de los ensayos de Sinopharm y de algunas de las principales autoridades de las universidades Cayetano Heredia y San Marcos, dos de las más importantes y prestigiadas del país, es un golpe particularmente duro, como lo es encontrarse con el Vicepresidente del propio Colegio Médico. Por cierto, más duro que descubrir en la lista de privilegiados por sus contactos y vínculos con el poder a una conocida lobbista, a la plana mayor de un prestigioso laboratorio clínico o a los parientes y amigos de los funcionarios más visibles e importantes de la lista.

Más allá de la total falta de ética y de la responsabilidad más elemental, aunada en varios casos al probable delito y a la traición a distintos juramentos desde el político hasta el hipocrático, lo que llama la atención e indigna más, son las explicaciones y justificaciones que han dado varios de los distintos involucrados e involucradas. Desde el miedo hasta el ya tristemente célebre «así funcionan las cosas», asistimos a una dramática normalización del todo vale y el sálvese quien pueda, presentes a lo largo de nuestra historia republicana e incentivada por el discurso individualista y exitista del neoliberalismo peruano, sustentado en los intereses particulares y de corto plazo tanto como en el amiguismo y el compadrazgo, que cada día hace más difícil imaginar y construir un futuro político común y un sentido mínimo de país.

Así las cosas, a seis semanas de las elecciones, el desánimo y el desinterés en ellas que registran las últimas encuestas realizadas antes del escándalo Datum muestra que apenas el 18% tiene su voto decidido, CPI encuentra que el 48.9% votará en blanco o no sabe por quien hacerlo–, puede agravarse en los próximos días. Ipsos Apoyo encontraba que la desaprobación del presidente Sagasti (51%) ya era mayor que su aprobación, que el porcentaje de gente que no sabe por quién votará o lo hará en blanco o viciado creció cuatro puntos en relación a enero, donde 38% en el medio rural, 37% en el norte del país y 42% en el estrato E, se encuentran en esa situación.

En este escenario, el aprovechamiento político y mediático del escándalo, que no niega la urgencia de una investigación inmediata y de las sanciones más duras posibles de acuerdo a la responsabilidad de cada quien, no alcanza a esconder las profundas raíces del patrimonialismo, enquistado en todos los sectores y espacios de nuestra vida, no sólo en la política; menos aún, las debilidades de nuestro tejido social que no termina de salir de su mezcla de sorpresa, indignación y pesar por comportamientos que se expresan diariamente en el funcionamiento de la sociedad, la economía y la política. En un contexto de esta naturaleza, frente a límites y desafíos de este calado, no debe sorprendernos la distancia que la gente muestra de unas elecciones que no parecen encaminadas a atender nuestros problemas de fondo.

 

desco Opina / 26 de febrero de 2021

Las dos caras de la indignación en el Sur

 

El 15 de febrero, diez provincias del sur entraron en una cuarentena estricta, y con ella continuaron las protestas, que se iniciaron una semana antes en Puno al ser considerada por el Ejecutivo en nivel de riesgo extremo.

Tanto en Puno como en Arequipa, las protestas fueron encabezadas por comerciantes de pequeños centros comerciales, pues el cierre de sus establecimientos supondría la última estocada a sus negocios, sobre todo porque los malls no han sido medidos con la misma vara, pues allí se ha ordenado reducir el aforo, pero no el cierre como a ellos. En las provincias como Caylloma, los más afectados con la medida son los emprendedores, pues en sectores como el turismo comunitario no lograron reactivarse durante la pequeña ventana que se abrió entre la primera y segunda ola.

Lo cierto es que, el gobierno se ha visto precisado a tomar esta dura decisión ante el incremento de contagios y muertes que se registran en esta parte del país, pero, sobre todo, para que no vuelvan a colapsar los sistemas de salud, teniendo en cuenta que los hospitales no llegaron a ponerse a punto y el oxígeno también se ha convertido en un bien escaso por estos lares.

La nefasta gestión de Elmer Cáceres Llica no cumplió con el plazo –que culminaba en diciembre– para mejorar e implementar diversos ambientes del principal hospital covid de Arequipa, el Honorio Delgado. Cabe precisar que durante el 2020 Arequipa recibió el presupuesto más elevado –a excepción de Lima– para luchar contra el Coronavirus, la suma de S/ 9 360 826. Por otro lado, Cáceres continúa con la cantaleta para que le permitan adquirir la vacuna rusa para los arequipeños, sin importar que hace poco se descubriese un intento de estafa, en el que una clínica y una empresa están comprometidos, y pese a su comprobada incapacidad ejecutiva. La cereza del pastel fue convocar a la población para la inauguración de una obra pública el fin de semana previo a la cuarentena rígida, hecho que provocó aglomeraciones.

En Puno, podrá haber protesta; pero sabemos de buenas fuentes que la población no ha estado actuando precisamente con cautela frente al Covid. Si bien la fiesta de La Candelaria no estuvo en las calles, se ha festejado en barrios y casas. De igual forma, en los pueblos no han cesado los festejos por los carnavales. Esta situación probablemente desencadene que, a finales de mes, Puno iguale su pico de muertos por día de la primera ola. Los médicos de la región también están preocupados, pues la situación ya se les está escapando de las manos.

Los indignados, empresarios y médicos, están enfrentados en esta segunda ola. Ya a finales de enero, los médicos en Arequipa estuvieron pidiendo cuarentena estricta los fines de semana por miedo a contagiarse y que el sistema colapse, y las cifras de estas últimas semanas le han dado contenido a su pedido. Los empresarios de Arequipa, por otro lado, han pedido sólo bajar los aforos para no perjudicar al sector; pero también están presionando para que se les autorice a conseguir vacunas para ofrecerlas al mejor postor, solicitud que a la vista de los últimos acontecimientos, puede conseguir adeptos, quitándole más piso al Estado.

Nuevamente estamos con pronóstico reservado. Veamos cómo nos recibirá marzo, y cuál indignación pesará más a la hora de tomar decisiones.

 

 

desco Opina - Regional / 19 de febrero de 2021

descosur

Campaña con candidatos TikTok

 

La campaña política hacia las elecciones generales de abril está como este verano: muy poca luz y calor y un panorama gris dominante. Sin mítines, marchas ni caravanas y en limitados encuentros con personas mascarilla a mascarilla –por las necesarias medidas de prevención ante el contagio por la pandemia– las candidatas y candidatos casi no aparecen en las calles y espacios públicos. Del lado de los ciudadanos, está claro desde hace más de tres décadas que frente a los diversos hechos de la coyuntura política, la gran mayoría ha buscado informarse a través de la televisión y, en segunda instancia, por la radio y los medios escritos. Las agrupaciones políticas no son ya una fuente prioritaria de información y han sido reemplazadas por las redes sociales, donde son una página o un muro más entre millones de emisores.

Crecientemente los candidatos utilizan los medios digitales, que son una alternativa barata y supuestamente de fácil acceso para una campaña on line. Puede verse así, con progresiva frecuencia, a aspirantes al Congreso nacional y a quienes postulan a la presidencia de la República, en diferentes redes sociales, en invitaciones a eventos de webinar (plataformas de video en salas virtuales como Meet o Zoom). También es cierto –y suelen olvidarlo muchos de ellos– que los ciudadanos con acceso digital regular siguen siendo pocos en el país, y en su mayoría se limitan, cuando lo hacen para dejar huella, a un clic de aprobación o rechazo. La cobertura básica universal a Internet en nuestro país es solo una pequeña parte del problema, pues se sabe que, aún más importante, es la calidad de la señal que recibimos los usuarios. Al respecto, en trece departamentos, más de la mitad de las conexiones están por debajo del umbral aceptado.

En el Perú, como en todo el mundo, las normas y reglas que se producen para el ámbito digital son crecientes y se espera avanzar mucho durante este año en la prestación del servicio de Internet, básico para acceder a redes, a plataformas y demás… pero eso será luego de las elecciones generales. Al mismo tiempo, como novedad de transparencia digital, la plataforma Facebook, como lo ha hecho en Estados Unidos durante la reciente campaña presidencial, revelará la identidad de los anunciantes durante las elecciones en Perú. Para ello adjunta ya una etiqueta con la información “pagado por” notificando quién es responsable, cuál fue la inversión aproximada y a quiénes fue dirigido, contribuyendo así con la transparencia y a reducir en algo la presencia de los odiosos trolls.

Simultáneamente, el Jurado Nacional de Elecciones convocó hace poco, con éxito, a la mayoría de los partidos en competencia a firmar un Pacto Ético Electoral, que esta vez incluye como un tema específico, lineamientos de conducta para los partidos y candidatos en las redes sociales. Pocas organizaciones, como la ultraderechista Renovación Nacional de López Aliaga, se han negado a hacerlo y hay candidatos como Hernando De Soto, que en el sentido contrario, expresamente han manifestado privilegiar esta herramienta.

Sin embargo, la generalidad de la población no está al tanto de los planes de gobierno de los candidatos, inclinados muchos de éstos a una campaña demagógica desde las redes sociales como megáfono, con envíos patéticos en algunos casos, frases repetidas y desparramadas e, incluso, bailes y chistes. La credibilidad en los diarios preferidos por distintos sectores ciudadanos y la televisión (cada vez más vía cable) siguen siendo por la fuerza de la costumbre los medios de mayor impacto general en cuanto a creencia, de cara a la competencia que significan tweets, post, historias, fotos y videos en Instagram o TikTok.

La estrategia, la imagen del candidato, el posicionamiento y sus mensajes compiten ahora con el humor y el malhumor. ¿Tendremos un presidente y nuevos congresistas TikTok? Es un reto difícil pero importante contribuir a elevar el nivel de esta campaña electoral. Podemos hacerlo.

 

desco Opina / 12 de febrero de 2021