Contrariamente a lo observado los últimos años, en los que las previsiones del SENAMHI se han caracterizado por anunciar probables sequías por los efectos del fenómeno del Niño –a los que nos habíamos acostumbrado en el contexto del cambio climático–, las últimas semanas se han caracterizado por intensas precipitaciones pluviales que han superado en un 100% el promedio de los últimos 50 años para esta misma época.
Esta situación ha desnudado las debilidades de los sistemas de prevención para afrontar los efectos de las variaciones climáticas, ocasionando costosos daños en viviendas, centros comerciales de reciente inauguración en medio del boom comercial de la región (y que se suponían poseedores de los mayores avances tecnológicos) destrozos de calles, algunas recientemente pavimentadas, interrupción de carreteras, colapso de las redes de desagüe, estimándose en 6,218 los damnificados en un total de 47 distritos.
El crecimiento urbano en lugar de guiarse por la definición de los usos del suelo en función de planes rectores o una adecuada caracterización del espacio, ha estado condicionado por las presiones de la población para acceder a una vivienda ante la inacción de los gobiernos locales y por la ausencia de políticas públicas. En su lugar, ha primado la iniciativa de traficantes de terrenos, culminando en invasiones que al poco tiempo son reconocidas con propósitos electorales.
Esta situación ha motivado, el 15 de febrero, la declaratoria de emergencia luego de la convocatoria del Comité de Defensa Civil y con la participación de los alcaldes distritales. Ahora se busca afrontar de la mejor manera posible, la destrucción de viviendas y del pavimento de la mayor parte de las calles. Como suele ocurrir tradicionalmente en la gestión pública, se actúa sobre los hechos consumados.
Los cauces naturales para el drenaje del agua de lluvia han sido invadidos por pobladores que construyeron sus viviendas, posteriormente autorizadas con las respectivas licencias municipales. Estas han sido las más afectadas por el embate de las aguas en las torrenteras especialmente en los distritos de Paucarpata y Mariano Melgar donde hay una mayor concentración de estas viviendas precarias.
Por otro lado, conforme avanza la estación lluviosa se acentúan los peligros de la improvisación. El sistema de represas ya tiene almacenado alrededor del 85% de su capacidad lo que está obligando a incrementar el desembalse de las mismas a fin de evitar su colapso. A ellos se añade el pronóstico de SENAMHI sobre la prolongación de las lluvias hasta el mes de marzo. Esta situación ha puesto en riesgo los cauces del río Chili, repitiéndose en otras cuencas como Majes donde se viene registrando la pérdida de 400 hectáreas de cultivos de arroz en terrenos ubicados en las proximidades del cauce. En este caso, los problemas se generan en gran medida por la expansión de las áreas de cultivo sobre las márgenes de los ríos por los agricultores denominados «avanceros», quebrantando la normatividad sobre los cauces.
Estos hechos, en medio de la campaña electoral, deberían ser una oportunidad para requerir el pronunciamiento de los candidatos en cuanto a propuestas de políticas ambientales, planes de zonificación económica ecológica y las políticas de organización de la prevención de los riesgos, sobre todo cuando las manifestaciones más evidentes del cambio climático están asociadas a la dificultad para predecir o pronosticar los eventos climáticos estacionales.
desco Opina - Regional / 25 de febrero de 2011Programa Regional Sur
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