jueves

Bailando con la más fea



La presentación de la Audiencia Informativa de los primeros cien días de la gestión regional de Pasco, generaba muchas expectativas entre los conciudadanos de esta jurisdicción, especialmente en las audiencias descentralizadas. No era para menos. Demás está recordar la suerte del ex Presidente Regional de Pasco, Klever Meléndez, aún en manos de la justicia, y la situación en la que habían quedado la administración y finanzas regionales luego de su gestión.
Pese a ello, Meléndez alcanzó a disputar desde prisión la segunda vuelta electoral; situación paradójica donde, a pesar de la acumulación de denuncias, todavía gozaba de ciertas preferencias entre los electores. Era de esperarse, entonces, que los simpatizantes del ex presidente (bautizado por algunos como el «Robin Hood de Pasco») cuestionaran la veracidad de los informes financieros y administrativos sobre la situación del gobierno regional luego de su gestión.
La incertidumbre se atizaba en la audiencia: de los nueve consejeros regionales, dos pertenecían al partido del ex presidente y sólo cuatro eran del partido oficialista. Por otro lado, se desconocía si alguno de los partidos había podido construir canales de coordinación con los tres consejeros restantes para facilitar la gobernabilidad.
Algunos consejeros regionales no se identificaron con el informe. Criticaban la gestión calificándola de poco democrática, ya que el informe no era del conocimiento del Consejo, ni había sido sometido a su aprobación.
Las audiencias descentralizadas fueron masivas en Daniel Carrión, Oxapampa y en Cerro de Pasco. No faltaron ciudadanos que, con cartel en mano, exigían al Gobierno Regional el reinicio de obras paralizadas y un mayor control frente a los actos de corrupción encontrados.
No cabe duda que durante sus alocuciones, el nuevo equipo regional ha sabido aprovechar las falencias técnicas, administrativas y financieras de los proyectos iniciados por su antecesor. Al mismo tiempo, el equipo supo reconocer la justicia en cada una de las aspiraciones de cada provincia. También anunció la construcción y mejoramiento de hospitales; nuevas obras viales; así como la electrificación rural e infraestructura educativa; proyectos que recibieron mayor atención y euforia de la audiencia.
Hay que reconocer la habilidad del nuevo equipo de gobierno para enfocar su discurso. Las presentaciones empezaban con cada una de las gerencias exponiendo sus responsabilidades y propuestas de trabajo, sin dejar de señalar el estado en el que encontraron sus áreas (donde no faltaron las denuncias ante la falta de mucha información financiera y administrativa en varias gerencias regionales). Los funcionarios, sin embargo, no centraron su presentación en las limitaciones impuestas por el estado en el que se encontró el gobierno. Por el contrario, expusieron diagnósticos situacionales regionales y acciones que permitan recuperar capacidad de acción y la confianza de la población.
Luego de los discursos técnico-políticos de su equipo, Teódulo Quispe Huertas, el nuevo Gobernador Regional, supo ganarse los aplausos al cerrar las exposiciones: anunció el reinicio de varias obras paralizadas y nuevos esfuerzos por levantar las observaciones a proyectos de infraestructura que vienen desde la anterior gestión.
Por otro lado, pocos se percataron de que muchos de los anuncios estaban proyectados para los cuatro años de la gestión.  El gobierno fue cauto en precisar que no todo lo anunciado se iniciaría en el corto plazo, dando aliento a la gestión a fin de conseguir los recursos necesarios para honrar sus ofrecimientos. Sin duda este canal de tolerancia social, recientemente logrado, le permite a la nueva administración reducir las presiones para recomponer expedientes; reformular y reprogramar obras interrumpidas; levantar observaciones relacionadas a contratistas allegados a la anterior gestión; etc.
En pocas palabras, la población sabe que a esta nueva gestión le ha tocado «bailar con la más fea». Pese a ello, reconoce que el nuevo equipo quiere demostrar que tiene buen ritmo. Esto porque se está preocupando en mostrar capacidad de trabajo, buscando recursos ante el gobierno central y la empresa privada; y, haciendo uso correcto de los recursos propios para emprender nuevos proyectos.
Los informes de los cien primeros días buscan consensos políticos y sociales en lugar de enfocarse únicamente en la aprobación, motivo por el cual algunos sondeos no científicos –promovidos por los medios– no significan ni tranquilidad ni inquietud para la gestión regional entrante.
El olor a multitud y aplauso inmediato durante las audiencias, les asegura haber logrado, por lo menos, varios meses de serenidad. El éxito de estas tres audiencias descentralizadas le permitirá al gobierno ganar el oxígeno necesario para poder avanzar en la gestión a pesar de haber heredado arcas vacías, cuentas congeladas, deudas impagas, caos administrativo y desconfianzas acumuladas.

desco Opina - Regional / 30 de abril de 2015
Programa Selva Central
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sábado

Tía María y los resultados híbridos del «diálogo político»



Del comportamiento de las principales fuerzas políticas y partidos en el Congreso de la República en relación a la ratificación del gabinete Cateriano, sea cual sea el resultado, no cabe esperar sino un pragmatismo que puede llegar a niveles inimaginables de cinismo. Es el tono general de los políticos peruanos hoy. El «realismo político» o la Realpolitik, como se sabe bien, no basa sus decisiones en principios o en alguna ideología, sino que se impone con el puro pragmático en la búsqueda de sus objetivos.
El proceso de negociación llevado a cabo por el nuevo primer ministro –séptimo en cuatro años de gobierno y sucesor de tres verdaderos «fusibles»– para obtener su voto de investidura es un buen ejemplo  de la distancia entre los temas  que definen  formalmente la política institucional –reducida a un permanente pulseo de fuerza entre oficialismo, Apra y fujimorismo– y al interior de esas mismas fuerzas (los conflictos del fujimorismo son una muestra); y aquellos ejes en los que se ubica la inquietud social en el país: la inseguridad que genera la delincuencia y la contradicción entre promover inversiones y respetar la ciudadanía y los estándares ambientales, por citar los dos más evidentes.
Con una agenda vacía en la búsqueda de «luz verde» para Cateriano, las posibilidades de concertar intereses y estabilizar el último tramo de gobierno no ha logrado ir más allá de alinearse a un desgastado propósito: garantizar un mínimo de crecimiento de la economía –que va a un magro 3.8% y desacelerando–. Y eso «en peruano» significa la imposición de orden allí donde se manifieste descontento o resistencia a la inversión.
Y es esta carta de concertación con la que llegó Cateriano, la que paradójicamente, podría suponer el fin de su corta reaparición en el gabinete ministerial. Cumplido un mes de huelga contra el proyecto minero Tía María, el operativo policial para reprimir a los manifestantes resultó un verdadero desastre. Varios heridos de gravedad y un muerto por bala no son en definitiva la mejor presentación, ni siquiera ante el gran empresariado y sus aliados políticos, que reclaman orden.
Así, no sólo parte de la bancada FA-AP ha adelantado su negativa a respaldar a Cateriano, sino que se van sumando, también, sectores identificados por su apoyo a la causa minera, empezando por congresistas como Juan Carlos Eguren del PPC. A la par, la propia Southern, al anunciar que aguardará hasta 2017, ha aceptado que un nuevo intento de imponer Tía María a los agricultores de Valle de Tambo requiere un recambio radical de interlocutores. Los que tiene ahora «no le sirven».
Vemos así que la defensa del modelo de crecimiento económico vía inversiones continúa como único punto estable del diálogo político, por más que las formas o el discurso se alinee con el «centro político», habitual campo de fuerza en momentos pre-electorales. Y mientras de este diálogo sigan excluidos los descontentos, los frutos serán pocos.
 Como en la agenda pos conflicto y la justicia pendiente en casos de impunidad de las Fuerzas Armadas, el consenso es «patear» un debate en serio, motejando a una de las partes como «terrorista». No perdamos de vista, tampoco, la probada brutalidad policial en Arequipa, además de la burda maniobra policial-mediática para incriminar a los manifestantes anti Tía María –sembrando armas en sus manos–, que se enmarca en una permanente campaña de desprestigio. Funcionarios de la minera, congresistas, analistas políticos, periodistas, uno tras otro en las últimas semanas emplearon el pernicioso calificativo de «terrorista» para referirse a los opositores a Tía María, apelando al fantasma de Sendero Luminoso y a los miedos de las mayorías, de otro modo indiferentes a la conflictividad social del país.
De emplear el  Presidente su facultad de cerrar el Legislativo, es evidente que no podrá conducir al país en medio de un adelanto abrupto del escenario electoral y de la presión interna y externa por la vulneración de la institucionalidad democrática. En este punto, incluso, podría resentirse su garante, MVLL, solitario proveedor de los pocos cuadros liberales que quedan para el bolo de los premieratos por venir. Cualquiera sea el resultado para su gabinete, decíamos, el gobierno de Humala –como ha demostrado hasta hoy respecto a cada una de sus decisiones– será incapaz de lidiar con las consecuencias de modo que no genere sino una (¡otra!) prolongación de la crisis política que el país soporta desde hace años.

desco Opina / 24 de abril de 2015
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viernes

Tía María II: el fracaso de la «participación ciudadana en minería»



El conflicto en torno al proyecto Tía María ha mostrado el fracaso del gobierno para manejar un asunto tan delicado y complejo, lo que resulta especialmente alarmante y clamoroso considerando los antecedentes de Conga y la experiencia misma en el valle del Tambo hace pocos años. Es sin duda el fracaso de un abordaje que cree encontrar salidas «técnicas» y no políticas a los conflictos sociales.
Intentando superar la situación, el gobierno del Presidente Humala ha enviado a cuatro ministros a Arequipa para que expliquen en detalle el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la población, que desconoce los pormenores del mismo y no tiene idea de la medida en que éste ha superado las 138 observaciones que la UNOPS hizo al anterior EIA. Dada la coyuntura en el valle del Tambo, los ministros optaron por exponer en una universidad de la ciudad de Arequipa.
Más allá de la contundencia o no de sus argumentos, no deja de ser lamentable que cuatro altos representantes del Estado se vean obligados a hacer una exposición pública que, se supone, la empresa interesada debió hacer a la población en los denominados talleres informativos, como requisito para la posterior aprobación de su EIA.
Como se sabe, la legislación vigente establece como mecanismo de participación ciudadana, la obligación que tiene una empresa de realizar dichos talleres informativos para que los actores involucrados de la «zona de influencia directa» conozcan el proyecto, tanto los beneficios como los riesgos y las medidas que se van a adoptar para mitigar eventuales daños. La población convocada es la de un ámbito delimitado con criterios técnicos relacionados con las futuras operaciones mineras, dividiendo el territorio de una manera que no toma en cuenta el entramado o estructura económica, social y de poderes existentes, que normalmente entrelazan amplios espacios en donde los actores sociales reproducen su vida cotidiana, excluyéndose a población que, sin vivir en las cercanías del proyecto, va a ser afectada (o percibirá que puede serlo) por este.
Según las normas, la empresa debe poner a disposición del público el documento del EIA, que frecuentemente es un informe de muchos volúmenes y cientos o miles de páginas escritas en un lenguaje técnico y especializado, aunque se contempla la inclusión de un resumen ejecutivo en lenguaje sencillo y accesible. Los interesados deben acceder para ello a una versión digital o a una de las pocas versiones impresas que se pone a disposición, revisarla en un plazo relativamente corto e inscribirse para asistir al evento (controlado por la empresa), a fin de plantear allí sus observaciones que, se supone, deben ser tomadas en cuenta por el Ministerio de Energía y Minas.
Southern utilizó estos procedimientos cuando en diciembre del año 2013 convocó a talleres informativos en la zona de influencia del proyecto, para presentar los resultados de su EIA. La organización de los eventos fue estricta y el acceso de los opositores controlado, encargándose la Policía Nacional de mantenerlos a raya y evitar desmanes. La empresa y el MINEM quedaron satisfechos con los resultados y el EIA terminó siendo aprobado por este último, a pesar de las observaciones presentadas por quienes se oponían.
La confianza en que los talleres informativos habían dado luz verde al proyecto y se había logrado neutralizar a los opositores, no generó mayor preocupación en la empresa ni en el MINEM por procurar que la población del valle (no sólo la de la zona de influencia directa) conociera realmente los detalles del EIA y se informara respecto cómo supuestamente se había logrado el levantamiento de las observaciones efectuadas por la UNOPS, menos aún por instalar una mesa para ir negociando oportunamente inversiones y mecanismos para solucionar eventuales conflictos, y mucho menos todavía por el siguiente movimiento de los sectores opositores en la campaña electoral del 2014. La visita de los cuatro ministros es producto de este grave error político, pero en un contexto mucho más complicado que en diciembre del 2013; quizá sea ya tarde.
Más allá de las maniobras concretas que puedan haberse producido en los talleres, y que los opositores al proyecto juzgan como reales, lo cierto es que el modelo de «participación ciudadana en minería» es bastante restrictivo; las dificultades de la población para acceder a la información, el plazo relativamente corto que se tiene, la organización de los talleres generalmente en manos de la empresa –la que juega también un rol decisivo en la selección de los participantes–, constituyen problemas serios que limitan dicha participación. No hay, además, mecanismos efectivos para asegurar que las observaciones al estudio sean tomadas en cuenta por el MINEM. Tan importante como lo anterior, es que los talleres informativos se limitan a convocar a la población residente en la ya mencionada «zona de influencia directa», excluyendo a otros sectores técnica aunque no social ni territorialmente fuera y que, por tanto, pueden jugar un rol decisivo en la obtención de la licencia social. Justamente, en el caso de Conga, la protesta partió de estas áreas y terminó bloqueando el proyecto y no es de extrañar que población «externa» a ese ámbito participe ahora en las movilizaciones contra Southern.
Por ello, creemos que esta crisis es una buena oportunidad para repensar la normatividad y plantear la necesidad de introducir cambios que permitan una participación ciudadana amplia, efectiva y democrática, reduciendo las fuentes de conflictividad social.

desco Opina - Regional / 17 de abril de 2015
Programa Regional Sur
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lunes

De Conga a Tía María: el fracaso de la política



Tres años después de las movilizaciones que paralizaron el desarrollo del proyecto Conga en Cajamarca, una nueva crisis ha estallado en la provincia de Islay (Arequipa); un importante sector de la población, liderado por los alcaldes distritales de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, se oponen al desarrollo del proyecto Tía María de la empresa Southern Perú Copper.
Estas movilizaciones dejan la sensación de un déjà vu, y es inevitable preguntarse con cierto aire de incredulidad, si las lecciones del conflicto de Cajamarca, al inicio mismo del mandato del Presidente Humala, han sido realmente aprendidas. Los errores de su primer año de gestión podían ser atribuidos, hasta cierto punto, a su inexperiencia; tres años más tarde, y luego de las ricas y complejas lecciones que ha dejado la conflictividad en tiempos recientes, el problema está más bien relacionado con el enfoque predominante, la incompetencia y las evidentes limitaciones políticas del gobierno.
Son muchos los factores que explican lo que está pasando, pero queremos resaltar al menos dos de ellos: la pobre o escasa visión política del gobierno y el manejo inadecuado de los tiempos. La desastrosa experiencia de Conga enseña que, cuando un conflicto social escala hacia la escena política e involucra a actores clave en el espacio en que se desenvuelve, su gestión se torna más compleja y, desde luego, demanda arreglos políticos para su solución. Los memoriosos deben recordar que, muchos meses antes del estallido, se conocía ya de la oposición y resistencias existentes al desarrollo del proyecto, pero ni la empresa, ni el sector Energía y Minas u otras entidades públicas involucradas, adoptaron oportunamente medidas para lograr acuerdos y evitar el escalamiento; más adelante, la polarización a la que se llegó desnudó la incapacidad del gobierno para hallar y pactar una salida, y varios meses después, luego de trágicos episodios de violencia, se optó por congelar el conflicto y, en los hechos, mantener paralizado el proyecto.
El fracaso de Conga determinó en el gobierno un viraje hacia una opción más represiva, liderada por el ex–premier Valdés, bajo la convicción de que estos conflictos eran producidos por un reducido grupo de activistas que manipulaban y agitaban a la población. A los pocos meses, esta opción fracasa también en Espinar (otro caso que escaló igualmente hasta la escena política), y se produce entonces un nuevo viraje, esta vez hacia una opción que planteaba el diálogo y la prevención como mecanismos fundamentales para atender los conflictos. A partir de entonces, segunda mitad del 2012, y por diversos factores, entre ellos esta nueva estrategia, el país no conoció situaciones comparables en su escalada y violencia.
Es así que, a fines del 2013, y luego de algunos años del conflicto inicial, en un período de relativa calma, Southern retoma en Islay el proceso, realizando los talleres de presentación a la población de los nuevos estudios de Tía María. Mediante un buen manejo de los eventos por parte del MINEM, y con un hábil apoyo policial, se logró neutralizar los intentos de los no pocos opositores que, bajo la gestión del gobierno del Presidente Alan García, habían conseguido detener el proyecto. Esta suerte de triunfo de corto plazo, explica justamente la derrota que el gobierno y la empresa están a punto de experimentar.
La confianza en los resultados de los talleres influyó al parecer en la decisión de no instalar, en ese momento, la mesa que hoy el gobierno busca a toda costa poner en funcionamiento, habiendo desperdiciado un tiempo valioso; más grave aún, pocos dentro de la administración Humala previeron que los opositores iban a tener éxito en la arena electoral. En los tres distritos mencionados, los candidatos que triunfaron en las elecciones municipales de octubre pasado fueron líderes con un discurso claramente opuesto al desarrollo del proyecto minero, sin que los partidarios del mismo en la sociedad civil (que sin duda los hay) fueran capaces de organizarse y disputar también en ese plano. Son estas nuevas autoridades las que están encabezando las movilizaciones y prácticamente han convertido el conflicto en un problema regional, involucrando a otras fuerzas e incluso a la gobernadora regional (partidaria del proyecto pero con licencia social).
Así, estamos ante un  conflicto que llegó a la escena política y es allí, al parecer donde tendrá que resolverse. En la mirada tecnocrática, hoy hegemónica en el gobierno, se abriga la expectativa de que explicando los detalles del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y ofreciendo inversiones sociales, se logrará desescalar el conflicto y continuar con el proyecto. Esta visión olvida la profunda desconfianza de la población (o de un sector significativo de ella que no puede ser acusada de terrorista como lo hiciera un vocero de la empresa) hacia el Estado y hacia Southern, cuya imagen, construida en 50 años, no es precisamente muy positiva. Es difícil creer que eventuales explicaciones detalladas de distintos estudios técnicos superen tal desconfianza (recordemos la estéril experiencia con los peritos extranjeros que contrató el ex–premier Valdés en el caso de Conga). Los ofrecimientos de obras de infraestructura (incluso la empresa ha ofrecido 100 millones de Nuevos Soles para el valle) suenan antes a intentos de comprar voluntades, en un ámbito no precisamente caracterizado por altos niveles de pobreza, donde existe un importante sector de pequeños y medianos productores dinámicos, capitalizados y activamente vinculados al mercado regional, quienes son los que tienen que perder más ante una eventual deterioro del valle por la minería.
El uso hábil de las herramientas manejadas por expertos conflictólogos no pondrá fin al problema. La salida más viable sería entonces una de carácter político, un arreglo entre el Estado, las empresas y las fuerzas opositoras y partidarias del proyecto, que sin perjuicio de las inversiones sociales que hayan de realizarse, establezcan mecanismos de vigilancia ciudadana a la actividad minera y un instrumento efectivo e inmediato de compensaciones y mitigaciones de eventuales daños, a partir del supuesto, claro está, de que el proyecto pueda convivir con la actividad agropecuaria local.

desco Opina / 10 de abril de 2015
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