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La gente quiere un gobierno que gobierne

 

La última encuesta de IPSOS Apoyo, que ratifica resultados que habían adelantado otras empresas, resulta bastante significativa. La aprobación presidencial sube 4 puntos a 42%, oscilando entre 29% que obtiene en Lima y 52% en el sur del país. Mientras aquella es justificada por la apuesta por el cambio del mandatario, 45%, su desaprobación, que sube un punto, se ubica en 46%, moviéndose entre el 62% de Lima y el 29% del sur, lo es según los encuestados porque el Presidente no está preparado para gobernar (39%), ha convocado a malos profesionales (31%) y está rodeado de simpatizantes del terrorismo (apenas 28%). En la misma, la aprobación de Guido Bellido está 17 puntos por debajo de la del mandatario, mientras que la desaprobación de la señora Alva sube 10 puntos, a 47% y la del Legislativo 5, a 49%.

En otras palabras, varios elementos que permanecen y que son parte de la polarización que instalaron con fantasía y aplicación el fujimorismo y buena parte de la derecha, a partir del 6 de junio en la noche. No obstante la campaña de demolición que sufren el mandatario y su Ejecutivo, su aprobación se incrementa manteniéndose la profunda brecha entre Lima, donde es mayoritariamente desaprobado, y el interior del país donde aumenta levemente su aprobación, como también ocurre en los sectores A, B, D y E.

La misma está ligada a la expectativa de cambio que no disminuye entre la gente, en tanto que su desaprobación obedece a la inefectividad que perciben en su gobierno, antes que al constante «terruqueo» y a los peligros de un supuesto comunismo o del retorno del senderismo, con el que la mayoría de medios de comunicación atormentan a su público los siete días de la semana.

Si en un texto anterior decíamos que nos encontrábamos en un circo de tres pistas, con un Congreso donde predominan los aprendices y muchos intereses particulares, un Ejecutivo fuertemente marcado por la improvisación y la mayoría de medios de comunicación sin ninguna responsabilidad en lo que hacen y dicen, la encuesta ratifica la debilidad de tales actores y muestra los límites del discurso extremo de la derecha que no alcanza al mandatario pero que golpea a varios de sus ministros y allegados, impacta significativamente en Lima y se diluye en el interior del país. Ello, en un escenario más general en el que la gente luce cansada de la polarización y simultáneamente aparecen peligrosos grupos de derecha extrema que actúan impunemente con violencia y terror, como lo hicieran cobardemente con el exfiscal Avelino Guillén.

En cualquier caso, el mensaje al Ejecutivo desde la encuesta es claro. La gente quiere que el mandatario lidere el cambio y gobierne eficazmente. Un desafío grande que puede empezar a pasarle factura si no se responde pronto, y que empieza a ser incorporado por sectores de la derecha a su repertorio para aislar a Castillo. Sin duda, un argumento que parece más cercano a la gente que las sicodélicas denuncias de fraude o el «terruqueo» vacío de contenido, que desde hace más de 20 años funciona para defender un régimen político-económico incapaz de reformarse y responder a demandas sociales legítimas.

En este escenario, mientras el gobierno borre con una mano lo que hace con la otra, continuará aislado. A las inocultables diferencias en el Gabinete el tratamiento al cadáver de Abimael Guzmán o las relaciones con Venezuela, se suma la reiteración de nombramientos polémicos, si no escandalosos, como el del nuevo presidente de INDECOPI, evidenciando algunas de las limitaciones más significativas de un equipo que no termina de amalgamarse ni de definir una ruta, facilitando el accionar de sus opositores, que como también es evidente, tampoco son fuertes.

En este escenario la muerte de Abimael Guzmán, responsable directo de miles de muertos y de uno de los peores períodos de nuestra historia, antes que aprovecharse para enfrentar las verdaderas interrogantes que nos plantea su terrorismo si queremos que la historia no se repita, alimentó la histeria colectiva que viene construyéndose hace ya un tiempo, alimentando una cultura fundada en el miedo y la sospecha, en la autocensura y la inhibición ante el temor de ser señalados de presunta simpatía, vínculos, coincidencias o peor aún, militancia senderista.

Histeria, hay que decirlo, que desnuda una vez más la precariedad de nuestra institucionalidad y la debilidad de los poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo y Ministerio Público que fueron incapaces de responder políticamente, como lo fueron los últimos 29 años. Todo ello, siendo claros en la imperativa obligación que tienen todos los políticos y funcionarios públicos de aclarar su historia pasada.

 

 

desco Opina / 24 de setiembre de 2021

Arequipa: las regalías del desencanto

 

El reciente pago que voluntariamente realizó Sociedad Minera Cerro Verde a la SUNAT, ha despertado el interés de las autoridades locales de Arequipa que cumplen su último año de gestión. De los S/ 1040 millones de soles abonados, S/ 267 millones corresponden al pago del impuesto especial a la minería y S/ 773 millones a regalías mineras, que según la Ley de Regalía Minera deben de ser repartidas al Gobierno Regional y los gobiernos locales de Arequipa, en porcentajes establecidos por la misma. Al tratarse de un “pago bajo protesto” la decisión de transferencia corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

A inicios de setiembre, 21 alcaldes de la provincia de Arequipa, junto al Gobernador Regional, solicitaron en un memorial la transferencia de los 773 millones de soles por regalías de Minera Cerro Verde, además de parte del dinero abonado por la empresa minera Buenaventura (que incluye multas y cobros de impuestos) que también tiene operaciones en diferentes partes del país y en la región.

Ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional, hace unos días los alcaldes anunciaron que viajarían a la capital para tener una audiencia en el MEF, ya llegaron a Lima y no se descarta la posibilidad de realizar una huelga de hambre hasta que el gobierno conteste a su solicitud.

En medio de este pedido, sucedieron dos hechos que podrían hacer dudar al Ministerio de la necesidad y pertinencia de esas transferencias. En plena recuperación económica pospandemia, a lo que se suma la necesidad de implementar las mejoras para poner a punto los servicios de salud en todo el departamento, el Gobierno Regional ha inaugurado una plaza que ha costado 5 millones de soles, y que ya ha merecido el cuestionamiento de la Contraloría General de la República, puesto que no es un proyecto de impacto regional. La misma autoridad, en el colmo de la trivialidad, anunció la construcción de una réplica del Huáscar para atraer turismo a Mollendo, un puerto que como recordamos, tiene una corriente tan brava que echó abajo varias veces partes del proyecto del Muelle Artesanal de Mollendo –realizado por el cuestionado Daniel Vera Ballón, otrora autoridad regional de Arequipa–, encareciéndolo escandalosamente. Flaco favor le hace el gobernador Cáceres Llica a los burgomaestres mistianos con sus banalidades.

La falta de criterio del gobernador y su inadecuada lectura del contexto, nos cuestiona sobre la falta de capacidades de los gobiernos regionales para hacerse cargo del desarrollo del departamento y sobre el éxito del proceso de descentralización. También, sobre la falta que hace la actualización de las normas para encausar la inversión y que el gasto de recursos públicos no sea un desmadre. Por último, abre un debate, nuevamente, sobre la necesidad de una reforma en nuestro sistema político y electoral, que quedó a medias. Así como están las normas, ya no es cuestión de responsabilizar al elector por su elección, porque valgan verdades, hace años estamos obligados a elegir entre una pobrísima oferta electoral. Estamos condenados a elegir el mal menor ante la nula voluntad que tiene el Congreso por llevar adelante una reforma seria.

No tenemos certeza si los recursos que solicitan los burgomaestres y el Gobernador Regional, sean para atender casos de extrema urgencia, o es que la necesidad proviene de la cercanía a un nuevo proceso electoral, y estos recursos más bien les ayudaría a apalancar su deteriorada imagen pública.

En una última declaración, el alcalde Omar Candía, ha recalcado la necesidad de plantas de tratamiento de agua, dado el crecimiento de la ciudad, y que también hace falta construir nuevas represas, dando a entender que este dinero se invertiría en esos proyectos. A estas alturas del año, ¿habrá tiempo para realizar estos proyectos? Quizá los podrían dejar encaminados, hay que tener en cuenta que el altísimo precio del cobre a nivel mundial, también les va a permitir tener mayores recursos el próximo año en las transferencias regulares de canon y regalías. En todo caso, la ciudadanía debería prestar atención al gasto del presupuesto de sus autoridades, si es el que MEF evalúa con seriedad el fundamento de esta solicitud de transferencia de regalías de forma extraordinaria. La vigilancia ciudadana es nuestra oportunidad de participar en la eficiencia del gasto.

 

desco Opina - Regional / 17 de setiembre de 2021

descosur

Un nuevo pacto social

 

A 45 días de iniciado el nuevo gobierno es deseable que los actores políticos pasen a otra etapa. Esto nos corresponde hacer a las instituciones del Estado (Ejecutivo y Legislativo en particular), a todas las organizaciones políticas, los gremios de trabajadores y propietarios. Por cierto, a las demás organizaciones e instituciones privadas, que constituimos el tejido económico, cultural y social de nuestro país. Son muchos los ciudadanos que lo reclaman.

Nadie pierde de vista que, en los últimos meses de campaña, la polémica, la comunicación política, las acusaciones lanzadas, sobre todo las falsas y las noticias incompletas –las medias verdades– han creado una grieta profunda y han marcado hasta el alma en nuestro país. Ha ocurrido de la peor manera. Como consecuencia, la credibilidad en la gestión de todo el Estado aparece aplastada por los suelos y eso impacta. Son las consecuencias de lo que pasa cuando prima el enfrentamiento sobre la concertación.

Más adelante, dentro de algunos años, los acontecimientos vividos en este quinquenio, probablemente, serán materia de reflexiones y aprendizajes para las y los peruanos sobre cómo actuar mejor para concertar y evitar profundizar las brechas que la pandemia evidenció para todos.

Además de soportar el furor de distintas expresiones que jamás aportaron a una polémica deseable, no terminamos de salir de algo como un acalorado griterío que nos enfrenta al renacimiento de la violencia política y al comportamiento irracional de distintos actores. Vemos una derecha radical que ha florecido vigorosa en determinados sectores sociales, parecida a la de otros países, Estados Unidos en particular, cuando se llegó a la incitación a la violencia de Donald Trump contra el Congreso en 2021.

Manifestaciones y marchas callejeras, si bien muy menguadas últimamente, han sido alentadas por titulares e información escandalosa de la prensa, radio y televisión nacional. Como resultado tenemos una inseguridad creciente, el descrédito acelerado de nuestras reglas de juego y el quiebre del diálogo. Las ideas no se exponen, se imponen y la sed de venganza de los principales perdedores parece no tener fin.

El desarrollo al que aspiramos es, finalmente, un proceso colectivo que también favorece lo individual, es una dinámica intersectorial e integral que aspira a convocar acciones y coordinaciones interdisciplinarias, interculturales, e intersubjetivas que debemos poner en marcha.

El escenario múltiple al que asistimos, como en circo de tres pistas, donde circulan los payasos, están las fieras y nos tensan los magos y los equilibristas, es el de un hemiciclo parlamentario conformado mayoritariamente por novatos, el Poder Ejecutivo en manos de muchos improvisados y los medios de comunicación (con la dinámica generada en las redes sociales que las absorbe) con muy escasa responsabilidad social en lo que hacen y dicen. La mayoría de los ciudadanos, cada vez más excluidos de esta afanosa disputa, esperamos que esto cambie pronto para mejor.

No basta con ser un país de ingresos medios con expectantes posibilidades de aprovechar nuestros mejores recursos para mejorar la vida. Si la economía sigue en franco proceso de recuperación dejando atrás las urgencias de la pandemia, estamos a puertas de integrar a la comunidad nacional a millones de compatriotas secularmente segregados y marginados. Es hora de construir un nuevo pacto social para creer en nosotros y confiar en los demás. Uno que muestre al mundo y a nosotros mismos que somos una nación y no un país de desconcertadas gentes.

Hay una conciencia de insatisfacción y, por lo mismo, un deseo de no repetir lo que se está haciendo destructivamente que debería guiarnos hacia el tricentenario.

 

desco Opina / 10 de setiembre de 2021