En octubre del 2016 se realizará en la ciudad de Quito, Ecuador, la
Conferencia Hábitat III de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo
Urbano Sostenible. La conferencia deberá tener como resultado una visión de
futuro y orientaciones para la acción en lo que se denomina será la “Nueva Agenda Urbana”.
Esta convocatoria internacional se hará en cumplimiento de la Resolución 67/216 de la Asamblea General en la que se
plantea alcanzar, y asegurar el compromiso político de los gobiernos miembros
de promover el desarrollo urbano sostenible, evaluar los logros alcanzados
hasta la fecha frente a la pobreza urbana e identificar y abordar los nuevos y
emergentes desafíos urbanos del planeta de los que ahora, hasta el Papa se preocupa.
Es conocido que más de la mitad de la población mundial vive actualmente en
ciudades como resultado de los procesos de urbanización y migración global,
principalmente a las grandes ciudades. El dato fuerte del siglo XXI es el que
nos indica que el 54,5% de la población mundial es urbana. Paradójicamente las
áreas de las ciudades tan solo ocupan cerca del 2% de la superficie global y,
sin embargo, producen el 70% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, consumen
más del 60% de la energía, y lamentablemente producen el 70% de los gases de
efecto invernadero y el 70% de residuos.
Este contexto global no es ajeno a la realidad nacional del Perú que
enfrenta una problemática especial que redunda en lo que es la caracterización
mundial, ya que en nuestro territorio –de 1´285 215.6 Km2 ocupado por una población de 31´151 643 habitantes– tenemos
el caso de Lima Metropolitana y Callao donde ocurre una híper concentración urbana. En tan
solo 2839.2 Km2 de superficie –que
representa el 0.22% del territorio nacional y contamos con una población
estimada de 10´848 566 habitantes– vive el 34.8% de la población nacional. Lima
en los últimos 70 años (de 1940 al 2007) ha incrementado su población urbana 13
veces.
En este marco, lo mínimo que podríamos esperar es el interés y el
compromiso del Estado peruano por participar y alentar la reflexión en torno a
la cumbre Hábitat III.
Pero no es así. El Perú a la fecha no ha convocado aún a los colegios,
profesionales, a la academia, a la sociedad civil y organizaciones vecinales,
entre otras instituciones, a contribuir en la elaboración del Informe Nacional
que debía ser presentado ante la comisión organizadora del Hábitat III a
mediados del presente año. Por cierto concierne al sector construcción, pero
también convocar al sector transporte e infraestructura, aunque sea solo para
hacer visible que no son propiamente sectores del empresariado nacional los que
allí predominan.
Si revisamos las web de oficinas de gobiernos de países vecinos como Chile,
por ejemplo, en su Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, se aprecia diferentes esfuerzos en procesos abiertos de
discusión sobre las perspectivas nacionales ante Hábitat III.
Habría que preguntar a los funcionarios de Cancillería, del Ministerio del
Ambiente (con tanto estrellato mundial con la COP apenas hace un año y esta
vez, para Hábitat, nada) y por cierto del Ministerio de Vivienda y Construcción ¿por qué
en nuestro país no se atiende este compromiso oficial del Perú, por qué no se
convoca a la sociedad civil para iniciar ya el trabajo de discutir y construir
propuestas consensuadas frente al reto como atender la problemática de nuestras
ciudades?. Esto en la perspectiva de contribuir a un desarrollo urbano
planificado y con políticas públicas que permitan racionalizar nuestro
desarrollo urbano en un contexto de crecimiento económico muy desordenado en el
campo del urbanismo.
Sabemos bien que las ciudades son potencialmente territorios con gran
riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. Sin embargo, el
modelo de desarrollo actual que se impulsa en el Perú se caracteriza casi
exclusivamente por atender a quienes se benefician con la concentración de la
renta. Mientras tanto, enfrentamos un acelerado proceso de urbanización que depreda el ambiente y privatiza el espacio público, generando empobrecimiento, exclusión y segregación social y espacial. Tal como están siendo gestionadas las ciudades en
el Perú por el gobierno y sus respectivos sectores y niveles, están lejos de
ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población
urbana –en su mayoría– está privada o seriamente limitada para satisfacer sus
más elementales necesidades de calidad de vida urbana, esto en virtud de sus
características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad.
¿Qué nos ofrece el gobierno? Tan solo un modelo de leasing en la vivienda para reactivar la industria inmobiliaria. Triste
situación en medio de la globalización que se vive.
Será acaso que la
atención a los temas de desarrollo urbano y crecimiento de las ciudades está
reservada únicamente para el sector empresarial del país, que recibe
importantes estímulos económicos a través de las políticas públicas estatales
que apuntan casi exclusivamente a dinamizar la economía y las ganancias del
sector construcción. Demandamos una respuesta seria.
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Regional / 22 de julio de 2015
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