miércoles

Hábitat III: lo que el gobierno ofrece es leasing inmobiliario



En octubre del 2016 se realizará en la ciudad de Quito, Ecuador, la Conferencia Hábitat III de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. La conferencia deberá tener como resultado una visión de futuro y orientaciones para la acción en lo que se denomina será la “Nueva Agenda Urbana”.
Esta convocatoria internacional se hará en cumplimiento de la Resolución 67/216 de la Asamblea General en la que se plantea alcanzar, y asegurar el compromiso político de los gobiernos miembros de promover el desarrollo urbano sostenible, evaluar los logros alcanzados hasta la fecha frente a la pobreza urbana e identificar y abordar los nuevos y emergentes desafíos urbanos del planeta de los que ahora, hasta el Papa se preocupa.
Es conocido que más de la mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades como resultado de los procesos de urbanización y migración global, principalmente a las grandes ciudades. El dato fuerte del siglo XXI es el que nos indica que el 54,5% de la población mundial es urbana. Paradójicamente las áreas de las ciudades tan solo ocupan cerca del 2% de la superficie global y, sin embargo, producen el 70% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, consumen más del 60% de la energía, y lamentablemente producen el 70% de los gases de efecto invernadero y el 70% de residuos.
Este contexto global no es ajeno a la realidad nacional del Perú que enfrenta una problemática especial que redunda en lo que es la caracterización mundial, ya que en nuestro territorio –de 1´285 215.6 Km2 ocupado por una población de 31´151 643 habitantes– tenemos el caso de Lima Metropolitana y Callao donde ocurre una híper concentración urbana. En tan solo 2839.2 Km2 de superficie –que representa el 0.22% del territorio nacional y contamos con una población estimada de 10´848 566 habitantes– vive el 34.8% de la población nacional. Lima en los últimos 70 años (de 1940 al 2007) ha incrementado su población urbana 13 veces.
En este marco, lo mínimo que podríamos esperar es el interés y el compromiso del Estado peruano por participar y alentar la reflexión en torno a la cumbre Hábitat III.
Pero no es así. El Perú a la fecha no ha convocado aún a los colegios, profesionales, a la academia, a la sociedad civil y organizaciones vecinales, entre otras instituciones, a contribuir en la elaboración del Informe Nacional que debía ser presentado ante la comisión organizadora del Hábitat III a mediados del presente año. Por cierto concierne al sector construcción, pero también convocar al sector transporte e infraestructura, aunque sea solo para hacer visible que no son propiamente sectores del empresariado nacional los que allí predominan.
Si revisamos las web de oficinas de gobiernos de países vecinos como Chile, por ejemplo, en su Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, se aprecia diferentes esfuerzos en procesos abiertos de discusión sobre las perspectivas nacionales ante Hábitat III.
Habría que preguntar a los funcionarios de Cancillería, del Ministerio del Ambiente (con tanto estrellato mundial con la COP apenas hace un año y esta vez, para Hábitat, nada) y por cierto del Ministerio de Vivienda y Construcción ¿por qué en nuestro país no se atiende este compromiso oficial del Perú, por qué no se convoca a la sociedad civil para iniciar ya el trabajo de discutir y construir propuestas consensuadas frente al reto como atender la problemática de nuestras ciudades?. Esto en la perspectiva de contribuir a un desarrollo urbano planificado y con políticas públicas que permitan racionalizar nuestro desarrollo urbano en un contexto de crecimiento económico muy desordenado en el campo del urbanismo.
Sabemos bien que las ciudades son potencialmente territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. Sin embargo, el modelo de desarrollo actual que se impulsa en el Perú se caracteriza casi exclusivamente por atender a quienes se benefician con la concentración de la renta. Mientras tanto, enfrentamos un acelerado proceso de urbanización que depreda el ambiente y privatiza el espacio público, generando empobrecimiento, exclusión y segregación social y espacial. Tal como están siendo gestionadas las ciudades en el Perú por el gobierno y sus respectivos sectores y niveles, están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana –en su mayoría– está privada o seriamente limitada para satisfacer sus más elementales necesidades de calidad de vida urbana, esto en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad. ¿Qué nos ofrece el gobierno? Tan solo un modelo de leasing en la vivienda para reactivar la industria inmobiliaria. Triste situación en medio de la globalización que se vive.
Será acaso que la atención a los temas de desarrollo urbano y crecimiento de las ciudades está reservada únicamente para el sector empresarial del país, que recibe importantes estímulos económicos a través de las políticas públicas estatales que apuntan casi exclusivamente a dinamizar la economía y las ganancias del sector construcción. Demandamos una respuesta seria.

desco Opina - Regional / 22 de julio de 2015
Programa Urbano
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viernes

Un escenario electoral oscuro



Las últimas semanas el escenario político se ha ensombrecido aún más por la guerra declarada entre distintos sectores de la oposición y el gobierno nacional. Como no podía ser de otra manera, las víctimas principales han sido el Presidente de la República y su esposa. Ciertamente, más la segunda que el primero. Arrastrada por las distintas investigaciones sobre los manejos de Belaunde Lossio, la señora Heredia se ha visto envuelta en innumerables acusaciones que han ido desde el uso de los recursos de campaña de su agrupación, hasta el cuestionable manejo de la tarjeta de crédito de una funcionaria del gobierno y amiga suya, llegando hasta extremos censurables como los que se observaron en el Congreso de la República en la última semana.
Todo ello, hay que decirlo, con la complacencia de la mayoría de los medios de comunicación que aprovecharon cada una de las oportunidades que ha supuesto cada acusación para hacer escarnio y humillar a la primera dama. Más allá de la falta de transparencia y la frivolidad que evidencian varias de las denuncias, tanto como del manejo poco transparente de los recursos recibidos por el nacionalismo –pecado grave, ciertamente compartido por la mayoría de agrupaciones partidarias de sus acusadores– el linchamiento político es innegable. La tardía y legítima defensa realizada por la propia acusada, termina siendo parte de la derrota del debate político, afirmando una discusión adjetiva, que no guarda relación con la urgente agenda que el país requiere procesar.
Atrás de toda esta novela, todo lo indica así y las recientes declaraciones del periodista Nicolás Lúcar lo reafirman, se encontraría la mano del viejo partido de la estrella; más directamente, de su eventual candidato Alan García, quien aparece definido por el 80% en reciente encuesta de Datum, como mayormente o totalmente corrupto, encabezando un ranking, acompañado por Alejandro Toledo. Severamente golpeado por los narcoindultos, el caso Oropeza y más recientemente por la gigantesca trama de corrupción brasileña y la construcción de la Transoceánica, el ex mandatario es el principal interesado en ensombrecer aún más el deteriorado y frágil tablero político, para intentar recomponer su imagen y darle viabilidad a su eventual candidatura presidencial el 2016.
Las encuestas de junio difundidas por Ipsos, evidencian la afirmación de Keiko Fujimori cuya imagen sube en el último mes y alcanza el 44% de aprobación, frente a Pedro Pablo Kukczynski que también la incrementa hasta el 38%, mientras García desciende ya al 25%. De esta manera, diversas mediciones de opinión pública, permiten afirmar que la hija del ex presidente actualmente cumpliendo condena, ha consolidado una intención de voto que supera ligeramente el 30%, incrementando en 10% su voto históricamente “duro”. PPK por su parte, alcanza un 15%, mientras el candidato de Alfonso Ugarte, no llega al 10%.
En ese escenario, sin duda confuso y aún incierto, se mantiene todavía un tercio del electorado que no simpatiza en primera intención con ninguno de los tres posibles aspirantes y que, sin embargo, no encuentra una opción distinta desde el otro lado del espectro político. Atrapadas las izquierdas entre sus múltiples diferencias e intereses electorales, desde buen tiempo atrás, y sin mayor claridad sobre lo que estará en juego en las elecciones del 2016, resultan de espaldas a los intereses y malestares de la gente y siguen sin descubrir cómo hacer política hoy, como se pudo constatar con las inocultables debilidades del paro nacional. Acción Popular y otros grupos menores, tampoco dan muestras de ninguna iniciativa.
Así las cosas, y conforme transcurren las semanas, paradójicamente es PPK –a pesar de las innegables debilidades de su candidatura–, quien aparece con la mejor posibilidad de crecimiento electoral al ubicarse, más que las otras dos candidaturas, en el centro político, al extremo de haber sido sindicado, no sin cierta ironía, hasta de socialista. Aprovechando el vacío, que en política siempre se llena, el veterano candidato puede terminar apropiándose de sectores tradicionalmente dispuestos a apostar por opciones más democráticas, cuanto de la necesidad de canales políticos de diversas agrupaciones regionales.
Todo indica que el escenario no se modificará en las próximas semanas. Que mientras las izquierdas y otros permanecen atrapados en sus pequeños cálculos coyunturales, el desorden y la crisis –no obstante su tono farandulero– continuarán, como se mantendrá posiblemente el blindaje obcecado del modelo económico que puede dar un nuevo paso en las próximas semanas, con la firma del TPP. A quienes encabezan las encuestas no les preocupa, porque en ese afán se inscriben sus candidaturas; las izquierdas y los otros sectores que se ubican en ese tercio del electorado disponible, siguen sin darse cuenta.

desco Opina / 17 de julio de 2015 
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Comunidades campesinas en Huancavelica: retos y desafíos futuros



Las comunidades campesinas son las organizaciones rurales más importantes y tradicionales en la Región Huancavelica. Actualmente, existen 636 comunidades formalmente reconocidas, estimándose que su número es de hecho mayor si se considera a aquéllas que no han tramitado o logrado su inscripción. Se calcula que cada una de estas está integrada por un promedio de 80 a 100 familias, lo que significa un total aproximado de 200-250 mil personas, constituyendo alrededor del 50% de la población regional. Las comunidades poseen también la mayoría de las tierras agrícolas de Huancavelica y producen los principales bienes agropecuarios ofertados en el mercado regional y en los de las provincias y distritos de la zona. Los procesos de los últimos años, sin embargo, las han impactado negativamente y hoy afrontan problemas derivados de las secuelas de la violencia, la migración, la escasez de recursos como el agua, la posesión de las tierras y las debilidades organizativas.
En los últimos tiempos, las comunidades asentadas en las cabeceras de cuenca, zonas intermedias y zonas bajas mantienen conflictos por el territorio, debido a la incursión de nuevas empresas mineras y a las amenazas sobre recursos naturales como el agua. La conflictividad por el recurso hídrico enfrenta a autoridades y productores campesinos de Huancavelica con autoridades del gobierno nacional y del GORE Ica, departamento que ha tenido en años recientes un boom en su producción de cultivos de agro-exportación. Uno de sus problemas ha sido, sin embargo, la escasez de agua; por ello, el gobierno nacional ha dado medidas para el abastecimiento de los valles iqueños, impulsando un proyecto para el trasvase de las aguas de la laguna Choclococha, sin tener en cuenta los intereses y las necesidades de los productores campesinos de Huancavelica. La consecuencia ha sido una sustancial baja en el caudal de agua, por debajo del mínimo indispensable para mantener la «dinámica hídrica», y la micro flora vegetal y animal existentes en la cabecera de cuenca.
Actualmente, desde Proinversión se está promoviendo una asociación pública privada (APP) cofinanciada por el Estado por varios cientos de millones de soles, para obras de trasvase y afines (canal colector Ingahuasi y presa Tambo), que afectarían varios miles de hectáreas de bofedales en la parte alta, justamente territorio de comunidades campesinas. Estas y otros actores de Huancavelica se oponen porque perciben esto como una imposición y una amenaza para la sostenibilidad de su actividad alpaquera y su seguridad hídrica, demandando un diálogo para lograr acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas, reclamando al Estado la realización de inversión pública para la sostenibilidad hídrica y la ejecución de proyectos que impulsen el desarrollo de las comunidades. En ese marco debe entenderse, por ejemplo, el I Diálogo Interregional «Conflicto por el Agua Ica y Huancavelica», donde se reunieron e intercambiaron opiniones y propuestas los actores de la cuenca alta, media y baja del río Ica.
Otro aspecto a considerar es la relación de las comunidades con los gobiernos subnacionales (gobierno regional, municipalidades provinciales y distritales). Existiendo espacios de concertación y participación en estos niveles, aun cuando limitados, la comunidad no interviene activamente en estos, entre otras razones por su debilidad orgánica, las dificultades de representación que padecen y la indiferencia de las autoridades responsables. Por ello, su presencia en el mecanismo de los presupuestos participativos es bastante débil. Si bien es cierto que el gobierno central tiene la voluntad de atender a estos sectores pobres con programas sociales y otros, y el gobierno regional hace esfuerzos para la implementación de programas como Llaqta Saludable, Yacu Tarpuy, tales iniciativas todavía no avanzan como para traer beneficios concretos a la población, generando pesimismo y decepción en los líderes comunales.
La comunidad campesina en Huancavelica afronta así retos fundamentales como la defensa del agua y el logro de acuerdos entre autoridades y actores políticos y sociales de Huancavelica e Ica, que sean beneficiosos y equitativos para los productores agropecuarios y la población de ambos departamentos en general. Esto pasa por un fortalecimiento de las instancias comunales, que contrarresten tendencias a la desintegración, fragmentación y privatización de sus recursos y les permita participar activamente en los espacios de toma de decisiones, recuperando su dinámica organizacional y la gestión colectiva de los recursos comunales, concretando además, iniciativas que impulsen el desarrollo local.

desco Opina - Regional / 10 de julio de 2015
Programa Sierra Centro
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Del fallo de la Corte a las fallas del presidente



La posición del ministro de Justicia y del presidente Humala a raíz del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay que leerla en el marco de la gran transformación de un régimen y un líder que ganó las elecciones del 2011 con un discurso alineado con el respeto a los derechos humanos y la necesidad de reconciliar al país, cercano a los organismos que desde la sociedad civil los promueven y defienden.
Estupor e indignación, aunque no sorpresa, causan las declaraciones del ministro Gustavo Adrianzén, quien ya anteriormente, y con ocasión del conflicto de Tía María, nos había regalado frases típicas de un gobierno tradicionalmente represivo. Desde días anteriores a la publicación de la sentencia de la CIDH, el ministro venía diciendo que el Estado peruano no iba a acatar fallos que no se ajustaran a las posiciones del gobierno (¿qué hubiera dicho si Chile desacataba al Tribunal de La Haya respecto a la delimitación marítima con el Perú?).  Más adelante, al hacerse público el fallo de la CIDH, escucharlo decir que el Estado peruano había ganado porque no se tocaron a los comandos del operativo Chavín de Huántar, porque no se pagarán reparaciones a los terroristas, a sabiendas de que esos puntos no eran lo central de la sentencia, declarando, además, que el fallo permite investigar a los testigos y a los denunciantes del Estado, sin resaltar la obligación de investigar la ejecución extrajudicial de un detenido, la sensación era de haber retrocedido en el tiempo y estar escuchando a un ministro del fujimorato en sus peores épocas.
Similares reacciones provocan las declaraciones del presidente Humala cuando días antes de la difusión del fallo, y cuando sus términos eran ya conocidos en pequeños círculos, afirmó cosas parecidas como las dichas por su ministro. Más allá de la orfandad argumental del presidente, lo que está en el fondo es la evidencia de una posición que Humala, militar en retiro, trató de enmascarar u ocultar durante sus años de líder político y candidato, y que hoy ya no se esfuerza en esconder. De allí la cada vez más libre emisión de opiniones que quizá siempre mantuvo in pectore, pero que hoy, agobiado por su baja popularidad y escaso respaldo popular, las manifiesta abiertamente, tal vez para afianzar su cercanía con las fuerzas armadas, uno de los pocos apoyos que deben quedarle.
Lo anterior se asocia con otras declaraciones del presidente cuando hace pocos días, requerido por su opinión acerca del fallo de la suprema corte de Estados Unidos respecto del matrimonio homosexual, dio a entender su desacuerdo pero de manera sibilina y casi vergonzante. Los memoriosos deben recordar con nostalgia cuando durante la campaña para la segunda vuelta del año 2011, el entonces candidato Humala se acercó a los movimientos LGTB peruanos y expresó su apoyo a la libertad y tolerancia social.
Este sinceramiento de posiciones por parte del presidente no tuvo una «hoja de ruta» que preparara el camino, fue un viraje sin mayores explicaciones y muestra no sólo la falta de coherencia política en un líder que por varios años canalizó las expectativas y aspiraciones de un amplio sector de la ciudadanía, sino también, el estilo tradicional del político que no trepida en mentir y hacer demagogia, adoptando y abandonando principios de acuerdo a conveniencias dictadas por la coyuntura.
Las decepciones que esto causa es el costo que no pocas personas deben pagar por el apoyo prestado a un exmilitar sin mayor trayectoria política, sospechoso incluso de cometer actos de violación a los derechos humanos. No sería raro que en un año o más, cuando el presidente Humala abandone su cargo, se reactiven las acusaciones contra el «capitán Carlos», limpiado de ellas durante las campañas electorales en las que fue candidato.
Las reacciones frente a la sentencia de la CIDH dejan sin duda valiosas lecciones entre quienes se esfuerzan por defender y judicializar los casos de violaciones a los derechos humanos: en primer lugar, la existencia de una fuerte «coalición» o lobby mediático, político y militar que no tiene empacho en apelar a argumentos pobres y falsos para atacar todo aquello que sientan como amenaza, contando para ello con el apoyo o al menos la tolerancia de los principales medios de comunicación. El desafío es plantear nuevas estrategias frente a las campañas que pretenden estigmatizar a quienes defienden tales derechos y desarrollar una paciente labor de esclarecimiento sobre la importancia medular de la vigencia de los derechos humanos (y de otros como los derechos económicos, sociales y culturales-DESC) para construir y consolidar una sociedad democrática.
En segundo lugar, es necesario levantar el perfil a una política de reconciliación en esta etapa de post-violencia, que vaya más allá de la judicialización de los casos. Los avances logrados, insuficientes aún, demandan también ideas novedosas que, sin transigir en el imperativo de lograr justicia, contribuyan además, a reconciliar el país. Las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, formuladas hace más de una década, son una base indispensable para ello. Las campañas mediáticas hostiles a los fallos en casos de derechos humanos no deben fondear esta aspiración central aunque, desde luego, contrarrestar el embate de esa suerte de coalición anti DD.HH. es una tarea titánica.

desco Opina / 3 de julio de 2015
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