El llamado del bosque

Con un elocuente eslogan que evoca a narrativa mística, “El llamado del bosque” congregó a líderes indígenas de nueve países amazónicos que se dieron cita la última semana de abril en la ciudad de Tarapoto alrededor del VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA). A pesar de que este cónclave sociocultural tenía carácter internacional y de que el programa prometía abordar sensibles temas que frecuentemente se visibilizan en los conflictos con las comunidades de nuestros Andes y Selva; los medios no le han dado la cobertura que merecía; sólo escuetas notas de prensa han aludido al Foro.

La Carta de Tarapoto ha sido el documento aprobado por los más de 1500 participantes al evento. Sin desmerecer los otros ítems de esta carta, queremos llamar la atención sobre dos de las 24 propuestas planteadas: a) “Impulsar la vigilancia y monitoreo ambiental participativo desde las organizaciones locales para prevenir la afectación de derechos y el incremento de los conflictos que genera el extractivismo” y b) “Denunciar y luchar contra la corrupción relacionada con el modelo extractivista y los megaproyectos de infraestructura y explotación en la Amazonía y el Ande”.

Estos son importantes en el actual contexto porque en enero del presente año, el Presidente de la República ha rubricado el DL.1333, que tiene por objeto “establecer disposiciones orientadas a facilitar la ejecución de obras de infraestructura de interés nacional y de gran envergadura que sean priorizadas (Ley 30025 y modificatorias) y otros proyectos que sean priorizados”; decreto que ya está inquietando a los líderes nativos y al cual han denominado “la Ley del despojo” porque ante la deuda de titulación comunal que tiene el Estado peruano, muchos derechos territoriales de comunidades campesinas e indígenas se encuentran jurídicamente vulnerables de ser afectados.

En ese sentido, el D.L. 1333 crea un proyecto especial denominado APIP (Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados) que facilitará el acceso a territorios rurales públicos o privados, formales o informales, para fomentar proyectos de inversión de "interés nacional", concepto que en sí mismo es bastante amplio y que no ha quedado precisado pero que por su propia naturaleza estaría eximido de someterse a los alcances de la Ley de Consulta Previa. Así ocurrió con el proyecto de construcción de la línea de transmisión de Moyobamba a Iquitos, el cual se amparó en una interpretación de la ley que exonera a los servicios públicos de ese procedimiento, tal como fuera denunciado por los líderes indígenas en el Foro. Asimismo, los líderes de todas las nacionalidades participantes coincidieron en señalar que en América Latina el apostar por un modelo de desarrollo extractivista que vulnera los derechos indígenas no es patrimonio exclusivo de los gobiernos de derecha.

Por otro lado, la vigilancia y el monitoreo ambiental participativo es una propuesta que ya está reconocida por la Resolución Ministerial N°304-2008-MEM/DM, la cual ha recogido recomendaciones que en su momento emitiera la Defensoría del Pueblo con la finalidad de reducir las causales de los conflictos socio ambientales de las actividades extractivas. Sin embargo, los conflictos no se han reducido porque la participación en la vigilancia es acusada de selectiva, poco representativa y basada en la discreción de los empresarios, por lo que la resistencia social contra las industrias extractivas depredadoras deriva en movilizaciones y paralizaciones que en la gran mayoría de legislaciones latinoamericanas está siendo satanizada y criminalizada. El Perú nunca ha sido la excepción y todas las formas de expresión del descontento colectivo han sido seriamente descalificadas por el gobierno aún antes del “perro del hortelano”. Tampoco podemos caer en la insensata aseveración que el descontento social es causado únicamente por las empresas privadas transnacionales. La ineficiencia de Petroperú en el control y mantenimiento del oleoducto son una prueba de ello, con el agravante de que las sanciones –si es que se aplican– son asumidas con fondos del erario nacional. Demás está decir que la corrupción campea en el monitoreo e incluso al momento de iniciar acciones contra las empresas extractivas sean estas privadas o estatales.

Una de las propuestas que no se visibiliza abiertamente en el pronunciamiento, pero que en el corto plazo será puesta en vitrina nacional es el reclamo indígena de autonomía territorial, tema que ha sido ventilado por diferentes delegaciones asistentes con la finalidad de descolonizar sus territorios ancestrales y administrarlos ellos mismos para asegurar la vigencia plena de sus derechos. Este es un asunto por demás complejo debido al carácter unitario del Estado peruano aun cuando no somos capaces de entender ni atender nuestra enorme deuda de integración sociocultural.

El FOSPA ha culminado pero estamos seguros de que sus resultados recién serán visibles en el mediano plazo.

desco Opina - Regional / 19 de mayo de 2017

Programa Regional Centro

Hábitat III: lo que el gobierno ofrece es leasing inmobiliario

En octubre del 2016 se realizará en la ciudad de Quito, Ecuador, la Conferencia Hábitat III de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. La conferencia deberá tener como resultado una visión de futuro y orientaciones para la acción en lo que se denomina será la “Nueva Agenda Urbana”.

Esta convocatoria internacional se hará en cumplimiento de la Resolución 67/216 de la Asamblea General en la que se plantea alcanzar, y asegurar el compromiso político de los gobiernos miembros de promover el desarrollo urbano sostenible, evaluar los logros alcanzados hasta la fecha frente a la pobreza urbana e identificar y abordar los nuevos y emergentes desafíos urbanos del planeta de los que ahora, hasta el Papa se preocupa.

Es conocido que más de la mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades como resultado de los procesos de urbanización y migración global, principalmente a las grandes ciudades. El dato fuerte del siglo XXI es el que nos indica que el 54,5% de la población mundial es urbana. Paradójicamente las áreas de las ciudades tan solo ocupan cerca del 2% de la superficie global y, sin embargo, producen el 70% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, consumen más del 60% de la energía, y lamentablemente producen el 70% de los gases de efecto invernadero y el 70% de residuos.

Este contexto global no es ajeno a la realidad nacional del Perú que enfrenta una problemática especial que redunda en lo que es la caracterización mundial, ya que en nuestro territorio –de 1´285 215.6 Km² ocupado por una población de 31´151 643 habitantes– tenemos el caso de Lima Metropolitana y Callao donde ocurre una híper concentración urbana. En tan solo 2839.2 Km² de superficie –que representa el 0.22% del territorio nacional y contamos con una población estimada de 10´848 566 habitantes– vive el 34.8% de la población nacional. Lima en los últimos 70 años (de 1940 al 2007) ha incrementado su población urbana 13 veces.

En este marco, lo mínimo que podríamos esperar es el interés y el compromiso del Estado peruano por participar y alentar la reflexión en torno a la cumbre Hábitat III.

Pero no es así. El Perú a la fecha no ha convocado aún a los colegios, profesionales, a la academia, a la sociedad civil y organizaciones vecinales, entre otras instituciones, a contribuir en la elaboración del Informe Nacional que debía ser presentado ante la comisión organizadora del Hábitat III a mediados del presente año. Por cierto concierne al sector construcción, pero también convocar al sector transporte e infraestructura, aunque sea solo para hacer visible que no son propiamente sectores del empresariado nacional los que allí predominan.

Si revisamos las web de oficinas de gobiernos de países vecinos como Chile, por ejemplo, en su Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, se aprecia diferentes esfuerzos en procesos abiertos de discusión sobre las perspectivas nacionales ante Hábitat III.

Habría que preguntar a los funcionarios de Cancillería, del Ministerio del Ambiente (con tanto estrellato mundial con la COP apenas hace un año y esta vez, para Hábitat, nada) y por cierto del Ministerio de Vivienda y Construcción ¿por qué en nuestro país no se atiende este compromiso oficial del Perú, por qué no se convoca a la sociedad civil para iniciar ya el trabajo de discutir y construir propuestas consensuadas frente al reto como atender la problemática de nuestras ciudades?. Esto en la perspectiva de contribuir a un desarrollo urbano planificado y con políticas públicas que permitan racionalizar nuestro desarrollo urbano en un contexto de crecimiento económico muy desordenado en el campo del urbanismo.

Sabemos bien que las ciudades son potencialmente territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. Sin embargo, el modelo de desarrollo actual que se impulsa en el Perú se caracteriza casi exclusivamente por atender a quienes se benefician con la concentración de la renta. Mientras tanto, enfrentamos un acelerado proceso de urbanización que depreda el ambiente y privatiza el espacio público, generando empobrecimiento, exclusión y segregación social y espacial. Tal como están siendo gestionadas las ciudades en el Perú por el gobierno y sus respectivos sectores y niveles, están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana –en su mayoría– está privada o seriamente limitada para satisfacer sus más elementales necesidades de calidad de vida urbana, esto en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad. ¿Qué nos ofrece el gobierno? Tan solo un modelo de leasing en la vivienda para reactivar la industria inmobiliaria. Triste situación en medio de la globalización que se vive.

Será acaso que la atención a los temas de desarrollo urbano y crecimiento de las ciudades está reservada únicamente para el sector empresarial del país, que recibe importantes estímulos económicos a través de las políticas públicas estatales que apuntan casi exclusivamente a dinamizar la economía y las ganancias del sector construcción. Demandamos una respuesta seria.

desco Opina - Regional / 22 de julio de 2015

Programa Urbano
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Los indígenas, las regiones y el territorio

Las elecciones regionales y locales tienen la virtud de marcar, por defecto, algunos aspectos que podrían devenir en claves para la formulación de una agenda política de izquierda. Por ejemplo, ¿Cómo se está pensando desde estos ámbitos cuestiones tan importantes como pueblos indígenas, comunidades campesinas, concesiones mineras y territorialidad? Este es sin duda un asunto decisivo para la construcción de un país democrático e inclusivo.

Según el IV Censo Nacional Agropecuario, en el país existen un total de 7,599 comunidades, de las cuales 6,277 son comunidades campesinas (94% ubicadas en la Sierra) y 1,322 comunidades nativas (99% ubicadas en la región amazónica), las que conducen el 60% de las tierras agropecuarias, pero la mayor parte sub-explotada y en descanso.

Por otro lado, sólo el 3,3% de las comunidades campesinas y el 1,1% de las nativas tienen títulos de propiedad inscritos en Registros Públicos. En parte, esto ocasiona que únicamente el 10,6% de las comunidades campesinas y el 2% de las nativas reciban servicios de asistencia técnica, capacitación y asesoría empresarial, mientras que en acceso al crédito no llegan ni al 1%.

Asimismo, el 1.39% del territorio de comunidades nativas y el 49.63% del de las comunidades campesinas tienen superpuestas concesiones mineras. Frente a esta realidad, la pregunta que surge inmediatamente es ¿Dónde está el Estado?

Estos datos generales son suficientes para entender en toda su magnitud el neo-liberalismo salvaje que ha venido imponiéndose en el país, sin considerar mínimamente los derechos que asisten a los titulares de los recursos, en este caso, las comunidades rurales.

Más aun, esta es una realidad que, al parecer, no cala por ningún lado en el aparato público: las comunidades son entidades invisibilizadas pues no están geo-referenciadas y los únicos esfuerzos en ese sentido son privados, como es el caso del Instituto del Bien Común (IBC). Incluso, lo que pasa con la tierra es altamente probable que también esté sucediendo con otro recurso fundamental: el agua.

Entonces, si lo que se busca es construir una agenda desde las organizaciones indígenas, es necesario incorporar todos estos factores bajo una dimensión más amplia –el territorio– y formular desde éste una propuesta con visos programáticos. En esa línea, el espacio regional sería el ámbito más adecuado para el despliegue político de estas posiciones.

De esta forma, desde las regiones deberíamos empezar a superar una manera de construir el territorio teniendo como eje la mega-infraestructura, como ocurre por ejemplo con el IIRSA, que desde la perspectiva indígena resulta tan complicada como las concesiones mineras, apostando más bien por la consolidación de una territorialidad que tenga a los pueblos indígenas como uno de sus factores movilizadores.

desco Opina / 26 de setiembre de 2014 

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