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Selva Central: la seguridad secuestrada



Para nadie es un secreto la potencialidad productiva de la selva peruana, pero es poco probable que el empresariado emergente de esta región se decida a invertir cuando la inseguridad campea y los afecta. 
Los medios de comunicación nacionales difunden reportajes sobre la inseguridad ciudadana, pero poco o nada se dice sobre lo que ocurre en las áreas rurales del interior del país, sobre todo en las pequeñas y más aisladas jurisdicciones. En muchos de estos ámbitos, las extorsiones, los asesinatos selectivos, los secuestros y robos tienen como víctimas a empresarios (cafetaleros, ganaderos, fruticultores y empresarios madereros) de la selva central, especialmente en temporadas clave como la de cosecha.
Los delincuentes interceptan a sus víctimas en las carreteras o en sus propios fundos, aprovechando que la nula vigilancia policial y la ausencia de señal de telefonía móvil en la zona, dificulta pedir y brindar auxilio. Muchos de estos crímenes a productores quedan impunes debido al escaso interés de las autoridades y a una opinión pública débil e incipiente como para presionar. 
La ausencia de entidades bancarias en la zona agrava la situación, pues obliga a trasladar grandes sumas de efectivo (para el pago de salarios e insumos) por largas y desoladas vías.
A pesar de las denuncias, los casos de extorsión quedan silenciados, lo que ha motivado más de un pronunciamiento de las autoridades locales y regionales. Sin embargo, los llamados no han tenido una respuesta adecuada por parte de la policía. La cobertura policial en las pequeñas jurisdicciones de la Selva Central es mínima y mal equipada. Los distritos con menor densidad poblacional cuentan con menos de ocho efectivos, aunque los días de franco y otros permisos, limita aún más su capacidad operativa.
La escasez de recursos y equipos hace que los efectivos policiales dependan mucho del apoyo logístico y de personal de unidades situadas en ciudades más grandes; lo que generalmente dificulta el abordaje oportuno y adecuado de denuncias de mayor envergadura. Asimismo, difícilmente las investigaciones policiales dan con resultados satisfactorios, dejando una sensación de desánimo en la ciudadanía, que a futuro prefiere evitar las denuncias correspondientes.
Como señala el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, «…se requiere un enfoque intersectorial, intergubernamental e interinstitucional que involucre la diversidad de las realidades regionales y locales en los ámbitos urbano y rural, y promueva la activa participación del conjunto de actores públicos y privados del país».  Sin embargo, para el ciudadano común de la Selva Central, las acciones de seguridad se reducen a la erradicación de los cultivos de coca. Las demás acciones de prevención del delito han quedado rezagadas; sin recursos necesarios para dotar de capacidades reales a las autoridades competentes que atiendan la problemática. En medio de esas precarias condiciones, se espera que los departamentos amazónicos contribuyan a la economía nacional. Sin embargo, hoy por hoy, no existen las facilidades para proteger las inversiones agropecuarias ni a los emprendimientos que deberían iniciar la transformación productiva de la Selva Central.

Por ello, y sin perjuicio de que la policía y las autoridades cumplan con sus respectivas obligaciones, se hace necesario que la sociedad civil aborde también el problema, discuta y plantee acciones preventivas eficaces, participativas y democráticas para encarar la situación.

desco Opina - Regional / 28 de agosto de 2015
Programa Selva Central
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A las elecciones vamos: crujiendo, pero sin romperse



Empiezan a calentar lo motores preelectorales. Y como de costumbre, el establishment político tiende a cerrar espacios a cualquier asomo de opción que pueda siquiera sugerir un desvío en las maneras en que se maneja el país. Esto es más sonoro desde las voces de derecha anticomunista (y antiliberal, como bien señala el periodista Tafur). La paradoja respecto a la cerrazón, es que al menos un tercio de la ciudadanía vota consistentemente por cambios que no llegan y cuyos probables rostros electorales no terminan de conocerse.  
Quienes sentencian que no se puede permitir una reorientación del modelo peruano –menos aún un acercamiento a las vías argentina, o ecuatoriana, ni qué decir de Bolivia– no son capaces de percibir que las próximas elecciones coincidirán con el fin del viraje a la izquierda que dominó América Latina en la última década. No hay para ellos ninguna lección de estos modelos respecto a los vaivenes de la calidad democrática, los logros en redistribución, la soberanía en sectores estratégicos o los debates abiertos sobre la estructura productiva nacional.
Ya en el ambiente local, no son pocos los que creen que Keiko Fujimori tiene la elección ganada o que las opciones de PPK, lo hacen tan favorito para ellos como el crack Liberal en Monterrico. Y no ha faltado quien vaticine el triunfo de Alan García en primera vuelta. Casi que quisieran olvidar que un importante número de electores cree en la veracidad de las acusaciones contra los candidatos presidenciales mejor ubicados en las encuestas. Buena parte de ellos terminarían por resignarse a elegir entre el pésimo y la peor, como hacen notar algunos analistas.
En tanto, los varios conglomerados políticos del progresismo y la izquierda evalúan mutuamente sus movimientos en función de definir en qué condiciones de acercamiento y con qué carta se presentarán al electorado el año que viene. Aunque sin superar el tono «liquidacionista» y la vocación por el fuego amigo, se discute vivamente la formación de candidaturas, el problema de las decisiones «de cúpula» y el sentido de la democracia interna, debates que ya quisiera tener nuestra repetitiva y cerrada derecha nacional.
En particular, han llamado la atención los procesos internos del Frente Amplio, que han pasado de los corrillos de izquierda a la prensa nacional a partir de la decisión de la joven congresista ex nacionalista Verónika Mendoza, sobre cuyos hombros pesarán varias obsesiones de la política local: la renovación generacional y de discurso en la izquierda, la participación política de la mujer y la continuidad de las propuestas de la derrotada «Gran Transformación». En esta línea, aunque desde otra agrupación, se mantiene expectante otro ex nacionalista, como Sergio Tejada.
En otra esquina y con un involuntario perfil bajo, Yehude Simon ha anunciado su «paso al costado» como carta del frente «Únete», quizá consciente del desgaste y del poco impacto de su movida hacia la izquierda, espacio para el que resultaría menos conflictivo discutir acercamientos y hasta planchas con marcas regionales importantes, como César Villanueva de Nueva Amazonía o, números más abajo, Vladimir Cerrón en el centro del país.
El reto es importante y las frustraciones nacionales son una enorme montaña que cada vez más se asemeja a las de nuestros Andes. Ante ello el desafío de construir confianza y encontrar mecanismos para lograr la unidad en vez de las típicas negociaciones bajo la mesa (como ya lo sugieren analistas comoSantiago Pedraglio) serán la llave que se necesita para abrir el escenario electoral, esta vez como una realidad al servicio del pueblo. Una elección primaria sirve no solo para dilucidar preferencias internas, sino que es, también, un gran acto de movilización y propaganda política. Sin duda, un estimulante desafío en medio de un panorama hoy sombrío, corrupto y paralizante. Se trata de llegar a octubre y noviembre crujiendo, pero sin romperse.

desco Opina / 21 de agosto de 2015 
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Tía María: la reactivación del conflicto



«En el Perú hay dos tipos de problemas: los que se resuelven solos y los que no se resuelven nunca», dijo alguna vez el ex presidente Manuel Prado. Todo parece indicar que para el gobierno, el conflicto de Tía María es un problema encuadrado en esta singular tipología. El silencio del presidente sobre este asunto durante el mensaje de fiestas patrias fue en tal sentido muy elocuente.
El estado de emergencia decretado por el gobierno nacional el pasado mes de mayo se levantó en la segunda quincena de julio sin mayor novedad. Durante esos 60 días el gobierno sólo puso pausa, pues las mesas de diálogo planteadas desde el Ejecutivo quedaron inactivas y así permanecen hasta ahora, tres semanas después de restablecerse la «normalidad». La Gobernadora Regional, Yamila Osorio, ha declarado a la prensa que no ha recibido una comunicación oficial para comenzar a trabajar en ellas. Las únicas novedades en este tiempo muerto han sido el descongelamiento de las cuentas públicas de las municipalidades de la provincia para inversión y la vacancia del alcalde distrital del municipio de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz Gallegos, por un caso vinculado a las protestas contra el proyecto en el 2010, cuando era dirigente.
La empresa Southern Perú tampoco ha hecho mucho de su parte, aunque para el resto del Perú parezca lo contrario. Decimos esto, pues la millonaria campaña de comunicación para disipar dudas sobre diferentes componentes del proyecto desde su centro de información, se ha dirigido fundamentalmente a la opinión pública nacional a través de los grandes medios nacionales, pero no ha desplegado igual esfuerzo en la provincia de Islay y no ha utilizado los medios de comunicación locales, que tienen mayor llegada a su principal público objetivo.
Desde el primer lunes de agosto la frase «Agro sí, mina no» volvió a escucharse en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón. Las movilizaciones van reactivándose en la zona, mientras el gobierno nacional continúa transmitiendo el mensaje de que va a garantizar la ejecución del proyecto, pero sin una estrategia clara de cómo lograrlo y sin plantear primero la necesidad crear un clima propicio para recuperar la paz social en el ámbito.  Mientras tanto, Yamila Osorio ha demandado al Ejecutivo leer el diagnóstico que encargó a la ONG Labor, para orientar de mejor manera su futuro accionar en la solución del conflicto.
Debe tenerse en cuenta  que dada su composición, las llamadas «mesas de diálogo» alentadas por el gobierno nacional, no se han constituido hasta hoy en el espacio adecuado de negociación y se desconocen los criterios de selección de los interlocutores locales para esta nueva etapa, después del fracaso de los primeros intentos por imponer personas, la aparición de dirigentes de organizaciones sociales sin representación conocida, y la permanente ausencia de la empresa minera en este espacio.
Este es el panorama de la reactivación del conflicto. El gobierno tiene por tercera vez la oportunidad de iniciar un diálogo serio en la provincia comenzando por sus opciones de desarrollo y la inversión pública necesaria para asegurarlo. Dado el clima vigente, no parece acertado insistir en la viabilidad de Tía María; este es un asunto que tendrá que ser abordado en la próxima gestión presidencial. Para la del presidente Humala es demasiado tarde.

desco Opina - Regional / 14 de agosto de 2015
Programa Regional Sur
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Humala mal, la derecha peor



En el Perú de Humala, si nos remitimos a su Mensaje a la Nación y sus posteriores intervenciones «complementarias», no existen los gobiernos regionales ni las municipalidades. No hay conflictos sociales ni pueblos indígenas... tampoco hay pobres. En el país del Presidente no hay gravísimos problemas de inseguridad ciudadana, no tenemos un severo fenómeno de El Niño advertido por todas las estaciones meteorológicas del mundo, ni soportamos fuertes impactos debido al cambio climático.
Sumido en su extraña manera de entender la política, Humala no realizó ninguna convocatoria a los partidos y organizaciones sociales luego de que su partido perdiera el control del Congreso, a lo que debemos sumar una generalizada desaprobación ciudadana. Tampoco consideró necesario mencionar en algún momento algo sobre nuestra política exterior, salvo una rápida alusión a la Alianza del Pacífico y otra a La Haya, haciendo suyo un resultado de muchos, pero nada más.
Finalmente, Humala habló de la educación y los programas sociales, en los que hubo casi unanimidad respecto a avances en esos rubros. Sin embargo, lo que esconden esas cifras «positivas» es el retroceso experimentado por el Perú en el Ranking de Competitividad Mundial 2015, en donde estamos ubicados en el puesto 54 entre 61 países analizados, desandando cuatro posiciones desde la última evaluación. 
Esta caída en competitividad es la peor reportada desde el 2008, fecha en la que el Perú se sumó a la medición y supone un retroceso acumulado de 19 casillas en los últimos siete años. Esto fue consecuencia de los resultados negativos en los indicadores de desempeño económico (pasamos del puesto 46 al 50), eficiencia del gobierno (pasamos del puesto 33 al 37), eficiencia en los negocios (pasamos del puesto 43 al 50) e infraestructura (en el que nos mantuvimos en el puesto 60). En resumen, señalan los especialistas, para incrementar la competitividad local es necesario poner en marcha una seria reforma estructural que incluya al sector Educación y cierre la brecha de infraestructura en servicios básicos y tecnológicos, a fin de dinamizar la productividad nacional. Una pena que hayamos desperdiciado la oportunidad, cuando las vacas estaban gordas.
Sin embargo, la realidad que desdice este mundo presidencial imaginario no es, ni mucho menos, la fantasía de los voceros de una derecha económica que no quiere ver el pobrísimo resultado que ha obtenido el modelo neoliberal que promueve ciegamente, luego de 25 años de aplicación ininterrumpida y con el gran viento a favor que fue el superciclo de precios de los commodities.
Es decir, a diferencia de lo expresado por Roberto Abusada, el 2 de agosto en el diario El Comercio, las causas de la retracción económica actual no deberían ubicarse en las limitaciones evidenciadas por uno de los gobernantes que buscaron no salirse de la ortodoxia neoliberal, sino en esta última: el problema no es el mensajero, sino el mensaje mismo.
Se queja ahora nuestra derecha de lo pésima que fue la fórmula de crecimiento a toda costa, para que el Estado reciba mayores impuestos, con los cuales financiar programas sociales asistencialistas que, a su vez, sostengan clientelas electorales. ¿Por qué achacar a Humala algo que hicieron todos los gobernantes en los últimos 25 años? Obviamente, de ello no íbamos a obtener ningún resultado sostenible, sólo satisfacciones efímeras. Así es como está sucediendo.
Como afirma José Matos Mar, al final del camino neoliberal vemos una «profunda desintegración nacional (que) se expresa en la desarticulación física, económica, social, política y cultural del país, cuya superación es el mayor objetivo que cualquier gobierno tiene que proponerse». Hace treinta años, eso fue, palabras más palabras menos, el punto de partida y la aspiración con los que mediríamos nuestra progresión. Transcurrido el tiempo, fue el triste punto de llegada para un modelo que no pudo dar lo prometido. Aquellos que crean que el gobierno de Humala fue «el quinquenio perdido», deberían sumar 20 años más y hablar del cuarto de siglo echado por la borda.

desco Opina / 7 de agosto de 2015
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