La emergencia judicial es nacional

Los escandalosos audios propalados hace pocas semanas, en los que se involucran a jueces supremos, sólo corroboran lo que desde hace años es una sospecha popular: la justicia es un negocio que se vende al mejor postor, no sólo por dinero, sino por negociados y prebendas políticas. Esto ocurre tanto en las altas esferas judiciales de la capital de la República, como a nivel de los espacios políticos regionales y los poderes locales de turno, en los que también se libran investigaciones fiscales y judiciales. El tema de la corrupción en el Poder Judicial no es nuevo en la percepción popular, lo novedoso es que hoy se tienen rostros y pruebas. Sin embargo, los audios no revelan la realidad del sistema judicial en el interior del país, que no es tan distinta, incluso se podría decir que, por falta de notoriedad, es hasta más preocupante.

Desde hace años varios jueces de la región Junín han sido acusados por favorecer a las autoridades regionales y municipales. Algunos de ellos vienen siendo sometidos a procesos disciplinarios con la amenaza de ser destituidos, pero esta situación se dilata en el tiempo y la desazón popular se incrementa; sobre todo cuando las estadísticas señalan que Junín es la tercera región con más casos de corrupción. Las denuncias ciudadanas contra los jueces corruptos pueden ser un acto de valentía, pero por el llamado «espíritu de cuerpo», estas pueden resultar más nocivas para el denunciante que para el infractor. En enero del 2017, la Corte Superior de Justicia de Junín (CSJJ), anunció la conformación de una Comisión Anticorrupción Institucional, así como un sistema de recompensas para pagar con dos mil soles las denuncias contra jueces corruptos; sin embargo, “Hasta la fecha no se han hecho denuncias como para hacer un operativo y agarrar infraganti al juez en el acto de corrupción”.

Así, en vísperas de las elecciones regionales y municipales, muchos implicados en casos de corrupción postulan a cargos de elección ante la sospechosa lentitud de la investigación fiscal y judicial, lo que hace suponer que existen tentáculos protectores a su favor. De los candidatos a Gobernador Regional por Junín, Vladimir Cerrón es uno de los que más resalta porque tiene juicios pendientes por presunta negociación incompatible y colusión, también tiene serios cuestionamientos por obras como el puente Comuneros, denominado por la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, como un monumento a la corrupción. Se le vinculó, además, con el exasesor presidencial de Ollanta Humala, Martín Belaúnde, quien cumple condena por el caso Antalsis. Otro caso es el de Zósimo Cárdenas, quien también ostenta una investigación en la Cuarta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por la presunta comisión de delito contra la administración pública y afronta otra denuncia ante la Fiscalía Provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín por la presunta comisión del delito de peculado y malversación de bienes públicos; pese a ello, los paneles de promoción de su candidatura a la gobernación regional, se extienden a todo lo largo y ancho del territorio.

Pasco no es una excepción, ni un paraíso de incorruptibilidad judicial. En el 2014, un Juez fue sentenciado a 8 años de prisión por el delito de cohecho pasivo específico al comprobarse que recibió S/ 1420.00 para favorecer a una procesada. La población debe denunciar los hechos irregulares, pues si no lo hace es cómplice; pero si el poder lo ejerce el juez y su entorno, nada garantiza que el denunciante no termine en los juzgados o en los penales. No es de sorprender que en Pasco, fiscales y defensores públicos cometan actos ilícitos como tráfico de influencias para lograr fallos a favor de quien asegure aportes económicos. Kléver Meléndez Gamarra dejó la prisión gracias a un polémico hábeas corpus, y si no se hubiese anulado a tiempo ese fallo, hoy estaría candidateando al sillón regional.

Maciste Díaz, exgobernador regional de Huancavelica, tiene serios procesos judiciales que aparentemente estarían siendo conducidos con antojadizos intereses. Increíblemente, sus abogados tuvieron que representarlo en un mismo día en tres distintas audiencias; sin embargo, no ha tenido problemas para presentar su candidatura, todo ello porque sus juicios culminarán con sentencias para las calendas griegas.

Las últimas declaraciones del Presidente Martín Vizcarra, parecen hacer eco del estribillo «corrupción hay en todos lados». Moralizar y recuperar la confianza ciudadana en el sistema de justicia –si es que alguna vez la tuvo– es una tarea que no se resolverá de la noche a la mañana y demandará muchos esfuerzos y filtros no sólo del Estado, sino de toda la ciudadanía. La declaratoria de emergencia será por noventa días y comprenderá a la Corte Suprema de Justicia de la República y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, los Distritos Judiciales del país, la Sala Penal Nacional, el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y a la Gerencia General del Poder Judicial. Sin embargo, será insuficiente si solo cambiamos rostros, pero no su actual estructura.

desco Opina - Regional / 26 de julio de 2018

Programa Regional Centro - descocentro

¿Hacia un nuevo colapso del fujimorismo?

La crisis desatada por la reciente divulgación de los audios exhibe ante la opinión pública la existencia de las redes de corrupción en el Poder Judicial y sus estrechos lazos con el sistema político. En este último caso, el más afectado es el fujimorismo agrupado en Fuerza Popular (FP), al evidenciarse sus intentos de controlar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Sin duda no es el único (recordemos el rol tradicionalmente atribuido al APRA y, últimamente, el caso de Podemos del excongresista Luna). Pero es FP la que ha encajado los golpes más fuertes, incluyendo a su jefa, hablándose de ella ahora como la «señora K», según la conversación de dos personajes sometidos a interceptación telefónica autorizada judicialmente. Ningún desmentido ha sido convincente hasta la fecha para quitarle esa nueva chapa.

Este destape ha sido visto por algunos analistas como un segundo fracaso del fujimorismo, y establecen inevitables comparaciones con el colapso del gobierno de Alberto Fujimori el año 2000 como consecuencia de la difusión del famoso video Kouri-Montesinos. ¿Hasta qué punto estamos ante un posible colapso de FP? Al respecto, cabe tener en cuenta al menos el grado de poder real que ejerce el fujimorismo y la situación de las fuerzas políticas que se oponen a este.

Como se sabe, en el año 2000 el fujimorismo controlaba férreamente el Poder Ejecutivo, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Tal control se extendía también hacia el Poder Judicial y el Ministerio Público; gran parte de los medios de comunicación, especialmente la televisión de señal abierta; los organismos electorales formalmente autónomos (JNE, ONPE), etc. Esto no ocurre actualmente; FP controla básicamente el Congreso de la República, ha extendido sus redes tratando de capturar parcelas de poder en el sistema judicial, pero sin lograr un poder comparable al ejercido en los años 90, y tiene solo algunos medios de su parte. Si bien ha logrado hacer renunciar al expresidente PPK y obligado al políticamente débil nuevo gobierno del presidente Vizcarra a continuas transacciones, no es realista afirmar que controla el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, menos aún a los medios masivos, con gran parte de los cuales se encuentra enfrentado.

Un segundo elemento a considerar es la situación de las fuerzas políticas antifujimoristas; en el año 2000 estas se habían aglutinado ya para enfrentar a una dictadura de casi diez años que intentaba continuar en el poder, teniendo incluso un líder que la había confrontado en las urnas. Este no es tampoco el caso actual; el antifujimorismo presente en distintos espacios dista de estar unificado, menos aún de tener un solo liderazgo. Al parecer, ni siquiera podrá tener un candidato de consenso para presidir la próxima Mesa Directiva del Congreso.

Estos dos factores tienen efectos en principio contrapuestos; el primero podría ser positivo, en la medida que el fujimorismo actual es mucho más débil que el de los años 90, pues no controla los principales resortes del poder. El segundo podría ser negativo, ya que la ausencia de unas fuerzas opositoras cohesionadas puede facilitar la continuidad del control fujimorista en el Congreso y otros espacios de poder. El que además, FP se enfrente a fuerzas que no apelan a soluciones autoritarias como las utilizadas por Fujimori papá y su asesor Montesinos y, recientemente, por miembros de su misma bancada, le hace más llevadera la situación.

El que se haya experimentado recientemente una transición política en medio de unas expectativas rápidamente desperdiciadas por la nueva administración, puede explicar en parte que la población haya permanecido inicialmente pasiva. Sin embargo, la reciente movilización del pasado jueves 19 de julio parece revertir esa situación, lo que complica el panorama para FP, ya bastante golpeada por los últimos destapes, y –más allá de las bravuconadas de algunos de sus miembros– debilitada y políticamente a la defensiva.

No se vislumbra un desenlace inmediato de la crisis, menos aún que FP termine colapsando en los próximos meses. En las actuales condiciones, ello podría ocurrir si se dieran al menos una o más de estas tres situaciones: la difusión de un audio que signifique un KO para su lideresa y su entorno inmediato; una nueva división de su bancada que lleve a la construcción de una nueva correlación de fuerzas en el Congreso, capaz de establecer nuevas reglas de juego para la democracia, la transparencia y la participación ciudadana; y finalmente, movilizaciones masivas que, en alianza con otras fuerzas, puedan dar una nueva salida institucional a la crisis.

Todo lo anterior es desde luego muy incierto, sin embargo, lo único que aparece claro por ahora es el serio desgaste de la imagen de la lideresa de FP y su severa caída en las preferencias de la opinión pública. Ciertamente, faltan tres años hasta las próximas elecciones generales (todo un largo plazo en nuestro país), pero es muy difícil que pueda recomponer tal imagen y disminuir el antifujimorismo creciente de los últimos meses. Salvo intentar triquiñuelas legales para deshacerse de potenciales rivales, FP no parece contar con estrategas capaces de reinventar a la «señora K». Como están las cosas, el colapso puede ser inminente o a cuenta gotas.

desco Opina / 21 de julio de 2018

Llegaron las elecciones

El pasado 19 de junio fue la fecha final que tenían todas las agrupaciones, movimientos y partidos políticos que deseaban participar del proceso electoral municipal y regional en octubre del 2018. Llegaron a inscribirse 21 listas en Lima Metropolitana de acuerdo al portal web del JNE. Mientras se redactaba la presente nota, cuatro de ellas figuraban como inscritas, es decir con sus documentos ingresados, tres como improcedentes al haberse detectado errores e inconsistencias en la documentación presentada, y solo trece como admitidas para participar del proceso electoral.

Similar proceso se viene dando a nivel local en donde de los distritos de Lima Sur, Lurín y Villa María del Triunfo cuentan cada uno con 18 agrupaciones políticas en contienda, mientras que San Juan de Miraflores y Villa El Salvador tienen en cada caso 20 agrupaciones participando del proceso electoral.

Un análisis superficial de estos datos podría concluir que la multiplicación de listas obedece a un alto interés de participación de ciudadanos que, comprometidos con el desarrollo local de la ciudad, han tomado la decisión política de concurrir a las elecciones para mejorar su distrito. Esta primera impresión se revela errónea si constatamos que la mayoría de ciudadanos de a pie, ve con indiferencia y hasta con recelo la gran cantidad de candidatos que pugnan por hacerse del cargo municipal. Recordemos que en la última encuesta de GfK, el 70% sospechaba de la corrupción de su alcalde actual y el 52% no mostraba ninguna motivación en ir a votar.

A ello se añaden los ajustes normativos aprobados por la mayoría fujimorista en el Congreso, que en 2015 impulsó la reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución, para prohibir la reelección inmediata de autoridades municipales y regionales, respondiendo a las denuncias de corrupción ocurridas en ese momento en distintas jurisdicciones como Tumbes y Áncash, considerando que los gobiernos de turno que se perpetuaban en el poder eran más propensos a la corrupción. Si bien la norma parecía atender el problema, hemos visto como la «habilidad» de los actuales gobernantes se ha puesto de manifiesto al usar mecanismos y estrategias aprobadas por el mismo Congreso, como la posibilidad de tener dos domicilios legales para perpetuarse en espacios de poder. Así, los electores hemos sido espectadores de como alcaldes de un distrito se han hecho candidatos del distrito vecino, o como otros han puesto a sus hijos y esposas, restando mérito a un proceso que ya de por sí es cuestionado por la ciudadanía en general.

En este escenario poco auspicioso, es que se hace necesario que estemos alertas sobre quiénes son los candidatos y qué propuestas tienen, pero sobre todo a qué intereses representan. El pasado reciente deja claro que estos no son necesariamente los de la ciudadanía y el bien común de la ciudad, lo que nos interpela sobre la relación y responsabilidad que tenemos a la hora de elegir a nuestras autoridades. La acción política colectiva la hemos dejado hace mucho tiempo al mercado, que por su lógica nos trata como consumidores y usuarios. Pensar a estas alturas que las cosas van a cambiar porque vendrá un salvador a nuestras vidas (en este caso en las elecciones) es esperar que los mejor preparados para hacer «negocios» y los más mafiosos, sigan ocupando los cargos públicos en nuestra ciudad.

La corrupción se encuentra entre nosotros desde hace mucho tiempo, solo que ahora la vemos en videos y la escuchamos en audios, como lo evidencia la siniestra relación que existe entre los integrantes de las mafias más peligrosas del país y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, mostrando un mercado de sobornos y favores donde se absuelve violadores, se perdona a corruptos y se compran puestos en el Poder Judicial.

Las salidas a esta situación dependerán de nosotros mismos y de la capacidad de organizarnos políticamente para construir propuestas alternativas a la política tradicional, que no ha permitido ni permitirá, que nos desarrollemos como sociedad. El jueves 19 tenemos la convocatoria a una nueva marcha; participemos y contribuyamos a que esa indignación que sentimos diariamente no se quede en un proceso de normalización y, por el contrario, nos llame a la reflexión y acción.

desco Opina - Regional / 16 de julio de 2018

Programa Urbano