viernes

Con guitarra y con cajón, pero sin agua

Al momento de publicar estas líneas ya ha comenzado el paro indefinido contra las actividades del proyecto minero Conga, operado por Yanacocha, vieja conocida de Cajamarca. El discurso del presidente Ollanta Humala donde señala que el gobierno quiere «el agua y el oro», no hizo sino exacerbar el ánimo de quienes creen que no se puede tener ambas cosas a la vez y que lo más probable es que la herencia de Conga, tiempo después de agotado el recurso, no sea más que una gran bolsa de dinero y un serio problema de agua en la región.

En efecto, múltiples experiencias en diversas zonas del país con minería en las cabeceras de las cuencas de ríos han resultado en la contaminación de las fuentes del agua que discurre por las quebradas hasta los pueblos, ciudades o extensiones agrícolas asentados en los valles. Que quienes consuman el agua en las partes medias y bajas de las cuencas tanto como quienes forman opinión desde el manejo de los medios de comunicación y la política, no tengan aún plena conciencia de dónde se origina el recurso es parte sustantiva del problema. Ambas ignorancias avalan la irresponsabilidad de ciertas empresas e invisibilizan el rol de los compatriotas de las alturas en la producción de agua y la conservación de los ecosistemas que hacen que esta producción sea posible.

desco viene promoviendo, desde la década de los noventa, la cosecha del agua en las cuencas altas de los ríos como propuesta técnicamente viable y de adopción relativamente sencilla por las comunidades para hacer frente a problemas de escasez durante las épocas de sequía. Esta es una alternativa que debería ser incorporada en cualquier propuesta de manejo de los recursos hídricos en las zonas altas, y que debería ser parte integral de las estrategias de gestión territorial en las regiones que comparten el espacio andino. Lamentablemente, estos esfuerzos significan poco en un contexto en el que no hay una política pública articulada para la gestión del territorio ni para el uso racional y responsable del recurso hídrico.

Esto es un tema que va más allá de las sutilezas técnicas de quienes están a favor o en contra del proyecto de creación de reservorios que propone el proyecto Conga en su controvertido estudio de impacto ambiental. Las razones técnicas de uno y otro lado deben ser esclarecidas por expertos, pero ante todo, deberían estar supeditadas al interés social, lo que implica que para abordar el tema del agua en serio, hay que adoptar primero una mirada política y definir prioridades.

A muchos sectores que apoyaron la elección de Ollanta Humala, les cayeron muy mal las declaraciones sobre Conga. Sienten que el presidente «capitula» ante los intereses de la gran empresa, la que no ha parado de presionar mediante sus «canales regulares» durante todo este periodo. Pero la respuesta presidencial a los dilemas de Conga revela una problemática mayor: la falta de políticas claras respecto de la gestión medioambiental, en especial del agua, y de las responsabilidades de la empresa privada respecto de éstas.

En este momento, pareciera que el gobierno está de acuerdo con los inversionistas mineros en que la única «gallina de los huevos de oro» es la inversión minera. ¿Es así para los habitantes rurales que son tomados en cuenta como mano de obra de los proyectos extractivos solo en las fases de construcción más no en la de operación por estar sub-calificados?, ¿es culpa suya estar sub-calificados para operar maquinaria?, ¿es culpa de los gobiernos regionales que reciben –mediante el canon minero– directamente una fracción de la renta generada por las empresas y a los que a menudo se les acusa de gastar muy poco sobre el monto total del mismo?, ¿deben estar felices los trabajadores agropecuarios que ganan lo mismo (o menos) pero que ven el costo de los servicios de la ciudad incrementarse exponencialmente por la influencia de la operación minera? A una clase dirigente responsable debería inquietarle que los campesinos estén genuinamente preocupados por el agua. Debería decirles algo sobre las reales condiciones de vida de estas personas, más allá de pretender, con gran arrogancia, que no saben lo que quieren o que son completamente manipulables. Algo hay de esta arrogancia en el tecnologismo fáustico que cambia lagunas formadas durante millones de años por obras de ingeniería, como si fueran lo mismo.

La movilización en Cajamarca, y antes en Andahuaylas, dice muchas cosas sobre el cambio en la correlación de fuerzas que se espera de este gobierno, todavía demasiado poroso para los poderes tradicionales pero muy volátil para los sectores progresistas. Al parecer, poner a figuras clave en ciertos ministerios no ha bastado para ordenar el panorama. Se requieren orientaciones centrales como las que ha planteado el secretario técnico del Acuerdo Nacional sobre poner el agua como punto de agenda para un nuevo consenso nacional sobre este recurso estratégico. No obstante, los anuncios sobre transferir la Autoridad Nacional del Agua (junto con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA y los Estudios de Impacto Ambiental-EIA) a la PCM, van exactamente en la dirección contraria, quitándole poder a las instancias que deberían tener una opinión independiente en un tema tan delicado como éste. Abordar el tema del agua en serio es mucho más que revisar un EIA, requiere sincerar la cancha de las negociaciones y nuevos compromisos desde arriba, incluyendo decidir dónde puede haber minería y dónde no, y eso es gobernar, en serio.

desco Opina / 25 de noviembre de 2011
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lunes

Vacancia de autoridades y representación política en Lima Sur

Las elecciones municipales del año 2010 trajeron nuevas autoridades en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. En el caso de San Juan de Miraflores, Adolfo Ocampo volvería a la alcaldía después de algunos años, muchas acusaciones y hasta haber purgado prisión efectiva por denuncias en una de sus gestiones municipales. En el caso de Lurín, el Alcalde Jorge Marticorena fue reelegido en representación del Apra, en Pachacamac el Alcalde Hugo Ramos –quien fuera en las elecciones anteriores en la Alianza Unidad Nacional–, fue reelecto en las filas de Restauración Nacional.

En julio del presente año el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declara la vacancia del regidor distrital de Villa María del Triunfo Juan César Pianto Peralta de Perú Posible por la existencia de una condena privativa de la libertad por delito doloso. El JNE sustentó su decisión en el inciso 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que señala como causal de vacancia la existencia de una condena a pena privativa de la libertad, consentida o ejecutoriada, por delito doloso. En nota de prensa del JNE se expresa “La resolución del órgano electoral constituye un importante paso en la lucha contra la corrupción, así como en la consolidación de la institucionalidad del país y en la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las entidades encargadas de preservar la idoneidad de sus funcionarios”.

En Villa El Salvador en junio del presente año, regidores Perú Posible y del mismo grupo político del Alcalde de Villa El Salvador –Santiago Mozo Quispe– solicitaron ante el JNE la vacancia del alcalde del Concejo Distrital de ese distrito, por tener condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad. Sustentando su demanda en que éste fue sentenciado por la comisión del delito de defraudación tributaria contra el Estado a cuatro (4) años de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de prueba de dos (2) años. El JNE requirió al Concejo Distrital de Villa El Salvador se pronuncie sobre la vacancia. La sesión fue postergada reiteradamente por la inasistencia del Alcalde hasta que en sesión extraordinaria de fecha 2 de septiembre de 2011, el Concejo Distrital de Villa El Salvador acordó, con 11 votos a favor y 2 en contra, aprobar la solicitud de vacancia del alcalde Santiago Mozo Quispe, sesión a la que no asistió el alcalde, ni el secretario general, pese a encontrarse debidamente notificados. El 21 de setiembre Santiago Mozo interpuso recurso de apelación contra el acuerdo municipal y el JNE acepta su apelación y declara nulo el acuerdo de Consejo del 2 de setiembre. Nuevamente se llama a Sesión del Concejo Distrital de Villa El Salvador y en esta ocasión con presencia del alcalde y regidores, se obtiene como resultado 8 votos a favor y cinco en contra. No alcanzándose los dos tercios de los votos de los regidores para aprobar la vacancia del Concejo Municipal. Ahora le corresponde al JNE emitir una decisión final sobre la vacancia y si finalmente se aplica, en el marco de todo el proceso seguido en los últimos meses.

Otro caso conocido es el que se viene librando en Lima Norte, específicamente en el distrito de los Olivos. El JNE declaró infundado el pedido de vacancia del alcalde Felipe Castillo, por haber, supuestamente, destinado fondos públicos para crear la Universidad Científica y Tecnológica de Los Olivos. El Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de Universidades (Conafu) rechazó su inscripción al percatarse de ello, pero el Congreso creó una ley para convertir su universidad en pública, obviando al Conafu.

De acuerdo al portal del JNE existen una serie de procesos de nuevas solicitudes de vacancia de regidores en Lima Sur. Todo ello, evidencia la precariedad del sistema político local (el nacional no es la excepción) y la manera cómo se constituyen y definen las candidaturas a alcalde y las listas de regidores. Otro problema recurrente es la débil representación social con que cuentan las autoridades electas, quienes ganan con tan solo un 20% del voto de los electores en promedio, a pesar de lo cual cuentan con una amplia mayoría del Concejo Municipal y el control total de la Municipalidad. Estos datos nos ayudan a pensar en la manera como se distribuye el poder de acuerdo a los resultados electorales, surgiendo también preguntas sobre la democracia al interior de los partidos y la forma en que se estructuran. Es común, también, ver como una vez ganada la elección se reconfiguran los acuerdos y vínculos políticos locales, con lo que los partidos políticos pierden poder y representación, siendo los alcaldes elegidos quienes gobiernan «solos» olvidándose de planes y promesas electorales con los que ganaron las elecciones.

La ciudadanía y sus organizaciones sociales rechazan esta situación. Sin embargo, mientras los partidos políticos no superen la crisis en la que se encuentran y puedan funcionar como organizaciones con mecanismos de control y fiscalización de sus miembros, seguiremos eligiendo autoridades con problemas judiciales, que en teoría no podrían postular, pero que terminan asumiendo el poder que les otorga la función pública como autoridades locales.
desco Opina / 21 de noviembre de 2011
Programa Urbano

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Los días que restan (cumplidos cien días)

En sus primeros cien días, el principal mérito del presidente Humala ha sido lograr el complicado equilibrio que le exigía su «Hoja de Ruta»: conjurar los fantasmas del desgobierno económico que levantaban sus detractores y cumplir en lo elemental con sus ofertas electorales respecto a captar la renta minera y promulgar la ley de la consulta previa. Pasada la evaluación de costumbre, y aún sensible por el affaire Chehade, el gobierno enfrenta su primer desborde de conflictividad social.

El paro regional convocado en Cajamarca y las movilizaciones ocurridas en Andahuaylas, –por la revisión del estudio de impacto ambiental del proyecto Conga de Yanacocha y por la declaratoria de exclusión de la actividad minera, respectivamente– no obstante sus particularidades, expresan uno de los problemas de fondo del llamado «modelo»: las relaciones entre el Estado y las empresas. La opción por mantener la matriz extractiva de nuestra economía lleva a pensar erradamente que esa relación, como se ha dado hasta ahora, se revierte con una mayor captación de la ganancia minera. Sin embargo, el lugar del gobierno nacional y los gobiernos regionales en la definición de la expresión territorial de la economía –agua versus oro, mina versus agro– es lo clave en esa relación, y las protestas recientes nos «devuelven» a esa realidad.

Otra mirada a las relaciones entre el Estado y el poder empresarial se vincula al tema de la corrupción, y ha tocado la puerta de la «Gran Transformación» con el desafortunado comportamiento del vicepresidente Omar Chehade. La otra cara del escándalo político es que muestra que los grupos de poder económico pueden llevar a la mesa de su lobby hasta a aquellos que opusieron una retórica radical contra la «amistad» entre el poder económico y el gobierno de García. Es ahí donde más daño ha hecho lo ocurrido con Chehade.

El otro efecto de la caída del vicepresidente tiene que ver con el equilibrio de fuerzas en la representación congresal. La necesaria salida de Chehade de la comisión parlamentaria que investigará a Alan García, hizo que el nacionalismo –al perder protagonismo– jugara a hacerle vacío a su incómodo aliado por izquierda: Javier Diez Canseco. Su renuncia a la comisión le resta filo político a la investigación y merma significativamente la posibilidad de instalar en la agenda pública una evaluación global del período García.

Si bien a cien días no hay indicador de un cambio de rumbo, un buen primer medidor de las decisiones respecto al modelo económico, será el diseño del presupuesto público 2012. Allí podremos contar con una evaluación de cómo se están –o no– reorientando recursos, cambiando prioridades en el gasto corriente y en la inversión pública (y no sólo en la política social) y si se amplía el presupuesto global, pues su tamaño en relación al PBI es sumamente pequeño. Entonces veremos también si se cumple uno de los puntos en los que insistió Humala en su inaugural gira latinoamericana: el compromiso por un Estado más fuerte.
desco Opina / 14 de noviembre de 2011
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viernes

Políticas inclusivas para la nueva ruralidad altoandina

Asistimos a un escenario muy esperado por las sociedades altoandinas: la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, encabezado por Carolina Trivelli, implicaría una serie de políticas concertadas y operaciones dirigidas a enfrentar la pobreza, a mejorar la distribución del ingreso y los activos, así como a la superación de las privaciones sociales y la falta de voz y poder de los grupos excluidos.

En regiones como Huancavelica, donde la población es mayoritariamente rural, las demandas manifiestas de alpaqueros, pequeños agricultores y artesanos, no corresponden ya sólo a los clásicos programas sociales (Juntos, Foncodes, Vaso de leche, entre otros) sino a sus alternativas de desarrollo. La acción del Estado en este proceso ha sido difusa y desarticulada en el pasado; hoy, se requieren mejores iniciativas de inclusión social y productiva de estas sociedades. Reflexionando sobre las experiencias previas señalamos las siguientes:

i) Visibilidad como sociedades, la información oficial disponible para el área rural está desactualizada –el último censo agropecuario data de 1994– y no distingue la variedad de actores –alpaqueros, agricultores, artesanos, entre otros– ni caracteriza los circuitos económicos que desata la producción agraria, lo que imposibilita la identificación de alternativas de desarrollo específicas, e intensifica la desarticulación entre los actores del desarrollo. Los elementos de la nueva ruralidad altoandina, considerando que la gravitancia de la actividad minera, por ejemplo, indica que el reconocimiento del derecho consuetudinario y la jurisdicción de estas sociedades no es sólo un tema de consulta, sino también de una participación efectiva y, para ello, la educación bilingüe y multicultural constituye una política crucial.

ii) Reversión de la pobreza estructural y la desventaja, el acceso con calidad a la educación y la salud es la clave para la reproducción del capital social generacional. Así mismo, es necesario promover el desarrollo productivo regional con énfasis en las personas y sus organizaciones –más que sólo en los medios de producción– para generar sólidos tejidos sociales como soporte de cadenas productivas destinadas a mejorar la distribución del ingreso y el poder . El acceso a los activos productivos y financieros es otro aspecto que ayuda a la reducción de la pobreza estructural. El suministro de reformas legales acordes a la propiedad de la tierra que se adapten al contexto globalizado actual constituye una necesidad apremiante.

iii) Eliminación progresiva del estigma social para evitar la discriminación, mediante acciones de tolerancia, solidaridad y empoderamiento promovidas por campañas de comunicación y educación para modificar los estereotipos y fortalecer la institucionalidad para la participación en la sociedad civil. Es significativa la implementación de políticas preferenciales para la promoción de la representación social altoandina en el legislativo y en otras instancias gubernamentales así como la sanción y vigencia de la legislación antidiscriminatoria y el rediseño de las estructuras para el acceso a servicios y el mercado.

El recojo del mandato social altoandino en el nuevo contexto rural constituye el principal desafío de las organismos gubernamentales como el MIDIS, pero también lo es para los representantes regionales en el Congreso, mientras más conocedores de las realidades, más oportunas podrán ser sus intervenciones. Esto se espera de Hugo Carrillo y Wuillian Monterola, congresistas por Huancavelica.
desco Opina / 4 de noviembre de 2011
Programa Sierra Centro

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