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Agenda de género para Lima Metropolitana

La situación de violencia por la que atraviesan las niñas, niños y adolescentes (NNA) en nuestro país es preocupante. La pandemia ha impactado negativamente sobre esta realidad, agravando los índices de violencia antes registrados. Solo entre el 2020 y 2021 se incrementaron los casos de maternidad adolescente menores de 15 años; y entre enero y abril de este año se reportaron 8057 de violencia sexual, en los cuales 94,9% de las víctimas fueron mujeres y 69,5% fueron menores, entre los 0 y 17 años de edad. 

La situación de Lima Metropolitana no es muy diferente a este panorama general. En lo que va del 2022 el Centro de Emergencia Mujer (CEM) ha atendido 26 355 casos de violencia a mujeres, de los cuales 10 616 corresponden a violencia contra menores de edad; de éstos el 86,55% son de niñas y adolescentes mujeres. La mayoría de estas víctimas ha sido agredida psicológica y físicamente, mientras que las denuncias por violencia sexual representan el 17,32% del total. Pese a este contexto de alta vulnerabilidad, el Estado no ha logrado avances significativos que permitan no sólo sancionar a agresores y/o feminicidas, sino prevenir situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes; las políticas que busquen salvaguardar la integridad y la vida de mujeres e integrantes del grupo familiar son casi nulas. 

Contrariamente se observan avances peligrosos desde el conservadurismo político que busca eliminar de la gestión pública todo lo referente al enfoque de género. Esto se observa en acciones legislativas como la aprobación de la Ley N° 31498 que “permite” que padres y madres de familia participen en la elaboración de materiales y contenidos educativos, legalizando una interferencia antiderechos en contra de la educación sexual integral. También en acciones como la aprobación de un proyecto de ley que busca el cambio del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, invisibilizando los logros en defensa de las mujeres como sujetos de derechos pero también su condición de vulnerabilidad frente a otros sectores de la sociedad, más aún si nos referimos a sus condiciones económicas y de clase. Más recientemente, la propuesta de Milagros Jáuregui Martínez, congresista de Renovación Popular, que mediante el proyecto de ley N° 3464/2022-CR, propone eliminar el uso del lenguaje inclusivo de los textos escolares, es parte de la misma ofensiva. Lamentablemente todas estas propuestas han sido apenas  cuestionadas desde el Ejecutivo pese a que éste tiene pendiente la agenda pro derechos humanos y de lucha contra toda forma de discriminación, en salvaguarda de los sectores más vulnerados del país. 

El escenario se torna aun más gris en Lima Metropolitana si recordamos que en 2023  asumirá la alcaldía Rafael López Aliaga, personaje que llega a la gestión con una agenda ultraconservadora, antiderechos, con tintes racistas, discriminadores y antifeminista, bajo cuya responsabilidad recaerán las políticas públicas en materia de protección de las mujeres, infancias y adolescencias de la ciudad de Lima los próximos cuatro años. Cabe resaltar que la comuna limeña tiene bajo su administración, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, programas y servicios como la Demuna Lima, el Proyecto Ciudad de Niñas y Niños, el CCONNA Lima, entre otros, dirigidos a la promoción del ejercicio de derechos de NNA y a su protección. Resulta oportuno, entonces, preguntarse por el destino de las actuales políticas públicas referentes a la prevención de casos de violencia, por ejemplo, considerando que de enero a setiembre de este año, los once Centros de Acogida Residencial de Lima Metropolitana albergaron a 601 personas en situación de riesgo, 502 de las cuales son NNA y 441 son mujeres, habiéndose identificado distritos como San Juan de Lurigancho, Ate y San Martín de Porres como aquellos con mayor número de embarazo adolescente

Sin duda, la nueva gestión puede representar un retroceso alarmante en la conquista de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de Lima Metropolitana, así como el riesgo grande de normalizar discursos de odio e institucionalizar prácticas sexistas, demonizando toda política o iniciativa ciudadana que pretenda alzar las banderas de lucha contra las violencias hacia las mujeres y la defensa de una educación con enfoque no solo de género, sino de derechos e intercultural. La urgente lucha en contra de la violencia de género, que amenaza a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, es también una lucha cultural, cuestionando sentidos que homogenizan prácticas sociales, disputando espacios de participación política para las mujeres en su diversidad, pero también sensibilizando a la sociedad en general, sobre la urgencia de desterrar del sentido común, patrones que refuerzan y normalizan la violencia, el racismo y la discriminación. 


desco Opina / 25 de noviembre de 2022

descoCiudadano


Nada nuevo bajo el sol

 

Evidenciando el desinterés que comparten por la opinión pública, más profundamente aún, por la gente y sus necesidades, por el país y la profundidad de la crisis que estamos viviendo, el Ejecutivo y el Congreso de la República continúan en el ruidoso enfrentamiento que mantienen desde el día uno de su instalación, si no antes, desde el momento mismo de los resultados de la segunda vuelta, donde unos se refugiaron en la denuncia de un supuesto fraude y los otros iniciaban sus primeros cuoteos e inauguraban la casa de Sarratea.

Aparentemente satisfechos ambos con sus respectivas perfomances de las últimas semanas, el gobierno y su oposición más dura y achorada, afilan cuchillos esperando la inminente visita de la delegación de la OEA. La encuesta nacional urbano-rural de IPSOS, difundida días atrás, muestra que la aprobación de los principales actores de nuestra difícil situación se mantiene básicamente estancada; el mandatario sube un punto a 27%, mientras el Congreso lo hace 2, a 18%. La desaprobación del primero se mantiene en 66% en tanto que el Parlamento desciende un punto a 73%. La visita de la OEA, dicho sea de paso, no despierta mucha pasión entre la gente: 39% de los encuestados, 44% en el interior del país, no están enterados de la misma.

Desde el Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un esperpéntico informe que acusa al mandatario de haber violado distintos artículos de la Constitución, desconociendo lo que aquellos establecen sobre la soberanía nacional, los tratados internacionales y el referéndum, recomendando acusarlo como presunto autor del delito de traición a la patria en calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del Estado. Como sabemos bien, se trata de una historia vieja que se inició con la denuncia formulada y presentada en febrero de este año por varios rancios y desgastados políticos, entre los que destacaban Fernán Altuve, Ángel Delgado, Lourdes Flores Nano, Francisco Tudela, acompañados por periodistas igual de gastados como Hugo Guerra. La denuncia, adoptada por los legisladores Yarrow (Avanza País) y Cueto (Renovación Popular). El documento se basa en una entrevista que brindó el presidente Castillo a la cadena CNN, los días 24 y 25 de enero de este año. En esta se le recordó unas declaraciones que dio (Castillo) en un evento, antes de ser candidato a la Presidencia de Perú y en las cuales comenta la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia.

Aunque el Tribunal Constitucional aún no ha fallado en respuesta a la acción del abogado presidencial contra la Subcomisión, en la sesión de información del recurso planteado, el Procurador que representó al Congreso hizo un triste papel, minimizando la decisión de la Subcomisión, indicando que no se había tomado “una decisión de fondo”, apareciendo como incapaz de precisar cuál era el acto de traición a la patria. Aunque la acusación es evidentemente forzada y no puede sostenerse, habiendo sido criticada incluso por quienes defienden sin ambages el camino de la vacancia y perciben que con esta vía se fortalece al Presidente, sus promotores parecen decididos a seguir adelante y creen contar con los votos necesarios para su aprobación en la Comisión Permanente, lo que dicho sea de paso, no les asegura el resultado en el Pleno y terminar siendo un nuevo fuego artificial similar a los dos intentos anteriores de vacancia.

Desde el Ejecutivo, por su lado, el Premier, desde hace varios días insiste en obtener un voto de confianza pidiendo inicialmente la derogatoria de la Ley 31355 que establece que la cuestión de confianza sólo puede ser planteada respecto a la política general del gobierno, demanda que fue archivada por la Comisión de Constitución amparándose en que el Tribunal Constitucional ya había confirmado la validez de la norma. Tras ese rechazo, Aníbal Torres insistió, habiéndose presentado al Pleno con un proyecto, orientado, según dijo, a fortalecer la participación política del pueblo, que busca derogar la Ley 31399 que fortalece la aprobación de normas de reforma constitucional. Más allá de la finta de la “bala de plata” orientada a amedrentar a sectores del Legislativo con su eventual cierre, parece claro que se trata también de un artificio para evidenciar ante la misión de la OEA, la tesitura de sectores de la oposición congresal que organizan su acción a partir de un vulgar cálculo del alcance de votos disponibles.

En esencia, nada nuevo bajo el sol en este enfrentamiento y en el malestar de la gente. En este escenario, más de 220 asociaciones civiles que proponen que se acorte excepcionalmente el mandato presidencial y congresal por la corrupción y el desgobierno imperantes, presentaron siete propuestas de reforma política. Aunque indudablemente valiosas, las mismas parecen reducir la crisis sistémica que vivimos, a su dimensión política y transmiten en su composición una imagen que todavía es demasiado limeña y limitadamente vinculada con distintos actores, movimientos y activismos sociales que tienen sus propias miradas del momento.

La calle, finalmente, como lo evidenciaron las movilizaciones de los unos y los otros, sigue fría. Malhumorada y preocupada pero definitivamente incrédula y desconfiada. Aunque se mueve lentamente, la vida sigue igual por el momento. La OEA, creemos, no encontrará nada particularmente nuevo y más allá de ella, esa calma chicha seguramente no será indefinida.

 

 

desco Opina / 18 de noviembre de 2022

Junín y su gobernador electo

 

Al segundo intento, Zósimo Cárdenas Muje, finalmente obtuvo la Gobernación Regional de Junín para los próximos cuatro años. Elegido gobernador con el Movimiento Sierra y Selva Contigo Junín, fue gerente municipal en la provincia de Chanchamayo (2011-2012) y gerente general en el Gobierno Regional de Pasco (2019-2021), habiendo sido alcalde distrital de Pichanaki (2007-2010 y 2015-2018). Su victoria, celebrada por sus partidarios, aunque ha generado alguna expectativa entre la población juninense, se ve ensombrecida por las 30 investigaciones que tiene a nivel fiscal, 21 sobre presuntos delitos de peculado, colusión, negociación incompatible y asociación ilícita.

Lamentablemente, no fue el único candidato en la región con antecedentes que lo involucran en procesos penales, lo que es un indicador de los problemas de corrupción en la región, como en todo el país.

Según la Contraloría General de la República (2021,2022), la Región Junín se convirtió en una de las diez más corruptas, registrando un perjuicio económico estimado que superó los 696 millones de soles. En este escenario, de determinarse la culpabilidad del nuevo gobernador en alguno de los procesos que se le siguen, la institucionalidad regional se verá afectada una vez más. Recordemos que la última gestión liderada por Vladimir Cerrón Rojas fue interrumpida a los siete meses de iniciada debido a que el exgobernador fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible, siendo reemplazado por Fernando Orihuela Rojas.

En este escenario regional donde se reiteran presuntos casos de corrupción, es claro que la percepción que se genera sobre aquella, afecta la institucionalidad, la democracia y la gobernabilidad en Junín. El último informe del INEI, “Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones, octubre 2021 - marzo 2022”, registraba que 71.1% de los juninenses consideraba que la gestión regional era mala o muy mala, uno de los porcentajes más altos entre todas las regiones.

En este marco se requiere una movilización de cara a reformar la ley general de elecciones y la ley de Partidos Políticos como condición indispensable aunque no suficiente, para tener candidatos probos con capacidades y antecedentes claros, evitando experiencias como las más recientes que ha tenido la región, incluyendo la de Vladimir Cerrón.

La Ley de Reforma Constitucional N° 31042 establece el impedimento para la postulación a cargos de elección popular de las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso. En este marco, no es anecdótico recordar que en una entrevista reciente en la ciudad de Huancayo, el próximo gobernador dijo: “No tengo 37 denuncias, tengo 27; los otros candidatos tienen más”.

Es claro que la presunción de inocencia implica que uno tiene que ser tratado como inocente, conservando todos sus derechos, entre ellos el de ser elegido, mientras no exista una sentencia en instancia judicial definitiva. Sin embargo, la lentitud de los procesos en los que frecuentemente están involucrados muchos candidatos y la posibilidad de modificación de un fallo en instancia superior, siguen siendo potenciales bombas de tiempo que pueden afectar la gobernabilidad y ensombrecer aún más la democracia.

En lo inmediato, toca a los juninenses asegurar su participación en la gestión que se inicia en enero, garantizando la vigilancia y el control de las autoridades que resultaron elegidas. Pero toca también demandar y presionar por los cambios legales necesarios para fortalecer a los partidos y atender la pobreza de nuestra representación política.

 

 

desco Opina – Regional / 11 de noviembre del 2022

descocentro

 

Esperando a la OEA

 

Vladimir: Entonces ¿nos vamos?

Estragón: Sí, vámonos.

(No se mueven.)

Diálogo final de Esperando a Godot

 

El capítulo más reciente de nuestro sainete político se inició el 10 de octubre, cuando la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. A todas luces, era un intento para abrir legalmente la cerradura constitucional establecida en el artículo 117, mediante una interpretación de éste que se fundamentaba en los artículos 30.2. y 30.3. de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, “dada la condición de normas propias de un tratado de derechos humanos”.

La respuesta no fue inmediata, pero llegó. El 19 de octubre, en un Mensaje a la Nación, el presidente Castillo alegó que las investigaciones a él, y a su entorno, eran una campaña de "demolición", afirmando que la denuncia constitucional en su contra es una muestra de ello, calificándola de una "nueva modalidad de golpe de Estado". Horas antes, el Mandatario había enviado un pedido a la OEA, para que aplique los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, al considerar que la institucionalidad democrática del país se encontraba en riesgo, tras la denuncia constitucional planteada por la Fiscalía de la Nación.

Previamente, el 17 de octubre sucedió un evento que es determinante para entender los acontecimientos como más que una simple sucesión de acciones y reacciones. Ese día, Edgar Ralón, primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaraba que en el país existía una “alta conflictividad entre poderes públicos que dificultan la gobernabilidad”, además de una “crisis constitucional” a raíz de la denuncia elevada por la Fiscal de la Nación contra el presidente Castillo.

Ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que luego acordaría aplicar la Carta Democrática a pedido de Castillo, Ralón agregó que la inestabilidad política y los “persistentes cambios de autoridades han impactado en el goce de los derechos humanos”. Además, dijo que Perú atravesó varias crisis políticas por el “uso reiterado de tres figuras constitucionales”: acusación constitucional, vacancia presidencial y disolución del Congreso por la denegatoria de confianza a dos consejos de ministros.

Finalmente, comentó que en la visita realizada al país por la CIDH –entre el 10 y 14 de octubre– se produjeron lo que fueron “hechos inéditos” , según su criterio,  como las declaraciones de la vicepresidenta de la República ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el allanamiento a la casa de la hermana del presidente Castillo, donde se encontraba su madre con “salud convaleciente”.

Concluyó afirmando que “dichas irrupciones generadas en un contexto de alta conflictividad entre poderes públicos han dificultado la gobernabilidad del país … [y] esto ha conducido a un desgaste en la agenda legislativa y suscitado cuestionamientos sobre la independencia de la justicia”, así como el “debilitamiento de la confianza en las instituciones públicas”.

En una sesión extraordinaria en Washington, el Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo de la organización, adoptó por aclamación la resolución de “respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática” en Perú y llamó “a todos los actores” a actuar dentro “del estado de derecho”. El 20 de octubre expresó su respaldo al Gobierno peruano y decidió enviar una misión al país, conformada por los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero; de Belice, Eamon Courtenay; de Ecuador, Juan Carlos Holguín; de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro; y de Paraguay, Julio César Arriola.

A partir de ese momento las acciones fueron disminuyendo de velocidad. Al finalizar el mes de octubre, no había claridad acerca de cuándo vendría la misión OEA al país, qué contendría su agenda y, más aún, cuál sería su objetivo. El representante peruano ante la OEA, Harold Forsyth, afirmó que podría estar en el país en la segunda semana de noviembre, dependiendo de cómo los cancilleres que la integran, “cuadren sus agendas”.

De otro lado, consideró que el arribo de la misión OEA “es algo muy bueno porque esto demuestra cómo nuestro país concita la atención de los demás países hermanos de las Américas”. Asimismo, Forsyth estimó que esta visita del conjunto de cancilleres enviados por la OEA pueda ayudar a que, “la situación política actual en nuestro país sea más llevadera”.

En efecto, se supone que la misión de la OEA buscará conversar con representantes del Poder Ejecutivo, Congreso de la República y actores de la sociedad civil, con la finalidad de escuchar a todas las partes involucradas y conocer la real situación de la crisis política que atraviesa el país para resguardar la democracia. Luego, elaborará un informe que será derivado al Consejo Permanente, que establecerá un periodo de diálogo con las partes involucradas para evitar que la crisis política se agudice. Tras ello, se adoptarán las medidas correspondientes para preservar el orden democrático. En otras palabras, la visita circunstancial de los cancilleres enviados por la OEA puede ser, hasta el momento, la conjunción de los buenos deseos de que las cosas mejoren en la órbita política peruana, pero nada más.

En esa línea, considerar que la gobernabilidad del país se ha hecho más difícil por la alta conflictividad entre los poderes públicos, como lo hace el relator Ralón, es simplemente desconocer los elementos básicos que dan forma a los problemas del sistema político peruano, porque es más que evidente que pensar que bajo el supuesto de la inexistencia de esa “conflictividad” las cosas irían mejor, es la manera de obviar la enorme debilidad sobre la que se busca equilibrar la democracia peruana.

Peor aún, creer que esta alta conflictividad entre instituciones ha provocado el desgaste de la agenda legislativa y formado sospechas sobre la autonomía de la justicia peruana, debilitando “la confianza en las instituciones públicas”, es literalmente tomar el rábano por las hojas. Sin abundar en detalles, no parece que en Perú exista o haya existido en el pasado próximo algo que podríamos denominar “agenda legislativa”, que alguna vez el Poder Judicial haya tenido algo de credibilidad o que hubo momentos en que la “confianza ciudadana” hacia las instituciones del Estado haya sido si no robusta, al menos aceptable.

 

desco Opina / 4 de noviembre de 2022