La ESI en Arequipa: contra la ignorancia, no contra la infancia

 

La aprobación de la Ordenanza Regional N° 538 para implementar la Educación Sexual Integral (ESI) en los sectores Educación y Salud en Arequipa ha desatado una campaña de desinformación impulsada por grupos conservadores de la ciudad, con dos voceros visibles. El Arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, ha afirmado que la norma “es una aberración” y que en el fondo busca imponer la –inexistente– “ideología de género”. Por su parte, el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, ha referido que su implementación es el inicio de un camino para la implementación de otras normas, como la del cambio de sexo a niños de 10, 11 y 12 años pagadas por el Estado sin autorización de los padres, como en Argentina, hecho que tampoco es cierto.

La realidad es otra en la región. Según la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, la tasa de embarazo adolescente se ha mantenido entre 3.5 % y 3.7 %, sin mostrar señales de descenso entre 2024 y 2025. Durante 2024, el Ministerio de Salud reportó 782 casos de embarazo adolescente en Arequipa y Caylloma, buena parte de ellos como resultado de violaciones sexuales.

Por otro lado, la violencia sexual contra menores progresa con cifras alarmantes: hasta junio de 2025 se han denunciado cerca de 800 casos de abuso sexual contra menores en la región. Y en el ámbito escolar, en el 2023 se reportaron 160 casos de violencia sexual en Arequipa, 222 en 2024, y en lo que va del año se registran ya 116 denuncias, según el portal SíseVe del Ministerio de Educación.

Estas cifras revelan una cruda verdad: nuestras niñas, niños y adolescentes están siendo víctimas. Y los eslóganes contra la implementación de la ESI solo sirven para perpetuar la ignorancia, el miedo y el abuso sexual.

La ESI, tal como lo establece la ordenanza, no promueve ninguna “ideología de género”. Sí promueve información basada en evidencia, derechos humanos, autocuidado y convivencia democrática. Busca prevenir embarazos no deseados, violencia sexual e infecciones de transmisión sexual, además de fortalecer la participación informada de familias y comunidades. Para su elaboración se pidió la opinión técnica de la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia Regional de Educación.

Su implementación supone ciertamente, un proceso largo que tiene que ser asumido en los planes operativos de las gerencias mencionadas, con la ejecución de actividades como capacitaciones a los actores educativos, campañas de comunicación y supervisión. Además, es imprescindible el acompañamiento de diversas instituciones de la sociedad civil, para que el Gobierno Regional no ceda frente a estas presiones y otras que han comenzado a llegar desde el ala fundamentalista del Congreso.

Esta campaña de desinformación debe responderse con contundencia: la educación sexual integral es un derecho, y su defensa es una obligación ética y social. ¿O preferimos seguir ignorando el embarazo de las adolescentes en la región mientras se esconde el verdadero problema bajo una falsa moralidad?

La ordenanza es un mandato de responsabilidad política y social. Ahora corresponde defenderla. No por capricho, sino por humanidad. Los datos lo demuestran, ofrecen la suficiente evidencia sobre la urgente necesidad de su implementación. Gracias a herramientas como la ESI, podemos empezar a transformar realidades en nuestra región, y dejar de disfrazarlas o, peor aún, actuar como que no suceden.

 

desco Opina – Regional / 12 de setiembre del 2025

descosur

Agenda de género para Lima Metropolitana

La situación de violencia por la que atraviesan las niñas, niños y adolescentes (NNA) en nuestro país es preocupante. La pandemia ha impactado negativamente sobre esta realidad, agravando los índices de violencia antes registrados. Solo entre el 2020 y 2021 se incrementaron los casos de maternidad adolescente menores de 15 años; y entre enero y abril de este año se reportaron 8057 de violencia sexual, en los cuales 94,9% de las víctimas fueron mujeres y 69,5% fueron menores, entre los 0 y 17 años de edad. 

La situación de Lima Metropolitana no es muy diferente a este panorama general. En lo que va del 2022 el Centro de Emergencia Mujer (CEM) ha atendido 26 355 casos de violencia a mujeres, de los cuales 10 616 corresponden a violencia contra menores de edad; de éstos el 86,55% son de niñas y adolescentes mujeres. La mayoría de estas víctimas ha sido agredida psicológica y físicamente, mientras que las denuncias por violencia sexual representan el 17,32% del total. Pese a este contexto de alta vulnerabilidad, el Estado no ha logrado avances significativos que permitan no sólo sancionar a agresores y/o feminicidas, sino prevenir situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes; las políticas que busquen salvaguardar la integridad y la vida de mujeres e integrantes del grupo familiar son casi nulas. 

Contrariamente se observan avances peligrosos desde el conservadurismo político que busca eliminar de la gestión pública todo lo referente al enfoque de género. Esto se observa en acciones legislativas como la aprobación de la Ley N° 31498 que “permite” que padres y madres de familia participen en la elaboración de materiales y contenidos educativos, legalizando una interferencia antiderechos en contra de la educación sexual integral. También en acciones como la aprobación de un proyecto de ley que busca el cambio del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, invisibilizando los logros en defensa de las mujeres como sujetos de derechos pero también su condición de vulnerabilidad frente a otros sectores de la sociedad, más aún si nos referimos a sus condiciones económicas y de clase. Más recientemente, la propuesta de Milagros Jáuregui Martínez, congresista de Renovación Popular, que mediante el proyecto de ley N° 3464/2022-CR, propone eliminar el uso del lenguaje inclusivo de los textos escolares, es parte de la misma ofensiva. Lamentablemente todas estas propuestas han sido apenas  cuestionadas desde el Ejecutivo pese a que éste tiene pendiente la agenda pro derechos humanos y de lucha contra toda forma de discriminación, en salvaguarda de los sectores más vulnerados del país. 

El escenario se torna aun más gris en Lima Metropolitana si recordamos que en 2023  asumirá la alcaldía Rafael López Aliaga, personaje que llega a la gestión con una agenda ultraconservadora, antiderechos, con tintes racistas, discriminadores y antifeminista, bajo cuya responsabilidad recaerán las políticas públicas en materia de protección de las mujeres, infancias y adolescencias de la ciudad de Lima los próximos cuatro años. Cabe resaltar que la comuna limeña tiene bajo su administración, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, programas y servicios como la Demuna Lima, el Proyecto Ciudad de Niñas y Niños, el CCONNA Lima, entre otros, dirigidos a la promoción del ejercicio de derechos de NNA y a su protección. Resulta oportuno, entonces, preguntarse por el destino de las actuales políticas públicas referentes a la prevención de casos de violencia, por ejemplo, considerando que de enero a setiembre de este año, los once Centros de Acogida Residencial de Lima Metropolitana albergaron a 601 personas en situación de riesgo, 502 de las cuales son NNA y 441 son mujeres, habiéndose identificado distritos como San Juan de Lurigancho, Ate y San Martín de Porres como aquellos con mayor número de embarazo adolescente. 

Sin duda, la nueva gestión puede representar un retroceso alarmante en la conquista de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de Lima Metropolitana, así como el riesgo grande de normalizar discursos de odio e institucionalizar prácticas sexistas, demonizando toda política o iniciativa ciudadana que pretenda alzar las banderas de lucha contra las violencias hacia las mujeres y la defensa de una educación con enfoque no solo de género, sino de derechos e intercultural. La urgente lucha en contra de la violencia de género, que amenaza a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, es también una lucha cultural, cuestionando sentidos que homogenizan prácticas sociales, disputando espacios de participación política para las mujeres en su diversidad, pero también sensibilizando a la sociedad en general, sobre la urgencia de desterrar del sentido común, patrones que refuerzan y normalizan la violencia, el racismo y la discriminación. 

desco Opina / 25 de noviembre de 2022

descoCiudadano

La arremetida de Con Mis Hijos No Te Metas

 

Tal parece que los congresistas que aprobaron el proyecto de Ley nº 904/2021-CR, viven de espaldas a nuestra cruda realidad; en Perú, 13 de cada 100 adolescentes mujeres ya es madre o está embarazada. Este indicador resulta más alarmante cuando nos focalizamos en algunas localidades de la Amazonía, en donde encontramos hasta 40 de cada 100 adolescentes que ya son madres o están embarazadas.

Según el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente, para el 2021 esta situación se debía reducir en 20%. A la fecha, no se ha alcanzado la meta propuesta y las medidas de control sanitario por la COVID-19 terminaron por relegar a un segundo plano todas las acciones que debían ser implementadas por el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Salud (Minsa). Si bien la prevención del embarazo en adolescentes es una prioridad, actualmente el embarazo y la maternidad en la adolescencia aumentaron incluso durante el aislamiento por la pandemia y continúa siendo un problema de salud pública, de derechos y oportunidades para las mujeres y las niñas, así como de desarrollo para el país.

Desplazar al Minedu como órgano rector de los contenidos de la educación sexual que se brinda en las aulas y convertir a las Asociaciones de Padres de Familia (Apafa) en una suerte de inquisidores contemporáneos, generará más de una discrepancia y una presión para el «silencio» de los docentes a fin de evitar la censura y el veto sobre textos y materiales por muy científicos y pedagógicos que sean. Al obligar a los profesores a someterse a la voluntad de los padres y esquivar la meticulosidad interesada para no estar en falta, se transmitirá el mensaje de que el sexo no tiene cabida para ser conversado en el colegio.

Escuchar los argumentos de distintos congresistas sobre la existencia de «textos con contenido pornográfico» da cuenta de dos posibilidades: que sus asesores no supieron darles la información correcta o que se trata de una postura para identificarse o congraciarse con grupos ultraconservadores, que están convencidos de que el enfoque de género y la educación sexual integral promueven la homosexualización y la iniciación sexual temprana de los jóvenes.

La norma fue impulsada por un legislador de conocida proximidad con el colectivo ultraconservador Con Mis Hijos No Te Metas; es de suponer entonces que esté materializando alguna promesa de campaña. Vivir de espaldas a la realidad, no niega el que posiblemente muchos de los adultos de esos colectivos ultraconservadores siendo adolescentes exploraran su sexualidad sin permiso ni conocimiento de sus padres, mientras hoy quieren satanizar al sexo y las inquietudes adolescentes como si no fueran algo natural.

La Defensoría del Pueblo ha solicitado que el Presidente de la República observe el referido proyecto, porque la Educación Sexual Integral (ESI) está acorde con el segundo objetivo prioritario de la Política Nacional de Igualdad de Género en tanto “contribuye a reducir problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva, como la tasa de embarazos en la adolescencia”. Si bien es cierto que el Congreso aún no remite la norma al Ejecutivo para su promulgación, ya existen pronunciamientos del Minedu y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que indicarían que la ley será observada. Queda siempre el riesgo de que aquella sea aprobada por insistencia, por lo que ya existen movilizaciones ciudadanas promoviendo su archivamiento definitivo.

Las y los jóvenes tienen todo el derecho de recibir información calificada que les permita evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual; esa información debe ser técnicamente bien cualificada con el concurso de opiniones expertas, con estrategias pedagógicas validadas y con docentes en las aulas con las mejores capacidades para hacerlo.

 

desco Opina – Regional / 27 de mayo del 2022

descocentro

El cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes

 

Este año concluye el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA), formulado una década atrás, sin que hasta la fecha se haya realizado algún balance global, un informe de cumplimiento de sus metas establecidas o cuando menos la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil para aportar en la elaboración de un necesario plan de continuidad. Como lo muestran algunos indicadores sobre salud infantil, embarazo adolescente, participación y violencia hacia niñas, niños y adolescente, hay avances importantes, pero los problemas identificados hace diez años subsisten y no se lograrán las metas, fundamentalmente en las zonas rurales y en las de mayor pobreza.

El Plan estableció 6 metas emblemáticas: (i) reducción de la desnutrición crónica infantil a 5%, (ii) 100% de niñas y niños de 3 a 5 años con acceso a una educación inicial de calidad, (iii) 70% de niñas y niños de segundo grado de primaria con un nivel suficiente de comprensión lectora y razonamiento matemático, (iv) reducción de la tasa de maternidad adolescente en 20%, (v) los adolescentes acceden y concluyen en la edad normativa una educación secundaria de calidad, (vi) disminución de la violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes. Recientemente, desco, en el marco de uno de los proyectos que ejecuta en torno a restitución de derechos vulnerados en niñas, niños y adolescentes, concluyó un estudio acerca de la evolución y proyección de indicadores en perspectiva territorial, de género e interculturalidad del PNAIA 2021; priorizando 17 indicadores de 6 de los 25 Resultados Esperados del Plan. Se muestran acá algunos de sus alcances, ligados a los temas de salud, embarazo adolescente, participación y violencia.

Los datos indican que muchas de las metas no se cumplirán. Si bien la tasa de mortalidad neonatal disminuyó de 12.5 a 9.9 en el periodo 2012-2018 y la de mortalidad materna también se redujo, empeoró la proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer en 2020 con respecto al 2014, empeoró la proporción de recién nacidos vivos prematuramente y disminuyó el porcentaje de neonatos que reciben lactancia materna dentro del primer día de nacidos, según datos del INEI. Además, si bien la desnutrición crónica en niños menores de 5 años y la anemia en infantes entre 6 y 36 meses, disminuyeron entre 2012 y 2020, ese año el porcentaje de menores de 36 meses con vacunas básicas completas, cayó al 69.4%.

En el caso del embarazo adolescente es importante observar una diferencia entre antes y después de la irrupción de la pandemia. Si en el periodo 2012-2018, el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años de edad que eran madres o estaban embarazadas por primera vez disminuyó a 12.6%, en 2020 se redujo a 8.3%, aunque en aquel primer año se mantienen ciertas regularidades, como su alta prevalencia en el ámbito rural. En cuanto a la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, hasta el 2019 la incidencia disminuyó apreciablemente en sus variantes familiar, escolar y sexual. Sin embargo, la pandemia ha puesto en riesgo estos avances. 48 de cada 100 niñas y niños justifican la violencia hacia ellos en el hogar y 40 de cada 100 jóvenes hacen lo propio. Los hogares enfrentan situaciones que les generan malestar emocional (pérdida del empleo, reducción de ingresos, sobrecarga de actividades de cuidado y crianza, entre otros) que incrementan el riesgo en las familias hacia los menores de edad. Lo grave es que, al margen de la pandemia, la violencia sexual que ha venido en aumento es la que se perpetra hacia niñas y niños de 0 a 11 años de edad, solo considerando los casos visibles a partir de denuncias, en espacios que se supone deben proporcionar seguridad: hogar o vecindario, de donde proceden frecuentemente los agentes agresores.

En general, la pandemia del Covid-19, no ha afectado drásticamente los indicadores, que mantienen su tendencia desde el 2012, siendo claro que no se lograrán las metas. La pandemia ha afectado sí, la operatividad de procesos habituales que implican presencialidad, como es el caso de la cobertura de vacunas básicas completas, notándose ya una cierta mejora los últimos meses de este año con el progreso relativo en el control sanitario de la pandemia.

Ésta ha supuesto una reconfiguración de las interacciones sociales. Su traslado al entorno digital, donde como país tenemos grandes brechas por cerrar, ha afectado dramáticamente la socialización. En este contexto resulta llamativa la disminución de la incidencia del embarazo adolescente el 2020 frente a la situación del periodo 2012-2019, donde la política pública hizo muy pocos avances y registraba un crecimiento en las zonas rurales, donde uno de los factores que aparecían era la iniciación sexual temprana sin uso de preservativos entre parejas menores de 18 años o parejas donde el varón mayor imponía sus decisiones. La pandemia habría debilitado estos escenarios, momentáneamente.

Si bien en los últimos años ha habido muestras de voluntad política para crear espacios institucionales de participación a nivel regional (Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes – CCONNA) el porcentaje de gobiernos regionales donde participan niñas, niños y adolescentes en el ciclo de políticas públicas en temas que les involucran o interesan, pasó de 12% a 96%, el avance en la participación real es pobre: 4 de cada 5 niñas, niños y adolescentes manifestaban que carecían de espacios locales para expresar sus opiniones y puntos de vista antes de la pandemia, en una sociedad donde más de 1 de cada 2 miembros del hogar no participa organizadamente. Por cierto, la digitalización y los entornos semipresenciales no parecen prometer avances en la participación en el corto plazo. Queda entonces el reto de convertir a los CCONNA en espacios de auténtica participación y formación de ciudadanía.

Es evidente que se requiere actualizar la formulación del Plan, proyectándolo al 2030, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la “nueva normalidad” como condicionante de los programas y estrategias de intervención pública. Todo el planteamiento debe apuntar a superar las heterogeneidades territoriales en cuanto a resultados por cada indicador. Incorporar una estrategia digital explícita y focalizada debe ser un componente significativo, además de desarrollar con mayor amplitud y claridad la forma de operativizar los enfoques transversales de equidad, género e interculturalidad. El objetivo debe ser reconfigurar los espacios de convivencia para convertirlos en espacios de seguridad donde el cuidado, respeto e integridad física y emocional de las niñas, niñas y adolescentes sean sus rasgos fundantes. Nos encontramos, lamentablemente, aún alejados de esta aspiración.

 

 

desco Opina - Regional / 12 de noviembre de 2021

descoCiudadano