El Niño y los riesgos que Lima no puede ignorar

 

Lima es una ciudad acostumbrada a vivir casi sin lluvias. Sin embargo, las recientes precipitaciones intensas han demostrado que esta condición también puede convertirse en una vulnerabilidad cuando incluye la combinación de viviendas precarias, falta de drenaje y asentamientos humanos ubicados en laderas. En el contexto del Fenómeno El Niño, la gestión del riesgo vuelve a ocupar un lugar urgente: no solo por las lluvias, sino también por la amenaza permanente de un gran sismo en una ciudad donde miles de viviendas presentan condiciones de vulnerabilidad.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), mantiene información y seguimiento sobre el Fenómeno El Niño 2026-2027, así como avisos meteorológicos y monitoreo de las condiciones climáticas del país. Para una ciudad como Lima, donde las lluvias intensas no forman parte de la experiencia cotidiana, estos episodios muestran la necesidad de fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta.

A esta situación se suma el riesgo sísmico. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) cuenta con un escenario de riesgo para Lima y Callao que permite identificar los posibles impactos de un sismo de gran magnitud y orientar medidas de prevención y reducción del riesgo. Asimismo, el mapa de riesgo sísmico elaborado por el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid), permite conocer los niveles estimados de daño que podrían presentarse en las viviendas de los diferentes distritos de Lima ante un sismo severo.

Esta información adquiere especial importancia cuando se contrasta con lo que ocurre en los barrios de Lima Sur. Los testimonios que presentamos corresponden a lideresas con quienes trabajamos directamente en zonas de alta vulnerabilidad y riesgo de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Sus experiencias permiten observar cómo los fenómenos naturales impactan en la vida cotidiana de familias que cuentan con pocos recursos para prevenir o reparar los daños.

Deassy Huari, presidenta del comedor Mensajeros de la Paz, ubicado en Oasis de Villa, en Villa El Salvador, comenta que las lluvias recientes afectaron directamente a las familias de su comunidad. Las calaminas de muchas viviendas tienen años de uso y se encuentran desgastadas. Los pequeños agujeros que antes podían pasar desapercibidos se convirtieron, durante las horas de lluvia intensa, en puntos de ingreso de agua hacia los dormitorios y otros ambientes de sus casas.

La afectación no terminó al interior de las viviendas. En las calles hubo inundaciones y dificultades para movilizarse: un automóvil quedó varado y una combi tuvo problemas con el motor. Los niños y adolescentes que caminaban hacia sus colegios o regresaban a casa terminaron completamente empapados y luego algunos presentaron tos. Después de la lluvia emergió otra preocupación: los mosquitos. La humedad y el agua acumulada favorecieron su aparición y las familias se alertaron al encontrarlos en mayor cantidad y frecuencia. Las personas adultas también presentaron molestias en la garganta.

En Vista Alegre de Rinconada Alta, Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, Julissa Panta, presidenta del asentamiento humano, describe una realidad que suma otro riesgo: los sismos. En las laderas, las pircas requieren reforzamiento y, ante los movimientos, las piedras suelen deslizarse. La preocupación de las familias es que una vivienda que ya enfrenta dificultades frente a un terremoto, tenga también que soportar lluvias, humedad y fuertes vientos.

En el comedor popular Santa Rosa de Vista Alegre, el agua ingresó a las viviendas. Muchas familias no cuentan con recursos para realizar reforzamientos y viven con el temor de que ocurra un terremoto y las estructuras no puedan resistir. La expresión de las dirigentes es clara: sus casas no están preparadas para enfrentar un movimiento sísmico de gran magnitud.

La educación también se vio afectada. En Rinconada Alta del Distrito de San Juan de Miraflores, los estudiantes tuvieron dificultades para acudir al colegio debido a la neblina y, después de la lluvia del domingo 16 de agosto, uno de los centros educativos paralizó el dictado de clases durante dos días porque el agua se había empozado en el local. Para estas familias, una lluvia intensa no representa solamente un problema de infraestructura: también puede significar que los niños no puedan estudiar, que las familias tengan dificultades para movilizarse y que aumenten las condiciones de humedad y presencia de mosquitos que afecten su salud.

Los testimonios muestran tres impactos concretos de un mismo fenómeno: vivienda, educación y condiciones ambientales y de salud. Pero revelan también algo más profundo: en estos barrios la lluvia y los sismos no son riesgos inconexos. Se superponen sobre viviendas y comunidades que muchas veces no cuentan con recursos suficientes para prepararse ni enfrentarlos.

Por eso, la gestión del riesgo no puede aparecer únicamente después de una emergencia. Mejorar los sistemas de drenaje, reforzar viviendas y pircas, mantener escuelas y espacios comunitarios, identificar zonas seguras y fortalecer la organización vecinal son medidas que pueden reducir el impacto de futuros eventos.

Las voces de Deassy y Julissa permiten mirar las cifras y los escenarios oficiales desde la vida cotidiana. Ellas no se refieren a escenarios hipotéticos: hablan de agua inundando sus casas, niños que dejan de asistir al colegio, mosquitos que aparecen después de la lluvia y familias que temen que sus viviendas no resistan un terremoto. Escuchar a quienes viven en estos territorios es también una forma de reconocer dónde están las mayores vulnerabilidades y qué medidas deben priorizarse antes de que ocurra una emergencia mayor.

 

desco Opina - Regional / 28 de agosto de 2026

descoCiudadano

Tan pronto, y sin pena ni gloria

 

A 23 días del mensaje inaugural de la gestión de Keiko Fujimori, el presidente de su Consejo de Ministros, Luis Galarreta, asistió a la Cámara de Diputados para la presentación de las prioridades y la política general del gobierno. Quienes esperaban que la misma estuviera acompañada del pedido de facultades extraordinarias que la mandataria anunciara como si estuviera listo, el 28 de julio, para postergarlo posteriormente unos días “por retrasos en lo que significan los nombramientos de viceministros”, tendrán que seguir esperando, no sabemos bien hasta cuándo. En sentido estricto, las debilidades, los ruidos internos del Gabinete y las reiteradas diferencias de criterio con la Presidenta, cada vez más públicos, no permitían expectativas mayores sobre su asistencia a la avenida Abancay.

Una sucesión de errores y desencuentros, así lo evidenciaban. Recordemos algunas de las señales más estruendosas. El desencuentro más grosero lo protagonizó el Ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, quien fuera Primer Ministro de Jerí, aprovechando la filtración de una carta firmada por 21 abogados, muchos de ellos próximos a la Coordinadora Republicana, anunciaba su intención de que el Lugar de la Memoria (LUM) sea trasladado a su sector, argumentando que aborda directamente la época del conflicto armado interno. Pronto, Alberto Beingolea, uno de los mejores periodistas deportivos del país, convertido en Ministro de Cultura, indicó que se trataba de una opinión personal y le respondió defendiendo la ubicación del LUM.

Por las características del personaje, ocupa el segundo lugar el Canciller y excandidato presidencial Carlos Espá, que cuando aspirante al sillón de Pizarro consideraba inaceptable que la señalada por golpista Betssy Chávez se asilara en México, aparece anunciando la autorización para que salga del país como la primera medida de su gestión. Disputando ese honor, el ministro del Interior, César Astudillo, ex comandante general del Ejército, defendió la permanencia en el cargo del Jefe de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, argumentando sus resultados en la lucha contra la delincuencia, sin percatarse, quizá, que en los primeros 18 días de su gobierno, se habían producido 105 asesinatos, 77.5% cometidos con arma de fuego.

Por su lado, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, aseguró que los vagones del tren promovido por el exalcalde y ahora candidato Rafael López Aliaga, en realidad fueron comprados por la Municipalidad de Lima, rechazando la versión que aquél y sus defensores, mantuvieron permanentemente. La Presidenta tuvo que aparecer en una red social desautorizando a su ministro y asegurando que los trenes se harán de todas maneras, precisando que se encuentran en Proinversión. Finalmente, Rey, en la misma presentación en la Cámara de Diputados, terminó de recular, indicó que fue malinterpretado y que no tiene nada en contra del principal aliado gubernamental y su soporte indispensable en el Senado, precisando que dejará los estudios y el futuro del proyecto en manos de Proinversión.

El desorden y la debilidad parecen tan significativos, que incluso Elmer Cuba, el ministro más rankeado del equipo ministerial, tuvo unas declaraciones poco felices y nada empáticas, al pedir "no exagerar por un poco de agua en la rodilla" cuando varios distritos del sur de la capital sufrían las consecuencias de una lluvia intensa, días atrás, obligando una vez más a que la propia señora K le llame la atención desde el mismo lugar de los acontecimientos. Como es obvio, la suma de éstos y varios otros sucesos, motivaron, muy pronto, críticas y comentarios duros de analistas y políticos que perciben el rápido deterioro que puede alcanzar al Ejecutivo.

Así las cosas, la presentación de Luis Galarreta, Presidente del Consejo de Ministros, que en el mejor de los casos puede ser calificada como reiteración de un diagnóstico que el país ya escuchó de labios de la señora Fujimori, estuvo llena de promesas abstractas –sin precisar mecanismos, mucho menos presupuestos viables para convertirlas en resultados tangibles–, así como de omisiones clamorosas que ponen en cuestión la composición y capacidad del equipo ministerial y su posibilidad real de llevar adelante las ofertas y compromisos anunciados por el gobierno. Como su Presidenta, no podía ser de otra forma, empezó su mensaje señalando que el gobierno encontró un Estado “desordenado y desbordado”, olvidando oportunamente, igual que aquella, que tanto el desorden como el desborde los tienen claramente entre los responsables.

Sobre esa base concentró su intervención en algunos puntos e hizo unos pocos anuncios. En materia de seguridad, fortalecer el sistema de flagrancia y ampliar el subsistema contra la extorsión a 15 distritos judiciales, penales de alta seguridad y habilitar cuarteles en desuso para aliviar las cárceles, además de devolverle capacidades operativas al Sistema de Inteligencia Nacional, en el marco de unas FF.AA. protagónicas en la materia. Frente a El Niño, anunció la instalación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo para acelerar la preparación frente a su llegada, advirtiendo que “el Estado no llegará cuando el daño ya esté hecho”, olvidando que el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, acababa de anunciar un primer paquete de 800 millones de soles para 540 puntos críticos… de los más de 1900 que existen. En el discurso hubo silencio sobre las tareas pendientes de la Autoridad Nacional de Infraestructura, creada por Dina Boluarte, supuestamente para destrabar los proyectos que tenía la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Se necesitaban 7000 millones de soles para culminar obras esenciales como el Proyecto Integral de la Cuenca del Piura, el Congreso que encabezaron aprobó menos de la mitad.

Si los problemas previos del equipo encabezado por Galarreta daban indicios de un temprano desgaste sin necesidad de la intervención de la oposición, su paso por la Cámara de Diputados ratificó esa imagen e incluso las intervenciones de sus aliados, la señora Yarrow, por ejemplo, mostraron que no se alejan mucho de la línea de flotación.

 

 

desco Opina / 21 de agosto de 2026

Junín después del temblor

 La tierra no avisa, pero deja constancia. Los sismos que remecieron Junín entre fines de julio y los primeros días de agosto no llamaron la atención por su magnitud, moderada en cualquier escala técnica, sino por el desbalance entre la energía liberada y el daño que dejaron: 6 fallecidos, más de 300 damnificados, viviendas inhabitables y un decreto supremo (el N.° 115-2026-PCM) que puso en emergencia por 60 días a Chupaca, Concepción y Huancayo, además de Huancavelica y Tayacaja. La cifra sismológica fue discreta; la social, no, y buena parte de esa distancia se explica por la profundidad, porque el movimiento se originó a unos 10 kilómetros bajo la superficie en una falla local de la cordillera que llevaba décadas quieta, y esa cercanía concentra la aceleración del suelo justo donde vive la gente.

Para tener una referencia basta mirar el terremoto de 7,4 que devastó el Chocó colombiano por esos mismos días: ocurrió a 103 kilómetros de profundidad y aun así dejó más de 130 muertos, una comparación que no consuela sino que advierte, sobre todo porque en los anexos altoandinos de Chupaca y Concepción la vivienda sigue siendo de adobe y tapial, levantada sin vigas soleras ni confinamiento y muchas veces sobre suelos humedecidos por la temporada, de modo que cuando el terreno acelera esa masa se comporta como lo que es: peso sin capacidad de tracción. El estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) ofrece el marco nacional de este problema y es demoledor: de los 6,6 millones de viviendas del país, el 71% fue autoconstruido y apenas el 3% de ellas cumple estándares adecuados, es decir, cuenta con planos, estudios de suelos y supervisión profesional.

La preocupación nacional suele quedarse en la costa, donde la fotografía del riesgo resulta más evidente, pero la sierra central carga una vulnerabilidad propia, sobre todo por las distancias entre los poblados y los centros de auxilio: los anexos rurales están lejos de las capitales distritales y la evaluación de daños demora días en llegar, los centros de salud de nivel I y las escuelas salen de servicio justo cuando se vuelven indispensables. La falta de sismos destructivos recientes instaló una sensación de exención que hoy se paga en escombros. El adobe, además, no es un capricho cultural, sino la única técnica al alcance de familias sin título ni crédito, lo que traslada el problema constructivo al terreno económico y legal.

Junín, por lo demás, tampoco termina en el Mantaro. Chanchamayo, Satipo, Pichanaqui y las cuencas que bajan hacia Oxapampa comparten departamento y presupuesto con Huancayo, aunque su riesgo tenga otra forma, porque en la ceja de selva el sismo casi nunca aparece como colapso masivo de edificaciones, sino como ladera que cede, carretera que se corta y pueblo que queda incomunicado; suelos saturados por la lluvia y un movimiento moderado que funciona como detonante de deslizamientos. Ocurre, sin embargo, que la gestión del riesgo se sigue diseñando desde la mirada de la ciudad: los mapas de microzonificación, los simulacros multipeligro y hasta los formularios de empadronamiento asumen manzanas, calles y lotes, cuando en Río Negro, en Mazamari o en las comunidades asháninkas del Ene y del Tambo, la casa es de madera y calamina, dispersa en chacra, con acceso por trocha. Que ese material resista mejor el sacudimiento no vuelve segura a la familia: el peligro simplemente se muda al camino, al puente artesanal, al talud y a la imposibilidad de sacar a un herido.

Súmese a esto una coincidencia de calendario que exige lectura política: especialistas en infraestructura hidráulica advierten sobre un fenómeno de El Niño de gran intensidad entre enero y abril de 2027. El Ejecutivo ya instaló una comisión nacional para ese escenario con 1900 puntos críticos identificados en cauces de ríos, de los cuales se priorizarían apenas 569, de modo que un territorio con laderas fracturadas por un sismo que en pocos meses recibirá precipitaciones extraordinarias no enfrenta dos amenazas sucesivas, sino una sola encadenada. Mientras tanto, el decreto de emergencia contempla una línea que pasó casi inadvertida: las acciones se financian con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin recursos adicionales del Tesoro Público, así que regiones y municipios deberán reasignar lo que ya tenían. Para distritos con equipos técnicos mínimos y ejecución presupuestal históricamente baja, la declaratoria opera entonces como una habilitación administrativa antes que como respaldo financiero, sirve para comprar rápido y recibir donaciones, no para reconstruir. Ahí está, en el fondo, el punto débil del modelo, la respuesta está razonablemente normada, pero la prevención sigue repartida entre entidades que no se hablan, se declara la emergencia después del daño, se reparten calaminas y colchones, se firma un acta y el ciclo se cierra hasta el siguiente temblor, mientras que la reconstrucción choca con trabas que ningún decreto resuelve solo.

Sin título saneado no hay bono de vivienda ni crédito, así que el damnificado vuelve a levantar lo mismo, con los mismos materiales y en el mismo terreno, en un país donde el 73% de las viviendas se edificó sin licencia y solo el 4% recibió alguna sanción. A eso se suman las fajas marginales y las laderas inestables que siguen ocupadas porque no existe oferta de suelo seguro donde reubicar a las familias; mientras los fake news hacen lo suyo provocando alarma en la población ante la ausencia de información oficial.

Detrás de todo esto sigue el asunto mayor: frente a la costa central persiste una zona de acoplamiento que no libera energía desde 1746, con escenarios técnicos que proyectan un evento cercano a 8,8 grados y simulaciones oficiales que hablan de decenas de miles de fallecidos y medio millón de edificaciones destruidas, casi todo en Lima. Allí asoma la paradoja que la sierra y la selva central conocen de memoria: cuando llegue ese día, el aparato estatal se volcará entero hacia la capital y las regiones que hoy reciben atención tardía dejarán de recibirla.

Por eso la mirada desde Junín, Huancavelica y Pasco no puede ser la del espectador. La resiliencia del centro del país no vendrá en brigadas enviadas desde Lima, sino de la capacidad instalada aquí, con equipos técnicos permanentes en los gobiernos regionales, municipios que fiscalicen antes de que se levante el muro, universidades locales produciendo estudios de suelos y comunidades preparadas para sostenerse solas durante las primeras setenta y dos horas. Anticiparse, en este caso, es una condición de supervivencia.

 

 

desco Opina – Regional / 14 de agosto de 2026

descocentro 

Keiko y las Fuerzas Armadas

 

Uno de los anuncios más comentados de Keiko Fujimori que, además, está en el centro mismo de su pedido de facultades legislativas al Congreso, es el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y el transporte público para reforzar la seguridad ciudadana, en coordinación con la Policía Nacional. La medida también incluye apoyo militar en penales y operativos en zonas críticas como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Los supuestos resultados serían una presencia rápida y contundente del Estado en los espacios públicos y el transporte, una mayor capacidad de respuesta frente a delitos violentos y crimen organizado, así como una disuasión simbólica en la medida que la presencia militar puede generar sensación de control y orden.

Como no podía ser de otra manera, las críticas surgieron inmediatamente. Mejor dicho, volvieron a producirse porque son las mismas que vienen dándose desde hace un buen tiempo. Entre ellas, el desplazamiento del rol policial y que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para labores de seguridad ciudadana cotidiana; los posibles abusos contra los derechos humanos; la normalización de los estados de emergencia, cuando constitucionalmente aquellos se definen como una medida excepcional; el efecto limitado que tiene en las causas estructurales de la inseguridad, como la pobreza, la corrupción policial, la falta de justicia rápida, entre otras.

Pero, pareciera que las reacciones no son las mismas frente a la posible militarización y eventual privatización de los establecimientos penales. Sobre el tema, no existe un tratado internacional único y específico que prohíba de manera absoluta la militarización de los establecimientos penales, pero sí hay marcos normativos internacionales que limitan y regulan esa práctica, porque los penales deben ser gestionados bajo un enfoque civil y de derechos humanos.

El Perú suscribió las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, también conocidas como Reglas Nelson Mandela, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2015. Estas reglas establecen estándares mínimos para el tratamiento de las personas privadas de libertad y buscan garantizar su dignidad y derechos humanos y, en ese sentido, establecen que la administración penitenciaria debe estar a cargo de personal civil especializado, lo que hace que la presencia militar solo puede ser excepcional y temporal, nunca como sustituto permanente del personal penitenciario.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido en el 2022 sobre la obligatoriedad del cumplimiento de estas normas por parte del Estado peruano, lo que además, concuerda con lo expresado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (ONU, 1990), informes varios del Comité contra la Tortura (CAT, ONU), y otros instrumentos.

En adición, hay que entender que la privatización de establecimientos penales no es simplemente adecuar los procedimientos a las denominadas asociaciones público-privadas. Algo como lo que se propone estaría en contra de la Constitución, del Código de Ejecución Penal y de los principios de dignidad y reserva estatal. El Estado puede contratar servicios auxiliares (alimentación, salud, infraestructura), pero no puede privatizar la administración ni la seguridad penitenciaria.

Estas cuestiones, además de las contradicciones normativas y la confusión de funciones que muestran, pueden ser reveladoras de un asunto que el Estado peruano no puede resolver: qué hacer con el presupuesto destinado al sector Defensa.

Desde los años 90, a los países latinoamericanos les ha resultado cada vez más difícil aceptar altos gastos en Fuerzas Armadas por varias razones estructurales entre las que resaltaba el fin de la bipolaridad global y, en nuestro caso, la solución definitiva de las fronteras con los países vecinos, que redujo la presión geopolítica que justificaba grandes ejércitos. De otro lado, los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) empezaron a recomendar la reducción del gasto militar y el aumento del gasto social: los programas de ajuste estructural exigieron recortes en presupuestos militares para priorizar educación, salud y reducción de la pobreza, convirtiéndose en un criterio de “buena gobernanza” para acceder a créditos y cooperación. Asimismo, la ONU y la OEA impulsaron la idea de que la seguridad debía ser civil y democrática, y la militarización de funciones internas fue vista como un retroceso frente a los compromisos de democratización.

Sin embargo, el importante poder político que han mantenido los militares en nuestro continente, así como el despliegue constante de la estrategia neoconservadora tras el 11-S, significó el retorno de la concepción clásica de seguridad nacional basada en las políticas de fuerza, ahora con “otros enemigos”: los terroristas, los narcotraficantes, el crimen organizado. En este escenario, la reconversión militar eternamente inacabada es uno de sus procesos que, al parecer, estará perpetuamente en curso y esto tiene su expresión presupuestal.

De esta manera, que en el Ministerio de Defensa hayan designado a una persona que no debe tener una idea más o menos certera sobre qué hacer allí y que en el Ministerio del Interior tengamos al general César Astudillo, quien se desempeñó como comandante general del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, resulta sorprendente. ¿Es la forma como se militarizará la seguridad, es decir, sin intentar la coordinación entre las fuerzas públicas, sino imponiendo sin más la conducción castrense a una función que, por lo demás, no le compete?

 

desco Opina / 7 de agosto de 2026