¿Y el derecho a la alimentación?

 

Durante los últimos meses Lima Metropolitana ha experimentado un aumento de precios en los principales productos de la canasta básica familiar. Si bien es cierto este fenómeno no es reciente, sí causa alarma lo que sucede con los alimentos, en un escenario de crisis climática que amenaza el país. Según el Informe Técnico N° 06 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en mayo último el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana registró un aumento del 0.32%; y pese a que en el mes de junio esta cifra disminuyó 0.16%, productos como la cebolla roja, espinaca, tomate o huevos registraron alzas considerables.

Frente a este escenario, se pone en riesgo el abastecimiento adecuado de alimentos y con ello un continuo encarecimiento de productos básicos que componen el menú diario de los más de 3 millones de hogares que conforman la ciudad de Lima, de los cuales un 33.5% son sostenidos por mujeres y el 77.9% se sitúa en el sector socioeconómico C, D y E; haciendo probable una situación de alta inseguridad alimentaria en el país que afectaría a 15.5 millones de peruanos y peruanas, como afirmó la representante en el Perú de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Esto generaría un impacto negativo en la frecuencia de casos de desnutrición crónica y anemia, presentes con mayor gravedad en las zonas rurales del país. Según el informe Perú: Indicadores de resultados de los programas presupuestales 2020, los casos de desnutrición crónica en la población de Lima Metropolitana menor de cinco años representaba el 4.6%, mientras que la prevalencia de anemia en la población de 6 y 35 meses de edad en Lima Metropolitana representó el 30.4%.

Así, una vuelta por los principales mercados de Lima es suficiente para dar cuenta de la alarmante situación alimentaria que atraviesa la capital del país, y son pocas las alternativas que tiene una madre de familia para tratar de sustituir ciertos alimentos por otros “más accesibles”. Lamentablemente, las autoridades nacionales no hacen mucho por tratar de paliar esta situación y hay muy poca voluntad por intentar prevenir un escenario mucho más crítico.

Al respecto, pareciera que la planificación y prevención son un lenguaje ajeno a la política liderada por el gobierno de Dina Boluarte; basta ver el desempeño lamentable de la ex ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, hoy Jefa de EsSalud, frente al dengue, que dejó 190 fallecidos en el país. Y en Lima Metropolitana no es muy diferente el comportamiento de quien hoy está a cargo de la gestión municipal.

En enero de este año la Municipalidad Metropolitana de Lima, liderada por Rafael López Aliaga, decidió paralizar la provisión de insumos que realizaba el mercado Emmsa de Santa Anita al Banco de Alimentos para abastecer a las ollas comunes de Lima, que garantizan la alimentación de más de 60 000 familias, solo con el fin de dar protagonismo a programas y políticas promovidas por su gestión. Además, hace poco, comerciantes de este gran centro de abastos, decidieron reiniciar un paro ante el cobro excesivo por el ingreso y salida de camiones abastecedores impuesto por la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA), monto que luego se vería reflejado en el costo final de los productos.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar el impacto sobre la gran mayoría de productores de la agricultura familiar que abastecen las mesas del Perú, debido a su dependencia de fertilizantes y los problemas generados por las prolongadas sequías en las regiones del sur del país y las intensas lluvias que afectaron al norte.

Solo en 2020, en plena crisis por el COVID-19, se registró un ingreso de más de 3.7 millones de toneladas de alimentos a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana. De aquí que se vuelve fundamental que las autoridades busquen priorizar medidas preventivas que estén orientadas no solo con la gran empresa y el sector agroexportador, sino también con la agricultura familiar que son fuente esencial para la alimentación de las familias en Lima y el resto del país.

Además, contar con políticas preventivas que involucren al sector de la sociedad civil organizada, como las ollas comunes, es un reto aún sin rumbo claro, no solo a fin de que se garantice una ración de alimentos a cada uno de los integrantes que conforman los más de 3 millones de hogares en la capital, sino para que se integren criterios nutricionales en las más de las 2000 ollas comunes que se encuentran en Lima Metropolitana, según registra el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, y que dicho sea de paso destinan S/. 3.60 para la preparación de los tres alimentos diarios, esto según información propia de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana. Preguntémonos si con este presupuesto es posible garantizar una alimentación saludable para las miles de familias y, en especial, la población en situación de vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, que acuden diariamente a estos establecimientos en sus barrios y comunidades.

Entonces, este fenómeno de constante incremento de precios en los principales productos de la canasta básica constituye un alto riesgo para las familias en el país en situación de pobreza y pobreza extrema, cuyos ingresos no son suficientes para costear los altos precios. Según una reciente encuesta de CPI, el 53.7% de peruanas y peruanos considera que la situación económica familiar ha empeorado en los últimos seis meses, de los cuales el 45.2% corresponde a Lima y Callao. Así mismo, esta misma encuesta muestra que el 69.9% de la población nacional considera que hay menos oportunidades de trabajo; de esta, el 61.4% vive en Lima y Callao.

Estas son algunas razones que deberían preocupar al actual gobierno, dejando de concentrar sus fuerzas en deslegitimar e invisibilizar las actuales protestas ciudadanas. Quizá hubiese sido mejor destinar los más de 12 millones de soles que entregó el gobierno a las FF.AA. en el marco del reinicio de las protestas, a la mitigación de la crisis alimentaria que afronta hoy el país.

 

 

desco Opina / 21 de julio de 2023

Tirios y troyanos de papel

 

Los aprestos para la largamente anunciada Tercera Toma de Lima se iniciaron. El 1 y 2 de julio, se reunió una denominada Asamblea Nacional de Dirigentes Gremiales de las 26 regiones del Perú y conformó el Comando Nacional Unitario de Lucha que debe “liderar y unificar la tercera Toma de Lima y exigir la salida de la presidenta Dina Boluarte”. Fue lo que informaron el dirigente de la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP), Erwin Salazar y el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), Santos Saavedra.

Salazar, además, precisó a los medios de comunicación que en dicha asamblea participaron 800 dirigentes de las distintas regiones del Perú. Junto a la CGTP y CUNARC, estuvieron representantes de organizaciones como la Asamblea Nacional de los Pueblos, Federación de Pueblos Jóvenes, Macro Norte, Macro Sur, Macro Centro y Construcción Civil. Como vemos, además de muchas espacios significativamente desgastados y debilitados a través del tiempo, aparecen otras organizaciones que parecieran creaciones ad hoc, sin que puedan mostrar una trayectoria mínima que permita decirnos algo sobre sus reales dimensiones.

Es decir, la legitimidad de muchos de los espacios de coordinación de las organizaciones sociales y de las mismas organizaciones sociales que conforman la dirección de la acción programada, no parece ser la mejor y adecuada. Así, es difícil asumir que posean un decisivo componente moral que les permita presentarse como los genuinos dirigentes de los que dicen representar.

De otro lado, una quincena atrás, la presidenta Dina Boluarte, desde Piura, había lanzado unas preguntas sugestivas –en realidad, con carga incriminatoria–, dirigidas a quien correspondiera: “¿Cuántas muertes más quieren, por amor de Dios? ¿Acaso no les duele el alma haber perdido más de 60 personas en esas movilizaciones violentas?”

Además de pretender aparecer ajena a esos lamentables resultados en vidas humanas que refiere, Boluarte consideró que la jornada de protesta programada para el 19 de julio estaba obedeciendo a objetivos puntualmente políticos: “[Las protestas] beneficiaban a aquellos que pedían mi renuncia y ahora mismo, no satisfechos con que yo no vaya a renunciar, quieren utilizar a la población para seguir generando zozobra, violencia, caos, crisis. ¿A dónde vamos a llegar?”

Incluso, en tono amenazante, advirtió que esa “narrativa falsa” que usan los opositores a su gobierno podía calificar como traición a la patria.

Seguramente, Boluarte no tiene la versión más descabellada y bizarra de lo que sucede. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, mencionó días atrás que no permitirá una nueva Toma de Lima. “En este momento, la Policía y el Serenazgo tienen todo el instrumento jurídico para poder defender la ciudad de Lima, de gente que hace manifestaciones para destruir todo y quitar la paz … no vamos a permitir que un grupo de gente politizada, y en mi opinión, pagada por el narcotráfico y pagada por países que odian al Perú, como el Foro de Sao Paulo, destrocen nuestro país y el patrimonio histórico de Lima”, sentenció.

Por supuesto, se estaba refiriendo de manera casi explícita a la actual normatividad sobre el uso de la fuerza, que incluye la reciente ley que permite el uso de armas no letales por parte de los cuerpos de serenazgos municipal, cuya aprobación en el Congreso alcanzó nada menos que 111 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. Además, López Aliaga nos recordó la formulación ambigua de varias de estas normas, que fomentan la impunidad de actos violatorios de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

También podemos citar al general PNP, Óscar Arriola, director de la DININCRI y vocero de su institución. En entrevista con Canal N, advirtió a las personas que van a acudir a la manifestación que tengan “cuidado” con los miembros de Sendero Luminoso que, aseguró, se han desplazado desde el VRAEM. En esa misma línea, encontraremos al premier Alberto Otárola, quien señaló que la ‘camarada Vilma’, miembro de Sendero Luminoso, “participará en la manifestación y su función será incitar a la violencia para alterar el Estado de derecho”. Pero, afirmó tajantemente, “ella no derrotará la democracia”.

Más desvariados que nunca, Arriola y Otárola no debieron amenazarnos. Si sabían que “los senderistas”, entre ellos “Vilma”, han llegado a Lima, ¿No debieron detenerlos preventivamente? En todo caso, es lo que dicta el sentido común.

A propósito, posiblemente haya cada vez menos peruanas y peruanos que saben que hubo una Comisión de la Verdad y Reconciliación, menos aun los que han leído siquiera una parte de su Informe Final, así como que en el próximo mes de agosto se cumplen 20 años de la entrega oficial de este documento.

¿Qué nos enseña la violencia de los años 80? Fundamentalmente que casi todos los costos catastróficos fueron impuestos sobre la sociedad por aquellos que el Informe de la CVR llamó “los actores armados”, todos los cuales, más allá de diferencias de forma, creyeron firmemente que la realidad debía amoldarse a una idea preconcebida; tanto los que se suponían depositarios de una verdad trascendental y que debían suprimir todo vestigio de injusticia terrenal mediante la violencia, cual ángeles vengadores, como los funcionarios y autoridades estatales desconcertados e incapaces de analizar para formarse una idea de lo que ocurría, atinando únicamente a suponer una tercermundista razón de Estado para sustentar el arrasamiento de la sociedad, como forma “eficiente” para derrotar al enemigo subversivo.

De todo ello debimos extraer un sinnúmero de lecciones que, asimiladas por el Estado y las organizaciones sociales, no iban a asegurar un “nunca más” bajo ningún punto de vista, pero posiblemente aumentarían sensiblemente su probabilidad. No fue así.

Los actores armados del Estado siguen planteando sus esquemas de acción bajo la premisa del “enemigo comunista”, que los hace aparecer como versiones extremas del Gral. Jack D. Ripper, ese increíble personaje inmortalizado por Stanley Kubrick en 1964, que creía que los comunistas planeaban dominar el mundo, ordenando bombardear la Unión Soviética,  iniciando así una guerra nuclear.

Del otro lado, desde las organizaciones sociales, no faltan los que aún creen que la protesta –mejor si es violenta–, no necesita justificarse ni, mucho menos, plantearse objetivos políticos claros y factibles. Así, nuevamente, con esa actitud solo desplazamos altos e irreparables costos hacia la sociedad, en beneficio de supuestos “logros”.

Al final, como ocurrió con la experiencia violentista de los 80 y 90, puede ser que sólo se esté favoreciendo una más rápida concentración de la riqueza y una centralización de las decisiones. Se estarían generando condiciones para deteriorar aún más un ambiente adecuado para garantizar los derechos de todos y todas, incrementando la posibilidad de que la poca organización instalada en la sociedad peruana termine volando por los aires.

Sin duda, son momentos para arriesgarnos con una salida al entrampe político en el que estamos sumidos, pero proponiendo una alternativa, no sólo viable, sino también favorable a los intereses populares. Si es así, será válida toda la presión social que pueda ejercerse con la única limitación de evitar costos sociales. Lo contrario se llama simplemente suicidio.

 

desco Opina / 14 de julio de 2023