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Un iceberg llamado Sendero

La demostración pública en la facultad de Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre banderas rojas y consignas a favor de la libertad para «los presos políticos del Perú», que hacen clara alusión a los sentenciados por delitos de terrorismo, expresa crisis, debilidades y aprovechamientos de diverso tipo, que finalmente constituyen la punta de un iceberg con posible rumbo de colisión en el mediano plazo. Vayamos por partes.
No podemos obviar que la marcha pro senderista parece haber aprovechado con criterio estratégico el contexto de aguda crisis institucional que atraviesa la Decana de América. Por su lado, los medios de comunicación van construyendo la gran noticia de la amenaza terrorista, uniendo este registro en video con otros hechos que han estado en las primeras planas en estos días, como la excarcelación del Lori Berenson a fines de mayo. El gobierno se vale de esto para dar demostraciones de rigor y vigilancia, sobre todo para distanciarse de los procesos de excarcelaciones sobre los cuales, dicen, no pueden hacer nada porque vienen desde el gobierno de Toledo. Esto le sirve, de paso, a los sectores conservadores cercanos al régimen para criticar la labor de las organizaciones de derechos humanos. Finalmente, el fujimorismo se beneficia y busca ensalzar la imagen de su también encarcelado líder como el que derrotó a las agrupaciones subversivas.
Sin embargo, al margen del provecho político que algunos esperan obtener, no cabe duda que éste es un tema que debe tomarse con suma seriedad, sobre todo por lo que expresan las nuevas dinámicas «electorales» de sectores filo-senderistas como el Movimiento por la Aministía y Derechos Fundamentales (Movadef) que ha comprado un kit electoral y está a la caza de firmas para inscribirse. Ya han saltado a la palestra al menos un par de candidatos a alcaldes por este movimiento, entre los que destaca Abraham Cauna, candidato en Puno que declaró que Abimael Guzmán es «un genio del proletariado que va a superar la teoría del Big Bang».
Sea que se trate de una «fachada democrática» o de la apuesta real de algunas facciones de SL por participar dentro del sistema, esto presenta una novedad que nos habla de dinámicas internas que avanzan –aún con las contradicciones conocidas entre «acuerdistas» (leales a Guzmán) y los de la línea «proseguir» (que optan por la continuación de la lucha armada)– sin que haya una mayor elaboración desde el sistema político de partidos ni desde las instancias de gobierno por completar una labor que ahora se revela como inconclusa durante el periodo de Fujimori.
Se pensó que, seco el pantano, desaparecerían los mosquitos, pero es claro que la capacidad de organización territorial en las zonas cocaleras y la infiltración y la acumulación de fuerzas –fenómeno muy acotado en Lima pero de mayor alcance en otras regiones, incluyendo Huamanga– tienen que ver con la continuidad de una propuesta ideológica que cala entre los jóvenes que siguen constatando día a día qué poco hemos avanzado en la reducción de las desigualdades sociales y económicas y que –en muchos casos– no han vivido la crueldad de SL en carne propia. Por ahora, pareciera que hasta SL ha cambiado, pero no la forma del Estado peruano de afrontar el tema.
Tampoco parece haber desde los partidos de izquierda, preocupados la mayoría por su inscripción y su propia acumulación de fuerzas durante el «invierno» neoliberal del segundo García, la necesidad de dar batalla ideológica a Sendero Luminoso, tal como lo hizo tantas veces en el pasado. La derecha política y el partido de gobierno tampoco debaten ni toman posición y se opta a menudo por la vía represiva como alternativa, solución y bálsamo.
El Presidente, en esa línea, se sigue equivocando, tanto al señalar que los pedidos de amnistía a Guzmán configuran el delito de apología al terrorismo, como al pretender, a toda costa, intervenir las universidades. Pero esto no es solo un error, sino un paso coherente con una política más amplia de alianza con sectores militares para fomentar el uso de la fuerza. No debemos olvidar que el 10 de junio se aprobó un proyecto de Ley que faculta al Poder Ejecutivo a legislar sobre: a) el nuevo código de Justicia Militar, b) ley de uso de la fuerza letal por parte del personal militar y c) normas procesales para personal militar y policial condenados por delitos contra los derechos humanos. Los analistas advierten el carácter inconstitucional de esta nueva maniobra que anticipa juegos políticos de largo plazo para el partido de gobierno en su vinculación con las fuerzas armadas y confirma que la agenda de «lucha contra el terrorismo» está subordinada a otro tipo de cálculos políticos. Este es un tema que merecería un mayor debate puesto que, por ahora, nos encontramos sumidos entre la ignorancia de la verdadera magnitud de estas dinámicas y la ausencia de alternativas realmente efectivas para hacerles frente como sociedad y como sistema político.

desco Opina / 25 de junio de 2010

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«Soy el político menos malo»*

En los últimos años se ha generado un proceso de «regionalización» del discurso político, producto de la ausencia de partidos que articulen adecuadamente el nivel regional con el nacional, favoreciendo el surgimiento de un imaginario regional autónomo y un discurso de lo local y regional como contraposición a lo central o limeño. Este fenómeno está referido al chovinismo regional ajeno a la necesidad de propuestas políticas regionales que logren puntos de encuentro con una política nacional.
Este discurso enarbolado por los movimientos regionales, resalta la incapacidad de los partidos políticos nacionales para resolver y atender los problemas y necesidades de las regiones, incidiendo en las dificultades que tienen para comunicar y articular adecuadamente la dinámica de la dirigencia nacional con las dinámicas de las dirigencias regionales. Muchas veces, parece que los principales rivales de las dirigencias políticas regionales son sus mismos dirigentes nacionales.
En un universo político regional caracterizado por la ausencia de partidos políticos nacionales o movimientos regionales consolidados y caracterizados por dinámicas internas que garanticen la renovación de cuadros, elecciones internas, acciones programáticas, vinculados con la representación nacional; podemos estar construyendo una personalización y particularización peligrosa de la política, que puede generar una acumulación y centralización excesiva de poder en una persona o grupo de personas.
Un claro ejemplo de este fenómeno es la «sorpresiva» candidatura de Juan Manuel Guillén Benavides en Arequipa. El jueves 3 de junio el Presidente del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) manifestó, mediante un comunicado público, su decisión de no postularse a la reelección indicando, entre otros aspectos, que se sentía frustrado por los obstáculos surgidos para la ejecución de los principales proyectos emprendidos por su gestión como Majes – Siguas II y el Puente Chilina, por lo tanto se mantendría en el cargo para insistir en la ejecución de estos proyectos.
De esta manera, ponía fin a las pretensiones de las distintas organizaciones políticas que le pedían y ofrecían ir a la reelección, y sobre todo ponía en riesgo la inscripción de la Alianza por Arequipa, conformada por Arequipa Tradición y Futuro (ATF), Compromiso (C) y el Partido Nacionalista Peruano (PNP), quienes asumían a Guillén Benavides como el candidato natural al GRA, y así consideraban asegurarse el triunfo en las elecciones de octubre.
El no categórico desestabilizaba las relaciones al interior de la Alianza, y se replanteaba el peso político de cada organización, así el PNP era el más beneficiado pues, con la ausencia de Guillén, se le presentaba el camino allanado para promover y consolidar la candidatura de Jaime Mujica Calderón, y esperaban el apoyo de ATF, del cual Guillén es integrante, y C, cuyo máximo representante es Carlos Leyton Muñoz, ex Vicepresidente Regional y ex - Ministro de Agricultura, quien no participa en las elecciones.
Sin embargo, el viernes por la tarde, Guillen Benavides claudicó de su decisión de no postular a la reelección y aceptó ser el candidato de la Alianza por Arequipa, luego de sostener una reunión con dirigentes, alcaldes y pobladores quienes fueron a buscarlo y pedirle reconsiderar su decisión.
Esta decisión volvió a replantear el correlato de fuerzas al interior de la Alianza por Arequipa, siendo perjudicado el PNP pues su militancia se fraccionaba entre quienes apoyaban a Guillén y los que pretendían consolidar la candidatura de Mujica, generando desconcierto y recelos en la dirigencia regional, situación que se agravó por el respaldo de la dirigencia nacional (Humala, Abugattás, Mendieta) a la decisión de Guillén, afirmando que es el candidato natural de la Alianza, declaraciones que fueron asumidas por los dirigentes y la militancia nacionalista arequipeña, como imposiciones e intromisiones rechazando estas declaraciones.
Si bien han logrado inscribir la Alianza, esta nació debilitada y ahora enfrenta una crisis severa producto de los cuestionamientos mutuos, críticas y conflictos internos. Al parecer las idas y venidas de Guillén, su presencia misma, sumadas a los desencuentros al interior del PNP entre la dirigencia nacional y regional, son las causas de esta situación.
Todo esto ha provocado que la población cuestione la seriedad del candidato, dando la sensación de que hay un afán desmedido de poder, y en general desconfianza en una persona que cambia de decisión de un día para otro, por más legítima que esta pueda ser.
La región y el sur peruano no escapan al mal nacional del debilitamiento del sistema político en todos los niveles. Aquí también hay «vientres de alquiler», «movimientos combis», alianzas oportunistas, y ausencia de planes de gobierno. Todo en desmedro de la formación de nuevos cuadros y del alejamiento cada vez mayor de la juventud de la política.

(*) Declaración de Guillén al diario La República (6-06-2010) en entrevista, luego de anunciar su candidatura a la reelección.

desco Opina - Regional / 18 de junio de 2010
Programa Regional Sur


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La OEA y su canto de cisne

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos - OEA se reunió en Lima y, como se esperaba, fue un acontecimiento inadvertido. No es secreto para nadie la profunda crisis del sistema hemisférico que aún está bajo la conducción de OEA. Su decrepitud se evidencia actualmente en la manera como trata el caso de Honduras. En efecto, siempre fue debatible la eficacia de los mandatos que emanan desde esta instancia, más aún cuando debió cumplir los roles protagónicos que le asignaba, en el papel, el diseño multilateral que se impulsó desde Washington para todo el continente, sobre la base del ALCA y la consolidación de la democracia electoral.
En tanto el ALCA pasó a mejor vida –dejando espacio para la formulación de los TLC– y las democracias continentales empezaron a multiplicar alternativas distantes de la óptica norteamericana, la preocupación ha empezado a centrarse, desde hace algunos años, en cómo instalar en el hemisferio, con lo poco que se tiene y la credibilidad cuesta abajo, algunos sentidos generales en el ámbito de la defensa y la seguridad. Por ello, la declaración final del referido evento, tuvo como eje estos asuntos.
En esa línea, debe traerse a colación la dirección que adquirió la política hemisférica cuando debió reorientar sus mecanismos de defensa y seguridad, en tanto la definición de campos que había propiciado la Guerra Fría, dejó de existir. A partir de ese momento, bajo el criterio de que «las democracias no se hacen la guerra» y al considerar que había desaparecido la amenaza mayor –«el comunismo internacional»– se asumió que podía liberarse recursos que se habían destinado a defensa y seguridad para aplicarlos a las tareas del desarrollo, dejando provisiones para prevenir y eventualmente enfrentar amenazas tales como el narcotráfico y el crimen organizado, entre otros.
Estas tendencias cambiaron radicalmente, como se recuerda, luego de setiembre del 2001. La vaga definición de «terrorismo» que el entonces presidente Bush dio como argumento para definir al «nuevo enemigo», orientó los sentidos de la seguridad hemisférica, lo que se plasmaría desde Bridgetown, en junio del 2002, hacia adelante. Pero, habría que agregar que estos cambios empezaron a delinearse cuando en el contexto latinoamericano operaban variaciones sustanciales. Los cada vez más evidentes límites mostrados por el modelo que se auspiciaba desde Washington, dieron como resultado la instalación de gobiernos que intentan presentarse como alternativas ante la ausencia de resultados sociales, políticos y económicos del esquema imperante.
Una consecuencia de esta nueva realidad, empezó a plantear la posibilidad de nuevas formas de integración, que permitieran marcos más auspiciosos para hacer frente a la globalización. De esta manera, en la medida que las experiencias subregionales –como la CAN y MERCOSUR– manifestaron sus debilidades, emergió la posibilidad de integraciones más amplias. Así, empieza a plasmarse UNASUR, cuya novedad más importante radica en ser el primer intento al respecto, sin considerar a los Estados Unidos.
Dadas las cosas de esta manera, la denominada Declaración de Lima vuelve a mostrar los problemas de siempre; es decir, la manifestación de voluntades que son acompañadas de escasos instrumentos para plasmarlas en realidades. Más aún, si bien en los considerandos se estima que la seguridad es un componente importante para el desarrollo, en la parte resolutiva no puede identificarse siquiera un punto que formule la manera cómo ambas dimensiones pudieran integrarse.
De alguna forma, da la impresión de que la OEA no toma en cuenta sus dificultades estructurales y asume que el escenario actual sólo es pasible de algunos ajustes, cuando en realidad no es así. Son muchos los países que declaran abiertamente su desafecto hacia ella, otros comunican a través de sus acciones la poca expectativa que les genera e, incluso, hay países miembros a los que simplemente no les interesa mucho la promoción de la multilateralidad. En esa línea, no deja de ser loable el llamado para controlar armamentos, limitar las armas convencionales y evitar la proliferación de armas de destrucción en masa, en tanto estas acciones «permitirían dedicar un mayor número de recursos al desarrollo económico y social». Sin embargo, hay una frontera entre el deseo y la realidad. La OEA sabe bastante bien de esto y, por tanto, lo interesante será ver cómo lo declarativo se va a expresar en un Plan de Acción que, de otro lado, no repita el pobre resultado de otros por el estilo. La dificultad mayor reside en que una afirmación en ese sentido reafirma la premisa de que la defensa y la seguridad están reñidas con el desarrollo, cuando debieran ser componentes fundamentales de este último.
El documento reafirma esa preocupante tendencia que busca diluir los ámbitos de la seguridad interior, seguridad exterior y seguridad ciudadana, para compactarlos en un gran paquete, lo cual reafirma la militarización del Estado. Un ejemplo de esto es la desconcertante inclusión de la corrupción como «amenaza», no tanto por que no lo sea, y cómo, sino porque está en el mismo plano que el terrorismo, narcotráfico y otros, lo que conduciría a suponer que no está vinculada a la reforma profunda del aparato estatal y el establecimiento de equilibrios entre poder económico y político, sino circunscrita al sector Defensa.

En suma, la Declaración de Lima pareciera ser más de lo mismo, en escenarios cada vez más difíciles: la voluntad de hacer las cosas bien (desde la perspectiva estadounidense) y la nula capacidad de llevarlas a cabo. La decaída legitimidad de OEA potencia esta sensación.
desco Opina / 11 de junio de 2010

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Lima, elecciones y el voto joven

A poco menos de cinco meses para las elecciones municipales, las candidaturas tanto provinciales como a nivel distrital, no están del todo definidas y mucho menos las propuestas programáticas respectivas. De los 18‘713,679 votantes a nivel nacional, 45% concentra ciudadanos y ciudadanas de 18 a 35 años. ¿Qué demandan los jóvenes al futuro gobierno de la ciudad?
Casi tres millones de ciudadanos y ciudadanas jóvenes, especialmente los que viven en zonas donde la gestión metropolitana se toma más tiempo en llegar, tienen algunas prioridades que plantear y discutir con los candidatos y candidatas. No podrían pasar por alto los temas que atañen a la juventud y que la afectan directamente en el alcance de su desarrollo. Para Lima, el inminente periodo denominado bono demográfico, constituye una ventana de oportunidades para la inversión en capital humano. Ello implica mejorar oportunidades de educación y empleo, salud sexual reproductiva y planes de vida, a la par de las obras de infraestructura que proponen la mayoría de los candidatos.
La promoción del empleo y el apoyo al emprendimiento local y metropolitano, está relacionado directamente con la demanda educativa de los y las jóvenes que requieren formación técnica para incorporarse con mayores posibilidades de éxito en un mercado laboral inaccesible, donde cada vez más son los jóvenes quienes crean su propia fuente de ingresos mediante empresas independientes. Según un estudio de OSEL Lima Sur, en los once distritos que conforman el Cono Sur de Lima Metropolitana, por ejemplo, de cada 100 personas trabajadoras, 44 son mujeres y 56 son hombres. 38.3% de la Población económicamente activa de Lima Sur, tiene entre 17 y 29 años.
En el tema de salud sexual y reproductiva, se ha comprobado que es a nivel local en el que mejor se puede trabajar el tema de prevención de ITS/VIH, así como el embarazo adolescente en articulación con los planes sectoriales de alcance nacional. El gobierno local es el llamado a mejorar el acceso a información y consejería para abordar de manera frontal los principales obstáculos para el desarrollo del plan de vida de las y los jóvenes.
En términos de políticas culturales y de promoción del buen uso del tiempo libre entre los y las jóvenes, los gobiernos locales debieran gestionar tanto la promoción y el apoyo a emprendimientos culturales. Los municipios de Lima administran el mayor número de casas de la cultura, que son las encargadas de brindar un espacio a los jóvenes y la cultura, los cuales se crean en coordinación con los vecinos de cada sector. Como ejemplo de iniciativa joven en Lima Sur, podemos mencionar que en el proceso del Presupuesto Participativo 2009, en Villa El Salvador se presentaron 42 organizaciones juveniles; lo cual constituye un avance en el diálogo comunidad-gobierno local en lo que al tema se refiere.
La asignación para infraestructura –espacio público–, tendría que tomar en cuenta que el rostro de Lima Sur es joven y que vive –mayoritariamente– en distritos populares, lo que implica que los parques consideren en su diseño además de juegos infantiles, espacios dedicados a adolescentes y jóvenes, que les permita socializar y expresarse, cualquiera sea su género.
Urge gestionar desde la sociedad civil espacios de debate donde la ciudadanía –y los jóvenes, especialmente– puedan participar y acceder a información allende los medios, que faciliten la expresión y el recojo de demandas a nivel local que contribuyan por un lado a visibilizarlas en el ámbito metropolitano y conciliar intereses comunes con las otras Lima, sobre temas urgentes para la ciudad que todos compartimos. En ese esfuerzo se encuentran actualmente algunas organizaciones culturales y redes de jóvenes locales y de carácter metropolitano, que buscan organizar planes culturales distritales participativos. Y también las organizaciones de la sociedad civil (Colectivo Lima Sur), varias de las cuales trabajan con jóvenes y buscan colocar en agenda de discusión temas que atañen a esta población.
En Lima Metropolitana, el porcentaje de voto joven puede marcar la diferencia, porque 1’961,217 ciudadanos entre 18 y 29 años de edad –de los cuales el 51% son mujeres–, acudirán a las urnas para elegir al candidato o candidata que gestionará los recursos municipales para el desarrollo de sus distritos y de la ciudad. En anteriores procesos electorales, el «voto joven» ya ha sido decisivo y sería muy positivo para nuestro sistema democrático actual, mostrar que los partidos realmente representan los intereses de las mayorías.

desco Opina - Regional / 4 de junio de 2010
Programa Urbano


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