jueves

El baile sigue


Termina ya el año políticamente más intenso y sorprendente de lo que va del siglo en el país. Los resultados del referéndum del 9 de diciembre pasado, consagraron una victoria indiscutible del Presidente, por extensión de su gobierno, en la consulta ciudadana que lanzaran meses atrás. Los votos válidos por el Sí (conformación de la Junta Nacional de Justicia, regulación del financiamiento de partidos y prohibición de reelección inmediata de parlamentarios) estuvieron por encima del 85% en la gran mayoría de regiones, superando el 90% en siete de ellas, mientras el No a la bicameralidad fue más contundente aún y estuvo por encima de ese porcentaje en trece departamentos del país.
La otra cara del respaldo al Presidente, sin ninguna duda, fue el rechazo al Congreso de la República. Más exactamente a la mayoría fujiaprista, que ante la opinión pública arrastra a todos los parlamentarios, sin excepción y es parte central de la desconfianza plena que rodea a los políticos y a la propia política. Aún perplejos por la detención preventiva de Keiko Fujimori y el patético naufragio del asilo de Alan García, concluido el referéndum, caracterizados voceros de ese sector, insistían en encontrar la «desconexión» entre el mandatario y la realidad, en un intento inútil por negar su derrota.
Ese mismo 9 de diciembre, concluyó también la elección de nuevos gobernadores regionales. Importante, entre otras cosas, porque desde su instalación en Palacio, el mandatario y su Primer Ministro apostaron a equilibrar una cancha desfavorable en su relación con las autoridades descentralizadas. La legitimidad de origen de los recién elegidos resultó severamente herida en la mayoría de casos; el ausentismo electoral y la suma de votos blancos y nulos superaron los que se observaron el 2014, habiendo regiones como Tacna, donde los votos blancos y nulos fueron mayores que los obtenidos por su nuevo gobernador o provincias como Piura, donde ocurrió lo propio con el alcalde electo.
Once de los gobernadores elegidos tienen sentencia o se encuentran con procesos judiciales avanzados, diecisiete con acusaciones e indagaciones y hay uno que permanece no habido. La renovación, por cierto, es mínima: cuatro exgobernadores, siete exalcaldes, cuatro candidatos «recurrentes» y un excongresista están entre los vencedores.
Ambos hechos, los resultados del referéndum y la elección de las nuevas autoridades subnacionales, evidencian el desplome de nuestro sistema de representación y el colapso de las franquicias, que son los denominados partidos nacionales. Convertidos en el principal factor que explicó la multiplicación de aspirantes –73% de las listas regionales, 65.9% de las provinciales y 61.4% de las distritales, participaron con ese membrete–, los resultados, más allá del entusiasmo que tratan de mostrar Alianza para el Progreso y Acción Popular, no alcanzan para esconder la magnitud de una situación, que en este caso, evidencia también, el virtual agotamiento de una reforma que se lanzó el 2002 y que exige cambios radicales para evitar una quiebra institucional mayor a la que estamos viviendo.
Tras los resultados del 9, empieza en consecuencia, un nuevo tiempo para el gobierno. Si éste interpreta su aplastante victoria como un cheque en blanco y un apoyo incondicional, cometerá un serio error. El discurso presidencial tras su victoria, evidenció ese riesgo; más ruido que nueces para un Ejecutivo que sigue siendo débil, que tendrá al frente a un Congreso rengo, pero con distintos sectores –incluida parte importante de su «propia» bancada– que viven en una realidad paralela y parecen decididos a morir matando. Un Ejecutivo que ahora tiene que resolver las debilidades de su gestión y convencer a la gente que efectivamente tiene la capacidad y la fuerza necesaria para encabezar la lucha contra la corrupción, avanzar en la reforma política que se necesita, y gestionar la economía desde las necesidades y demandas de las personas y no desde las presiones y exigencias de las empresas.


desco Opina / 20 de diciembre de 2018

viernes

El panorama poselectoral en el sur


El presidente Martín Vizcarra debe ser uno de los peruanos más satisfechos en estos días. Los resultados del referéndum han significado su legitimización en el Poder Ejecutivo. El sur –en especial– le ha dado un poderoso espaldarazo en las urnas a su propuesta por el SÍ, SÍ, SÍ, NO. En Moquegua, su cuna, se registró uno de los porcentajes más altos a nivel nacional por el SÍ a las tres primeras consultas. La acompañaron con más del 90% de votos válidos por esta opción: Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. Y más del 90% votó por el NO a la cuarta consulta en Moquegua, Tacna, Arequipa, Cusco y Puno.
Martín Vizcarra supo leer el sentimiento de hartazgo de la población por el actual sistema político, renuente a reformas de fondo que permitan combatir con efectividad la corrupción; sin embargo, la cosecha de este caudal de popularidad en las urnas debe ser tomado con prudencia por el presidente, pues le restan varias demandas por resolver en estos tres años de gestión que le quedan.
El domingo 9 de diciembre se definió además, el destino del resto de sillones regionales en el sur. En esta segunda vuelta los votos blancos y nulos fueron también, una señal alarmante del descontento ciudadano sureño. El caso más dramático fue el de Tacna, donde estos sumaron 41%, mientras que el ganador sólo recogió el 36 % de los votos emitidos. Por más que Luis Torres llamó al electorado a votar por el “gordito simpaticón” (el símbolo de su movimiento), su detención por la vinculación con la organización criminal “Los Limpios de Tacna”, hizo que su oponente, Juan Tonconi, gane prácticamente por walkover. Sin embargo, sobre el nuevo presidente regional, también pesa una denuncia por los delitos de cobro indebido, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica, falsedad genérica y peculado. Tonconi llega al poder, pero deslegitimado por sus paisanos.
En el caso de Arequipa, la suma de los votos nulos y blancos fue mayor que la alcanzada por Javier Ismodes, el perdedor en esta disputa electoral. En esta región, Elmer Cáceres Llica ganó la elección con el 40% de los votos emitidos. La reivindicación al provincianismo fue una carta que supo jugar muy bien durante su campaña, como alguna vez lo hizo Alejandro Toledo. Hasta hoy se leen en las redes sociales, innumerables comentarios racistas en torno a su victoria. Su votación fue alta en distritos populares y en las provincias de Arequipa, siendo la más significativa en Caylloma, su lugar de origen. A pesar de este baño de popularidad, pesan sobre él una serie de denuncias por violación sexual, que aunque están cerradas, podrían desequilibrar su poder en el sillón regional. Ísmodes, el perdedor de la contienda, tenía también serios cuestionamientos, eso explicaría el alto porcentaje del voto blanco y nulo.
A diferencia de estos nuevos gobernadores, los que sí alcanzaron una buena votación fueron Luis Hidalgo, en Madre de Dios; Jean Benavente, en Cusco; y Baltazar Lantarón, en Apurímac, donde alcanzaron 53%, 58% y 54% de los votos emitidos, respectivamente.
Así se completa el mapa electoral del sur, con una mayoría de gobernadores legitimados en las urnas y una minoría seriamente cuestionada. ¿Qué tienen en común los nuevos gobernadores regionales del sur? El hecho de que desde sus discursos de campaña y de victoria, exigen que se rinda cuentas respecto a la actividad minera. Baltazar Lantarón ya indicó que revisará los compromisos asumidos por el Gobierno Central y la minera por el proyecto  Las Bambas. Mientras, Cáceres Llica ha declarado su oposición a los proyectos Tía María y Zafranal, además de solicitar que Cerro Verde pague la deuda pendiente por regalías en la Región Arequipa. Asimismo, en Puno, Walter Aduviri ha cuestionado la política nacional de recaudación por la extracción de los recursos naturales.
Estos gobernadores regionales han declarado que no son antimineros, y que sólo pretenden que se respeten los compromisos sociales y ambientales. Justamente, es en el sur donde las empresas mineras han puesto el ojo para sus inversiones, por la cantidad de mineral que yace en su territorio. Así las cosas, el tema minero será, sin duda, uno de los problemas principales que tendrá que tocar con pinzas el Gobierno Central, pues del otro lado están los votantes, expectantes a las promesas de sus nuevas autoridades.

desco Opina - Regional / 14 de noviembre de 2018
Programa Regional Sur - descosur

El asilo negado y los cambios institucionales en la política nacional


La decisión uruguaya de negar el asilo al expresidente Alan García Pérez (AGP) ha sido vista como un fracaso de su apuesta por evadir la justicia recurriendo a amigos extranjeros que supuestamente le iban a dar la mano, pero es también un hito en la política peruana y ha sido recibida positivamente por la mayoría de la opinión pública, que lo considera como uno de los políticos más corruptos, desprestigiado, pero con capacidad para evadir o bloquear investigaciones judiciales en su contra.
El fracaso de AGP por lograr el asilo evidenciaría también los límites de la política criolla, basada en gran medida en el clientelismo, el intercambio de favores, y los lazos personales, así como en el genio político, la sagacidad y oratoria del caudillo. En el caso del líder aprista, se confirman sus dificultades para entender y adaptarse a las nuevas tendencias de la política nacional e internacional, algo evidenciado antes de manera contundente en la pobre votación que obtuvo en últimas elecciones presidenciales (5.8%). García y su partido no fueron capaces de interpretar el desprestigio que padecían ante la ciudadanía y al parecer no han logrado tampoco, leer correctamente el contexto actual.
Pese a ello, AGP, a diferencia de los expresidentes Toledo y Humala, investigados, denunciados y hasta apresados por corrupción, ha tenido hasta la fecha la ventaja de contar con un aparato partidario que le profesa una lealtad incondicional. Mantiene además, influencia en el Poder Judicial y el Ministerio Público, lo que le permitió evadir las acciones de investigación judicial y políticas (recordar, por ejemplo, la megacomisión que lo investigó en el Congreso bajo el gobierno de Humala), recurriendo a una serie de tácticas y argucias judiciales.
¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos para que el expresidente esté «sintiendo pasos» que pueden conducirlo a la cárcel? La respuesta no parece ser la persecución política (¿Quién tendría interés en perseguir a un político al que los últimos resultados electorales lo invalidan como una alternativa de gobierno?). Es probable que la lealtad aprista se esté resquebrajando (se rumoreaba de un exfuncionario preso que buscaba acogerse a la colaboración eficaz), pero también se están procesando cambios a nivel institucional en los que es necesario profundizar.
Los analistas de los hechos recientes enfatizan poco en la institucionalidad del país para entender los procesos en curso. Estamos acostumbrados a pensar, con toda razón, en la debilidad y precariedad de las instituciones públicas, pero ello no debería ser un obstáculo para considerar algunos otros hechos concernientes a éstas.
Así, en estos años, pese a sus innegables debilidades y a la persistencia de estilos y personajes corruptos que intentan usar las instituciones públicas para su propio provecho, éstas parecen haber consolidado también una cultura y unas prácticas que no dependen únicamente de las personas que las lideran. De otra manera no puede entenderse la presencia de personajes como el fiscal Pérez o el juez Concepción Carhuancho, a los que no es posible manipular desde instancias superiores.
El debilitamiento de partidos como el APRA, que tradicionalmente ha tenido y tiene aún influencia en aparatos del Estado, es también un factor a tener en cuenta; se habla así de una generación de jueces y fiscales que han ingresado y están haciendo carrera sin el padrinazgo del citado partido y que poco o nada le deben a éste.
Las instituciones públicas no son entonces aparatos férreamente controlados por su principal autoridad o por alguna fuerza política predominante en el Congreso o la escena electoral del país. Por el contrario, la experiencia reciente confirma, una vez más, que las complejidades de las mismas pueden facilitar la corrupción, pero también facilitan condiciones para que los funcionarios públicos puedan realizar un trabajo serio, honesto y apegado a las normas.
Existen condiciones para que la institucionalidad del país pueda controlar y superar los males del clientelismo y caudillismo desinstitucionalizante, aunque hasta la fecha no se haya encontrado la fórmula para lograrlo. Los avances en este camino, poco percibidos debido a las precariedades existentes, no son desde luego irreversibles, pero cuando se produce una suerte de alineamiento o coalición anticorrupción entre actores del gobierno y de otros poderes del Estado, algunos medios masivos y la opinión pública nacional, los resultados pueden ser alentadores. Habrá que esperar, sin embargo, los pasos siguientes de los actores afectados por las denuncias, pues su poder es aún importante y dista de haber sido neutralizado.



desco Opina / 7 de diciembre de 2018