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La coalición autoritaria en su laberinto

 

La reciente medición de opinión pública del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reitera la gravedad de la situación actual. La encuesta muestra que la aprobación de la señora Boluarte llega apenas al 5%, la más baja desde su llegada a la Plaza de Armas, mientras la desaprobación del Congreso de la República se mantiene en 6%, llegando a un ridículo 3% en el centro y el sur. Buscando factores que expliquen la caída de la mandataria, el IEP subraya la percepción que existe sobre la corrupción en el gobierno 92% cree que es más o igual de corrupto que los gobiernos anteriores, así como aquella otra sobre la situación económica, dado que 72% dice que el total del ingreso del hogar les alcanza con dificultades o con grandes dificultades. Por lo demás, siete de cada diez personas encuestadas considera que la crisis política sin fin que vivimos, afecta su situación económica. No debe sorprender, entonces, que 77% se muestre a favor del adelanto de elecciones, ni que ese porcentaje sea más alto fuera de Lima y en los niveles socioeconómicos más bajos, aunque preguntados por eventuales candidatos, los tres primeros sumados Keiko Fujimori, Antauro Humala y Pedro Castillo, no llegan al 7%.

En este escenario la destitución, aparentemente definitiva, de la ex Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decretada por unanimidad por una Junta Nacional de Justicia cada vez más impredecible, mostró rápido sus distintas e importantes consecuencias, evidenciando que ella era pieza estratégica de la coalición autoritaria en el gobierno, entre otras cosas para concluir los pendientes en el proceso de captura de las principales instituciones del Estado en el que está embarcado el Congreso de la República. Su caída fue un disparo bajo la línea de flotación, como lo ha sido también la denuncia constitucional del Fiscal Villena contra Dina Boluarte, a quien acusa de cohecho pasivo impropio, soborno en el idioma de la gente, por recibir, a préstamo de su “waiky”, diría ella, tres relojes finos, un par de aretes de oro y una pulsera de oro y diamantes, todo a cambio de un presupuesto para Ayacucho de más de 190 millones de soles.

Como mordidos por una víbora, desde el Ejecutivo los ministros devinieron en aplicados guardaespaldas de la Presidenta, mientras sus socios mayores, la blindaban en el Congreso y aceleraban el paso en sus distintas tropelías. Los primeros, cuya inutilidad en la gestión es manifiesta, se hicieron provocadores y locuaces. Mientras el ministro de Energía y Minas anunciaba a los cuatro vientos la pronta ejecución de Tía María y Conga, el premier Adrianzén, en sorda competencia con el llamado vocero presidencial, acudía a Puno a intentar atemorizar a sus pobladores y se paseaba por los medios atacando al Ministerio Público y mostrando su admiración por Cantinflas al sostener que la Fiscalía no puede investigar a Boluarte, tras haber afirmado meses atrás, con idéntica pasión, que sí podía investigar a Pedro Castillo, compitiendo, por cierto, con varios otros abogados y ministros que adaptan sus interpretaciones de acuerdo a sus clientes e intereses. Como telón de fondo, Dina en distintas apariciones públicas, victimizándose.

Los segundos, es decir los congresistas, aceleraron la marcha y continuaron con sus trapacerías. Asistimos a la más reciente de ellas cuando la avezada fujimorista Moyano incorporó una enmienda que, en la práctica, suprime las agrupaciones políticas surgidas en regiones, con el argumento de fortalecer a los partidos nacionales, cuando es claro que de lo que se trata es de acabar con su competencia. En las elecciones regionales y municipales últimas, los partidos nacionales ganaron 9 regiones de 25, 74 provincias de 196 y 700 de 1694 distritos; el fujicerronismo que el 2022 sumó 61 bancas 37 Perú Libre y 24 Fuerza Popular, en los comicios regionales y municipales conquistaron tres alcaldías distritales, los fujimoristas, y 3 provinciales y 74 distritales los seguidores de Cerrón. En otras palabras, una modificación más de las 26 hechas por ellos, para ellos mismos, para tener ventaja sobre los demás y, creen, que para garantizar su reelección.

El impacto de las disputas abiertas es innegable, acelera el tiempo político y desnuda las distintas ambiciones de las derechas. El alcalde de Lima, que sorprende esta semana porque se anuncia que gastará trece millones de soles en carruajes a caballo para el centro histórico de Lima, participó del lanzamiento de su candidatura presidencial desde Loreto y aceptó su disposición a “sacrificarse” si no aparece otro líder de su calibre. Los almirantes Cueto y Montoya se fueron de Renovación Popular, quizá porque le creyeron al alcalde cuando anunció su decisión de permanecer en ella hasta el último día de su mandato. Fernando Cillóniz, tras pasearse por varios medios poniendo su candidatura a disposición, finalmente se inscribió en el PPC para tener una plataforma desde la que plantea una coalición, asegurando que es “materia dispuesta”. Hasta la propia Benavides parece soñar con la posibilidad de candidatear tras el insólito homenaje que le rindieron los apristas. Así las cosas, Keiko Fujimori que se sentía segura y natural candidata de las derechas autoritarias, a la competencia que supone su padre circulando, si no para ser candidato, sí para imponer congresistas, descubre que enfrenta aguas movidas, incluso en su propio partido.

La medición de opinión con la que empezamos, evidencia la esperanza de los encuestados sobre el surgimiento de alguna persona o movimiento que lidere un cambio positivo para el país. La esperanza no es en los partidos políticos realmente existentes y a la luz de lo que vemos, es pálida. Desde distintos sectores de la denominada sociedad civil hay variadas iniciativas que tratan de caminar a una ciudadanía activa para llevar adelante sus intereses y pugnar por la democracia, pero aún son muy débiles. El proceso de construcción de organización social que viene dándose es lento; sigue marcado por la desconfianza y las distancias que existen. Buena parte del problema es que estas iniciativas no dialogan entre sí y no coinciden necesariamente en las soluciones y propuestas. Un primer paso, creemos que exige que se reconozcan. Caso contrario seguiremos con más de lo mismo, es decir peor.

 

desco Opina / 31 de mayo de 2024

El APEC y la vida real

 

Después de mucho tiempo vimos un abundante resguardo policial en las calles de Arequipa, y no, no era por una extensión del Estado de Emergencia por el que clamaban los alcaldes, se trataba de una más de las reuniones preparativas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se realizará el mes de noviembre en la capital. 

Ya en febrero se realizó un primer evento descentralizado en la ciudad, que reunió a viceministros de Finanzas y Bancos Centrales. Este segundo evento fue más extenso en días y actividades: se realizó la segunda reunión de altos funcionarios, el diálogo político de alto nivel sobre las mujeres y la economía, y la reunión conjunta de los ministros responsables de comercio y de la mujer. En paralelo, nuestra frágil “democracia” continuaba con su proceso de putrefacción diario, el Congreso continuó haciendo estropicios con la impunidad de siempre y el Ejecutivo siguió dando rienda suelta a sus decisiones para desestabilizar la institucionalidad del país, como nombrar a un nuevo ministro del Interior que fue defensor legal de malos elementos en el cuerpo policial, y acabar definitivamente con la SUNEDU eliminando las direcciones de supervisión, fiscalización y licenciamiento.

Hacemos un repaso por los últimos acontecimientos políticos y sociales del país porque entran en contradicción con lo referido en los foros realizados durante este último encuentro. Mientras que la embajadora de EE.UU., Katherine Tai, se refería a la importancia de la participación de las mujeres para construir una democracia representativa, el Congreso, días antes de su alocución, aprobó un dictamen para eliminar la alternancia en las planchas presidenciales y paridad horizontal en las elecciones subnacionales. También la Comisión de la Mujer del Congreso archivó cuatro proyectos de ley sobre derecho al cuidado. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández, en vez de referirse a estos dos temas durante la conferencia de prensa que brindó dentro del evento, victimizó a la presidenta Dina Boluarte, refiriendo que las tres mociones de vacancia que no alcanzaron mayoría en el Pleno, constituían una forma de acoso político, como si todos los casos de corrupción y obstrucción a la justica en los que está implicada la mandataria fueran de fantasía.

En la declaración final de esta reunión, los ministros reiteraron su compromiso con la Visión de Putrajaya 2040 que identifica tres pilares: comercio e inversiones, innovación y digitalización, y crecimiento fuerte, equilibrado, seguro, sostenible e inclusivo; y con la implementación del Plan de Acción de Aotearoa, que fue adoptado por los líderes participantes del APEC en el 2020 para los próximos 20 años.

Sobre el rol de la mujer, los participantes se comprometieron a eliminar barreras y promover la igualdad de acceso para mujeres de diversos orígenes, a fin de que puedan aprovechar todo el potencial de su participación económica y liderazgo en el comercio; y avanzar en los esfuerzos colectivos para hacer de Asia y el Pacífico regiones más resilientes e inclusivas. Esto como parte del componente Crecimiento fuerte, equilibrado, seguro, sostenible e inclusivo de la visión Putrajaya. Al respecto, según el estudio “Situación de la mujer rural”, tenemos una alta participación de la mujer rural en actividades económicas, incluso más altas que la ciudad: el 77,8% de las mujeres rurales ocupadas se encuentran dedicadas al sector agricultura, pesca o minería, 9,7% al sector servicio y el 9,3% al comercio; sin embargo, la inclusión financiera todavía es una barrera dura de tumbar, sin contar que muchas de las actividades económicas que desarrollan se hacen en la informalidad. Y no hay que olvidar que las labores de cuidado, esas de las que no quiere legislar más el Congreso, recargan su tiempo limitando su adecuado empoderamiento económico.

Según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del periodo abril 2023 - marzo 2024, en el país había 17 212 800 personas con empleo, de este total, el 71,2% tenía empleo informal. ¿Cómo integrarnos a la economía Asia-Pacífico con esta realidad? Sin una ruta clara, estos compromisos país, como parte de las 21 economías incluidas en el APEC, siguen siendo meramente declarativos. 

Como cereza de este evento, la presidenta Dina Boluarte, hizo su aparición en el penúltimo día del encuentro, también con un discurso de realidad paralela: “estamos frente a un hito significativo en nuestro compromiso por garantizar la igualdad de género y el acceso equitativo a las oportunidades económicas para todos en el Asia-Pacífico…”. La corta visita de la mandataria a Arequipa se produjo bajo un fuerte protocolo, el mismo que viene llevando el último mes durante sus apariciones públicas, con un restrictivo acceso a la prensa, salvo el canal del Estado, y en helicóptero para no recibir el cariño de la gente en las calles.

La próxima reunión del APEC se llevará a cabo en Cusco, entre el 5 y 9 de junio, donde se desarrollará una reunión ministerial de turismo. Hay que estar atentas y atentos a los resultados de esta reunión y realizar un seguimiento para enlazarlos con la realidad, con políticas efectivas, aunque el APEC no sea vinculante.

 

desco Opina – Regional / 24 de mayo del 2024

descosur

Crecimos como nunca, nos empobrecimos como siempre

 

¿Para qué sirvió el crecimiento? Todo parece indicar que regresamos a la normalidad. Las nuevas cifras de pobreza monetaria muestran que el número de pobres en Perú ascienden en el año 2023 a 9 780 000 personas, constituyéndose en la segunda cifra más alta en las últimas dos décadas, sólo superada levemente por la registrada en el 2020, donde se restringieron la mayoría de las actividades económicas en el país, a consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19.

La cantidad de pobres alcanzada el 2023 en el país, es mayor en 596 000 personas a la registrada el 2022 y significativamente superior, más de 3 290 000 pobres adicionales, si se compara con el 2019, año previo a la pandemia.

¿Cómo traducir esta cifra en las vivencias cotidianas de los y las peruanas? Un dato ilustrativo es la evolución de la pobreza extrema. Entre los años 2022 y 2023, la línea de pobreza extrema se incrementó en 11,0% pasando de S/ 226 a S/ 251; mientras que, respecto del año 2019 (anterior a la pandemia), la línea de pobreza extrema se incrementó en 33,9 %. Según área de residencia, entre 2022 y 2023, la línea de pobreza extrema se incrementó, tanto en el área urbana como en el área rural en 10,9% y 10,7%, respectivamente. Al comparar con el año 2019, el incremento de la línea de pobreza extrema fue mayor en el área rural (35,0%) respecto al área urbana (33,1%).

En otras palabras, 1 922 000 de peruanos y peruanas perciben ingresos mensuales por debajo de los 251 soles (67.8 dólares) al mes. En parte, la explicación recae en la inflación, contribuyendo a que la canasta básica se incrementara 11%. En esa línea, hay un aumento de la pobreza extrema rural de 14,6% a 16,2%, mientras que en el área urbana pasó de 2,6% a 3,2%.

Para el caso de la línea de pobreza, el valor para 2023 es de 446 soles (120.5 dólares). El peruano que perciba ingresos por encima de esta cantidad para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias no es considerado pobre.

Esta situación, vista desde el gasto, indica que el 2023 el gasto real promedio per cápita mensual, se ubicó en 866 soles, registrando una disminución de 0,7% respecto al año 2022 (equivalente a 6 soles per cápita). En comparación con el año 2019, disminuyó en 10,7% (equivalente a 104 soles per cápita), disminución altamente significativa, reflejando que los niveles del gasto del año 2023, se encuentran por debajo de los niveles alcanzados antes de la pandemia.

De otro lado, se observa que el 29,5% del gasto per cápita se destinó a alimentos consumidos dentro del hogar (S/ 256), seguido del gasto en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 21,6% (S/ 187), los alimentos consumidos fuera del hogar con 11,8% (S/ 102), salud 8,4% (S/ 73), transporte con 7,5% (S/ 65), bienes y servicios diversos con 4,2% (S/ 36), comunicaciones 3,6% (S/ 31), muebles y enseres con 3,6% (S/ 31) y educación con 3,4% (S/ 30), entre otros.

Cuando se compara esta estructura de gasto con la del 2014 (la última realizada), la proporción del gasto en alimentos consumidos dentro del hogar, se incrementó en 0,7% (de 28,8% a 29,5%) que, si la vinculamos al gasto en alimentos consumidos fuera del hogar, muestran que las familias peruanas gastan en promedio casi 42% de su presupuesto familiar en alimentarse. Esto contrasta nítidamente con lo que disponen para rubros como la salud y la educación, las que sumadas son menos del 12% del gasto familiar.

Otro aspecto resaltante que nos alcanza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es la brecha de pobreza, que refleja cuán pobres son los pobres, es decir, el déficit promedio de consumo de la población para satisfacer las necesidades mínimas de bienes y servicios de todos sus integrantes (expresado como proporción de la línea de pobreza), donde el déficit de la población no pobre es cero por definición.

En el año 2023, la brecha promedio del gasto de los pobres respecto al costo de la canasta básica de consumo fue de 7,5%. Comparada con los resultados del año 2022, aumentó en 0,4%, diferencia significativa. Comparando con los resultados del año 2019 creció en 3,0 puntos porcentuales, siendo esta diferencia muy altamente significativa.

De igual manera, es importante observar los resultados que alcanza sobre la vulnerabilidad monetaria que, en otras palabras, es el riesgo de caer en la situación de pobreza monetaria. En el 2023, el 31,4% del total de la población del país se encontraba en esta condición, que equivale en cifras absolutas a 10 590 000 personas que se encontraban en esa situación de riesgo.

A nivel de área de residencia, la vulnerabilidad monetaria afectó al 44,6% de la población residente del área rural y al 28,2% de la población del área urbana. Respecto al año 2022, la vulnerabilidad monetaria disminuyó de manera altamente significativa en el área urbana en 1,3 puntos porcentuales; por el contrario, en el área rural, las diferencias no fueron significativas, por lo que se han mantenido en el mismo nivel del año anterior. Al comparar con el año 2019, la vulnerabilidad monetaria disminuyó en el área urbana en 2,5 puntos porcentuales; en tanto, en el área rural se contrajo en 1,6 puntos porcentuales.

Esto se condice con el hecho de que 76% de los peruanos afirmen que es complicado asumir los gastos mensuales. En detalle, 33% reconoce que “llega con las justas a fin de mes”; 28% tuvo que reducir sus gastos y 15% tuvo que usar parte de sus ahorros para subsistir.

Como señala David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, regresar a la tasa de pobreza de 20%, como antes de la pandemia, posiblemente le tomará 20 años al país, toda vez que la proyección de crecimiento entre 2024 y 2028 es de 3% anual: “nuestro problema es la pérdida de productividad continua por culpa de malos congresistas y malos gobiernos”.

Igualmente, Carolina Trivelli, consideró que con que esta situación “nos vamos muy atrás, hemos perdido más de 15 años y probablemente no sería el mismo lapso que nos costará recuperarnos”.

 

desco Opina / 17 de mayo de 2024