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viernes

El APEC y la vida real

 

Después de mucho tiempo vimos un abundante resguardo policial en las calles de Arequipa, y no, no era por una extensión del Estado de Emergencia por el que clamaban los alcaldes, se trataba de una más de las reuniones preparativas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se realizará el mes de noviembre en la capital. 

Ya en febrero se realizó un primer evento descentralizado en la ciudad, que reunió a viceministros de Finanzas y Bancos Centrales. Este segundo evento fue más extenso en días y actividades: se realizó la segunda reunión de altos funcionarios, el diálogo político de alto nivel sobre las mujeres y la economía, y la reunión conjunta de los ministros responsables de comercio y de la mujer. En paralelo, nuestra frágil “democracia” continuaba con su proceso de putrefacción diario, el Congreso continuó haciendo estropicios con la impunidad de siempre y el Ejecutivo siguió dando rienda suelta a sus decisiones para desestabilizar la institucionalidad del país, como nombrar a un nuevo ministro del Interior que fue defensor legal de malos elementos en el cuerpo policial, y acabar definitivamente con la SUNEDU eliminando las direcciones de supervisión, fiscalización y licenciamiento.

Hacemos un repaso por los últimos acontecimientos políticos y sociales del país porque entran en contradicción con lo referido en los foros realizados durante este último encuentro. Mientras que la embajadora de EE.UU., Katherine Tai, se refería a la importancia de la participación de las mujeres para construir una democracia representativa, el Congreso, días antes de su alocución, aprobó un dictamen para eliminar la alternancia en las planchas presidenciales y paridad horizontal en las elecciones subnacionales. También la Comisión de la Mujer del Congreso archivó cuatro proyectos de ley sobre derecho al cuidado. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández, en vez de referirse a estos dos temas durante la conferencia de prensa que brindó dentro del evento, victimizó a la presidenta Dina Boluarte, refiriendo que las tres mociones de vacancia que no alcanzaron mayoría en el Pleno, constituían una forma de acoso político, como si todos los casos de corrupción y obstrucción a la justica en los que está implicada la mandataria fueran de fantasía.

En la declaración final de esta reunión, los ministros reiteraron su compromiso con la Visión de Putrajaya 2040 que identifica tres pilares: comercio e inversiones, innovación y digitalización, y crecimiento fuerte, equilibrado, seguro, sostenible e inclusivo; y con la implementación del Plan de Acción de Aotearoa, que fue adoptado por los líderes participantes del APEC en el 2020 para los próximos 20 años.

Sobre el rol de la mujer, los participantes se comprometieron a eliminar barreras y promover la igualdad de acceso para mujeres de diversos orígenes, a fin de que puedan aprovechar todo el potencial de su participación económica y liderazgo en el comercio; y avanzar en los esfuerzos colectivos para hacer de Asia y el Pacífico regiones más resilientes e inclusivas. Esto como parte del componente Crecimiento fuerte, equilibrado, seguro, sostenible e inclusivo de la visión Putrajaya. Al respecto, según el estudio “Situación de la mujer rural”, tenemos una alta participación de la mujer rural en actividades económicas, incluso más altas que la ciudad: el 77,8% de las mujeres rurales ocupadas se encuentran dedicadas al sector agricultura, pesca o minería, 9,7% al sector servicio y el 9,3% al comercio; sin embargo, la inclusión financiera todavía es una barrera dura de tumbar, sin contar que muchas de las actividades económicas que desarrollan se hacen en la informalidad. Y no hay que olvidar que las labores de cuidado, esas de las que no quiere legislar más el Congreso, recargan su tiempo limitando su adecuado empoderamiento económico.

Según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del periodo abril 2023 - marzo 2024, en el país había 17 212 800 personas con empleo, de este total, el 71,2% tenía empleo informal. ¿Cómo integrarnos a la economía Asia-Pacífico con esta realidad? Sin una ruta clara, estos compromisos país, como parte de las 21 economías incluidas en el APEC, siguen siendo meramente declarativos. 

Como cereza de este evento, la presidenta Dina Boluarte, hizo su aparición en el penúltimo día del encuentro, también con un discurso de realidad paralela: “estamos frente a un hito significativo en nuestro compromiso por garantizar la igualdad de género y el acceso equitativo a las oportunidades económicas para todos en el Asia-Pacífico…”. La corta visita de la mandataria a Arequipa se produjo bajo un fuerte protocolo, el mismo que viene llevando el último mes durante sus apariciones públicas, con un restrictivo acceso a la prensa, salvo el canal del Estado, y en helicóptero para no recibir el cariño de la gente en las calles.

La próxima reunión del APEC se llevará a cabo en Cusco, entre el 5 y 9 de junio, donde se desarrollará una reunión ministerial de turismo. Hay que estar atentas y atentos a los resultados de esta reunión y realizar un seguimiento para enlazarlos con la realidad, con políticas efectivas, aunque el APEC no sea vinculante.

 

desco Opina – Regional / 24 de mayo del 2024

descosur

Aún lejos de la equidad

 

A semejanza de lo evidenciado en otros ámbitos, las condiciones favorables para que el ejercicio de los derechos de mujeres y niñas de nuestro país sea efectivamente garantizado, no van a producirse desarrollando solamente una buena legislación al respecto.

Es ampliamente reconocido que, en las últimas décadas, la igualdad de género en el Perú ha avanzado en varias dimensiones como, por ejemplo, la educación en todos sus niveles y su mayor inclusión en el mercado laboral: cerca de seis de cada diez mujeres tienen un empleo, una cifra superior a la media latinoamericana.

Aun así, hay grandes desafíos por superar. Como en todos los países, hombres y mujeres no comparten por igual las actividades laborales remuneradas y no remuneradas. Así, si uno de los cambios más importantes en el mercado laboral en las últimas décadas ha sido la disminución en las brechas de participación laboral entre mujeres y hombres, debido al incremento de la participación de las mujeres y en particular, de las mujeres casadas, esto no ha sido suficiente para equiparar su situación con la de los hombres.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dejó constancia que las mujeres peruanas trabajan 9 horas con 15 minutos más que los hombres. Además, en promedio, las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres al trabajo doméstico; así, mientras los hombres dedican 15 horas con 54 minutos a la semana a actividades no remuneradas, las mujeres destinan 39 horas con 28 minutos, es decir 23 horas con 34 minutos más que los hombres. En cambio, los hombres dedican en promedio más tiempo al trabajo remunerado que las mujeres, siendo la brecha de 14 horas con 19 minutos.

Por otro lado, al año 2020, el 36,0% de las mujeres de 14 y más años de edad no tenían ingresos propios, siendo esta proporción 1,8 veces mayor que la de los hombres (19,7%). En esa línea, la brecha más significativa se presentaba en las mujeres del área rural, donde 33,6% de ellas no tenían ingresos propios, mientras que, en el caso de los hombres, era el 11,4%.

La falta de autonomía económica implica ausencia de ingresos propios y determina una mayor pobreza individual. Los perceptores de ingresos propios, con frecuencia tienen mayor poder de decisión sobre el destino que dan a sus ingresos, mayores posibilidades de reservar parte de su dinero para gastos individuales y mejores posibilidades de enfrentar su manutención, especialmente si hay cambios en la conformación familiar de origen.

En suma, en promedio, durante los últimos 10 años, el ingreso promedio mensual de la mujer peruana ha sido menor en 33,5% al de los hombres.

Incluso cuando trabajan por una remuneración, las mujeres peruanas tienden a estar sobrerrepresentadas en el sector informal que, en nuestro caso, es relativamente grande, lo que crea una barrera que les impide acceder a trabajos más productivos, mejor pagados y de mejor calidad. Con un 75%, la tasa de empleo informal de las mujeres trabajadoras es significativamente más alta en el Perú que en el resto de América Latina.

Al mismo tiempo, es más probable que las trabajadoras perciban un ingreso bajo y menos factible que asciendan a puestos gerenciales. Además, es mucho menos probable que las niñas estudien en los campos más lucrativos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

¿Qué debe hacerse? Seguramente, cosas que son del conocimiento general pero que nunca se han colocado entre las prioridades de los gobernantes como garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y todas, proporcionando apoyo adicional a niñas vulnerables y madres adolescentes, y recompensando los beneficios de completar los estudios.

Además, se requiere implementar una política de promoción al acceso de las mujeres a roles de liderazgos y gerenciales; proporcionar incentivos en el mercado laboral formal para la atracción de trabajadoras; apoyar las iniciativas empresariales de las mujeres, facilitándoles la formalización y el acceso a servicios indispensables para la sostenibilidad del emprendimiento que llevan a cabo.

 

desco Opina - Regional / 24 de noviembre de 2023

descoCiudadano

Agenda de género para Lima Metropolitana

La situación de violencia por la que atraviesan las niñas, niños y adolescentes (NNA) en nuestro país es preocupante. La pandemia ha impactado negativamente sobre esta realidad, agravando los índices de violencia antes registrados. Solo entre el 2020 y 2021 se incrementaron los casos de maternidad adolescente menores de 15 años; y entre enero y abril de este año se reportaron 8057 de violencia sexual, en los cuales 94,9% de las víctimas fueron mujeres y 69,5% fueron menores, entre los 0 y 17 años de edad. 

La situación de Lima Metropolitana no es muy diferente a este panorama general. En lo que va del 2022 el Centro de Emergencia Mujer (CEM) ha atendido 26 355 casos de violencia a mujeres, de los cuales 10 616 corresponden a violencia contra menores de edad; de éstos el 86,55% son de niñas y adolescentes mujeres. La mayoría de estas víctimas ha sido agredida psicológica y físicamente, mientras que las denuncias por violencia sexual representan el 17,32% del total. Pese a este contexto de alta vulnerabilidad, el Estado no ha logrado avances significativos que permitan no sólo sancionar a agresores y/o feminicidas, sino prevenir situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes; las políticas que busquen salvaguardar la integridad y la vida de mujeres e integrantes del grupo familiar son casi nulas. 

Contrariamente se observan avances peligrosos desde el conservadurismo político que busca eliminar de la gestión pública todo lo referente al enfoque de género. Esto se observa en acciones legislativas como la aprobación de la Ley N° 31498 que “permite” que padres y madres de familia participen en la elaboración de materiales y contenidos educativos, legalizando una interferencia antiderechos en contra de la educación sexual integral. También en acciones como la aprobación de un proyecto de ley que busca el cambio del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, invisibilizando los logros en defensa de las mujeres como sujetos de derechos pero también su condición de vulnerabilidad frente a otros sectores de la sociedad, más aún si nos referimos a sus condiciones económicas y de clase. Más recientemente, la propuesta de Milagros Jáuregui Martínez, congresista de Renovación Popular, que mediante el proyecto de ley N° 3464/2022-CR, propone eliminar el uso del lenguaje inclusivo de los textos escolares, es parte de la misma ofensiva. Lamentablemente todas estas propuestas han sido apenas  cuestionadas desde el Ejecutivo pese a que éste tiene pendiente la agenda pro derechos humanos y de lucha contra toda forma de discriminación, en salvaguarda de los sectores más vulnerados del país. 

El escenario se torna aun más gris en Lima Metropolitana si recordamos que en 2023  asumirá la alcaldía Rafael López Aliaga, personaje que llega a la gestión con una agenda ultraconservadora, antiderechos, con tintes racistas, discriminadores y antifeminista, bajo cuya responsabilidad recaerán las políticas públicas en materia de protección de las mujeres, infancias y adolescencias de la ciudad de Lima los próximos cuatro años. Cabe resaltar que la comuna limeña tiene bajo su administración, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, programas y servicios como la Demuna Lima, el Proyecto Ciudad de Niñas y Niños, el CCONNA Lima, entre otros, dirigidos a la promoción del ejercicio de derechos de NNA y a su protección. Resulta oportuno, entonces, preguntarse por el destino de las actuales políticas públicas referentes a la prevención de casos de violencia, por ejemplo, considerando que de enero a setiembre de este año, los once Centros de Acogida Residencial de Lima Metropolitana albergaron a 601 personas en situación de riesgo, 502 de las cuales son NNA y 441 son mujeres, habiéndose identificado distritos como San Juan de Lurigancho, Ate y San Martín de Porres como aquellos con mayor número de embarazo adolescente

Sin duda, la nueva gestión puede representar un retroceso alarmante en la conquista de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de Lima Metropolitana, así como el riesgo grande de normalizar discursos de odio e institucionalizar prácticas sexistas, demonizando toda política o iniciativa ciudadana que pretenda alzar las banderas de lucha contra las violencias hacia las mujeres y la defensa de una educación con enfoque no solo de género, sino de derechos e intercultural. La urgente lucha en contra de la violencia de género, que amenaza a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, es también una lucha cultural, cuestionando sentidos que homogenizan prácticas sociales, disputando espacios de participación política para las mujeres en su diversidad, pero también sensibilizando a la sociedad en general, sobre la urgencia de desterrar del sentido común, patrones que refuerzan y normalizan la violencia, el racismo y la discriminación. 


desco Opina / 25 de noviembre de 2022

descoCiudadano


Se busca: gestión municipal que garantice derechos de las mujeres

 

A propósito del Día Internacional de la Mujer se visibilizan las múltiples luchas de las mujeres por avanzar en la igualdad. Las ciudades generan acciones de impacto colectivo y estrategias que denuncian las múltiples violencias hacia las mujeres.

De cara a las próximas elecciones municipales, poco se conoce de las propuestas para trabajar en torno a los derechos de las mujeres. Mientras tanto, en el espacio público y en el privado, las mujeres siguen muriendo, son acosadas, obtienen menos ingresos y terminan siendo más vulnerables a cualquier edad. En un contexto social regional de arremetida fundamentalista antiderechos, es vital y siempre lo fue, la vigilancia de las organizaciones de mujeres y las plataformas de la sociedad civil, atentas ante cualquier situación que vulnere los derechos o amenace con el retroceso.

La Agenda Política de las Mujeres por la Ciudad de Lima, documento colectivo que integra problemáticas y demandas interdistritales y propuestas de alcance metropolitano para que sean atendidas por las autoridades, es un paso hacia la articulación de las organizaciones de las cuatro zonas de Lima alrededor de una misma agenda. Recogemos algunos énfasis planteados por las lideresas de organizaciones de Lima, durante el IV Encuentro Internacional de Agendas de Mujeres por el Derecho a la Ciudad, que debieran tomarse en cuenta en la cercana campaña electoral municipal.

La ciudadanía demanda la garantía de la salud y alimentación para la población escolar a nivel nacional, especialmente en familias de las zonas urbanas menos favorecidas. Junto al nivel de aprendizaje alcanzado, resulta vital hoy, que la gestión entrante pueda garantizar la alimentación y la salud de los escolares de mayor vulnerabilidad social.

Es urgente proteger el derecho a la educación sexual como parte de los aprendizajes esenciales para la vida de las y los estudiantes de todos los niveles educativos. Los gobiernos locales y el Minedu deberán orientar adecuadamente el programa presupuestal existente, para evitar la deserción de las adolescentes, especialmente afrodescendientes, migrantes y embarazadas por falta de educación sexual integral.

La pandemia fortaleció la vigilancia comunitaria en temas de salud, educación y seguridad alimentaria, demostrando el potencial de las lideresas comunitarias para coadyuvar en los aprendizajes escolares, con o sin internet. Un gobierno local comprometido con el proyecto educativo local brindará el respaldo formativo para ellas y para todas y todos.

Por su parte, el sistema de atención a la salud mental de las mujeres y en especial de quienes son víctimas de violencia, requiere estrategias adaptadas a la realidad de cada territorio, sin estandarizaciones, con protocolos según las configuraciones culturales y sociales de cada zona y en ello, el compromiso de los gobiernos locales y en especial las gerencias de la mujer son aliados fundamentales para la supervisión de todos los actores involucrados.

Violencia grave hacia las ciudadanas es la salud pública privatizada que impacta más a quienes menos tienen. La atención gratuita no debe ser un asunto de suerte, sino la garantía del derecho a la salud para todas, todos, todes, cualquiera fuere la condición de salud.

Por otro lado, es urgente que las municipalidades regulen el servicio de cuidado para mujeres cabeza de familia que salen a trabajar. La ausencia de políticas locales de cuidado efectivas, es una forma de violencia social que debe ser discutida y valorada en la vida privada y en el ámbito público, visibilizando el aporte a la economía local. Para inspirar a los candidatos se puede revisar, por ejemplo, las experiencias y reflexiones efectuadas en países cercanos.

Empoderar a las mujeres implica invertir en la educación en el espacio comunitario, desarrollar estrategias de adaptación a las nuevas tecnologías y medios para el emprendimiento, tomando en cuenta las reglas de juego de la virtualidad. La falta de acceso a internet es hoy una barrera grave que requiere una gestión municipal creativa capaz de dar soluciones tecnológicas de acceso y laboratorios de negocios con facilidades adecuadas a ello.

Las lideresas que están al frente de sus comunidades, no pueden estar desvinculadas del sistema educativo “formal” pues son un agente educativo potente, creíble y fundamental para la sociedad. Las verdaderas influencers. Por ello, formarse en tecnologías no es una cuestión generacional ni suntuaria, sino un derecho para lograr autonomía.

Los espacios comunitarios que albergan múltiples servicios, comedor, aula de clases multinivel, espacio de organización vecinal, son también un lugar para el desarrollo de capacidades y liderazgos y especialmente el cultivo del talento humano de nuestra ciudad.

Un gobierno local comprometido con las mujeres puede desarrollar, más allá de lo productivo, procesos de educación comunitaria y técnica en alianza con entidades educativas locales como Centros de Educación Técnico-Productiva (Cetpro) e institutos.

Las organizaciones de mujeres seguirán vigilantes para evitar retrocesos en los derechos, sin embargo, el desafío de los nuevos gobiernos locales es escucharlas, trabajar en articulación con las organizaciones, tomar nota de las propuestas y emprender sus planes con el mismo entusiasmo que cada 8 de marzo congrega a todas las organizaciones de la ciudad y a las plataformas que las respaldan, para que nuestras luchas sean una sola.

 

desco Opina – Regional / 18 de marzo del 2022

descoCiudadano