Cuando el dolor propio refleja la abundancia ajena

 

Las movilizaciones juveniles remiten a algunos resultados centrales que se han obtenido con el ciclo de crecimiento más intenso y prolongado de la historia nacional. Para empezar, destaquemos la evolución del desempleo y el subempleo juvenil en Perú entre 2010 y 2025.

Hasta el 2015, la tasa de desempleo juvenil se mantuvo entre el 13% y el 15%, con altos niveles de subempleo (más del 50%); desde el 2016, hubo una ligera mejora en el desempleo juvenil (descenso hacia el 12%), pero el subempleo persistió y aumentó la informalidad laboral juvenil, con más jóvenes en ocupaciones precarias o sin beneficios sociales.

Durante la pandemia, el desempleo juvenil se disparó hasta cerca del 20% en algunos trimestres y el subempleo se intensificó, con jóvenes migrando a trabajos informales, temporales o de baja remuneración. Si bien desde el 2022, vamos a tener una lenta y paulatina recuperación parcial, persisten profundas brechas de calidad y sostenibilidad.

Igualmente, la cobertura de seguros de salud en jóvenes peruanos entre 2010 y 2025, puede tomar un sentido positivo, si nos remitimos a las estadísticas, en tanto la implementación del Aseguramiento Universal en Salud (AUS) y, luego, del Seguro Integral de Salud (SIS) como principales mecanismos de cobertura para jóvenes sin empleo formal, tomaron fuerza; sin embargo, la bajísima calidad, la falta de atención oportuna y, fundamentalmente, la saturación del sistema (falta de medicamentos y atención fragmentada), hacen que el acceso formal no se traduzca en impactos positivos para ellos.

Otro indicador fundamental es el grado de victimización juvenil por inseguridad ciudadana en Perú. Hacia el 2010, ésta rondaba el 30% de acuerdo a encuestas del INEI y, según parece, porque no hay cifras claras al respecto[1], son actualmente las principales víctimas de la delincuencia.

También debemos tomar en cuenta el impacto de la corrupción entre los jóvenes peruanos. Según el INEI, más del 54% de peruanos considera que la corrupción es el principal problema del país. Para los jóvenes, esto se traduce en una desconfianza profunda hacia las instituciones públicas, especialmente en los campos de educación, justicia y empleo.

La situación hace que los jóvenes perciban la corrupción como una normalización del abuso de poder, que afecta su sentido de ciudadanía y agencia ética, viéndola como un obstáculo para el mérito, la equidad y el desarrollo personal.

Sin embargo, también deben discutirse otros resultados, para mostrar de manera contundente la inequidad que afecta a nuestros jóvenes. Por ejemplo, que el sistema bancario de Perú concluyó el año 2024 con un desempeño destacado, alcanzando ganancias históricas de S/10 325 millones, lo que representa un incremento del 11,9% en comparación con el año anterior.

Entre 2020 y 2024, las utilidades de las empresas mineras en Perú también aumentaron. Según cifras del INEI, en el 2024 el sector tuvo un crecimiento del 2.04%,  que se vio reflejado en la distribución de utilidades, llevada a cabo durante el primer trimestre de este año. Asimismo, el 85% de las compañías mineras informaron que sus funcionarios y trabajadores obtuvieron utilidades por concepto del año fiscal 2024.

En términos absolutos, lo anterior significa que las empresas mineras tuvieron una rentabilidad histórica el año pasado, acumulando US$ 3352 millones hasta setiembre, concentrando el 58% de ese total Southern (US$ 1214 millones) y Sociedad Minera Cerro Verde (US$ 752 millones).

Un escenario parecido encontramos en las empresas agroexportadoras. Entre 2020 y 2024, experimentaron un crecimiento sostenido en sus utilidades, impulsado por el aumento en el valor de las exportaciones, incentivos tributarios y expansión de mercados. En el 2024, el valor exportado fue de US$ 12 798 millones, un récord histórico, acompañado de una mayor diversificación de destinos y productos.

De esta manera, entre 2020 y 2024, el crecimiento del rendimiento del capital frente al del trabajo en Perú, mostró una profunda asimetría, con una aceleración de las ganancias empresariales —especialmente en sectores como banca, minería y agroexportación—, mientras los ingresos laborales se estancaron o crecieron marginalmente. Esto mismo podría aseverarse cuando comparamos los ingresos de las empresas en Perú y los de las familias; mientras que los primeros crecieron de forma sostenida, los segundos mostraron una recuperación más lenta y desigual.

La ira, la frustración y hasta la desesperación no las produce solamente la constatación de estar en una situación de postración, sin salidas a la vista. Resulta revelador percibir que las propias carencias, además, se inscriben en la abundancia de otros.

 

desco Opina / 31 de octubre de 2025

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[1] El INEI propone nuevos índices subnacionales para medir inseguridad ciudadana, incluyendo victimización juvenil.

 

Cruzando el desierto, nuevamente

 

Mostrar lo malo que será probablemente el comportamiento económico en el 2024, esconde lo peor que contienen esas cifras y, más aún, que algunas expectativas como el posible aumento de las plazas laborales, que simplemente no pasan del buen deseo y la fe en el destino.

A mediados de diciembre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) entregó su último informe anual 2023, en el que señala que la región mantendrá su bajo crecimiento, la desaceleración en la creación de empleo, la persistencia de la informalidad y de las brechas de género, entre otros efectos.

Según el secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs, en promedio América Latina y El Caribe creció 2,2% en 2023 y estima un 1,9% en 2024, aunque el desagregado subregional muestra comportamientos diferenciados. Si bien todas las subregiones mostrarán el 2024 un menor crecimiento respecto al 2023, América del Sur solo crecería un 1,5% (3,8% en 2022); el grupo conformado por Centroamérica y México, un 3,5% (4,1% en 2022), mientras que El Caribe (sin incluir Guyana), crecería un 3,4% (6,4% en 2022).

Estas proyecciones reflejan, entre otros factores, el limitado impulso que proviene desde la economía mundial. Aunque la inflación ha disminuido, las tasas de interés de las principales economías desarrolladas no se han reducido, por lo que los costos de financiamiento se han mantenido en niveles elevados todo el año y se espera que continúen así durante los próximos años.

Sin embargo, no toda la explicación puede volcarse a los factores externos. El bajo crecimiento también responde al limitado alcance que tienen las políticas fiscales y monetarias, que emplean los países de la región. En otras palabras, a las restricciones mostradas por una institucionalidad que pese a los recientes ciclos y superciclos económicos, jamás dejó de ser sustancialmente precaria.

Por eso, para la Cepal es indispensable que las políticas de fomento productivo se complementen con políticas fiscales y financieras que permitan un adecuado manejo de los riesgos que enfrenta la región; y que estimulen la movilización de recursos internos, para ampliar el espacio fiscal, incrementar la inversión y la productividad. De igual forma, se requieren políticas que permitan una mayor inclusión y la reducción de las grandes desigualdades que caracterizan a la región, destacando las de género. Asimismo, la Cepal señala que son necesarias reformas a la arquitectura financiera y tributaria internacional para acompañar a los países de la región en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante la movilización de recursos hacia la región.

Como vemos, sobre estas premisas, no podemos armarnos ni siquiera de mínimas expectativas para nuestro caso. Las proyecciones de Cepal para Perú indican un crecimiento del 2,5% en el 2024, esencialmente como consecuencia del rebote que ocasionará la baja expansión del consumo privado en 2,9% y de la inversión privada en 1,9%. Si se toma en cuenta que ambos agregados representan alrededor del 83 % del PBI, se entenderá el bajo impulso que darán a la actividad económica.

Entonces, para los analistas económicos, el desafío está en la reactivación económica con una tasa de crecimiento del PBI que se acerque al 3% anual. Para ello, afirman, no basta con aumentar el gasto público, sino que es necesario promover una mayor inversión privada, en un entorno en donde las expectativas empresariales son negativas y que se hace necesario cambiar.

Otro desafío para el presente año es la reducción de la pobreza, que aumentó en 2022 y 2023 y seguramente lo hará en 2024. Para lograrlo, el país necesita de un crecimiento económico que genere empleo y recaudación de impuestos para financiar las transferencias monetarias e ir llevando la pobreza a niveles de prepandemia.

Estos contextos positivos difícilmente se consolidarán sin considerar algunos factores que los empresarios peruanos son renuentes a tratar. Entre ellos, el salario mínimo vital. En el panorama latinoamericano, los 277 dólares americanos que establece el Estado peruano como remuneración mínima sólo superan a los establecidos en tres países de la región. A ello se agrega la inflación de los precios, fundamentalmente el de los productos que forman parte del Índice de Precios al Consumidor (IPC): hacia agosto del 2023, el 64% de estos productos habían alcanzado una variación anual de sus precios mayor al 3%.

Aún más. Todo parece indicar que la balanza comercial positiva que proyectamos para el 2024, descansa en gran medida en la disminución de nuestras importaciones por una menor demanda y, entre ellas, la de alimentos. Entre los principales alimentos que importa el Perú destacan la soya, el maíz, el trigo, el arroz, el azúcar, productos lácteos y oleaginosas. En 2020, el valor FOB importado de estos productos, fue US$ 2529 millones, equivalente al 7,3% de las importaciones totales de bienes (y 46,5% de las importaciones de bienes de consumo no duradero), siendo los principales países de origen Argentina (principalmente maíz, soya, aceites y trigo), Canadá (trigo) y Estados Unidos (soya, maíz, productos lácteos y trigo).

En medio de este complicado panorama, la iniciativa 'Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos', del presidente Javier Milei, podría tener un impacto negativo en las importaciones de determinados productos al Perú, al proponer el aumento de la tasa impositiva de las exportaciones de aceite de soya, afectando al 72% de las importaciones que realizamos de ese producto.

Además, eventualmente, podría incidir en el precio final de algunos alimentos que se producen en nuestro país. Argentina nos provee del 82% de maíz amarillo duro que consumimos. Para ese producto, el Gobierno de Milei ha planteado que la tasa impositiva se eleve de 12% a 15%.

De esta manera, no solo estamos aspirando a modestísimas tasas de crecimiento, sino que éstas, además, no aseguran que las tasas de pobreza permanezcan siquiera como están actualmente. Es decir, parece ser momento de preguntarnos y preguntarles a las autoridades que condujeron al país durante las últimas dos décadas cómo arribamos a estos resultados después de una década y media de intenso crecimiento del PBI.

 

desco Opina / 12 de enero de 2024

Aún lejos de la equidad

 

A semejanza de lo evidenciado en otros ámbitos, las condiciones favorables para que el ejercicio de los derechos de mujeres y niñas de nuestro país sea efectivamente garantizado, no van a producirse desarrollando solamente una buena legislación al respecto.

Es ampliamente reconocido que, en las últimas décadas, la igualdad de género en el Perú ha avanzado en varias dimensiones como, por ejemplo, la educación en todos sus niveles y su mayor inclusión en el mercado laboral: cerca de seis de cada diez mujeres tienen un empleo, una cifra superior a la media latinoamericana.

Aun así, hay grandes desafíos por superar. Como en todos los países, hombres y mujeres no comparten por igual las actividades laborales remuneradas y no remuneradas. Así, si uno de los cambios más importantes en el mercado laboral en las últimas décadas ha sido la disminución en las brechas de participación laboral entre mujeres y hombres, debido al incremento de la participación de las mujeres y en particular, de las mujeres casadas, esto no ha sido suficiente para equiparar su situación con la de los hombres.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dejó constancia que las mujeres peruanas trabajan 9 horas con 15 minutos más que los hombres. Además, en promedio, las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres al trabajo doméstico; así, mientras los hombres dedican 15 horas con 54 minutos a la semana a actividades no remuneradas, las mujeres destinan 39 horas con 28 minutos, es decir 23 horas con 34 minutos más que los hombres. En cambio, los hombres dedican en promedio más tiempo al trabajo remunerado que las mujeres, siendo la brecha de 14 horas con 19 minutos.

Por otro lado, al año 2020, el 36,0% de las mujeres de 14 y más años de edad no tenían ingresos propios, siendo esta proporción 1,8 veces mayor que la de los hombres (19,7%). En esa línea, la brecha más significativa se presentaba en las mujeres del área rural, donde 33,6% de ellas no tenían ingresos propios, mientras que, en el caso de los hombres, era el 11,4%.

La falta de autonomía económica implica ausencia de ingresos propios y determina una mayor pobreza individual. Los perceptores de ingresos propios, con frecuencia tienen mayor poder de decisión sobre el destino que dan a sus ingresos, mayores posibilidades de reservar parte de su dinero para gastos individuales y mejores posibilidades de enfrentar su manutención, especialmente si hay cambios en la conformación familiar de origen.

En suma, en promedio, durante los últimos 10 años, el ingreso promedio mensual de la mujer peruana ha sido menor en 33,5% al de los hombres.

Incluso cuando trabajan por una remuneración, las mujeres peruanas tienden a estar sobrerrepresentadas en el sector informal que, en nuestro caso, es relativamente grande, lo que crea una barrera que les impide acceder a trabajos más productivos, mejor pagados y de mejor calidad. Con un 75%, la tasa de empleo informal de las mujeres trabajadoras es significativamente más alta en el Perú que en el resto de América Latina.

Al mismo tiempo, es más probable que las trabajadoras perciban un ingreso bajo y menos factible que asciendan a puestos gerenciales. Además, es mucho menos probable que las niñas estudien en los campos más lucrativos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

¿Qué debe hacerse? Seguramente, cosas que son del conocimiento general pero que nunca se han colocado entre las prioridades de los gobernantes como garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y todas, proporcionando apoyo adicional a niñas vulnerables y madres adolescentes, y recompensando los beneficios de completar los estudios.

Además, se requiere implementar una política de promoción al acceso de las mujeres a roles de liderazgos y gerenciales; proporcionar incentivos en el mercado laboral formal para la atracción de trabajadoras; apoyar las iniciativas empresariales de las mujeres, facilitándoles la formalización y el acceso a servicios indispensables para la sostenibilidad del emprendimiento que llevan a cabo.

 

desco Opina - Regional / 24 de noviembre de 2023

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