viernes

Flores inmediatas… ¿temblores futuros?



Las últimas encuestas, ratifican lo que varios percibían desde la semana anterior: la respuesta gubernamental a la emergencia que enfrentamos, le ha dado réditos inmediatos. La aprobación de un gabinete que finalmente se mostró como proactivo y dinámico en los mismos territorios del desastre, subió 7 puntos, alcanzando un 30%, a la par que veía disminuir su desaprobación en 6 puntos. El Presidente del Consejo de Ministros, que finalmente encabeza la respuesta, también gana 4 puntos y logra una mejor evaluación que su propio gabinete en todas las regiones del país, fortaleciendo su imagen. Es cierto que el Presidente no logra igual crecimiento y por el contrario, su desaprobación se incrementa en dos puntos, pasándole factura por algunas declaraciones contradictorias, como el eventual nombramiento de un zar de la reconstrucción.
En el corto plazo, como resultado de su acción, el gobierno ha recompuesto su imagen, probablemente ha salvado al ministro Vizcarra de la censura y ha recuperado iniciativa, mejorando su comunicación con la gente. La activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), liderado por el Premier y sus ministros, además de ordenar la intervención gubernamental, ha facilitado y mejorado la relación de la actual gestión con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya acción en el desastre es reconocida por la población y mejora indudablemente sus bonos. Individualmente, quien más pierde sin ninguna duda, es el alcalde de Lima, Luis Castañeda, quien ve cómo su aprobación ya no es en caída, sino en desplome. Cae 13 puntos en general, que ascienden a 17 puntos en los estratos D y E.
Nacionalmente, quien pierde sin duda es la oposición, especialmente el fujimorismo, que se ve obligado a ralentizar la estrategia de crítica y demolición a la que parecía encaminarse y se enfrenta, con dificultades, al sentido común que demanda hacer fuerza para unirse al proceso de atención a la emergencia, tanto como a la masiva y espontánea movilización de la solidaridad de la gente, que desborda y esconde la acción clientelar que varias figuras naranjas intentan, fieles a su larga tradición. En el mar revuelto de esta agrupación, quien sale mejor parado es Kenji Fujimori, quien audazmente apareció en el centro de acopio instalado en Palacio de Gobierno, sonriendo con la señora Lange y mostrando un cartel que decía «una sola fuerza», obligando a los «duros» recién llegados (Alcorta y Galarreta), a ensayar confusas explicaciones, como ya ocurriera con el caso Sodalicio.
En este escenario, conviene preguntarse por la sostenibilidad venidera del repunte gubernamental. La reconstrucción que estamos obligados a abordar como país puede ser una oportunidad, pero también una gran trampa de arena. Pasada la emergencia en unas semanas más, la proactividad del gobierno no bastará para responder a las demandas crecientes de las víctimas, que inevitablemente empezarán a encontrarle responsabilidad en los problemas que seguirán enfrentando y, simultáneamente tendrá que responder a las críticas y las denuncias de una oposición que buscará recuperar la iniciativa perdida. Pero también tendrá que lidiar con las exigencias y los malestares de alcaldes y gobernadores regionales, dejados de lado en la emergencia nacional por las autoridades nacionales, pero lo que es más grave, percibidos genéricamente como incapaces y corruptos, olvidando que la procesión atraviesa a todo el Estado, como lo evidenció el vergonzoso caso de la ex viceministra Santa María.
Para que tanto la catástrofe de El Niño Costero, como el huaico de la corrupción hoy día cubierto piadosamente por la emergencia nacional, devengan en oportunidad para el gobierno y el país, es indispensable asumir el virtual colapso que arrastra nuestro Estado desde décadas atrás, tanto como las debilidades y fragmentación de nuestra sociedad, tal como intentara establecer un ministro de este gobierno, semanas atrás. La falta de planeamiento básico, la ausencia de previsión frente a fenómenos cíclicos, el irracional y recurrente desafío a la naturaleza así como el desorden de nuestro territorio, son responsabilidades acumuladas por el Estado a lo largo de décadas. No son ciertamente responsabilidad de este gobierno, pero tampoco se van a resolver simplificando la tramitología, multiplicando las alianzas público privadas sin control, excluyendo a la población de los territorios afectados y a sus autoridades de las decisiones que exige la reconstrucción.


desco Opina / 31 de marzo de 2017

domingo

Más allá de los puentes, Habla Castañeda!



Los desastres ocasionados por los efectos del fenómeno El Niño en el país y sentidos con fuerza este año en Lima Metropolitana han evidenciado una vez más la precariedad de nuestras instituciones y la debilidad de las gestiones municipales, los gobiernos subnacionales y del propio Gobierno Central.
Insistir en caracterizar el crecimiento desordenado y la expansión irracional de las áreas urbanas en el Perú no es una novedad, sino más bien una redundancia. El acceso de los habitantes de las urbes al disfrute de los beneficios de servicios como educación, salud, justicia, etc. que ofertan las ciudades es un hecho, pero paradójicamente también, las ciudades expresan otras formas de concentración que las hace casi insufribles como ocurre con el tema del transporte y las malas gestiones municipales.
Si focalizamos nuestra reflexión en el campo municipal, advertimos que muchos medios de comunicación han hecho eco de los llamados de ayuda tanto de los ciudadanos afectados como de las autoridades municipales, sin establecer las necesarias diferencias. Y es que una cosa es que un ciudadano damnificado pida atención de emergencia en su calidad de damnificado, y otra muy diferente que sea una autoridad municipal la que actúe como si fuera un ciudadano común, sin asumir su responsabilidad en la gestión del territorio que por función le corresponde como autoridad y principal responsable de defensa civil en su ámbito de administración.
Nuestros municipios no han defendido y mucho menos cautelado los derechos de los ciudadanos. Es muy penoso tener que recordar, en el caso de Lima Metropolitana, que la primera responsabilidad del alcalde, al igual que la de cualquier otra autoridad local del país es “defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos”. Algo que evidentemente no ha ocurrido ante los efectos del fenómeno El Niño que golpea al país desde principios de año.
De acuerdo al informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional se registran ya más de 80 muertos, 263 heridos, 20 desaparecidos y más de cien mil damnificados por efecto de los desastres en el país, sin que las autoridades de muchas de las circunscripciones afectadas asuman su responsabilidad y cuota de falta. Ante esta lenidad, ya es hora de legislar duramente al respecto y establecer sanciones penales que castiguen a las autoridades que lejos de defender el bien común de sus municipios y de los ciudadanos que los eligieron, se comportan como comentaristas, o como damnificados sin compromisos y responsabilidades que cumplir. Eso, por no abundar en los temas de corrupción generalizada que han llevado a que el propio presidente de la República se niegue a hacer una declaratoria nacional de emergencia, sabedor como muchos de nosotros, que la exoneración de controles se convierte en una compuerta abierta a los malos manejos y corrupción extendida, tal como ocurrió durante el último gobierno del APRA en el proceso de reconstrucción en el sur del país, luego del terremoto del año 2007.
Vivimos en un país que aspira a fortalecer su democracia, en el que la ley nos faculta a que nuestras autoridades libremente elegidas rindan cuentas y sean transparentes en sus actos de gobierno, informando cómo se gastan los recursos públicos y con qué criterios, en este caso, se gestiona nuestra ciudad. Es tiempo de actuar, y por eso queremos invitar a suscribir la iniciativa ciudadana Habla Castañeda! como respuesta a la burla sistemática de la política de información de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ocultando información de carácter administrativo sobre la gestión de los recursos públicos. Los ciudadanos de Lima y no solo la Contraloría General de la Republica requerimos acceder a la información que la Municipalidad Metropolitana de Lima esconde y disimula. Reiteramos nuestro derecho a exigir la rendición de cuentas (mecanismo de control ciudadano regulado por la Ley 26300, Ley de Participación y Control Ciudadano en sus artículos 31° al 36°), para que los ciudadanos promotores presenten un pliego de preguntas que deberán ser contestadas por la autoridad interpelada.
Al acreditar la adhesión de 25 000 ciudadanos ante la ONPE, la autoridad sometida a control (en este caso el señor Castañeda), está obligada a publicar el pliego de preguntas y las respuestas a éste en la página institucional de la MML en un plazo máximo de 60 días hábiles. Si el alcalde decidiera no contestar, podría ser procesado por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad regulado por el artículo 368° del Código Penal.
Desde el Programa Urbano de desco los invitamos a participar de la campaña, a juntar firmas y entrar en contacto con los organizadores para decirle al alcalde de Lima, Habla Castañeda!

desco Opina - Regional / 24 de marzo de 2017
Programa Urbano

viernes

Lloviendo sobre mojado



La sensibilidad de las personas y el cortoplacismo no suelen ser buenos consejeros para una gestión de gobierno. El falso dilema de destinar los recursos del Estado a la reconstrucción de infraestructura nacional o a la realización de los Juegos Panamericanos en Lima, solo se explica por ruines intereses de políticos irresponsables intentado manipular las emociones en lugar de usar argumentos válidos. Eso por cierto no exonera al presidente de la república de sus infelices declaraciones en la afectada Piura sobre ”la tragedia” que sería suspender los Juegos Panamericanos.
Las lluvias e inundaciones que soporta el país y nuestra capacidad como sociedad para superar situaciones traumáticas (resiliencia) corren de la mano con la manera como los gobiernos han enfrentado mal, situaciones como la abandonada reconstrucción de la zona afectada por el terremoto del año 2007 por el gobierno de García Pérez. Gobiernos menos debilitados que éste también nos han mostrado deficiencias en la gestión de riesgos pero, a eso se suman los resquebrajamientos del sacrosanto mundo de la empresa privada nacional. Es bueno recordar que nuestro país no cuenta con una capacidad de gestión empresarial como para asumir simultáneamente los retos de construcción y reconstrucción de infraestructura que están planteados. Soplarles la pluma a los gobiernos regionales y municipales es solo una manera de eludir nuestra realidad como sociedad informal, poco organizada y harto corrupta que evidencia la casi nula capacidad de gestionar riesgos de parte del Estado a todo nivel. Carencia de planes y de recursos de contingencia medianamente serios para emergencias, tan dramáticos como en el caso de la municipalidad que dirige Castañeda Lossio (sin planes).
¿Quién gana en estas circunstancias? Tal vez el fujimorismo de primera impresión, aunque en verdad se enfrenta al sentido común que demanda hacer fuerza para unirse el proceso de atención de la emergencia. El golpe lo ha asumido el Congreso viéndose obligado a suspender la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, ya que hubiera sido patético ver y escuchar en estos momentos a la mayoría parlamentaria, con el estilo que la caracteriza, emplazando durante horas al ministro Vizcarra que en estas condiciones debiera estar abocado con todas sus fuerzas a atender la tragedia. La aparente inutilidad del trabajo congresal a ojos de la ciudadanía los debilita al aparecer como criticones sin propuestas que no ponen el hombro por el Perú en estas condiciones.
La legitimidad de los políticos y su trabajo se pone una vez más en cuestión en estas circunstancias en las que, como ante un enemigo externo debiéramos estar juntos todos los peruanos como nación, repartiendo tareas entre unos y otros y organizando nuestra sociedad para salir adelante en el corto y mediano plazo.
Queda claro para muchos que no solo enfrentamos lluvias inesperadas, sino que no contamos con una élite política ni empresarial a la altura de lo que el Perú necesita. De eso somos responsables todos, unos más que otros, por nuestra incapacidad para diseñar un proyecto nacional de mediano y largo plazo, poner en práctica un verdadero acuerdo nacional y reconocer que los 33 millones de peruanos seguimos siendo desconcertadas gentes movidas al vaivén de la ambición y la irresponsabilidad de unos pocos, lo que nos impide consolidarnos como una república desarrollada, democrática, solidaria e incluyente.

desco Opina / 17 de marzo de 2017