El gasoducto del sur, sí o sí

 

Hace unos días, en un conversatorio público, Humberto Campodónico reveló aquello que hasta ahora el Ejecutivo no se atrevió a contarnos: se ha comprobado que en el sur no solo hay demanda suficiente para el gas, sino reservas para satisfacerla, y que el vilipendiado trazo del gasoducto del sur es la alternativa más económica para su masificación en esta parte del país. Y no lo dice él, fue resultado del esperado estudio de factibilidad del proyecto encargado en el 2018 por el Estado peruano a la prestigiosa consultora inglesa Mott MacDonald, el que aún no se ha hecho público de forma masiva.

Así, se cayó la pulla de ese grupo de interesados capitalinos que por años petardearon el proyecto del gasoducto mediante operadores políticos y leguleyos que hicieron lo posible por sembrar en la opinión pública la idea de que este proyecto es un elefante blanco sin viabilidad económica. Argumentaron que no había demanda suficiente de gas y que era más rentable exportarlo; todo con la anuencia de medios de comunicación masivos limeños y a través de conductores conservadores de pobre espíritu cuestionador, cuando se trata de pensar en los intereses del «interior del país», como se denomina a los otros departamentos de Perú que no sean Lima.

Los detractores del proyecto entraron nuevamente en acción ahora que el gasoducto es tema de agenda del debate electoral, aprovechando los problemas que aquel tiene. El primero es que Odebrecht y su socia Enagas, demandaron ante el CIADI al Estado peruano por las sumas de US$1200 y US$405 millones respectivamente, como indemnización por la paralización del proyecto Gasoducto en el año 2017 en el marco del caso Lava Jato. Lo último que se conoce es que en octubre de 2020 se completó el tribunal que revisará el caso de Odebrecht y que, en diciembre de ese año, sostuvieron su primera sesión virtual. Con el proyecto judicializado es más complicado continuar; sin embargo, el gobierno ya anunció la licitación del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del País (SITGAS) para el año 2022; nueva denominación del gasoducto que ya conocemos.

El segundo hecho es que a pesar de que contamos con una Política Energética Nacional, no tenemos una política de masificación del gas que permita planificar y construir una red integrada para su distribución en todo el país, pensada bajo la lógica de rentabilidad social (es decir, el gas como un derecho), más que como un negocio. La masificación contribuiría a que otras regiones del país cuenten con energía más barata y mejoren su competitividad; como es el caso de las industrias afincadas en la capital, que ya usan para sus procesos de producción el gas que llega desde el Cusco. Pero no sólo eso, sería un mecanismo para disminuir las desigualdades, abaratando los costos del consumo domiciliario (ahora en balones), e incentivando un parque automotor y una industria con energía limpia.

El tercer hecho es que son las empresas concesionarias y no el Estado, las que tienen toda la potestad sobre el uso del gas que está en diferentes lotes; es decir, son éstas las que deciden si venden el gas para el consumo interno o siguen exportándolo. Si el Ejecutivo ya se embarcó en la idea del gasoducto, debería estar pensando ya en la negociación de las reservas del lote 58, hoy en manos de la petrolera china CNPC, y que según el informe de Mott MacDonald, sería el proveedor más grande del gas para el sur. Nuestros recursos energéticos están privatizados y eso debe cambiar.

Pero no todo está perdido. Recientemente la Mancomunidad del Sur ha despertado de su letargo y ha emitido un pronunciamiento ante la “débil acción del Gobierno Nacional en promover la masificación del gas natural en todo el país con retrasos, demoras y postergaciones”, conminándolo a realizar una serie de acciones en beneficio de los ciudadanos al más breve plazo. Parece que se logró incidir en el gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, quien fue invitado al mismo conversatorio al que nos referimos al inicio de este artículo, o quizá fue la cercanía a este mandato presidencial, al que le queda poco tiempo y que podría dejar las cosas encaminadas.

Por otro lado, sabemos que hay una masa crítica en el sur que ahora tiene mayores argumentos para debatir sobre la necesidad de contar con este recurso estratégico. Nos referimos a los representantes de diferentes instituciones y organizaciones civiles y empresariales, docentes universitarios y activistas juveniles que participaron en el XXXIV Curso de Formación “Gas natural y desarrollo del sur peruano” organizado por el Grupo Propuesta Ciudadana y su socias en el sur. Ellos y ellas presentaron una serie de propuestas para darle un seguimiento continuo al proyecto e incidir desde sus espacios para que este prospere. Entre las propuestas están: la declaración del gas como recurso natural estratégico de rentabilidad social y económica; constituir el observatorio del gasoducto del sur por iniciativa de la sociedad civil, con canales de atención virtual, información, análisis, discusión, y transparencia; iniciar procesos de investigación a los funcionarios involucrados en actos de corrupción vinculados a los retrasos en los procesos de licitación, acuerdos irregulares, adendas innecesarias del gasoducto y otros proyectos de masificación; comprometer a los congresistas del sur a que legislen sobre la política de masificación; entre otras.

Estamos a puertas de elegir al nuevo mandatario o mandataria que gobernará nuestro país por los próximos cinco años, y en estas últimas semanas sólo dos partidos han dado señales de estar en sintonía con esta demanda: Acción Popular y Juntos por el Perú. Y cómo sabemos que cualquier cosa puede pasar, hay que conseguir, como sugiere la especialista Marusia Ruiz Caro, docente de este curso, un compromiso claro de los partidos que compitan en la segunda vuelta, y reconstruir la credibilidad del proyecto.

Es momento de que las fuerzas políticas del sur (gobernadores y alcaldes), empresarios y organizaciones sociales, no pierdan de vista el proyecto y estén vigilantes del relanzamiento y, por añadidura, ver la posibilidad de que se incluya a la petroquímica como uno de sus componentes. ¡Manos a la obra!

 

desco Opina - Regional / 31 de marzo de 2021

descosur

Se contrae la indecisión

 

En medio del crecimiento récord de contagiados diarios desde el inicio de la pandemia, el Perú se asoma al día de las elecciones generales nacionales 2021-2026. A tan solo dos semanas de la votación programada para el 11 de abril, a diferencia de anteriores procesos electorales, el número de indecisos es enorme, aunque tiende a disminuir.

En un escenario atípico, con demasiados aspirantes al cargo presidencial pese al gran desgaste y desprestigio de la política, los electores empiezan con retraso a definir su voto. Es de esperarse que el nivel muy alto de indecisos, más que de costumbre, disminuya. La volatilidad de las preferencias electorales será, como es de esperarse, cada día menor, a medida que los peruanos y peruanas empecemos a echar ojo a las listas de candidatos y candidatas al Congreso de la República por las regiones. Lo que no va a ocurrir es que algo similar suceda con el nivel bastante alto de fragmentación del voto, pues ningún candidato o candidata se asoma al 15% de las preferencias.

Ante este panorama algunas organizaciones y ciudadanos a título personal, han empezado a proponer desde las redes el retiro de candidatos sin opción para así brindar un apoyo real o tácito a postulantes con mayores posibilidades, que levanten propuestas afines a las de los descartados por la gran mayoría ciudadana. Así, se estaría reconfigurando la posibilidad de llegar al día del escrutinio de votos –y no a las encuestas como ocurre ahora– en medio de una fuerte competencia entre tres o cuatro aspirantes presidenciales a la segunda vuelta electoral.

Un escenario tan fragmentado entra de lleno en lo imprevisible, pues son principales lugares demasiado reducidos como para sostenerse automáticamente, y los demás están fuertemente prorrateados. La reducción de la incertidumbre y la mayor definición de preferencias congresales van de la mano con el aumento de la perplejidad de lo que pueda ocurrir en un escenario en el que el fraccionamiento del voto congresal ha de ser seguramente muy grande, como lo señalan diversos analistas políticos.

Claramente estamos en un escenario en el que la respuesta psicológica no racional de los individuos tendrá mucho peso. No es una elección muy ideológica, sino emocional, pese a la claridad con la que varios candidatos han zanjado sus posiciones. La cuestión ideológica es menor y creemos que la emotividad y el ser televisivo o carismático tienen un peso oculto importante. La aparición creciente de las opiniones y simpatías de los votantes más numerosos, los jóvenes, empezará probablemente a sentirse en los próximos días. Su relación y práctica habitual de expresarse en las redes será previsiblemente similar a la ocurrida en diciembre, con el rechazo a la presidencia de Merino.

En este caso, consecuentemente, podemos esperar que gran parte de estos votos se expresen a favor de los candidatos más jóvenes y dejen de lado a los mayores y políticos o personajes tradicionales que sientan que no los representan. No olvidemos que se trata de un proceso electoral atípico y, por tanto, no debiéramos sorprendernos ante una corrida de estas características que termine favoreciendo las candidaturas de Verónika Mendoza y George Forsyth.

 

desco Opina / 26 de marzo de 2021

Carretera Central, la noticia olvidada

 

Pareciera que sólo las noticias acerca de la pandemia capturan el interés de la ciudadanía, de otro modo no se explica cómo pasó desapercibida la nota periodística que informaba que el Ejecutivo firmaría en el mes de abril un contrato de Gobierno a Gobierno para implementar el proyecto de la nueva Carretera Central, obra que es requerida y demandada hace décadas por las regiones del centro del país. El nuevo trazo propuesto hasta llegar a Yauli, involucra a dos distritos de Lima Metropolitana y seis de Huarochirí, así como a dos gobiernos regionales y hasta tres provinciales, por lo que las negociaciones han sido arduas y cargadas de tensión.

Muchas localidades de la actual carretera serán afectadas, porque perderán su ubicación estratégica que les permite promover negocios de alimentación y hospedaje para los viajantes. Si bien es cierto sólo se intervendrá en 136 kilómetros hasta La Oroya, contará con dos vías de dos carriles cada una, túneles y viaductos, lo que reducirá el tiempo de llegada de Lima a La Oroya, así como las inseguridades viales y, por ende, los costos del transporte de personas y mercaderías serán más accesibles. No está demás señalar que el 30% de los productos agrícolas que llegan a los mercados de abastos de Lima Metropolitana, provienen de las regiones del centro del país, por lo que esta obra es vital para abastecer las mesas de las familias limeñas.

La intención de ejecutar la obra mediante el esquema “Gobierno a Gobierno”, se inició en setiembre del año pasado; este mecanismo de ejecución de obras ofrece muchas ventajas, es decir, los contratos no se limitan a tercerizar la contratación de la obra pública. Más allá de la infraestructura, lo particular de este mecanismo es que se desarrolla una asesoría técnica especializada para la gestión de los procesos de contratación, y en la formulación y ejecución de los proyectos, incluye la provisión de bienes y servicios, la generación de capacidades a través de legados y planes de transferencia de conocimientos.

Existen varios precedentes, siendo el más emblemático el comprometido para los trabajos de construcción del complejo de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que en el marco del acuerdo Gobierno a Gobierno que suscribieron Perú y Reino Unido, proponía un trabajo colaborativo entre las partes, priorizando el cumplimiento del plazo de ejecución, la inmediata resolución de cualquier controversia sin paralizar el contrato y el pago de incentivos por mejoras al costo y plazo. Nadie puede negar que, para desarrollar los referidos juegos, se requería un esfuerzo en construcción de infraestructura deportiva más adecuada cumpliendo tiempos muy exigentes.

En su momento las voces de varios sectores políticos exigieron suspender su desarrollo por una supuesta imposibilidad de tener a tiempo las construcciones; sin embargo, el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos fue tan exitoso, que mereció el importante reconocimiento en el Reino Unido al ser galardonado en los Premios NEC 2020.

Como trasfondo podemos señalar que, la Ley de Contrataciones del Estado tiene tal rigidez y una serie de limitaciones o vicios, que más pueden entenderse como trabas que no permiten que las obras de infraestructura se realicen mediante procesos dinámicos; por lo que no es capaz de responder rápidamente a la prioritaria necesidad de construir en los tiempos más cortos posibles esta carretera. Bajo esta modalidad, existen actualmente muchas obras paralizadas, a veces por causales graves, pero también las hay nimias e intrascendentes.

Optar por un esquema de contratación que sin ser nuevo aún requiere de mucho afinamiento es todo un reto, sobre todo en este caso, en el que para este “Proyecto Especial”, las entidades estatales involucradas serán muchas y muy variadas (Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, entre otros) cada una con sus propios perfiles y prioridades institucionales. Según informa Provías Nacional, se han recibido propuestas de cuatro países: Japón, España, Corea del Sur y Francia, y es probable que en el próximo mes de abril se otorgue al ganador y se formalice el contrato. Este formato de contratación no escapa de la posibilidad de actos de corrupción, de modo que se espera mucha atención de la Contraloría General de la República y contar también, con una eficiente y propositiva vigilancia ciudadana.

 

desco Opina - Regional / 19 de marzo de 2021

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