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Descentralización: un pasito pa ´lante y un pasito pa ´tras

Hace 10 años se estableció el diseño institucional para la realización del proceso de descentralización. Este diseño contemplaba básicamente cuatro etapas: la primera referida a la instalación y organización de los gobiernos regionales y locales (transferencia de los CTAR), marcada por la realización de elecciones para conformar los Gobiernos Regionales en el 2002; la segunda establecía la conformación de regiones; luego de ello, se iniciaría el proceso de transferencia de competencias sectoriales, menos salud y educación, las que se transferirían en una cuarta etapa.
Sin embargo, el carácter progresivo del proceso fue dejado de lado, iniciándose las etapas de manera paralela. Como resultado tenemos que lo transitorio, las regiones (los gobiernos regionales, más precisamente) sobre departamentos, se ha convertido en una denominación permanente, ocasionando que los servicios públicos (cómo salud) no se brinden adecuadamente, o que sean de cuestionable calidad, debilitando lo que significa para los ciudadanos la presencia del Estado y, de paso, deslegitimando el proceso.
Las tres elecciones de presidentes y consejeros regionales cimentan la idea de una región sobre la base territorial del departamento, por ello plantear discusiones vinculadas a la integración regional ya no genera mayor entusiasmo en gran parte de los actores comprometidos con este objetivo. ¿En qué medida las autoridades regionales están dispuestas a perder el poder que los sustenta? En el 2005 se vio el despliegue de los actores que veían amenazada su situación y condición política y que ahora han echado raíces. Así las cosa, difícilmente se podrá retomar el proceso regionalizador.
Sin embargo, hay iniciativas encaminadas a lograr articulaciones regionales, por ejemplo las cuatro Juntas de Coordinación Interregional activas y varias mancomunidades interdepartamentales en el sur, que persiguen colaboraciones para la ejecución de proyectos y la promoción de la inversión en sus territorios. En esa medida funciona la relación entre los gobiernos regionales y, siempre que no se hable de ‘matrimonio’, todo pareciera funcionar bien.
En la actualidad se evidencia un proceso de recentralización a partir de la creación de nuevos programas sociales, los que responden a la política nacional de inclusión social, cuya gestión responde a diseños de gestión desconcentrada antes que descentralizada.
No se percibe en el gobierno nacional una intención seria de retomar el proceso de descentralización, para lo cual será necesario, primero, renovar el compromiso estatal y social con el proceso, revisar y actualizar el marco legal de la descentralización, desarrollando con claridad las competencias de los tres niveles de gobierno, a partir de las cuales se podrá construir una gestión descentralizada. La aprobación del Plan Nacional de Descentralización permitirá contar con un instrumento orientador de la acción política para lograr la descentralización, el no hacerlo significará seguir andando a tientas y continuar al ritmo secular de un pasito pa´lante y uno (o varios) pasitos pa´tras.

desco Opina - Regional / 17de diciembre de 2012
Programa Regional Sur
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Humala: democracia sin instituciones

Para inclinar la balanza a su favor en la carrera a la Presidencia de la República, Ollanta Humala debió alinearse con quienes le ofrecían su respaldo a cambio de un compromiso público con las instituciones democráticas, dado el origen militar del candidato y las resonancias de su discurso electoral desde 2006, que lo mostraba próximo a propuestas de cambio constitucional. Desde su «Juramento por la democracia» y a la luz de los hechos recientes, cabe preguntarse qué entienden el Presidente y el oficialismo por compromiso con la democracia y sus instituciones.
En la definición del presupuesto general de la República para el 2013, medidas saludables como la asignación de mil millones de soles extra destinados a programas de riego o la aprobación de una partida para la atención de desastres naturales, quedan opacados ante la increíble decisión de congresistas de todas las bancadas de aprobar un significativo aumento en sus gastos de representación, lo que abona en el desprestigio del Congreso de la República. Las justificaciones han ido de la matemática más burda –que atribuye la duplicación del monto a la duplicación de la población representada– hasta los más transparentes argumentos populistas –la necesidad de disponer de mayores recursos para financiar padrinazgos y regalos «entre la población más pobre»–.
Es también cuestionable el comportamiento oficial ante instituciones fundamentales para garantizar el respeto a las libertades civiles y el balance de poderes del Estado, como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional-TC, además del nombramiento de los directivos del Banco Central de Reserva. El Congreso de la República ha postergado estos importantes nombramientos: desde hace más de veinte meses la Defensoría cuenta con un jefe interino, mientras que se ha vencido el período de ejercicio de seis de los siete vocales del TC, habiéndose elegido sólo a su titular. Esta situación afecta seriamente la legitimidad del TC, instancia cuyas decisiones son clave ante cualquier intento de interpretar las leyes a favor de los proyectos oficialistas, incluidos aquellos que impliquen la continuidad del régimen, como dejara claro a fines de los noventa el dictador Fujimori.
Y para agregar evidencia en nuestra negativa a aprender de nuestra historia, esta semana el Congreso de la República aprobó una modificación al código procesal penal que permite a miembros de las fuerzas armadas y policiales el levantamiento de cadáveres tanto de civiles como de militares en zonas declaradas en estado de emergencia, con el argumento de que los fiscales pueden tener limitaciones logísticas para acudir oportunamente al lugar de los hechos. Esta medida es muy grave, pues sugiere que el Ministerio Público está de más, y su función puede ser realizada expeditivamente por los uniformados. Más grave aún, porque declarar territorios en estado de emergencia se ha instalado como el mecanismo regular para el control de la conflictividad social en el país, control que no ha prescindido de salidas represivas y muertos, lejos del juramento democrático de Humala, que en el recuerdo de Bagua, prometió un tratamiento distinto para el malestar social.

desco Opina / 10 de diciembre de 2012
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