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Vieja minería, caras «nuevas»

La 31 Convención Minera Perumin, celebrada en Arequipa hace algunos días, se desarrolló dentro de lo predecible; a las declaraciones genéricas del Presidente sobre una «nueva minería» y la necesidad de que las empresas trabajen por el «desarrollo local» (ambas alusiones vacías de contenido en el discurso del Mandatario), se sumaron las declaraciones del Ministro de Energía y Minas sobre la viabilidad de Conga y la condena a la minería informal, que motivó a la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería a dejar de referirse a dicha actividad con el nombre de “minería”, como para no contaminar aquella palabra bendita.
Por decirlo eufemísticamente, hubo escasa autocrítica y sí muchos señalamientos. Como suele ocurrir, las críticas vinieron de fuera, a cargo de algunos académicos invitados y de Nicholas Holland, CEO de Gold Fields, quien se manifestó contra el cortoplacismo rentista al que podría inducir el sector. Por otro lado, Tania Quispe, Jefa de la SUNAT, aclaró que la importancia relativa de la minería para la tributación ha pasado de representar el 33% de todo lo recaudado por Impuesto a la Renta en 2011, al 14.2% en lo que va del año, como para relativizar la importancia de un sector que sigue pensando que el canon, que sale del Impuesto a la Renta, es algo así como una dádiva para las regiones.
La sorpresa vino del lado de Roque Benavides, gerente general de Buenaventura, y unas de las caras visibles con más influencia en el sector. En una entrevista en el marco de la Convención señaló que no había descartado la posibilidad de ser candidato a la presidencia en las elecciones de 2016. A primera vista parece ser una manera de eliminar a los intermediarios en su relación con el aparato del Estado, ya bastante fluida. Es claro que los grupos mediáticos en  recomposición le garantizarían un trato bastante amable, lo cual no es un dato menor. Algunos comentaristas señalan que, pese a sus «anticuerpos», el descrédito de la política y la sensación de que es uno de los guardianes del crecimiento, podría ganarle una base de aprobación no desdeñable.
Compartimos la idea de que sectores de clases medias en ciudades como Lima y otras que pueden ser mapeadas probablemente por la proliferación de centros comerciales, creen que el crecimiento económico se debe en parte a empresarios como Benavides, sumando poder simbólico a su influencia efectiva en las dependencias del Gobierno que quedan fuera del ojo público. Este sector de la población no se plegaría así nada más a la reciente y aparentemente exitosa marcha organizada por los gremios de trabajadores en varias ciudades del país, siendo que el empleo estable y digno en situación de dependencia es poco valorado en un país con altos índices de autoempleo y empleo informal.
Esta informalidad se ha extendido a muchos sectores; en este país ¿es acaso una sorpresa que se haya «informalizado» la actividad minera? Ante la falta de comprensión del fenómeno y el contexto en que estas actividades ocurren, el discurso de la criminalización corre solo y legitima solamente a los grandes capitanes de empresa, como Roque, una cara nueva de un viejo esquema de orden social peruano.

desco Opina / 27 de setiembre de 2013
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A propósito del próximo simulacro de sismo en octubre

El próximo 10 de octubre se realizará, a nivel nacional, un simulacro de sismo para contribuir a preparar a la población frente al riesgo de un sismo de gran magnitud. Avances importantes se han dado a partir de la afectación que causó el terremoto del año 2007 en el sur peruano, no solamente por la magnitud y el nivel de desastre con los resultados que todos conocemos, sino porque también, se demostró la fragilidad institucional del gobierno para hacer frente a la situación en el momento de la ocurrencia de la tragedia; sobre todo ante los escandalosos indicios de corrupción del gobierno aprista, puestos de manifiesto en el proceso de reconstrucción del sur del país.
En el año 2011 se promulgó la Ley Nº 29664, la cual crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), cuya finalidad es identificar y reducir los riesgos asociados a peligros, minimizar sus efectos y atender situaciones de vulnerabilidad mediante lineamientos de gestión. La norma precisa que la Ley se aplica para todas las entidades y empresas públicas en todos los niveles de gobierno, el sector privado y la ciudadanía en general.
A dos años de promulgada la referida ley, no se notan avances claros en la manera de gestionar el territorio, pues continúan  los procesos de toma de terrenos en zonas de alta vulnerabilidad, donde primero se ocupa y una vez que se logra el acceso al título de propiedad y los servicios básicos, se inicia el proceso de consolidación; que en las últimas décadas ha generado núcleos urbanos con alta probabilidad de riesgo de ocurrencia de desastres de gran magnitud. Villa El Salvador y La Molina, de acuerdo a los informes publicados por el Programa de Gestión Territorial del Ministerio de Vivienda, presentan vulnerabilidades frente a un sismo de gran magnitud por el tipo de terreno que ocupan.
Actualmente, una de las más grandes ocupaciones del sur de la ciudad se viene dando en el distrito de Punta Hermosa, lugar donde los traficantes de terrenos lucran con las necesidades de familias, amparándose en problemas judiciales en donde los supuestos dueños abonan en el conflicto y las autoridades hacen poco o nada para enfrentar un tipo de crecimiento urbano que lo único que hace es mantener y ampliar el caos que produce el crecimiento de la ciudad sin planificación.
A modo de conclusión podemos decir que, justamente por los riesgos y vulnerabilidad que enfrenta el territorio que venimos ocupando actualmente en la ciudad de Lima, es imprescindible contar con los respectivos planes de Gestión de Riesgos; donde la población, autoridades locales y sectores competentes, actúen para evitar este modo de crecimiento urbano, que lo único que genera son problemas que permanecerán latentes en el tiempo y nos llevarán a situaciones de inseguridad, frenando el desarrollo al que muchos venimos contribuyendo.

desco Opina - Regional / 20 de setiembre de 2013
Programa Urbano
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Un Gabinete corregido, aumentado y puesto al día



Terminada la ronda de conversaciones con los partidos políticos, la pregunta surgida, apenas se dio a conocer esta iniciativa del Ejecutivo mejor dicho, del premier Jiménez, continuó sin respuesta. ¿Cuál era la finalidad de reunirse e intercambiar pareceres entre un Premier que está de salida con agrupaciones fantasmales, unas, seriamente cuestionadas otras, y sin legitimidad todas ellas?

La explicación real tras los formulismos empleados –distensión de las relaciones políticas para mejorar las relaciones con la población y así detener la caída en barrena de la aprobación presidencial era, por decir lo menos, ingenua en un contexto en el que las amenazas de los mineros ilegales/informales/artesanales constituían materia suficiente para que el ministro del Ambiente se viera obligado a declarar que no renunciaría, mientras los emprendedores de Gamarra exigen la intervención gubernamental para amenguar la crisis que padecen debido, entre otros factores, a la inoperancia de Indecopi (que parece reflejar la del Estado) todo, cuando sigue sin resolver la modernización de la refinería de Talara y parece un hecho que el gasoducto del Sur quedará como una buena intención.

Bajo estas circunstancias, que el Frente Amplio de Izquierda acudiera a la cita no parecía buena idea. Incluso, no haber expresado opinión sobre ningún aspecto importante de los últimos meses, acrecentaba las dudas que se tenía sobre el sentido de su presencia. Sin embargo, contra todo pronóstico, la izquierda peruana organizó su participación y forzando una situación que parecía solamente una fugaz oportunidad para la visibilidad, logró convertirla en una expresión política.

Bajo una consigna clara  ¡Qué se vaya el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla!, logró condensar no sólo un estado de ánimo sino una propuesta para salir del atolladero en el que se encuentra actualmente el Ejecutivo.

Enviando al ministro Castilla a casa, la izquierda le dijo claramente al premier Jiménez que se requiere de un nuevo gabinete ministerial, con un titular del MEF más decidido a pasar a una política contracíclica agresiva, que acepte las reconsideraciones exigidas a la estructura del Presupuesto General de la República 2014, que no sea propenso a la centralización del gasto y que concerte la priorización sectorial y la territorial. Además, el nuevo ministro de Economía debería estar alineado con los objetivos políticos de un Premier que tenga mucho más autonomía que sus antecesores en el actual gobierno, capaz de formar su propio Gabinete.

De esta manera, el Ejecutivo se encontraría algo más preparado para enfrentar un escenario cercano que será protagonizado por la conflictividad proveniente de la minería informal, las complicaciones que aparecerán próximamente en torno a grandes proyectos como Antapaccay, Toro Mocho y la salida de Anglo American de Quellaveco. Pero también por la posible protesta de las autoridades del interior del país frente al proyecto de presupuesto 2014.

La fórmula fantasiosa de mostrar un fortalecido ministro de Economía en medio de un aparato estatal flácido, sin reacciones e incapaz de lograr mínimos resultados, no es solamente un lastre para un gobierno que ya ha entrado en enormes dificultades para resolver, sino, incluso, contrario a un modelo económico criticable y en dificultades pero manejable aún, si el gobierno logra hacer los ajustes políticos que se requieren. Todo lo cual avizora una coyuntura esencialmente política en el corto plazo y no porque se acercan las elecciones municipales/regionales.

Las organizaciones sociales, los empresarios y lo que queda de liderazgo político, perciben claramente la inexistencia de un orden básico y entienden que la pugna se da sobre el sentido y las características que aquél debe tener. En este reacomodo de fuerzas, en el que un factor crucial es la concentración de la propiedad de los medios de comunicación resultante tras la compra de Epensa por el grupo El Comercio, el presidente Humala ha quedado evidentemente aislado lo cual es una señal preocupante pues si descartamos la posibilidad de que pueda administrar la situación o esté en capacidad de dar un golpe de timón, la militarización y el endurecimiento van quedando como únicas alternativas.

desco Opina /  13 de setiembre de 2013
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Huancavelica en riesgo por heladas



Las heladas en las zonas altas de Huancavelica plantean la urgencia de implementar medidas preventivas para evitar patologías que afectan a la población campesina que vive a más de 3500 m.s.n.m. hoy víctimas de la ola de frío. Miles de ancianos mayores de 65 años y sobre todo alrededor de 38 mil niños menores de 5 años son las principales víctimas de este fenómeno climático que viene afectando a amplias zonas de la sierra centro y sur de nuestro país.

Lo preocupante es que las heladas continuarán acentuándose en la región Huancavelica, lo que provocará el descenso de la temperatura mínima de 1°C aproximadamente, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Recién el 30 de agosto se publicó un Decreto Supremo, desde la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de realizar acciones para paliar la ola de frio, declaró en emergencia a más de 200 distritos en diez regiones del país, entre ellos varias decenas en la región Huancavelica.

Todos los años en Huancavelica en esta temporada suele repetirse el mismo drama, generando daños considerables a la población, a sus modestas viviendas así como a la agricultura y ganadería. Ante este panorama se muestra limitada la capacidad del gobierno central, así como la de los gobiernos regionales y locales para contemplar estrategias o políticas de contingencia para hacer frente al problema. Esta falta de previsión es la que obliga en muchos casos a que en las principales ciudades intermedias se organicen grupos de ayuda para acopiar alimentos y abrigos; este tipo de acontecimientos fortalece la percepción de la ciudadanía sobre la poca capacidad ejecutiva y organizativa de las autoridades.

Ante situaciones de emergencia como esta, queda claro que requerimos una planificación intersectorial para diseñar políticas para: a) capacitar a la población rural altoandina para la construcción de viviendas térmicas que resistan bajas temperaturas, incluyendo planes de financiamiento para su construcción paulatina y, b) reestructurar la forma tradicional de la producción ganadera altoandina para que sea sostenible, tomando en cuenta la producción y almacenamiento de forraje en forma de heno para las épocas de friaje y la incorporación de cobertizos adecuados para las estancias.

Algunas iniciativas relativamente novedosas como los Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural (Tambos) se vienen implementando desde el gobierno para enfrentar problemas como los derivados de las heladas; sin embargo, la realidad nos muestra que aún son insuficientes y que por el momento sirven como paliativos que se ven limitados por la falta de previsión de los sectores vinculados al problema como los ministerios de Agricultura, Salud o sus pares regionales y locales. Asimismo, existe un plan de contingencia frente a la ocurrencia ante heladas y descensos de temperatura, del Sistema Regional de Defensa Huancavelica, en el cual que se contemplan las acciones para la gestión de emergencias, de coordinación interinstitucional, y la disposición de calaminas, carpas, colchones, frazadas y ropa de abrigo, medicinas  en los almacenes de las provincias.

Lamentablemente, tanto la salud como la economía de las familias altoandinas queda muy golpeada (otra vez) aun con los planes existentes. En ganadería se ha registrado una gran pérdida de cabezas de alpaca. El anuncio sobre la creación del “seguro alpaquero”, es un buen paso para compensar a los pastores más afectados. Con todo, no deja de extrañar la falta de previsión de los últimos gobiernos, quienes a menudo esperan que los medios de comunicación les hagan recordar que existen peruanos padeciendo allá en las montañas.

desco Opina - Regional / 6 de setiembre de 2013
Programa Sierra Centro
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