viernes

De estado de emergencia a estado de excepción



Tras la aprobación del texto sustitutorio del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para iniciar la llamada “reconstrucción con cambios” o RCC, los análisis se han centrado en los cambios al texto original. El sentimiento general parece ser el de complacencia con los cambios, salvo en el caso del Frente Amplio, cuya bancada votó en bloque contra la aprobación del texto. ¿Obstruccionismo? Considerando que la bancada del FA no vota unánimemente así nada más y que es muy difícil sostener que hay cálculo político en su posición (sabían que nadie los iba a felicitar por oponerse) resulta interesante evaluar las razones de tanta cohesión.
De acuerdo a Marco Arana, la única victoria (pírrica) que obtuvieron fue ampliar las capacidades de la Contraloría en el marco del proyecto de Ley, o más bien, impedir que se recorten, como demandaba el texto original. En efecto, el nuevo texto ahora admite que la Contraloría realice  control posterior, pero esto no viene acompañado de recursos. Hacia fines del año pasado la Contraloría señaló que los S/. 538 millones que se le transferirían en 2017 eran insuficientes solamente para consolidar el control preventivo en salud, educación y saneamiento. Así las cosas, parece que la instancia de control tendrá serios inconvenientes para cumplir con su labor.
La otra objeción fuerte es que se trata de un esquema centralista, que pasa por encima a los niveles regionales y locales. El proyecto modificado agrega que la autoridad de la reconstrucción debe operar de manera coordinada con los gobiernos regionales y locales. El contenido de esa coordinación queda indefinido.
No sorprende que la primera reacción del Ejecutivo sea la desconfianza en las autoridades descentralizadas. Y ciertamente cabe una crítica al actual modelo de descentralización, pero no para volver a foja cero en la materia. Si la lección de tantos gobernadores y alcaldes tras las rejas es que debe terminarse con la descentralización, ¿cuál es la lección que debemos extraer al tener a un expresidente preso, a otro no habido, y a los otros dos investigados? Acabar con la República, sin duda. Y esta idea centralista de la democracia es puesta en práctica creando regímenes excepcionales a cargo de alguien que, se nos dice en el proyecto de Ley, no es un Zar; solo parece un Zar y actúa como Zar.
La prolongación de un estado de emergencia es algo que supo capitalizar muy bien un régimen autocrático y autoritario como el de Fujimori. Hoy, el Ejecutivo parece seguir una línea similar, aunque con otros ropajes y con una orientación empresarial limeña. No tiene nada de malo per se si es que estuviéramos seguros que conocen de la realidad más y mejor que las autoridades locales y regionales que se aprestan a reemplazar, sobre todo cuando el problema de fondo parece ser de enfoque. Paradójicamente, el escenario de desregulación radical produjo la situación de la precariedad de la vivienda que nos dejó tan vulnerables, como país, a los efectos de un evento como El Niño Costero. Hoy, estos mismos adalides de la desregulación nos dicen que no importa qué haya pasado en las ciudades del Perú mientras ellos no estaban mirando; ellos lo pueden solucionar. Identificar quién es el damnificado es una de las tareas que no se dimensionan porque en nuestras ciudades una casa no equivale a una familia, sino a dos o tres, o cuatro. El estado de las sucesiones y herencias no registradas es un problema no resuelto, sobre todo porque una enorme cantidad de viviendas no tiene un título de propiedad y no está registrada en sus diferentes modalidades: ¿se usaba solo como vivienda o como vivienda productiva? Cofopri –encargado por la propuesta de reconstrucción de hacer el catastro– encuentra cotidianamente serios obstáculos y termina llamando a todos los casos difíciles “contingencias”. ¿Cuánto de nuestras ciudades son grandes aglomeraciones de “contingencias”? Nadie lo sabe con certeza. ¿Es un problema de los malvados ‘informales’? Difícil sustentar eso cuando vemos una urbanización de Los Portales, una empresa perfectamente formal, destruida por las aguas.
Ciertamente, el proyecto de Ley contiene elementos para un debate nacional importante. La idea que han transmitido algunos voceros del gobierno es que no se van a reconstruir las situaciones de marginalidad y vulnerabilidad de antaño. Nunca más en zonas vulnerables, se nos dice en el texto. Lo que debería llevarnos a reflexionar sobre la institucionalidad del Estado, es que ésta suele aparecer únicamente en este estado excepcional. Ejemplo de esto es la mención al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), la entidad encargada de determinar las zonas que califican como de riesgo alto o muy alto. Parece que estos eventos nos obligan a desempolvar las instituciones y los fondos que en tiempos de ‘normalidad’ no tenían mayor importancia. Tal es el caso del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, al cual se prefiere dejar morir en paz porque ni se le menciona en el proyecto de Ley. ¿Cómo asegurar así que se planificará en serio el desarrollo del hábitat y la vivienda en el Perú aunque eso signifique frenar, junto a los informales, a las empresas privadas que burlan el código? ¿Se planificará algo en este país? Como ya dijimos y es preciso recalcar, la gran desconfianza hacia los procesos de planificación racional del territorio ha sido desestimada como cosa de ‘rojos’ obstruccionistas una y otra vez por los voceros del ‘obrismo’ irreflexivo.
El riesgo es que vayamos en el mismo camino que el fracasado Forsur. La perplejidad que manifestó uno de sus directivos respecto de las condiciones realmente existentes de la vivienda en el Perú parece la misma de hoy. Deberíamos preguntarnos qué hemos aprendido de esa frustrada experiencia. Recordemos que en el caso de Pisco, la infraestructura productiva de las empresas estuvo lista a los pocos días. Lo que no se rehabilitó fue el tejido económico local de pequeña o mediana escala. ¿Cómo será en el caso de los productores de las zonas rurales de Piura? Es cierto, que la entidad propuesta ahora es diferente de Forsur, pero se mantiene la pregunta, ¿cómo representar los intereses de la ciudadanía ‘en vías de reubicación’ cuando se debilita la frágil institucionalidad descentralizada?, ¿cómo evitar que se incrementen las desigualdades? Queda la imagen “generosa” de Keiko Fujimori felicitando al Congreso por estos cambios y aprobación del proyecto de Ley. La idea que quiere afianzar es que, puesto que el Congreso es supuestamente suyo y de su mototaxi, una felicitación al Congreso es casi una palmada en la espalda a ella misma. El oportunismo parece funcionar mejor en el corto plazo y en los estados suspendidos de la excepción.

desco Opina / 28 de abril de 2017

El desorden y los desastres



El Niño Costero desnudó varias de nuestras falencias como Estado. La población percibió el impacto directo de la corrupción durante esta emergencia al ser testigo y víctima de obras públicas deficientes o sin mantenimiento. El golpe también hizo que la ciudadanía preste más atención al tema de prevención de desastres y a poner el foco en la ejecución del Presupuesto Público para proyectos de este tipo.
El Niño Costero no fue una catástrofe en Arequipa como lo ha sido en otras partes del país, pero sus lecciones sobre la falta de planificación del territorio, en especial en los distritos más populosos donde no se han puesto límites a la expansión urbana, no han calado lo suficiente. Hacemos tal afirmación después de ver el empeño que le ha puesto el alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra, estas últimas semanas al Programa Municipal de Vivienda (Promuvi), lanzado sin una adecuada planificación.
El problema central del Promuvi es la ubicación de estas viviendas. Hasta ahora el municipio no puede asegurar en qué terrenos se construirán, pero las primeras informaciones pusieron en alerta al Ministerio Público, que advirtió que uno de los terrenos estaría ubicado en una zona de riesgo volcánico e incluso el propio órgano de control del municipio ha hecho observaciones por la definición de terrenos.
Toda la información generada tras el anuncio del Promuvi, no ha hecho sino develar una cierta improvisación en la gestión edil. Justamente, este tipo de cálculos políticos ha permitido la invasión, y la posterior legalización de viviendas en zonas donde el peligro es inminente o con pocas posibilidades de acceder a servicios básicos. ¿Cómo podemos responsabilizar sólo al ciudadano/ciudadana por ubicarse en zonas de peligro cuando son visibles una serie de falencias en la políticas municipales?
El congresista Carlos Bruce puso en la mira las malas prácticas ediles en el tema del acondicionamiento territorial y propuso una ley para sancionar a alcaldes que entreguen certificados de posesión indispensable para tramitar un título de propiedad en zonas riesgosas. Se sumó otra propuesta de ley elaborada por la congresista Ana María Choquehuanca, para evitar que se instalen servicios básicos en zonas de riesgo. De aprobarse, sería una medida de control valiosa para contribuir a acabar con los favores políticos y las fanfarrias electoreras.
Es indispensable que El Niño Costero deje como lección la necesidad de incorporar la gestión de riesgos en cualquier proyecto de desarrollo a implementar, y si es de desarrollo urbano con mayor razón. Hay presupuesto para prevención y hay que saber usarlo oportunamente.


desco Opina - Regional / 21 de abril de 2017
Programa Regional Sur

lunes

Al día siguiente



El Ejecutivo venía deshojando margaritas desde el inicio de la crisis provocada por los eventos climáticos, sobre si la reconstrucción a ejecutarse –cuando pasara el temporal– debía hacerla un «zar», el Presidente del Consejo de Ministros, un «director general de la reconstrucción», una entidad centralizada compuesta por un conjunto de ministros, un espacio que incorporara a las autoridades regionales y locales, entre otros. Este último quedó casi inmediatamente desechado cuando el propio Presidente de la República, afirmó claramente que su gestión prescindiría del segmento «corrompido» del aparato estatal –léase alcaldes y gobernadores regionales–.
Las «pruebas» fueron profusa y rápidamente graficadas en las infografías de los diarios nacionales, repitiendo todos ellos «la galería» de alcaldes y gobernadores prófugos o requeridos por la justicia, a la que se ha agregado recientemente, Félix Moreno, el gobernador del Callao.
Lo irónico del caso es que los señalamientos se hacen desde un Ejecutivo que tiene como antecedentes inmediatos un inquilino encarcelado y sentenciado por delitos de lesa humanidad y corrupción, uno prófugo, otro investigado, otro  también investigado –al igual que su esposa– y con impedimento de salida del país, y el ocupante actual sin poder despejar firmemente las sospechas que recaen sobre él. El único Presidente sobreviviente que no forma parte de esta lista, está requisitoriado por la justicia italiana por delitos de lesa humanidad.
Pero, en fin, el hecho es que pegó el bolo «gobernadores y alcaldes corruptos», lo cual parece legitimar, en el corto plazo, la decisión de crear una entidad fuertemente centralizada que sería dirigida por un director general de la reconstrucción, como afirmó PPK el 7 de abril, “con cargo de ministro, con un comité de ministros que va supervisar esto, (…) que tiene que estar adscrito a algún sitio y el lugar más obvio es la Presidencia del Consejo de Ministros”. Como vemos, no se entiende bien esta especie de galimatías presidencial con un funcionario con rango de ministro a la cabeza, que sería supervisado por un comité de ministros y que se alojaría en la Presidencia del Consejo de Ministros.
Sin embargo, los misterios no terminan allí. Dos días después, el premier Fernando Zavala, afirmó que la reconstrucción estaría a cargo de la PCM. Señaló que “a través de un pequeño comité de ministros se podrá organizar todo lo relacionado con la planificación y coordinación de la ejecución de los trabajos que se deben realizar”. En suma, es parecido pero no es lo mismo que lo declarado por PPK días antes.
Sin duda, no se cuestionará la centralista decisión adoptada. Al menos en el corto plazo. Aunque debemos tomar en cuenta que la historia de la gestión de las reconstrucciones propone contundentes lecciones a contrario.
En 1970, luego del terremoto que asoló Áncash, el gobierno militar presidido por el general Velasco creó el Comité de Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona Afectada (CRYRZA), encabezado por la Primera Dama. Sin embargo, a pesar de tener gran cantidad de ayuda humanitaria y fondos provenientes de diversas entidades y organismos internacionales, no tuvo una labor acertada, debido a la falta de capacidad para la gestión. Por esta razón, dos años después, este comité fue reemplazado por el Organismo para el Desarrollo de la Zona Afectada de Ancash (ORDEZA).
En las inundaciones de 1998, el gran operador fue Fujimori, quien exhibió su supuesta eficiencia buscando réditos políticos. El 50% del gasto público fue ejecutado por el Ministerio de la Presidencia, que manejaba Daniel Hokama, con criterio centralista, provocando una gran cantidad de conflictos con los alcaldes, especialmente con el entonces alcalde aprista de Trujillo, José Murgia. La posterior reconstrucción fue liderada por Alberto Pandolfi, ministro de Transportes, quien presidió un Comité Intergubernamental que debió soportar una inmensa cantidad de críticas dirigidas, especialmente, hacia la calidad de la infraestructura vial en la que se había usado no menos del 55% de los recursos disponibles.
Tras el terremoto ocurrido en junio del 2001 en Arequipa, el Ministerio de la Presidencia del gobierno de Alejandro Toledo, creó el Organismo de Reconstrucción y Desarrollo del Sur (ORDESUR), con la finalidad de manejar los recursos provenientes del BID y del Tesoro Público, fijados inicialmente en 110 millones y luego incrementados hasta en 525 millones de nuevos soles para la ejecución de 130 proyectos que deberían ser elaborados y financiados por los gobiernos municipales y los concejos transitorios regionales que funcionaron en esos años. Casi inmediatamente empezaron las quejas de los alcaldes, entre ellas las de Juan Manuel Guillén, alcalde de Arequipa, porque este organismo lejos de manejar un presupuesto totalmente propio, produjo una merma en los ingresos de los gobiernos locales, pues el gobierno central derivó a dicho organismo una parte del Canon Minero y del Foncomun que les correspondía. Además, los alcaldes exigieron ser incorporados a ORDESUR ente al que calificaron de centralista e ineficiente pues las partidas económicas para las obras demoraban mucho.
Finalmente, la historia de FORSUR, la entidad que gestionó la reconstrucción del Sur Chico –Chincha, Pisco e Ica– luego del terremoto de agosto del 2007, es reciente y más conocida como para detenernos en detalles. Lo que sí quisiéramos resaltar es cómo este ente naufragó en medio de los mismos reclamos, demandas y críticas desde los gobiernos locales y regionales ante la ineficiencia y despilfarro de recursos, que se escenificaron en las situaciones anteriores.
En esta lamentable historia de fracasos, ineficiencias y corrupción pareciera que no hay otra manera de hacer las cosas ni aspirar a mejores resultados. Sin embargo, hubo una circunstancia en donde las cosas se hicieron bastante mejor que en los casos citados. En marzo de 1963, la ciudad de Ica sufrió una inundación luego de que el río del mismo nombre se desbordase. En mayo, se creó la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de Ica (CRYDI) para atender a los damnificados, implementando un exitoso sistema de crédito para vivienda que siguió funcionando incluso más allá de la etapa de la reconstrucción.
Pero, gran parte del prestigio de esta entidad se debió a la confianza que generó. La CRYDI fue conducida por personajes de muchísima consideración regional, como José Oliva Razzeto y Alfredo Elías Vargas, entre otros. Posiblemente, en esto reside la clave que las opciones centralistas, tan intoxicadas de «tecnocratismo», no han tomado en cuenta para la buena gestión.
En síntesis; centralizar la reconstrucción no es ninguna garantía de poner los recursos públicos a salvo de corrupción, es una vez más «ningunear» a los gobiernos regionales y locales y ahorrarse esfuerzos por fortalecer sus capacidades, generar situaciones potenciales de conflicto y de uso ineficiente de recursos y, en general, debilitar los esfuerzos por consolidar una democracia más participativa y descentralizada.



desco Opina / 17 de abril de 2017

viernes

Los desastres y las oportunidades



Los desastres causados por los efectos de eventos climáticos extremos como el denominado fenómeno El Niño Costero ha desnudado la vulnerabilidad de nuestra infraestructura urbana y vial así como una deficiente planificación, lo cual viene dejando como saldo muy graves consecuencias. Los recientes titulares se han concentrado en las inundaciones del norte, sin embargo, desde diciembre del año pasado los poblados del este de Lima, cercanos al río Rímac y sus afluentes, también han ocupado titulares al sufrir graves estragos por los huaycos y por la activación de quebradas que han destrozado poblados enteros e interrumpido la Carretera Central y los caminos vecinales en reiteradas oportunidades. El centro del país no ha estado exento de sufrir las inclemencias climáticas tanto en la sierra, como en la selva, siendo los más pobres los más perjudicados. El balance estatal con algunas proyecciones primarias señala cifras aproximadas de los costos de la reconstrucción y de la atención de los damnificados, pero estas cifras no señalan las pérdidas de aquellos damnificados indirectos, invisibles para los cálculos estatales.
La sierra y la selva central se han visto afectados por el cierre de las vías, los agricultores han perdido muchas de sus cargas perecibles; frutas, hortalizas entre otros, pérdidas económicas que muchas veces los imposibilitan para cubrir la canasta familiar y honrar sus compromisos crediticios. Las rutas alternas tampoco ofrecían soluciones porque presentaban restricciones para el tránsito.
Otros sectores afectados son Transportes y Turismo; el primero, por el deterioro o pérdida de unidades a consecuencia del mal estado de las vías, además de la ostensible reducción de los servicios de cargas y pasajeros que se visibilizaba en la disminución de sus ingresos. Por otro lado, si tomamos en cuenta que el turismo hacia el centro del país depende del transporte terrestre, advertimos un serio problema para que el turismo cree nuevos empleos o mantenga los existentes. Todo indica que el fin de semana largo de Semana Santa no atraerá el número de visitas habitual. El impacto económico por la reputación de la confiabilidad de las vías de llegada y de retorno del centro del país aún no ha sido dimensionado.   
En toda esta batahola generada alrededor de las carreteras de comunicación con el centro, tal vez lo más rescatable sea la declaración de emergencia de la Carretera Central. El Decreto supremo 008 – 2017 MTC señala en su artículo primero “Declarar de prioridad y urgencia nacional la elaboración de los estudios de pre inversión y la construcción de la nueva Carretera Central con características de Autopista”. Pareciera que se visibiliza una solución definitiva al problema puesto que la ruta actual es técnica y financieramente insostenible, pero también hay que considerar que se vienen procesos de negociación que van más allá de lo técnico ya que el replanteamiento de la ruta afectará intereses económicos y políticos de importancia interregional. Una nueva ruta modificará el posicionamiento estratégico de algunas jurisdicciones lo que alterará las ventajas comparativas por ubicación.
Los estudios de preinversión deben de iniciarse a la brevedad, lo cual no quiere decir que la solución será inmediata; es de suponer que una obra de esta envergadura trascenderá el período gubernamental del actual Poder Ejecutivo, ni que decir de los gobiernos subnacionales. En primera instancia hay tres gobiernos regionales involucrados; Junín, Lima (provincias) y la Municipalidad Metropolitana de Lima, cada uno con sus propias agendas y compromisos, y por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que realizará el acompañamiento técnico necesario requerido por dichos gobiernos regionales, durante el desarrollo de los estudios de preinversión.
A todo este grupo de representantes regionales habría que incorporar a los gobiernos locales (provinciales y distritales) que no querrán (ni podrán) mantenerse al margen ya que la salvaguarda de los intereses jurisdiccionales serán reclamados por sus votantes; escenario que se presenta candente para un año pre electoral. Este problema ya se ha convertido en una forma de colocarse en vitrina electoral para los actores políticos regionales. El actual gobernador regional de Junín ya marcó posición sobre el trazo de la futura carretera al señalar que solo aceptarán la que parte de Cieneguilla, propuesta que tendría sentido por su inmediata conectividad con las actuales vías que provienen de la selva central. De todas maneras esta propuesta ya se establece como un primer punto de negociación –o de conflicto– que no sería muy bien recibida por los distritos de Huarochirí que aprovechan su ubicación para ofertar espacios de descanso y esparcimiento cercanos al primer consumidor de turismo interno (Lima metropolitana) y que, con un nuevo trazo, quedarían fuera de un circuito de alto tránsito vehicular que les permite promocionar económicamente el destino.
En definitiva, lo importante es que por causa de los eventos naturales se estarían buscando opciones más duraderas para los inconvenientes de la actual Carretera Central. No obstante, la solución perdería sentido de oportunidad si por causa de algunas posturas intransigentes se convierte en causal de conflictos interregionales que prolonguen los procesos de negociación, extendiendo aún más la solución de un problema que ya tiene muchas décadas desatendido.

desco Opina - Regional / 7 de marzo de 2017
Programa Regional Centro