Tras la aprobación del texto
sustitutorio del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para iniciar la
llamada “reconstrucción con cambios” o RCC, los análisis se han centrado en los
cambios al texto original. El sentimiento general parece ser el de complacencia con los cambios, salvo en el caso del Frente Amplio,
cuya bancada votó en bloque contra la aprobación del texto. ¿Obstruccionismo?
Considerando que la bancada del FA no vota unánimemente así nada más y que es
muy difícil sostener que hay cálculo político en su posición (sabían que nadie
los iba a felicitar por oponerse) resulta interesante evaluar las razones de
tanta cohesión.
De acuerdo a Marco Arana, la única
victoria (pírrica) que obtuvieron fue ampliar las capacidades de la Contraloría
en el marco del proyecto de Ley, o más bien, impedir que se recorten, como
demandaba el texto original. En efecto, el nuevo texto ahora admite que la Contraloría realice
control posterior, pero esto no viene
acompañado de recursos. Hacia fines del año pasado la Contraloría señaló que
los S/. 538 millones que se le transferirían en 2017 eran insuficientes solamente para consolidar el control preventivo en
salud, educación y saneamiento. Así las cosas, parece que la instancia de control
tendrá serios inconvenientes para cumplir con su labor.
La otra objeción fuerte es que se
trata de un esquema centralista, que pasa por encima a los niveles regionales y
locales. El proyecto modificado agrega que la autoridad de la reconstrucción
debe operar de manera coordinada con los gobiernos regionales y locales. El
contenido de esa coordinación queda indefinido.
No sorprende que la primera reacción
del Ejecutivo sea la desconfianza en las autoridades descentralizadas. Y ciertamente
cabe una crítica al actual modelo de descentralización, pero no para volver a
foja cero en la materia. Si la lección de tantos gobernadores y alcaldes tras
las rejas es que debe terminarse con la descentralización, ¿cuál es la lección que debemos extraer al tener a un expresidente preso, a otro no habido, y a los otros dos investigados? Acabar con la República, sin duda. Y esta idea centralista de la
democracia es puesta en práctica creando regímenes excepcionales a cargo de
alguien que, se nos dice en el proyecto de Ley, no es un Zar; solo parece un
Zar y actúa como Zar.
La prolongación de un estado de
emergencia es algo que supo capitalizar muy bien un régimen autocrático y
autoritario como el de Fujimori. Hoy, el Ejecutivo parece seguir una línea
similar, aunque con otros ropajes y con una orientación empresarial limeña. No
tiene nada de malo per se si es que
estuviéramos seguros que conocen de la realidad más y mejor que las autoridades
locales y regionales que se aprestan a reemplazar, sobre todo cuando el
problema de fondo parece ser de enfoque. Paradójicamente, el escenario de
desregulación radical produjo la situación de la precariedad de la vivienda que
nos dejó tan vulnerables, como país, a los efectos de un evento como El Niño
Costero. Hoy, estos mismos adalides de la desregulación nos dicen que no
importa qué haya pasado en las ciudades del Perú mientras ellos no estaban
mirando; ellos lo pueden solucionar. Identificar quién es el damnificado es una
de las tareas que no se dimensionan porque en nuestras ciudades una casa no
equivale a una familia, sino a dos o tres, o cuatro. El estado de las
sucesiones y herencias no registradas es un problema no resuelto, sobre todo
porque una enorme cantidad de viviendas no tiene un título de propiedad y no
está registrada en sus diferentes modalidades: ¿se usaba solo como vivienda o
como vivienda productiva? Cofopri –encargado por la propuesta de reconstrucción
de hacer el catastro– encuentra cotidianamente serios obstáculos y termina llamando a todos los casos difíciles “contingencias”.
¿Cuánto de nuestras ciudades son grandes aglomeraciones de “contingencias”?
Nadie lo sabe con certeza. ¿Es un problema de los malvados ‘informales’?
Difícil sustentar eso cuando vemos una urbanización de Los Portales, una empresa perfectamente formal, destruida por las aguas.
Ciertamente, el proyecto de Ley
contiene elementos para un debate nacional importante. La idea que han
transmitido algunos voceros del gobierno es que no se van a reconstruir las
situaciones de marginalidad y vulnerabilidad de antaño. Nunca más en zonas
vulnerables, se nos dice en el texto. Lo que debería llevarnos a reflexionar
sobre la institucionalidad del Estado, es que ésta suele aparecer únicamente en
este estado excepcional. Ejemplo de esto es la mención al Centro Nacional de
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), la
entidad encargada de determinar las zonas que califican como de riesgo alto o
muy alto. Parece que estos eventos nos obligan a desempolvar las instituciones
y los fondos que en tiempos de ‘normalidad’ no tenían mayor importancia. Tal es
el caso del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, al cual se
prefiere dejar morir en paz porque ni se le menciona en el proyecto de Ley.
¿Cómo asegurar así que se planificará en serio el desarrollo del hábitat y la
vivienda en el Perú aunque eso signifique frenar, junto a los informales, a las
empresas privadas que burlan el código? ¿Se planificará algo en este país? Como
ya dijimos y es preciso recalcar, la gran desconfianza hacia los procesos de
planificación racional del territorio ha sido desestimada como cosa de ‘rojos’
obstruccionistas una y otra vez por los voceros del ‘obrismo’ irreflexivo.
El riesgo es que vayamos en el mismo
camino que el fracasado Forsur. La perplejidad que manifestó uno de sus
directivos respecto de las condiciones realmente existentes de la vivienda en el Perú parece la misma de hoy. Deberíamos preguntarnos qué hemos
aprendido de esa frustrada experiencia. Recordemos que en el caso de Pisco, la
infraestructura productiva de las empresas estuvo lista a los pocos días. Lo
que no se rehabilitó fue el tejido económico local de pequeña o mediana escala.
¿Cómo será en el caso de los productores de las zonas rurales de Piura? Es
cierto, que la entidad propuesta ahora es diferente de Forsur,
pero se mantiene la pregunta, ¿cómo representar los intereses de la ciudadanía
‘en vías de reubicación’ cuando se debilita la frágil institucionalidad
descentralizada?, ¿cómo evitar que se incrementen las desigualdades? Queda la
imagen “generosa” de Keiko Fujimori felicitando al Congreso por estos cambios y
aprobación del proyecto de Ley. La idea que quiere afianzar es que, puesto que
el Congreso es supuestamente suyo y de su mototaxi, una felicitación al
Congreso es casi una palmada en la espalda a ella misma. El oportunismo parece
funcionar mejor en el corto plazo y en los estados suspendidos de la excepción.
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