Crisis en el sur por el cambio climático

 

Para nadie es secreto que el cambio climático es un hecho incuestionable y que sus efectos son, y serán, cada vez más agresivos; pero ni la población ni las autoridades en el país parecen tomárselo en serio, todavía.

Quedan menos de cuatro meses para que el Niño Costero se manifieste con toda su ferocidad. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), ha hecho un mapeo nacional de los 9000 puntos críticos por huaycos e inundaciones, pero lo que no vemos hasta ahora es el mismo esmero para comunicar sobre los puntos críticos de la sequía que está afectando a toda la zona altoandina por tercer año consecutivo. El Cenepred cuenta con un reporte sobre los escenarios de riesgo por sequía que debería tener no sólo la misma difusión en prensa que tiene el de inundaciones, sino que tendría que ser un documento de trabajo permanente para el gobierno nacional, de modo que las partidas presupuestarias apunten a la remediación y adaptación, así también para que los gobiernos regionales y locales comiencen a planificar acciones en el mismo sentido.

El año pasado vimos noticias sobre la desaparición de diferentes cuerpos de agua como la laguna de Cconchaccota en Apurímac, la dotación de abrevaderos artificiales de agua en la zona de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca en Arequipa (RNSAB), la muerte de camélidos sudamericanos y otras afectaciones en las zonas altoandinas reseñadas en un anterior artículo. Lo más visible este año son las noticias sobre la disminución del nivel del lago Titicaca en Puno, la alerta de que la ciudad de Cusco se quedaría sin agua para el consumo humano por la falta de reservas  en la laguna Piuray, así como el déficit de agua para la agricultura en los distritos del Chili no regulado en Arequipa; sin embargo, lo más alarmante es lo que no se ve. En la zona altoandina de Arequipa y Puno han aumentado los remates de ganado, pues las familias alpaqueras prefieren vender sus animales antes que perderlos por enfermedades y abortos debido a la falta de agua. Si bien esta acción les permite tener dinero ahora, a la larga las descapitaliza, teniendo en cuenta que su situación económica ya es vulnerable.

Según información del Consejo Regional de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca Chili (CRRHCQCH), la demanda de agua para el consumo humano en la ciudad de Arequipa (que rondaría el millón 157 mil habitantes), está cubierta hasta abril del próximo año; de hacerse masiva esa noticia seguramente causaría un efecto contraproducente en la población, pues continuaría con los mismos malos hábitos de desperdicio en un contexto que ha cambiado. Debemos ser conscientes de que hay distritos en la ciudad que tienen agua por horas y que a sólo tres horas del centro hay personas que ni siquiera cuentan con agua segura. Por otro lado, es preocupante que a pesar de que la cuenca se maneja en un sistema integrado, el Consejo no cuenta con información detallada sobre la afectación de la sequía en su parte alta.

Las medidas preventivas son urgentes, así como contar con el presupuesto para atender a las personas cuyo sustento de vida se está evaporando; sin embargo, son necesarias también medidas a nivel macro, como solucionar el desperdicio de agua en la actividad agrícola. Según datos del Consejo de Cuenca, el 76 % de agua de la cuenca Quilca Chili es consumida por la agricultura, pero estos usuarios lo hacen de forma negligente: estiman que de cada 100 litros que usan, 45 son desperdiciados. Esto, por falta de sistemas de riego o por su inadecuado manejo, también por problemas con la infraestructura hídrica, como la de la Represa San José de Uzuña en Polobaya, cuya compuerta principal presenta deficiencias desde su inauguración. El desperdicio, por falta de eficiencia en el riego, es alevoso en este contexto.

Por otro lado, urge poner atención al cambio de matriz energética, ya que en muchas partes de nuestro país la fuente principal de energía es una hidroeléctrica. El gerente general de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL), Markpool De Taboada, reveló que el 50% de la energía para atender a los usuarios de Arequipa proviene de centrales hidroeléctricas, el 40% es producida por gas, 5% depende del diésel y 5% de energías renovables; esto en una región con altos niveles de radiación que muy bien podrían usarse para producir energía. Por cierto, junto a esta revelación, también anunció el posible aumento de la tarifa de energía eléctrica por la sequía.

Hace unas semanas, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, informaba que el Ejecutivo se comprometió a financiar con 9,6 millones de soles la construcción de 45 nuevas cochas en las cabeceras de las diferentes cuencas hidrográficas de la región; a setiembre aún no se ha efectuado ninguna coordinación con el Consejo de Cuenca para planificar su ubicación, teniendo en cuenta que en la RNSAB muchas de estas infraestructuras fueron construidas por descosur y la población mediante el financiamiento de sus proyectos y aporte de recursos municipales, así como con el financiamiento del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) Hídrico. También hay otras obras realizadas por gestiones regionales pasadas.

Ya que la alerta por el déficit hídrico ha pasado a ser permanente en el sur, es vital la coordinación interinstitucional para que las medidas de adaptación y mitigación sean más exitosas y cubran a un mayor número de habitantes. El Midagri, que tiene diferentes acciones mediante Agrorural, debería tener esa apertura y dejar de ejecutarlas aisladamente y sin un adecuado análisis de contexto.

Hay diferentes frentes para afrontar la sequía, pero requiere una organización conjunta y celeridad con planes de emergencia para atenuarla en esta temporada. Hace falta tener mayor empatía con la población más vulnerable.

 

desco Opina – Regional / 15 de setiembre del 2023

descosur

La profundización de la crisis

 

Resulta inaceptable lo que ocurre en el gobierno nacional y el Congreso de la República, pero parece peor lo que puede estar por venir.

Si tuviéramos el Estado en nuestras manos, es solamente un decir, si controláramos los gobiernos municipales, las regiones y por cierto el Poder Ejecutivo y el Parlamento, la crisis se estaría administrando de otro modo. Hay un amplio sector de la ciudadanía que lo haría de manera distinta. De lo contrario, el gobierno tendría otro nivel de aprobación y no el enorme y ascendente rechazo actual. Si hubiera partidos políticos negociando en el escenario nacional y diálogo, podríamos participar en un juego democrático.

No se diría, como lo expresan comúnmente los canales de televisión nacional y los diarios, que muchos de los problemas de inseguridad que tenemos son por la violencia del comunismo terrorista y la masiva presencia de inmigrantes venezolanos. No se haría un escándalo en un vaso de agua por el tema Polay, jugando con los miedos de un sector de nuestra sociedad a partir de un caso que tiene más de 15 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tampoco es la Corte.

En cuanto al narcoterrorismo, son específicamente un grupo muy pequeño y sin ningún proyecto político trabajando desde hace veinte años como fuerza de choque de las bandas internacionales de drogas y de cientos de grupos de narcotraficantes pequeños, muchos de ellos mochileros individuales. Son muchos más los policías y soldados en la zona (en las bases contrasubversivas instaladas por el ejército con presencia de tropas extranjeras) que la totalidad de los llamados terroristas cuyo número es incierto, pero se calcula que no llegan a quinientos militarizados como fuerza combatiente. Sabemos, por el contrario, que los principales actores que operan en el VRAEM y ahora en otras regiones del país como la fronteriza con Brasil, son traficantes de cocaína con gran poder económico y creciente autoridad política, que actualmente producen más de mil doscientos millones de dólares anuales, comparables a partes importantes de nuestra agroexportación nacional.

No obstante, es difícil imaginar como posible conformar prontamente un gobierno capaz y oportuno para tomar en serio las previsiones indispensables ante el MEGA Niño que está por llegar y que podría producir, durante los próximos meses efectos perjudiciales en la economía, en particular en la producción agrícola. Nuestra desconfianza ciudadana y la falta de compromiso y proactividad con los temas del poder nos están condenando por adelantado a soportar la devastación nacional que dejará el fenómeno climático a presentarse los próximos meses, ya pronosticado en exceso por la comunidad científica internacional. No existe ninguna movilización nacional para prepararnos a enfrentar con algún éxito este fenómeno climático que nos golpeará.

A lo anterior se suma la creciente crisis económica internacional cuyos efectos ya impactan en el Perú en consumo, inversiones y exportaciones. Los gobernantes saben bien que esa debiera ser la verdadera prioridad nacional en este momento y no la importación de limones o cambios en el menú para calmar los ánimos de los consumidores.

Ignorando las demandas del país, el gobierno Boluarte/Otárola está terminando de destrozar lo poco que habíamos avanzado en tener un mayor desarrollo nacional de los derechos ciudadanos, en un manejo presupuestal con alguna preocupación por mejorar la salud y la educación en un clima de cierta confianza en el futuro. Un futuro que ahora es totalmente incierto.

En la actualidad el empobrecimiento de la población ya supera al 30% de los ciudadanos del país y los datos económicos y las proyecciones nos llevan a especular que en el año 2024 tendremos un decrecimiento más acelerado del que ya ha mostrado el PBI durante el presente año. Las cifras de un PBI con un signo negativo muestran sin tapujos el empobrecimiento en que ha caído el país.

La salida política a la crisis pasa por reconocer que es inaceptable en una democracia que sus gobernantes, deslegitimados hace mucho tiempo por su innegable mal desempeño, persistan en negarse a realizar los cambios que urgen. Lo que percibimos es más bien el aceleramiento del proceso de desinstitucionalizar el Estado, que es la manera que han hallado para asegurar su permanencia y estabilidad como congresistas e integrantes del poder Ejecutivo, en abierta alianza autoritaria.

La salida sin explicaciones de cuatro ministros y el cambio de carteras en dos más, revela los ánimos con los que se gobierna y la confianza alcanzada entre una mayoría oportunista y conservadora en la avenida Abancay y el cogollo formado en torno a Otárola / Boluarte para mantenerse en el poder hasta donde se pueda.

 

 

desco Opina / 9 de setiembre de 2023

Orden territorial desde arriba

 

Un problema grande que arrastra por siglos nuestro país es la ausencia de un ordenamiento territorial que atienda a las necesidades de la población. Desde los tiempos de la conquista europea al Tahuantinsuyo, el ordenamiento territorial en el Perú se sigue haciendo en función de las conveniencias de las clases dominantes, de grupos económicos con intereses propios, sin un compromiso nacional y nunca en la perspectiva de articular un manejo sostenible del país. Menos aún preocupación por facilitar y mejorar las condiciones de vida de las mayorías o disminuir las desigualdades. Tampoco se ha buscado un ordenamiento territorial que contribuya a compensar y complementar unas regiones con otras, protegiendo y respetando el medio ambiente.

En estos días el gobierno de Dina Boluarte –el 16 de agosto de 2023– ha presentado al Congreso de la República con carácter de urgente, un proyecto de Ley para el ordenamiento territorial y creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial.

La finalidad formal que se le da a esta iniciativa es lograr mediante su aplicación territorios sostenibles y competitivos en condiciones de igualdad y reconocimiento de la diversidad geográfica y sociocultural del país. De primera intención pareciera ser una iniciativa pensada en atención a las necesidades de todo el Perú. La sustentación y el texto justifican el propósito de la ley de garantizar el derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, de los derechos de los pueblos indígenas u originarios y del pueblo afroperuano, afirmando estar orientado hacia el ejercicio pleno de derechos de todas las personas; así como el respeto al desarrollo de las actividades económicas en el territorio.

El acondicionamiento territorial, la regionalización y la descentralización son, cada una, parte del mismo gran tema del ordenamiento territorial. Van mucho más lejos de lo que puede ser la asignación de atribuciones, recursos y responsabilidades a instancias administrativas como los municipios o los gobiernos regionales. Esto porque, en nuestra perspectiva, al ir más allá deben responder a una idea democrática de nación en la que todos podamos aportar y ser parte de ella como ciudadanos iguales y libres. El proyecto, en cuestión, por si lo anterior no fuera bastante, desconoce los procesos y las propuestas que se han trabajado anteriormente.

En la práctica, se trata de una propuesta política de corto alcance montada sobre el tema grande de la descentralización y la relación del Poder Ejecutivo con los gobiernos regionales, en un intento de sumisión concertada de éstos a partir del funcionamiento del Consejo de Estado Regional, a fin de manipularlos con el chantaje de la transferencia de recursos y más. El premier Otárola destaca que la iniciativa definirá, de manera clara, las competencias de los tres niveles de gobierno, pero principalmente fija la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como el ministerio articulador de un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Dicho sea de paso, por esta vía el Premier continúa en su avance indisimulable para controlar poder, sumando a la Autoridad Nacional de Infraestructura, adscrita a su despacho, el nuevo sistema.

El Consejo de Estado Regional nacido como instancia operativa en el marco del Consejo de Coordinación intergubernamental, aparece como un espacio para articular políticas de gobierno y el establecimiento de alianzas tan necesitadas por el gobierno actual, hundido en el rechazo general.

El proyecto remitido como urgente ante el Parlamento busca crear un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SINADOT) como una instancia funcional con la finalidad de asegurar el cumplimiento de políticas públicas en ordenamiento territorial, a través de la articulación entre el sector público y privado, la academia y la sociedad civil. Sin embargo, queremos llamar la atención sobre dos aspectos del componente urbano de gran urgencia para ser atendidos: los procesos de acondicionamiento territorial y los de planificación urbana sostenible, importantes componentes del ordenamiento territorial actualmente abandonados. Por ese lado, en la propuesta no hay nada nuevo, salvo destacar que la Presidencia del Consejo de Ministros aparece como poderoso ente rector, deslizando a niveles de menor responsabilidad a instituciones clave como los ministerios del Ambiente; Cultura; Energía y Minas; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Desarrollo Agrario y Riego y, por cierto, a los gobiernos locales.

Estos últimos concebidos como simples operadores de lo que establezca el ente rector y el gobierno regional correspondiente, donde la participación se limita a la coordinación con los gobiernos locales distritales, articulando su actuación con los planes de ordenamiento territorial en el nivel regional, las disposiciones sectoriales sobre la materia y lo establecido por el ente rector, la PCM. Aunque es verdad que también se indica que los gobiernos locales provinciales son responsables de la conducción de los procesos de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y rural, como componentes en el marco de la implementación del ordenamiento territorial.

Si bien se menciona que la toma de decisiones y las acciones deberán ser consensuadas y planificadas, con respecto a la ocupación, el uso y el aprovechamiento sostenible del territorio, esto solo aparece declarativamente en el oficio de remisión de la iniciativa al Poder Legislativo. Son solo eso, proclamas. Porque lo cierto es que el cuerpo del proyecto de ley lo constituye un listado general de ocho objetivos, doce principios y diez enfoques que debieran regir el ordenamiento territorial y allí no están. El proyecto del gobierno no precisa las formas de participación de la sociedad civil organizada y del sector privado, dejando que la definición de los mecanismos y espacios de participación y consulta sean formulados en un futuro por un reglamento en manos del Poder Ejecutivo.

Añadir una entidad más a la serie de organismos que alberga la PCM dificultará la atención estratégica a una política neurálgica para el desarrollo y el bienestar de la población. Si faltaran evidencias, observemos el caso del CEPLAN, instalado en la PCM y con poco poder, que no obstante sus esfuerzos, no consigue que la planificación sea un instrumento crucial para las intervenciones del Estado. Además, tal como está construida la propuesta, los gobiernos descentralizados terminan subordinados a las políticas sectoriales; más grave aún, para la aprobación de sus planes de ordenamiento territorial, se requiere la opinión de los sectores y entidades nacionales, acabando con su declarada autonomía.

Todo indica que se trata de una ley para las «fotos» que quiere el Gobierno para sus clientes, delimitada por los intereses de los principales sectores económicos, los mismos que buscan limitar los controles ambientales, y asegurando el peso de los sectores.

 

desco Opina / 1 de setiembre de 2023