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La libertad de expresión en busca de un contexto

 

Por ahora, esperando las decisiones de segunda instancia de la justicia peruana, el periodista Christopher Acosta ha sido sentenciado a dos años de prisión suspendida y el pago solidario de una reparación civil de 400 000 soles compartida con Jerónimo Pimentel, director de Penguin Random House en Perú, por difamación contra César Acuña, en su libro Plata como cancha.

Acosta y Pimentel manifestaron su sorpresa ante dicho fallo, resaltando la pobreza de argumentos en la decisión del Juez. “La sentencia del Juez se basa especialmente en exigirme como periodista casi que yo haya tenido un nivel de presencialidad durante los hechos”, dice Acosta.

Por su lado, Pimentel calificó la sentencia como “una cosa muy grotesca”. “Me ha sorprendido bastante que el juez se arrogue una suerte de capacidad para determinar qué fuentes le parecen legítimas y qué fuentes no. El juez ha estimado y desestimado otras, como si fuera una suerte de editor periodístico”, comentó.

Es posible que Acosta y Pimentel tengan mucha razón en sus argumentos. Por ejemplo, resulta muy complicado aceptar la afirmación de Enrique Ghersi, abogado de César Acuña, en el sentido de que su patrocinado nunca fue convocado por el autor del libro para hacer sus descargos. Así no procede ningún periodista, por muy bisoño que sea. Ghersi lo sabe bien, dicho sea de paso.

Sin embargo, eso no significa que todos los argumentos que alegan sean siempre aceptables. Según Acosta, los periodistas arman sus historias con citas y en el caso de la publicación en cuestión, no hay testimonios de fuentes anónimas sino personas con nombres y apellidos, “que relatan cosas que han vivido con César Acuña”. Craso error.

El testimonio como tal no es evidencia y, dado el caso, el problema no se resuelve afirmando que el demandante debió dirigirse contra los que opinaron sobre su persona y no contra quien los escribió, porque lo que vale en este caso es la intencionalidad: una situación es comentarle a alguien lo que se opina sobre una persona y otra, muy distinta, es publicarlo para apoyar un argumento, a favor o no, de quien está referido.

Por eso, lo expresado por Rosa María Palacios es cierto, pero en el sentido contrario al que ella quiere darle. Estima que las frases que el juez considera “difamatorias” no le quedaban claras. Pero “la lectura de éstas son un buen recordatorio de lo que los familiares, parejas y allegados de Acuña dijeron de él. No lo dijo Acosta. Si no le gusta, ¿por qué no los demanda a ellos?” Sencillamente, porque lo dicho por los entrevistados no es materia demandable, pero la publicación de ello, buscando apoyar una hipótesis sobre el referido, sí lo es.

Lo de Acosta es relevante como caso de investigación política en un contexto como el peruano, en el que una parte considerable de la vida de un personaje público está sumida en parajes recónditos y oscuros que necesitan mucha imaginación para construir una cadena casuística que permita ponerlos en evidencia.

Por ejemplo, algo que se actualizó a partir del caso Acosta es el doctorado de César Acuña en la Universidad Complutense de Madrid y su maestría en la Universidad de Lima. Si bien resulta complicado asociar la sindéresis y sintaxis que normalmente usa Acuña para comunicarse, con los grados académicos que ostenta, lo cierto es que formalmente es así. En el primer caso, la Comisión Jurídica Asesora de Madrid no aceptó el pedido de la Universidad Complutense, lo que significó que Acuña no ha perdido su grado de doctor. En el segundo, si bien la Universidad de Lima aceptó las evidencias de plagio en la tesis de maestría, siguió manteniendo su grado. ¿Algún investigador puede aclarar estas situaciones?

En todo caso, no debemos perder de vista que la construcción de estos relatos alrededor de controvertidos personajes públicos (las “biografías no autorizadas”) son producto de una lógica editorial muy conocida alrededor del mundo, en donde no primará la fineza de las técnicas de investigación ni la pulcritud en el trabajo editorial, sino las proyecciones de ventas. Todos sabemos que, pasado algún tiempo, se dejará de prestar atención al producto y la idea es sacarle todo el provecho posible mientras tanto.

Desgraciadamente, es así y la hipocresía frente a esta realidad hace mucho daño a lo que se ha puesto en cuestión con Christopher Acosta y César Acuña, porque todos sabemos que esta situación no se reduce a un juez que parece no tener muy clara la tipología de difamación y a un autor que tampoco parece tener plenamente claro qué es la veracidad que puede producir un informante y, a partir de ello, convertirse en fuente probada de su argumento. Son situaciones que se reproducen en muchos espacios editoriales, periodísticos, jurídicos, políticos de nuestro país diariamente.

Y no es que siempre hacemos mal las cosas. A propósito de lo que tenemos ahora entre manos, cuando una investigación busca estándares de rigurosidad y sólo luego de asegurarlos aspirar a buenas ventas, vamos a tener un producto estupendo como Los doce apóstoles de la economía peruana. Una mirada social a los grupos de poder limeños y provincianos, de Francisco Durand, en donde entre otros grupos trata extensamente a los Acuña, sin contemplaciones y sin haber recibido hasta la actualidad amago alguno de demandas.

Desde un ámbito judicial, creemos que no hay mejor ejemplo de cómo se construyen pruebas que apoyan contundentemente una sentencia, que el realizado por los jueces que procesaron a Alberto Fujimori. El espléndido documento que se produjo entonces es un ejemplo de la legitimidad que guarda a través del tiempo una decisión bien construida.

 

desco Opina / 14 de enero de 2022

Fiestas borrascosas

 

La moción de vacancia del mandatario por presuntamente haber ejercido presiones para ascender irregularmente a allegados suyos en las Fuerzas Armadas, entre otras cosas impulsada por los partidos que siguen denunciando el fraude electoral –Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular– fracasó la semana pasada al obtener apenas 46 votos, archivándose ante la sonora celebración del oficialismo y la desesperación de sus polémicas y más visibles promotoras, la congresista Chirinos y la siempre candidata Fujimori. A ese resultado contribuyó, en alguna medida, el patético espectáculo protagonizado por el programa político Cuarto Poder del grupo El Comercio que, tras anunciar audios demoledores de la primera autoridad, terminó presentando la conversación de dos personajes insignificantes en un parto de los montes.

Para enfrentar la iniciativa, parte de la carga de la derecha, el Presidente invitó y se reunió con representantes de la mayoría de bancadas parlamentarias. De acuerdo a la versión de las mismas, además de exigirle transparencia y enmienda a Castillo, adelantaron entonces su disposición a rechazar la iniciativa de vacancia en nombre de la estabilidad política que requiere el país. Con el respaldo de APP y la centro-derecha, a Perú Libre y Vladimir Cerrón no les quedó más alternativa que sumarse al rechazo a la pretensión de la derecha extrema. El profesor parecía ganar aire en un escenario difícil en el que la derecha toda no alcanzaba a disimular su propia debilidad y parte de ella insinuaba la posibilidad de una alianza de gobierno más amplia.

El escenario, sin embargo, era más complejo que su apariencia. Desde la derecha, distintas delegaciones una de congresistas, encabezada por la propia Presidenta de ese poder, la otra de representantes de la derecha más dura y de algunos sectores empresariales, aparecían vinculadas a actividades internacionales destinadas a deslegitimar al gobierno y a alertar a la opinión internacional sobre los riesgos para la democracia que corre el país en manos del comunismo. Los primeros días de diciembre, con el respaldo de Vox en España y del Instituto Interamericano para la Democracia en Estados Unidos, ambas delegaciones aparecieron como parte del juego de la derecha nacional más extrema por acabar con el gobierno de Castillo. Juego distinto por cierto de la derecha más “moderna” que quiere capturarlo y subordinarlo.

A los afanes extremos, más grave aún, se sumó una carta esotérica firmada por un grupo de excancilleres y exvicecancilleres denunciando a una futura reunión convocada por Evo Morales de RUNASUR, una articulación de organizaciones indígenas y organizaciones sociales, de pretender convocar a la conformación de una república aymara, desmembrando el país y otorgándole a Bolivia una salida soberana al mar .

Simultáneamente arreció la ofensiva compartida por toda la derecha contra la reforma tributaria que propone el MEF. Desde las grandes empresas mineras se organizó una batería de expertos, analistas, políticos y medios de comunicación que acapararon los cuestionamientos a la propuesta, que en el caso de la minería propone un mecanismo para captar más rentas mientras duren los precios excepcionalmente altos, con argumentos bastante deleznables: la dificultad del Estado para gastar los recursos de los que dispone actualmente, la fuerte corrupción existente en el Estado, la pérdida de competitividad que se generaría, el retiro de la inversión privada y un largo etcétera en la misma dirección.

La ofensiva minera, campaña de televisión sobre los beneficios mineros en nuestra sociedad incluida, coincidió con el fracaso del diálogo y la negociación entre la empresa de Las Bambas y las comunidades de Apurímac y Chumbivilcas, y la consiguiente radicalización del bloqueo de las carreteras. En ese contexto, la empresa anunció la paralización de sus actividades que se sumó también por el cierre de vías. En ese escenario turbulento y tumultuoso que se añade al fuerte descontento que se mantiene entre sectores de la población ayacuchana, las presiones de las empresas y sus gremios muestran decibeles particularmente altos.

En este panorama, el intento de censura de la Presidenta del Congreso unió a la derecha y terminó por precipitar la renuncia de tres parlamentarios de la bancada de gobierno, cuyo sector cerronista votó con aquella, profundizando la fractura que viene desde el inicio de gobierno. El mismo día, la reunión del silencioso Pedro Castillo con los ex ministros de economía Castilla, Segura, Mendoza y Cooper todos ellos duros críticos de la gestión de Francke fue una muestra más del pragmático estilo presidencial que expresa confianzas con silencios elocuentes y distancias con gestos como el de anoche.

Si el mandatario semanas atrás buscó diferenciarse de su Primera Ministra y la dejó sola frente al cargamontón mediático, ahora observa la ofensiva contra su responsable de Economía y su equipo y se reúne con algunos de sus más duros críticos. ¿Creerá que esa es la manera de derrotar a la derecha extrema, garantizar una nueva alianza de gobierno con otros sectores de derecha y recuperar lazos con Vladimir Cerrón, responsabilizando a los “caviares” de sus desventurados meses iniciales? Difícil saberlo. Parece claro, sin embargo, que una vez más tendremos un fin de año borrascoso.

 

 

desco Opina / 17 de diciembre de 2021

Arequipa sin cabeza o la debacle de la política regional

 

Hace algunas semanas un operativo de la Fiscalía Anticorrupción contra la organización criminal denominada “Los Hijos del Cóndor”, culminó con la captura del gobernador regional Elmer Cáceres Llica y cerca de dos decenas de funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa y entidades de importancia como la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) y Copasa – Región Arequipa, entre otras. Las acusaciones son muy graves y están referidas al uso del poder para asegurar los votos del Consejo Regional de Arequipa y proteger al Gobernador a cambio de la cesión y adjudicación de terrenos pertenecientes al proyecto Majes o la entrega de obras condicionadas a las empresas con el pago de comisiones ilegales.

Transcurrido el plazo de ley, tuvo lugar la audiencia para resolver la acusación de la Fiscalía y el pedido de detención provisional, establecido por 24 meses para el Gobernador, períodos de 36 meses para otros, y comparecencia para algunos consejeros. Según lo indicado por la Fiscalía, la acusación se basa en el conjunto de evidencias recolectadas a lo largo de casi dos años de seguimiento mediante una agente encubierta, que ha proporcionado grabaciones y filmaciones de reuniones y comunicaciones en las que se acordaban las irregulares transacciones del caso, entre el Gobernador, los consejeros y funcionarios del gobierno regional y representantes de empresas.

En estas circunstancias, de acuerdo a la normatividad regional, el vicegobernador Walter Gutiérrez, asumió el gobierno regional en condición de encargado, quien de inmediato procedió designar a los funcionarios en reemplazo de los involucrados en el caso “Los Hijos del Cóndor”. A pocos días de iniciada su gestión, se comentaba en los medios la irregular asistencia de Gutiérrez a su despacho por problemas de salud, hecho que culminó fatalmente con su fallecimiento hace 21 días. Transcurridas dos semanas, el Consejo Regional aún no declaraba la vacancia del Vicegobernador fallecido, condición necesaria para la designación del reemplazante, debido a las pugnas internas sobre la sucesión, paralizando las decisiones operativas de la región, algunas de trascendencia, como la continuidad de la segunda etapa del Proyecto Majes.

Esta situación es el desenlace inevitable de una gestión que desde sus inicios mostró sus falencias, con la denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo presentada por el Vicegobernador en contra de Cáceres Llica, acusándolo de impedir su participación en la gestión del gobierno regional que se iniciaba.

Lo que siguió fue una secuencia de decisiones caprichosas, efectistas y frívolas de Cáceres Llica en la gestión regional junto a la designación de funcionarios de su entorno amical, con manifiesta incapacidad de gestión e incompetencia técnica, lo que tuvo su momento crucial en medio de la pandemia. La negligencia y desgobierno para afrontar la emergencia sanitaria motivó la intervención del gobierno central para la designación del Comité Covid-19, en evidente «jalón de orejas» a Cáceres Llica.

En algún momento, el Gobernador se preciaba de implementar una gestión descentralizada recuperando la importancia de las provincias usualmente postergadas; sin embargo, ahora se conoce que las asignaciones de recursos a éstas habrían sido enturbiadas por favores y contraprestaciones bajo la mesa en beneficio de la montada organización criminal.

Un hecho que debe llamar la atención es que han transcurrido prácticamente cuatro años de esta cuestionada gestión, durante los cuales se presumían las irregularidades en la conducción de la región más importantes del país después de Lima. Sin embargo, la sociedad civil no tuvo capacidad para ponerle coto, evidenciando la crisis de liderazgo que padece Arequipa en las últimas décadas.

Hace unos días, finalmente, el Consejo Regional designó y juramentó a la consejera Kimmerlee Gutiérrez, hija del fallecido Vicegobernador, como la nueva encargada del gobierno regional en medio de disputas de los bloques al interior del consejo, el mismo que tiene gran déficit de credibilidad o autoridad para dirigir este período de transición hasta la instalación del nuevo gobierno regional que surgirá de las elecciones regionales y municipales que tendrá lugar en octubre del 2022.

En estas condiciones, se debe exigir a la nueva encargada, la constitución de un comité asesor integrado por representantes de las fuerzas vivas de la sociedad civil regional, como el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Arequipa, la alianza de las Universidades de la Región, la Cámara de Comercio e Industria, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa y la Junta Regional de Usuarios de los Distritos de Riego, con el fin de acompañar y supervisar la gestión en este período de transición, apoyando en la priorización de las inversiones a ejecutar y convocando a profesionales con la solvencia necesaria para enmendar el desastre. Si es que se puede enmendar algo a estas alturas del periodo de gobierno regional.

 

desco Opina - Regional / 10 de diciembre de 2021

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