Pataz, el país que llegó para quedarse

 

En la madrugada del 1 de mayo, el Comando Unificado Pataz incautó armas de guerra y detuvo a 68 personas durante una operación ejecutada en dicha provincia. Posteriormente, los hechos fueron expuestos en conferencia de prensa realizada en Trujillo, con la participación de altas autoridades militares y policiales, destacando la importancia de esta intervención conjunta. Informaron, además, que 67 de las personas detenidas no domiciliaban en Pataz y procederían de otras jurisdicciones. Una semana después, el 8 de mayo, el mismo Comando liberó a ocho trabajadores de la bocamina “Danrro, La Codiciada”, que fueron secuestrados el día anterior. La operación dejó cuatro militares heridos.

Parecía una secuencia previsible de acciones. Sin embargo, días después, el 10 de mayo, se revelaría que las cosas no estaban nada bien entre las fuerzas gubernamentales. El 20 de marzo, habían asesinado a Jolvi Rodríguez, un minero ilegal de Pataz. Se dice que fue atacado por hombres en uniforme de camuflaje, quienes también destruyeron propiedades familiares.

Cuando un equipo policial llegó de Trujillo para investigar los hechos, una patrulla del Ejército los detuvo y los presentó como delincuentes. Días después, efectivos policiales de una comisaría de Pataz detuvieron al chofer de un oficial del Ejército, que tenía entre sus pertenencias, nada menos, que la placa de la moto de la víctima.

Así, los policías, los familiares e, incluso, el fiscal que investiga el caso, sospechan que los militares están al servicio de otros mineros ilegales. Piensan de esta manera por el ensañamiento de los homicidas contra Jolvi Rodríguez. Después de acribillarlo en el estómago y los pulmones, dinamitaron un camión, una compresora y dos motocicletas de la familia. Por si fuera poco, colocaron explosivos en la casa de Rodríguez y la volaron. No era un simple acto de sicariato.

El hecho es muy importante, porque revela algo que, a estas alturas, es hasta obvio: en la práctica, la minería “ilegal” y la minería “legal” del oro no son compartimentos estancos, sino que se complementan y se entrelazan en circuitos híbridos.

Como sabemos, las cadenas de valor son mixtas: el oro extraído ilegalmente suele ingresar a circuitos formales a través de empresas exportadoras, joyerías o refinerías que lo “blanquean”. El financiamiento es cruzado, porque inversionistas con operaciones legales pueden destinar capital a frentes ilegales, diversificando riesgos y maximizando ganancias.

En el caso que presentamos, lo que también se muestra es la capacidad para capturar instituciones. No es solamente que las autoridades locales o regionales facilitan permisos, toleran operaciones ilegales o incluso las integran a proyectos formales. Los agentes gubernamentales que deben reprimirlas son finalmente componentes imprescindibles para que funcionen.

Este acomodo de los actores parece adecuarse a un escenario en el que la minería ilegalizada o informalizada gana cada vez más espacio, pese al evidente daño ambiental, social y económico que provoca.

A estas alturas, son innegables los incentivos percibidos por quienes extraen oro ilegalmente. Obtienen altos márgenes de ganancia, dado el precio en el mercado; invierten bajos costos iniciales, porque no cumplen regulaciones ambientales ni laborales; tienen acceso rápido a liquidez, dado que el oro se comercializa fácilmente, incluso en circuitos informales, lo que permite obtener dinero inmediato; finalmente, hay una débil fiscalización estatal.

A fin de cuentas, lo que algunos actores ven como “ventajas” (ganancia rápida, bajos costos, liquidez), son en realidad incentivos perversos que sostienen la minería ilegal. Desde una perspectiva social, ambiental y política, las consecuencias son mucho más graves que cualquier beneficio inmediato.

 

desco Opina / 15 de mayo de 2026

Pobreza, becas y remodelaciones

 

El último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) podría leerse, a primera vista, como una buena noticia, porque la pobreza monetaria bajó de 27,6 % en 2024 a 25,7 % en 2025. Es decir, 567 mil personas dejaron de ser pobres en términos monetarios. Pero detenernos solo en esa cifra sería mirar el país desde una perspectiva peligrosa, pues una de cada cuatro personas en Perú sigue viviendo en pobreza.

La pregunta, entonces, no es solo si la pobreza bajó. La pregunta es qué hace el Estado con esa información. Y, sobre todo, qué decisiones toma cuando los datos le recuerdan que millones de personas siguen viviendo con ingresos insuficientes, servicios precarios y oportunidades que dependen más del esfuerzo individual que de una política pública sostenida.

En ese contexto, la suspensión de la convocatoria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario resulta difícil de justificar políticamente. No se trata únicamente de jóvenes que quieren estudiar fuera del país. Se trata de una política que brinda una posibilidad concreta para que profesionales peruanos accedan a una formación de alto nivel y regresen a aportar al país. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) ha señalado que no cuenta con presupuesto para abrir una nueva convocatoria en 2026 y requiere S/ 119 millones para atender la demanda de becas, incluida una posible convocatoria de Beca Generación del Bicentenario y nuevos beneficiarios de Beca 18.

Lo indignante no es solo la falta de presupuesto, sino la selectividad para la ejecución de gastos. Para la educación, se invoca la evaluación y la espera. No obstante, para otras prioridades, los recursos parecen encontrarse con mayor rapidez y menor pudor. Mientras se deja en incertidumbre a estudiantes admitidos en universidades del extranjero, el Congreso avanza en la implementación de la bicameralidad, integrada por 130 diputados y 60 senadores desde julio de 2026. No se trata solo de cambiar nombres o funciones, pues se ha ejecutado 85 millones de soles para adecuar edificios, oficinas, salas y equipamiento del Parlamento. Asimismo, el Congreso ha iniciado el concurso público para remodelar su complejo deportivo, ubicado en el Centro de Lima, que cuenta con cancha sintética de fútbol, dos piscinas, juegos de mesa, cafetería y una pista de baile.

No es que el Estado carezca de recursos suficientes, más bien, los asigna según determinadas prioridades. Se decide qué puede esperar y qué debe acelerarse, decide qué vidas se acompañan y cuáles deben seguir resolviéndose solas. Aunque estas decisiones se presentan como técnicas, son profundamente políticas.

La pobreza monetaria no se combate únicamente celebrando una reducción porcentual, sino que debe priorizarse un enfoque multidimensional. Esta se combate sosteniendo trayectorias educativas, fortaleciendo servicios públicos, ampliando oportunidades y evitando que la vulnerabilidad sea tratada como una condición normal de vida. Si el 35,5 % de la población rural sigue en pobreza, y departamentos como Cajamarca y Loreto superan el 40 %, entonces el país no necesita solo discursos de eficiencia, requiere una discusión seria sobre justicia distributiva.

Por eso, el debate sobre las becas y la remodelación del Congreso no es un tema aislado. Es una fotografía incómoda de nuestras prioridades. Por un lado, jóvenes ven suspendidos sus proyectos académicos porque el presupuesto “no alcanza”. Por otro lado, una institucionalidad parlamentaria se amplía, se acomoda y se remodela, pese a tener una de las legitimidades más deterioradas ante la ciudadanía.

Tal vez ahí está la verdadera lección del informe de pobreza. El Perú no solo debe preguntarse cuántas personas salieron de la pobreza, sino cuántas podrían volver a caer en esta, si el Estado sigue administrando la desigualdad en vez de enfrentarla. Porque cuando la educación se posterga, la inversión social se reduce.

 

desco Opina - Regional / 8 de mayo de 2026

descoCiudadano

La segunda vuelta y la memoria

 

La segunda vuelta no comienza con la proclamación oficial de resultados. Empezó antes, con la difusión de nuevas encuestas. Esta vez mostrando un escenario de empate técnico: dos candidaturas bordeando el 38% y un país que, antes que decidir, parece, por ahora, contener el aliento. Las candidaturas entran a una fase de contraste, donde aparece un elemento importante que no se puede esquivar: la memoria de las peruanas y peruanos sobre lo vivido desde la elección de Pedro Castillo y lo que siguió.

Ese dato tiene implicancias concretas. Anticipa una campaña más disputada, más agresiva y un cambio en el terreno del debate. Las promesas generales y los lemas de la primera vuelta no serán suficientes. En ese campo, el fujimorismo no llega en blanco. Lo hace con un registro de decisiones tomadas en el Congreso durante el período 2021–2026, donde su bancada ha tenido un rol sostenido en la articulación de mayorías, que muchos analistas han denominado “pacto mafioso”: una coalición parlamentaria funcional a sus intereses particulares, articulada no necesariamente por orientación ideológica, para sacar adelante votaciones clave, incluyendo el debilitamiento y captura de instituciones como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación.

No han sido episodios aislados, sino parte de un patrón que, bajo el discurso de “orden” y “seguridad jurídica”, ha impulsado normas duramente cuestionadas por sus efectos: debilitamiento de herramientas contra el crimen organizado, desprecio y riesgo de impunidad en materia de derechos humanos, restricciones a la acción de organizaciones civiles y ONG, retrocesos groseros en políticas de género y un uso recurrente del mecanismo de la insistencia legislativa para promulgar leyes frente a observaciones técnicas, que no se tomaron en cuenta. Todo esto tiene consecuencias que también se reflejarán en los votos. Ya más del 70% de quienes integraron esas mayorías congresales de facto, han sido rechazados por los votantes en su pretensión reeleccionista.

Estos procesos tienen efectos concretos. En el campo, los trabajadores agroindustriales siguen encasillados en esquemas precarios mientras se mantienen beneficios tributarios al sector. En la Amazonía, la presión sobre territorios y el avance de economías ilegales (tala ilegal, producción de cocaína y extracción de oro con dragas) continúa sin ninguna respuesta estatal consistente. En las ciudades, las clases medias y populares enfrentan servicios públicos precarios e ineficientes (salud, educación, agua potable y transporte público) y sistemas previsionales indecorosos. En los sectores urbano populares, las brechas estructurales persisten sin cambios, sin que ninguna ley declarativa –que han sido muchas– logre contentar a la tribuna. La inseguridad y la violencia delictiva que atraviesan el país son su manifestación más visible.

La discusión del balotaje, por tanto, no es sólo sobre cada medida; lo es sobre la dirección que éstas configuran. Esa orientación es la que ahora busca validación electoral, justamente cuando la memoria aparece como relevante para decidir el voto, no solo por el contenido de cada medida producida y concertada por el pacto mafioso, sino porque emerge la figura de quien ha manejado la batuta de esa concertación de intereses que busca validación electoral: Keiko Fujimori y la orientación política derechista y ultra conservadora que se aupó para controlar el Poder Ejecutivo y el gobierno de la nación.

El país llega a este momento atravesado por varias fracturas: entre fujimorismo y antifujimorismo, pero también entre derecha e izquierda, entre norte y sur, entre Lima y el resto del país. Son divisiones que se superponen y que hacen que el voto sea, al mismo tiempo que político o ideológico, también territorial, social y hasta emocional o de abierto conflicto reivindicativo. A ello se suma un contexto internacional más inestable de tensiones geopolíticas, conflictos bélicos, realineamientos internacionales y volatilidad económica. Todos ellos afectando en variables clave del país, como precios, empleo e inversión. La política interna no puede discutirse aislada de ese contexto.

En ese marco, la pregunta no es quién gana, sino con qué agenda lo hace. La campaña que sigue exigirá definiciones más claras sobre institucionalidad, derechos, seguridad y servicios públicos, pero también sobre la relación entre discurso y práctica. El fujimorismo enfrenta aquí un punto crítico: su narrativa apela al orden, pero su comportamiento legislativo reciente es parte central del cuestionamiento. Puede intentar reposicionarse o matizar su discurso, pero el registro de sus votaciones congresales existe. Incluso puede ensayar cínicamente hasta una autocrítica. Pero en política, como en la vida, hay cosas que no se borran con una conferencia de prensa.

El electorado no decide sobre una hoja en blanco, sino sobre una acumulación de decisiones y sus consecuencias. En ese contexto, la memoria deja de ser un recurso retórico. Se vuelve un criterio de decisión.

 

desco Opina / 30 de abril de 2026

Segunda vuelta… ya vuelta, oye

 En un desco opina de quince años atrás titulado «La selva central y la segunda vuelta», manifestamos que “para nadie es un secreto que la selva central es un bastión fujimorista”. Hoy en el 2026, el escenario se repite por cuarta vez consecutiva, enfrentando una segunda vuelta electoral con un sólido respaldo de la selva central a Keiko Fujimori.

De los ocho distritos de Oxapampa (Pasco), siete han afirmado un respaldo “escandalosamente abrumador”; en Chanchamayo (Junín), los seis distritos que componen esta provincia acumulan un caudal fujimorista contundente. Este mismo comportamiento se observa en Pichanaqui, a pesar del rechazo a la visita que realizó Keiko meses antes. Aquí, el fujimorismo obtuvo un virtual empate junto a Roberto Sánchez; mientras que en Satipo, alcanzó un segundo puesto con 21.5% de los votos, a escasos 3 puntos del primer lugar. En elecciones como la del 2016, el respaldo al fujimorismo en estas zonas superó el 50%, actualmente en muchos distritos este respaldo se mantiene por encima del 40%. Si recorremos nuestra Amazonía, en muchas de sus provincias, Keiko tiene un fuerte respaldo electoral, demostrando que en quince años el mapa político se ha movido muy poco o casi nada, y que ninguna o muy pocas de las 35 candidaturas presidenciales pudieron disputar su posicionamiento actual.

Aunque el escenario electoral de la segunda vuelta aún es incierto, todo nos indica que, si Sánchez es el candidato rival de Keiko, gran parte del voto local migrará hacia el partido naranja. El discurso de Sánchez y su exhibición pública con personajes de la izquierda denominada como radical por algunos sectores, no le auguran mucho respaldo en la selva central debido a la narrativa impregnada en esos sectores que apela al temor y la memoria de los años de la violencia terrorista. Máxime si uno de los aliados más cercanos señaló en su momento que “lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta ahorita, como partido político, ha sido Sendero Luminoso. Y que me graben, carajo”. La izquierda política en la selva central peruana (Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali) ha enfrentado históricamente un panorama electoral adverso, caracterizado por un contundente respaldo al fujimorismo.

Mientras el sur peruano es de tendencia izquierdista, las provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa han mostrado un fuerte respaldo a opciones conservadoras. Este “romance” entre el fujimorismo y la selva peruana sigue vigente desde los 90, y otras propuestas políticas no han sido capaces de disputarle ese posicionamiento. Cabe precisar que, al igual que en las grandes ciudades de la costa y sierra, en las ciudades de selva también existen colectivos de “No a Keiko”, quienes han organizado acciones de resistencia ante las visitas de los simpatizantes naranjas, pese al pasado albertista que aún sigue vigente en estas regiones, aunque, por la juventud de muchos de los actuales simpatizantes, podríamos aventurarnos a señalar que ahora la selva central es en su mayoría “keikista”.

No hay duda de que los principales y más antiguos representantes del fujimorismo seguirán apelando a la figura del padre, pero ahora es la hija la que está construyendo un liderazgo propio dirigido a las nuevas generaciones que no vivieron los 90 y que hoy muestran su respaldo en las ánforas. Para no perder ese respaldo, Fuerza Popular ya ha iniciado su campaña aprovechando la ventaja que la posiciona en el primer lugar, mientras aún aguardamos los resultados finales que darán los organismos electorales para conocer a su rival, en medio de una fuerte incertidumbre y la preocupación de sectores importantes de la población por una posible afectación a la voluntad que expresaron en las urnas.

 

desco Opina – Regional / 24 de abril de 2026

descocentro 

Una historia repetida

 

A cinco días de la primera vuelta electoral, aún desconocemos quién será el rival de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en la segunda vuelta, quiénes los integrantes del Congreso futuro y cuáles las fuerzas que controlarán al Senado todopoderoso. Sin embargo, es meridianamente claro que no estamos asistiendo a un proceso electoral “normal”. Lo sabíamos desde un inicio, porque se trata de uno diseñado por un congreso mafioso y autoritario que, convertido ya en primer poder del Estado, busca perpetuarse en el gobierno y lo diseñó a su imagen y semejanza.

Como se recordaba en un artículo publicado el día mismo de las elecciones, la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto al derecho de las minorías. En nuestro país, aquellas se fragmentaron aceleradamente por la perversión de las reglas de juego, consagrándose el imperio de las segundas. La alianza de facto de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País, Somos Perú, Podemos, AP y Perú Libre, destruyó la frágil institucionalidad democrática, el estado de derecho e incluso la persecución del crimen, todo en su beneficio. En ese proceso, la frivolidad de un Congreso lleno de privilegios que hoy cuesta 1768 millones de soles, más del doble de lo que costaba el 2022, así como su grosero desprecio por sus electores, explican el profundo rechazo que generan en la población, rechazo que, como es obvio, comparten los partidos políticos.

La cédula de votación, 44 cm x 21 cm, era el símbolo perfecto del desorden y la confusión que podían producirse el 12 de abril. Cinco columnas para igual número de elecciones simultáneas, 37 agrupaciones en competencia y varios miles de aspirantes en pugna, hablaban de la elección con más candidatos en los últimos 60 años en toda la historia nacional. La eliminación de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) multiplicó el número de partidos y abrió las puertas a agrupaciones que no habrían superado los filtros de procesos anteriores, asegurando una arquitectura electoral que asegurara el acceso al gobierno y a la representación con números irrelevantes. En otras palabras, la decisión de prolongar la situación que ya se observaba desde años atrás, manteniendo la baja legitimidad de origen de los parlamentarios. Recordemos que Fuerza Popular, con el 39.8% de los votos, logró el 56.15% de los congresistas el 2016, mientras que la alianza de facto que controla el actual Congreso, sin contar los votos de Perú Libre, no alcanzó ni el 15% del voto emitido.

Lo que no era tan previsible fue el naufragio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la organización de la votación. Retrasos significativos en la distribución del material electoral, problemas con el funcionamiento y las conexiones de las computadoras o ausencia de éstas y locales inadecuados se fueron evidenciando en Lima desde las primeras horas. Finalmente, 52 261 electores en Lima se quedaron sin ejercer su derecho, porque no se pudieron instalar 187 mesas de votación en varios distritos del sur de la capital. La incapacidad de la ONPE para responder a una situación que generaba malestar creciente y la pronta reaparición de López Aliaga denunciando un fraude en su contra, retomando una letanía que había iniciado semanas atrás y que incluía, desde entonces, una amenaza directa a Corvetto, enrarecieron rápidamente el ambiente y en pocas horas asistimos a una acelerada película que permite múltiples sospechas, y que debe ser aclarada pronto.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para salvar su indiscutible responsabilidad en los problemas suscitados, el Ministerio Público y la Policía, todos atrás del cuento del fraude, enfilaron contra Corvetto como responsable único y avanzaron en su afán de encontrar delito y flagrancia, incluyendo la detención y la exhibición de un funcionario esposado. Para entendernos, las gruesas fallas logísticas de la ONPE, los silencios y las importantes omisiones de su máxima autoridad, más allá de afectar de distinta manera el voto de más de 850 000 personas, exigen investigación inmediata y profunda, pero no justifican ni las denuncias de fraude ni la cacería de chivos expiatorios desde un Estado en derrumbe y en creciente deriva autoritaria (Nicolás Vargas en “Un golpe silencioso; un golpe perfecto”, La República 17 de abril de 2026). Mientras no se presenten pruebas, insistir con el argumento linda con el delito. El asunto es tan grosero que Keiko Fujimori hizo un llamado a la calma y a no hablar de fraude, cierto que como preámbulo a recordar que “el enemigo es la izquierda”, mientras distintos abogados, insospechables de izquierdismo, como César Nakazaki, insisten en que no se puede usar el derecho penal en este momento.

En medio de ese escenario, la gente participó y votó masivamente el domingo 12 porque asumió que con el voto también se lucha. Los resultados hasta el momento, así lo demuestran. Más allá de quién competirá con Fuerza Popular en la segunda vuelta, lo que es indiscutible es la lista de quiénes desaparecen del Congreso, sentenciados sin apelación. A César Acuña y APP, José Luna y Podemos, Avanza País y sus ruidosos voceros, Somos Perú con su triste paso por la presidencia del país, el huidizo Cerrón y su Perú Libre, así como a los viejos partidos históricos –APRA, PPC y AP, previamente suicidada –, les quedará como consuelo su eventual participación en las elecciones subnacionales de octubre. Los electores no se perdieron en la fragmentación ni en las dificultades del proceso mismo, decidiendo recordar y castigar.

El competidor de la señora K en la segunda vuelta difícilmente se definirá en las próximas horas. Hay más de 5400 actas impugnadas en el país, 18.8% en Lima. Los personeros naranjas y celestes se las reparten, priorizando muchos de los territorios en los que ganó Sánchez, en un proceso electoral cuya calidad ha sido seriamente afectada, involucrando la representatividad de los resultados y aumentando la polarización y la desconfianza de la ciudadanía. A la incontinente violencia verbal del exalcalde limeño se suman periodistas que no dudan, por ejemplo, en calificar de “ignorante, revanchista y odiador” al voto del sur, así como una derecha que no aprende y que mira como rojo y peligroso todo lo que no ve el mundo como lo hacen desde sus intereses y sus miedos. En este escenario, los próximos días las denuncias de fraude se multiplicarán, seguramente desde el lado de los candidatos en pugna, pero también de sectores del electorado y de poblaciones que sentirán que atrás de las acusaciones de fraude está el interés de desconocer su voluntad.

Como lo señaló un analista, citando a Marx, la historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa. Recordemos que a la segunda vuelta concurrirán dos candidatos, no importa si López Aliaga o Sánchez, que sumados a Fujimori no representan al 30% de los electores.

 

 

desco Opina / 17 de abril de 2026

Por un voto consciente y con memoria

 

Entramos a la recta final rumbo a la primera vuelta de las elecciones 2026 en medio de dudas sobre quiénes lograrán pasar a la segunda vuelta. Mientras los principales medios de comunicación tradicionales ya tienen a su dupla ganadora para este domingo 12 de abril, tal como lo demostraron en sus recientes dominicales, alrededor del 30% de la ciudadana aún no logra definir su voto, como lo evidenció la reciente encuesta del IEP.

Creemos que el país no solo se enfrenta a la decisión de elegir autoridades, lo hace, sobre todo, a una realidad incómoda que nos lleva a cuestionarnos a qué estamos dispuestos para que las cosas cambien. Eso implica que decidamos con consciencia crítica, abandonando la vaga y tibia apuesta que ha justificado la opción de un “mal menor” y que descartemos de plano a aquellos partidos políticos que han sido parte del pacto mafioso que ha creado las bases para institucionalizar el crimen, la corrupción y la impunidad que tanto daño nos hacen hoy.

Hablar de ello implica hacer memoria para llegar a las urnas con una decisión más clara, considerando, además, la historia viva de los últimos años, aquellos hechos que la prensa, y cómo no, los fake news, se han encargado de pasar por agua tibia. No en vano aún seguimos asumiendo la responsabilidad de rechazar cada 5 de abril, uno de los sucesos más críticos de nuestra historia reciente que, junto a los crímenes perpetrados por el régimen fujimontesinista, significaron un quiebre para la supervivencia de nuestra democracia y el estado de derecho.

Más allá del protagonismo individual que asumió Alberto Fujimori y que hoy lo hace Keiko frente a ese bolsón electoral fiel que recuerda con vehemencia el pasado albertista y que ve en ella la oportunidad de reivindicar la promesa mesiánica que se introdujo en los 90, como lo analiza el historiador José Ragas, lo que debe inquietarnos es la vigencia de una forma de hacer política que no ha desaparecido: la idea de que el autoritarismo puede ser necesario, incluso deseable, si promete orden o estabilidad. Esa narrativa, lejos de ser superada, tiene nuevos voceros y nuevas formas de legitimación facilitadas por el difícil contexto de inseguridad. La zozobra en la que vive gran parte de la población, temerosa y sin poder asegurar un mínimo de estabilidad económica, laboral y emocional, se ha vuelto el motor para anhelar un orden que priorice la mano dura, antes que políticas seriamente pensadas.

De ahí que personajes como Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y la propia Keiko Fujimori resalten como prioridad el retiro del Pacto de San José, responsabilizando de la actual crisis de seguridad a las políticas pro derechos humanos que fueron  trabajadas y defendidas por diversas instituciones de la sociedad civil, alejando del meollo del asunto al autoritarismo y el abuso de varios sectores políticos hoy en carrera, impulsando las leyes pro crimen, a cambio de asegurarse la impunidad para seguir operando en los márgenes de la ilegalidad.

No es casual que, en los últimos años, sectores políticos que manejan el Congreso de la República, y desde ahí el país, hayan reivindicado ese pasado funesto, relativizando sus consecuencias que hasta hoy lamentamos. El pacto mafioso opera más allá de alianzas formales o de coincidencias ideológicas; de ahí que sean también herederos del fujimorismo. Para ellos, fue más útil apelar a la necesidad de sobrevivencia, imponiendo sus intereses particulares compartidos, para llevar adelante el desmontaje y captura institucional que sufrimos, asegurando su impunidad total, sin importar que con ello dejaban en la mayor desprotección a la mayoría de la población, que tiene suficiente con sobrevivir diariamente en la informalidad y la precariedad.

Las gestiones de Boluarte, Jerí y Balcázar, han evidenciado una forma de gobernar desde las sombras que rinde frutos al menor costo posible. Esa es una lección aprendida que seguirán aplicando los que logren pasar la valla electoral, así no lleguen a segunda vuelta. Saben que desde el Congreso hoy se gobierna porque ellos cambiaron el sistema político, construyendo una forma basada en la precarización de la democracia, que demandará un compromiso político de largo aliento para desbaratarla. Pero este proceso no se sostiene únicamente desde las élites políticas, también se alimenta de un clima social y cultural en el que los discursos de odio han ido ganando terreno gracias a candidatos como López Aliaga o Fujimori, pero también de otros como Carlos Espá y Carlos Álvarez, que hoy sale n a negar sus dichos o a arrepentirse de lo afirmado en su momento. Todos ellos y otros más, no desaprovecharon oportunidad para terruquear a quienes protestaban frente al atropello del poder político y económico. Que hoy salgan a querer atenuar sus afirmaciones, no niega la tibieza con la que afrontaron ese momento crítico que demandó madurez y claridad política para enfrentar los discursos de odio pululantes.

Ese discurso que comparten, construido sobre la base de diferencias culturales, justificando actos racistas, clasistas e incluso, machistas, no es fenómeno reciente, pero se ha convertido en herramienta política válida para descreditar al opositor, delimitando quiénes merecen derechos y quiénes no; erosionando lentamente la idea misma de ciudadanía.

No se puede ignorar el desencanto que atraviesa a buena parte de la ciudadanía. La desconfianza hacia la clase política, la sensación de que “todos son lo mismo” y el agotamiento frente a las crisis sucesivas que han debilitado el vínculo con lo político. En ese contexto, el voto puede sentirse vacío, sin dimensionar el impacto real que tiene en nuestras vidas. La indiferencia no neutraliza el poder, al contrario, lo deja en manos de quienes saben organizarse para capturarlo.

Por ello, el llamado no es a un optimismo ingenuo ni a una defensa superficial de la democracia como discurso desgastado que resuena en varios medios. Es, más bien, una reflexión apelando a la memoria. Que votar no solo sea un acto de elegir entre opciones disponibles, que implique preguntarse quiénes han contribuido a este escenario, quiénes han guardado silencio frente a los abusos y quiénes han promovido activamente retrocesos en nuestros derechos. Se trata de recuperar la memoria como herramienta política, no como un acto de resentimiento, sino para evitar que los sucesos que vivimos se repitan sin control ni sanción. En un escenario en el que las reglas del juego han sido trastocadas, la responsabilidad ciudadana no puede reducirse a la resignación. Toca decidir qué prácticas no estamos dispuestos a legitimar, qué discursos no queremos normalizar y qué tipo de país estamos dispuestos a sostener, incluso en contextos adversos.

 

desco Opina Regional / 10 de abril de 2026

Votemos por el estado de derecho

 

Mucho de la manera cómo funciona nuestra ruinosa democracia, se evidenció en el reciente debate entre los candidatos presidenciales. El esfuerzo por acercarle a la ciudadanía las propuestas de los candidatos con el afán de facilitar y mejorar los canales de representación, arrojaron como resultado la exposición de una absoluta orfandad de argumentos e ideas. El problema, una vez más, tiene mucho de forma, pero es bastante mayor en materia de contenidos.

Para 33 candidatos, de los 36 en competencia, el estado de derecho, es decir, el marco normativo, la debida gestión y los procesos transparentes en los que debieran competir, no interesan. En esa línea, los que buscan alejarse de los actuales partidos congresales, señalaron que una prioridad que tendría un eventual gobierno suyo, era la derogación de las leyes pro crimen que aprobaron los integrantes del actual Parlamento.

Que los candidatos de los tres partidos, “dueños” actuales del Congreso, que hicieron del Ministerio Público la destrozada institución que vemos ahora, pasando del 18% de desaprobación ciudadana el 2022 a 35% en el 2025, nos juren por todos los santos que la Fiscalía debería tener presupuesto autónomo (Acuña), ser blindada de injerencias políticas (López Aliaga) o que se le debe garantizar su independencia funcional (Fujimori), fue sólo una aburrida manera de llenar el tiempo que se les asignó en el debate, porque todos sabemos de los enormes problemas que tienen los tres con esa institución y su escenario soñado es probablemente que ni siquiera exista.

Este apego por la desinstitucionalización, poniendo de lado cualquier atisbo de estado de derecho, hace que, en términos generales, los candidatos entiendan la inseguridad ciudadana, el mayor problema que nos aqueja hoy, como un tema policial-militar que podríamos manejarlo mejor “saliéndonos del Pacto de San José”, expresando claramente sus limitaciones y su falta de creatividad. Peor aún, un candidato autodefinido de izquierda, supone que esta situación amerita, incluso, auspiciar la creación de “comandos de aniquilamiento”.

A estas alturas, deberíamos estar convencidos de que estamos ante un problema estructural que requiere reformas profundas en justicia, participación ciudadana, policía, coordinación interinstitucional y políticas sociales.

Sin embargo, lo planteado está lejos de enfoques integrales, participativos y territoriales. Por ello, las propuestas terminan siendo populistas, fragmentadas e inviables legalmente, lo que explica por qué no logran convencer a la ciudadanía ni ofrecer soluciones sostenibles.

De este decepcionante panorama, escapan posiblemente Jorge Nieto, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara. Nieto propone además de una reforma integral de la Policía Nacional con énfasis en la profesionalización, la coordinación y articulación con gobiernos locales para reforzar la prevención comunitaria, algo que escapa totalmente a la lógica represiva de los otros candidatos. De igual manera, Mesías Guevara, emplea un enfoque territorial de manera tal que el plan de seguridad ciudadana pueda adaptarse a las realidades regionales y responder así a la diversidad territorial del país. En el caso de Pérez Tello, planteó un enfoque integral, también bastante alejado de los predominantes enfoques represivos: fortalecimiento institucional y de redes comunitarias, transparencia y coordinación interinstitucional, para profesionalizar la Policía, combatir la corrupción y atender las causas sociales del delito.

No es que las propuestas sensatas en términos de institucionalizarnos, reforzando el estado de derecho para generar ambientes más seguros no existan. El problema es que predomina el discurso facilista, de corto plazo, que apela al sentido común, resumido en el formulismo de “mano dura”.

Por eso, el pesimismo, “el mal menor” de ayer o “el voto estratégico” de hoy, sólo favorece a la antipolítica de los actores no democráticos. Aquellos que demuestran a cada paso que la democracia y el estado de derecho no les importan, pero gritan fraude como si la sospecha fuera su único plan de gobierno, aun cuando la realidad no les dé motivo, como normalmente sucede.

Entonces, la cuestión que se plantea a las ciudadanas y los ciudadanos en las próximas elecciones es cómo recuperar el máximo de espacio cívico perdido en estas últimas décadas. El voto no es ideológico, sino principista. La cancha, sin duda, está nítidamente marcada.

 

desco Opina / 1 de abril de 2026