La designación como Presidente de la
República de José María Balcázar, hecha por el Congreso de la República, marcó
un nuevo momento en la larga crisis orgánica que vive el país. El anterior
mandatario, también designado por el Congreso, José Jerí, un cabal representante del
autodenominado primer poder del Estado,
terminó su breve mandato con 21% de aprobación y en caída acelerada, con una
opinión pública –que no obstante los sucesivos escándalos en los que apareció
involucrado ya instalado en la Plaza de Armas– donde el 65% creía que su
censura estuvo motivada sólo por intereses políticos. Apenas 24% aprobó la designación de
Balcázar y 56% indicaba que las cosas seguirán igual con él y 26% creía que
empeorarán.
Ciertamente, no faltaba razón. Más allá
de los groseros pecados de las últimas semanas del representante de Somos Perú,
su historial previo –cargaba con
una denuncia por violación archivada, otra por desobediencia a la autoridad y
una tercera por integrar una supuesta organización criminal, además de su
activa participación en todas las normas que dificultan y limitan la lucha
contra la criminalidad, así como en las leyes que demolieron la
institucionalidad y su entusiasmo por la amnistía para militares y policías
procesados por violaciones de derechos humanos y la prescripción de delitos de
lesa humanidad–, el interés y el apuro de parte importante del Congreso por su
censura y la defensa cerrada que hicieran de él Keiko Fujimori y el fujimorismo
en pleno, así lo demostraban.
Los
pleitos entre Fujimori, López Aliaga, Acuña y Luna ocuparon el espacio, pero no
lograban esconder que se trataba de peleas para desplazarse unos a otros en la
campaña y para acusarse de haberle entregado el gobierno a la izquierda. Todos
tratando de capitalizar en un sentido u otro la caída del hincha de Pantaleón y
buscando adivinar quiénes votaron por Balcázar porque la aritmética demostraba
que para lograr los 64 votos que obtuvo, el pacto de la derecha se debilita y
que la competencia entre López Aliaga y los naranjas se desata, en una disputa
entre compadres que buscan las mejores cartas de cara al 12 de abril y que más
allá de los insultos y las descalificaciones en las que ambos tienen
experiencia, aunque el candidato de Renovación lleva ventaja, están soldados y firmes
en la captura del Estado y sus instituciones, la defensa de las leyes procrimen
y antiderechos, la militarización de la seguridad ciudadana y la protección de
su impunidad y sus privilegios.
El affaire De Soto, más allá de sus
detalles menores, todo lo indica así, fue el temprano enfrentamiento entre dos
egos, con historias y perfiles distintos, pero con similares ambiciones de
poder y reconocimiento a la escala de cada uno. La continuidad de siete
ministros, incluyendo a la nueva Premier y al ministro de Relaciones
Exteriores, elogiados y reconocidos tres meses atrás por las distintas derechas,
diversos gremios empresariales y por muchos analistas y medios de comunicación,
se convirtió en demostración del peso y la presencia de APP en el Estado, como
si fuera una novedad desconocida. Como en el caso de Jerí, el historial del
nuevo encargado de la presidencia –la acusación por el robo de fondos del Colegio
de Abogados de Lambayeque, el tráfico de influencias recomendando a su nuera a
Patricia Benavides, el plagio de la tesis de su hijo o sus indignantes
declaraciones sobre la sexualidad de las niñas–, devino
en descubrimiento, evidenciando una práctica instalada que consiste en
“descubrir” al infractor cuando es necesario y olvidarlo cuando conviene, como
ocurrió en este caso con su papel de facilitador de la composición del Tribunal
Constitucional.
Como
resulta obvio, el futuro de Balcázar y su gabinete dependen del Congreso y por
ende del proceso electoral, el interés mayor de éste hasta el 12 de abril. Aunque ha disminuido el porcentaje que
no elige a ningún candidato viable (de 44.5% a 35.8%), la última encuesta del
IEP muestra que se mantiene la incertidumbre: No aparece un ganador probable, y
si bien 39% cree que puede ser alguien que encabeza las encuestas, con más de
treinta aspirantes, tales números pueden no ser estadísticamente significativos
en un escenario en el que López Aliaga (14.6%), la señora K (10.3%), López Chau
(5.3%) y Carlos Álvarez (4.9%) encabezan la intención de voto, mientras 21
candidatos no alcanzan ni siquiera el 1%, en una competencia en la que Fujimori
resulta imbatible en el antivoto (54%). Ello, en un escenario en el que 65% de los encuestados dice estar poco o
nada interesado en la política,
aumentando 8 puntos en relación a enero.
Por lo demás, ello es comprensible
cuando al menos 252 candidatos al nuevo Congreso bicameral (Senado, Diputados y
Parlamento Andino) han declarado sentencias penales firmes en sus hojas de vida
presentadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre los partidos con mayor número de candidatos con
antecedentes penales figuran
Podemos, Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, que suman 61 sentenciados. Es difícil estimar el impacto en el electorado de la actuación
del Congreso en el nombramiento de Balcázar, uno de sus efectos posibles es un
mayor distanciamiento de la política y dar la idea de que la elección de presidente
importa poco si el Congreso puede removerlo en cualquier momento.
El voto
de confianza que buscará el gabinete Miralles en este contexto será un nuevo
momento de la campaña electoral. El gobierno lo sabe y tiene claro que no es
muy distinto al Congreso, –por ejemplo, más de diez ministros tienen
denuncias policiales por delitos como corrupción, lavado de activos y
ambientales–, apurándose en coordinar con la presidencia
del Congreso, que como bien sabe Jerí, no es garantía de nada. A fin de
cuentas, con este Congreso, por
su afán de poder y de dinero, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. El
pueblo peruano debe estar alerta y salir al frente cuando sea necesario.
desco Opina / 6 de marzo de 2026
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