viernes

El discurso presidencial, aquí no pasa nada y el sur no existe

En el contexto de la profunda crisis política que atraviesa el país, en la que uno de los puntos nodales es la Presidencia de la República, los días previos al mensaje se especulaban diferentes posibilidades sobre su contenido. Desde una opción conservadora en la que a partir de una autocrítica, el mandatario anunciaba la conformación de un nuevo gabinete concertado con la oposición menos dura, hasta el intento de una fuga hacia adelante, planteando una cuestión de confianza sobre el cambio de Constitución, en un intento por profundizar la polarización recuperando iniciativa política.

En los hechos nada de ello ocurrió pues la oposición conservadora mostró sus fisuras y debilidades con motivo de la elección de la Mesa Directiva del congreso evidenciando que en el corto plazo no representa una amenaza mayor para el Ejecutivo. Por lo demás, la precariedad del propio gobierno acosado por distintas investigaciones y por la reciente entrega a la Fiscalía de la Nación del prófugo Bruno Pacheco, quien fuera el secretario de palacio, tampoco brindaba condiciones para una posición firme frente al Congreso y el país.

El resultado fue un mensaje, con un largo recuento de acciones que forman parte de la actuación del Estado en piloto automático y la inercia de la acción gubernamental, muy alejadas de las transformaciones demandadas por las amplias mayorías y ofrecidas por el mandatario ante el agotamiento del modelo neoliberal y la crisis agravada por la pandemia. 

El malestar de Castillo con la oposición y los medios cuando dice “han ocultado nuestros logros, ... se dedican a difamar y mentir en una perversa inversión de los principios del derecho” resultaba contradictorio con su reiterada negativa a presentarse ante los medios donde justamente habría podido difundir el quehacer del gobierno y enfrentar las campañas difamatorias.

El presidente sostuvo que el desempeño económico del país había superado el desempeño de nuestros vecinos regionales en materia de crecimiento del PBI, mientras el crecimiento del empleo formal registraría un  6.9% de incremento anual  a mayo del presente año. Lo real sin embargo, es que las proyecciones de crecimiento para el 2022 están a la baja, menos del 2.8%, y no exhibimos el mejor desempeño latinoamericano. Según el FMI en materia de crecimiento, este año nos superarán, por lo menos Colombia y Argentina. En materia de empleo, el que se ha recuperado más es el precario, mientras que el trabajo adecuado en Lima está casi 10 puntos por debajo del 2019.

En cuanto a la política agraria, que es un elemento central de su política, el principal anuncio fue la constitución del Padrón de Productores Agrarios como la llave para el desarrollo de los servicios y la atención a las necesidades de los productores, cuando en realidad se requieren recursos de financiamiento y asistencia técnica y mejora de los mercados, con mayor razón en la crisis actual de los fertilizantes. Los recursos establecidos a través del Fondo Agroperú no llegan a los pequeños agricultores que constituyen la absoluta mayoría del campo, pues no se adecuan a las condiciones de la agricultura familiar. Esta situación es la que ha dejado sin contenido a la prometida Segunda Reforma Agraria, a lo cual ciertamente han contribuido los sucesivos cambios en la conducción ministerial.

En el tema ambiental, el gran logro expuesto fue el enjuiciamiento a Repsol por el  derrame de petróleo al mar, cuando el tema que debe ser prioridad del sector es la estrategia de adaptación frente al cambio climático y la lucha contra la deforestación y la contaminación de las cuencas por la minería ilegal y también por la formal. En el sector de los hidrocarburos, ahora que su costo golpea la economía familiar de quienes menos tienen, la promesa de la nacionalización del gas quedó en el absoluto olvido.

En el sector educación, que constituye uno de los temas centrales para el desarrollo del país, ni un comentario  sobre la mejora de la calidad de la educación universitaria y la educación pública, tampoco frente a la contrarreforma universitaria apoyada por la alianza de su partido magisterial, Perú Libre y los promotores de las universidades negocio. Los anuncios se han limitado al incremento de las remuneraciones con la expectativa de una UIT, 4,600 soles mensuales, para el primer nivel de los docentes, sin decir nada sobre la mejora de los modelos pedagógicos y la meritocracia en la formación de los docentes, factores clave en cualquier mejora educativa.

Otro gran vacío en un sector clave ha sido el de la Salud. Apenas una relación de mejoras de infraestructura, muchas de las cuales están paralizadas por la corrupción. Nada del sistema único de salud, la integración de los actuales sistemas para mejorar la cobertura y optimizar los recursos y el tránsito de la salud como negocio hacia un derecho humano.

El discurso mantuvo una gran deuda con la Macroregión Sur, que fue su principal bastión electoral. Ninguna mención a la descentralización que se encuentra estancada, más allá de los efectistas gabinetes descentralizados que solamente han servido para confeccionar una larga lista de demandas que tampoco se atienden por el desgobierno. Ni una palabra sobre el proyecto del Gasoducto Sur Peruano que es vital para el cambio de la matriz energética en todo el sur, y adicionalmente el desarrollo de la petroquímica, que podría brindar entre otros productos, la urea para la agricultura.

El acto mismo de la presentación ante el congreso, hay que decirlo, es una ceremonia que se desprestigia más cada vez. Las actitudes de la oposición como escuchar la exposición dando las espaldas o vociferando imprecaciones,  evidencian la profundidad de la crisis y el deterioro, si no la ausencia de debate político. Por todo lo dicho, parece claro que el Presidente no tiene conciencia de la profundidad de la crisis que atraviesa su gobierno que marcha, todo lo indica así, a un colapso en cualquier momento.


desco Opina – Regional / 5 de agosto del 2022

descosur


lunes

Un año hacia abajo

 

En el Perú actual la idea de consenso político ha desaparecido. La elección de la Mesa Directiva del Congreso con cuatro listas postulando ha sido un buen ejemplo de ello. La desorganización de la oposición parlamentaria se confirma así como un factor clave para explicar la sobrevivencia de un gobierno cuya incapacidad se traduce en una creciente impopularidad. Y si no existió capacidad de acuerdo de los congresistas siquiera en el conflicto con el Ejecutivo, menos la hubo en relación a metas nacionales de cualquier tipo, que urgen sobre todo en el ámbito económico.

El año legislativo estuvo marcado por contrarreformas en lo constitucional, lo electoral y lo educativo, esfuerzos en los que participaron todas las bancadas sin distinción. Del lado de la oposición en particular, el grueso de su tiempo estuvo dedicado a buscar la vacancia presidencial mediante dos intentos fallidos, cuando no se procedió a la censura selectiva de ministros, no tanto como forma de control político, sino como un mecanismo para corroer al Ejecutivo, que entre eso y sus nombramientos fallidos, finalmente ha sumado cincuenta y nueve ministros en un año. Varios de esos relevos están relacionados a casos de corrupción sobre los cuales el mandatario no ha logrado ofrecer al país una explicación satisfactoria.

El mensaje a la nación del presidente de la República el 28 de julio, ha sido también una demostración reiterada de que el obstáculo más grande al desarrollo del Perú continúa siendo la tremenda ineficiencia e ineficacia de parte del actual sector público, agravada por la inoperancia y  la rampante corrupción que facilita este gobierno. Sin verdadera autocrítica y con cifras cuestionables, el Presidente Castillo siguió el guion de sus predecesores: una gris enumeración de avances en una realidad paralela, salpicada de anuncios populistas y de críticas a los medios de comunicación y la oposición. Para la anécdota quedan sus señalamientos a la “oligarquía” y sus vacías menciones a la justicia redistributiva, la reforma agraria o la asamblea constituyente, tres banderas con las que hoy nadie relaciona su Presidencia. A un año de gestión es cosa olvidada la declarada voluntad política del gobierno para introducir estas reformas. Ante la vacilación de sus gabinetes, y del propio Castillo, que frenaron los cambios sociales y económicos que se necesitan.

Los pocos aciertos del gobierno se diluyen ya en el pasado: la exitosa campaña de vacunación y el retorno más o menos ordenado a la “nueva normalidad”. El país continúa con una economía ortodoxa, equilibrada desde el BCR y el MEF aunque con un crecimiento cada vez más lento, siempre dependiente de la exportación minera, atravesada por serios conflictos sociales que ponen en cuestión el desarrollo de nuevos proyectos. También está el incremento en el gasto social, aunque sin cambiar en lo sustancial los mecanismos de asignación del presupuesto público.

Queda claro que estamos ante un régimen liderado por personas sin experiencia, sin apoyo político de las mayorías y rodeado de facciones clientelares y corruptas, en un ambiente de elevada conflictividad, todo ello síntoma de una democracia que alberga a una clase política que colapsó y que carece totalmente de liderazgos aglutinantes.

Ahora el Perú tiene instituciones menos sólidas y un presidente sin liderazgo. Nada que celebrar y, lo que es peor, ninguna propuesta por donde seguir, en la medida en que la convocatoria a elecciones generales continúe como una opción declarativa. Lo esperable es que en los próximos meses continúe el proceso de fraccionamiento y de marchas sin rumbo por parte del Ejecutivo y el Legislativo. Ninguna señal de algo diferente en el empate de suma cero que vive el país.

 

desco Opina / 1 de agosto de 2022

viernes

Los olvidos que duelen

A pocos días de haberse cumplido treinta años de la terrible desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, por acción del grupo paramilitar Colina; y de haberse hallado en Londres una caja con restos humanos de probablemente cinco de los estudiantes, es necesario interpelarnos y preguntarnos cuánto hemos hecho como sociedad para evitar hoy y en el futuro sucesos inhumanos como éste. 

Claramente no hemos sanado esa herida profunda que sigue sangrando; estamos lejos de ser una sociedad tolerante y solidaria, capaz de mirar más allá de sus narices y comprender y respetar sus diversas formas de pensar, sentir y existir. Nuestras actuales autoridades nos muestran cotidianamente con acciones y declaraciones la vulneración recurrente de lo poco que se ha logrado avanzar en materia de derechos humanos y de políticas que buscan mitigar la discriminación y el racismo. Es vergonzoso y lastima que se mantengan y perennicen usos coloniales que se creían ya superados y que reafirman la urgencia de romper esa lógica perversa que se mantiene viva en relaciones de poder que son clasistas y racistas. 

No debe sorprender en consecuencia que se empuje con empeño una corriente de opinión negacionista que pretende reescribir nuestra historia, esa que a ciertos sectores de nuestro país les parece incómoda y asusta, pero que con amor, memoria y dignidad se ha construido y ha resistido. No es casual que tengamos como presidenta del Congreso a un personaje con fuertes rasgos autoritarios y racistas, que sigue creyendo que nuestro país se divide entre blancos e indios, comportándose con frecuencia prepotentemente y expresando con nitidez a la idiosincrasia política más arcaica, conservadora y antiderechos del país. 

No es casual que desde el Congreso de la República se reivindique y se blinde a Merino y compañía mediante interpretaciones sesgadas de la ley y lecturas interesadas y tergiversadas de lo sucedido en las protestas de noviembre de 2020. Tampoco lo es que se archiven acuerdos internacionales que buscan proteger a defensores ambientales, dejando en la impunidad la muerte de líderes indígenas y los atropellos a la soberanía de las comunidades sobre sus territorios. No es casual que un sector de la prensa capitalina esté alineada a un manejo de la información poco objetivo e inhumano, que más allá de denunciar hechos delictivos vinculados al gobierno, frecuentemente tergiversa la realidad y a nombre de la libertad de expresión es capaz de ridiculizar a quienes cultural e ideológicamente no son como ellos. Su ligereza es funcional al afán de un sector de las clases privilegiadas que desconocen la legitimidad y la ciudadanía de los pueblos indígenas.  

 Resulta indignante que se llegue a banalizar el sufrimiento de miles de familias, invitando al público a experimentar cómo viven las comunidades de Puno a causa del friaje, tragedia que es propiciada por la incapacidad de nuestro sistema político y económico, pero que es trivializada  por empresas que instrumentalizan la precariedad para generar mayores réditos. 

Todo ello suma a esta estigmatización que se construye desde estereotipos de raza y género, por ejemplo, dando carta libre para la censura de lo diverso y de aquello distinto a lo que hegemónicamente se busca instaurar bajo el discurso de la integración nacional moderna, que defienden distintas voces del poder como María del Carmen Alva.  Resulta claramente condenable la normalización de este “racismo blando” apañado por un Estado que invisibiliza nuestra diversidad, limitando por un lado el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que no pueden acceder a condiciones de vida digna, y obligando indirectamente a una renuncia progresiva de la autoidentificación cultural para encajar en la lógica aspiracional de desarrollo y crecimiento individualista que promueve el neoliberalismo.  


desco Opina / 22 de julio de 2022

descoCiudadano


Erre que erre

Una medición de opinión pública del mes pasado registraba que 67% de encuestados y encuestadas consideraban que, en materia de progreso en el país, estábamos retrocediendo. El porcentaje más alto de desesperanza y malestar desde inicios de la década del noventa del siglo pasado, cuando se empezó a hacer esta pregunta. Ese mismo mes, las dos principales mediciones políticas nacionales indicaban que la desaprobación del mandatario alcanzaba 70% en un caso y 71% en el otro, mientras la del Congreso de la República llegaba al 75% y al 85% según fuera el caso.

A menos de un año de la instalación de ambos poderes, es evidente que la situación va cuesta abajo en la rodada. Julio, mes de la patria y de los circos, este año parece que será más de los segundos. Tras once meses de constantes enfrentamientos que empezaron con la cantaleta del fraude electoral, que devinieron pronto en los intentos de vacancia presidencial y las voces que amenazaban con el cierre del Congreso, seguimos en lo mismo. Tanto, que incluso las denuncias iniciales de la trampa electoral continúan navegando en las investigaciones que lidera un congresista náutico, En esencia, oficialismo y oposición, Ejecutivo y Legislativo, continúan en su empeño de destruir al adversario y en ese camino profundizan la polarización que vivimos y están arrasando con lo poco que había avanzado el país. Erre que erre cada uno en su negocio de supervivencia y reproducción.

Las últimas semanas, el Ejecutivo y el mandatario, asediados desde distintos flancos que alimentaron sistemáticamente desde su instalación en el gobierno, presentaron su polémico proyecto de ley sobre el papel de los fiscales, las investigaciones reservadas y su relación con los medios, que más allá de sus eventuales razones, busca frenar a éstos y a los periodistas en un contexto en el que la multiplicación de denuncias e indagaciones judiciales se acrecienta para beneplácito de quienes buscan liquidar al gobierno y multiplican sus ataques. En ese escenario de asedio, el Primer Ministro, haciendo gala de su tino político, recuerda nuevamente a Hitler; si la primera vez que lo hizo fue con ambigua admiración, ahora lo hace como abierta anatemización, consiguiendo en ambas oportunidades portadas y titulares que no le disgustan.

Buscando responder a un sector de su clientela, el Ejecutivo intervino la Derrama Magisterial, una empresa de derecho privado y controlada por la Superintendencia de Banca y Seguros, en una decisión cuestionable y con nombre propio, que le abrirá al Ejecutivo y al mandatario en particular, un nuevo escenario de confrontación. Todo ello sin olvidar el cotidiano y lamentable surgimiento de parientes y paisanos aprovechando el vínculo para sus negocios privados y trapacerías, denunciados por personajes similares que buscan reducir el castigo por sus propios delitos.

Durante los mismos días, el Congreso y su Presidenta, ya especialista en agresividad y discriminación a estas alturas del partido, continuó acumulando sus propios méritos. Protegiendo a varios de sus propios clientes, la Mesa Directiva aprobó a fines de junio una bonificación extraordinaria para el personal de confianza y otra para todos los trabajadores del Congreso, que rondaría los 70 millones de soles. Para que no queden dudas de su talante y corazón, no contentos con blindar a Manuel Merino y sus secuaces, el ex presidente de facto fue el personaje central de una ceremonia en su homenaje en el Congreso el 11 de julio pasado. El apuro de esos gestos, ciertamente está acompañado por la prisa en otras decisiones mayores.

Así, la elección del nuevo o nueva titular de la Defensoría del Pueblo y el apuro por sancionar la bicameralidad sin ninguna discusión seria y con el interés único de crear mayores y mejores condiciones para su continuidad, está acompañada por el golpe a la reforma universitaria con la aprobación por insistencia de la ley que incorpora a Sundeu a tres representantes elegidos por las universidades y la extingue como organismo técnico especializado. La alianza de la derecha más pura y más dura, el fujicerronismo y los intereses de varias universidades bambas presentes en la representación nacional, se evidencia una vez más, por si fuera necesario a estas alturas.

De esta forma, erre que erre, Ejecutivo y Legislativo insisten en darle la razón a una opinión pública que crecientemente entiende que la única solución es que se vayan todos. Una opinión pública que tiene cada vez más claro que ni a unos ni a otros les preocupa la situación de la gente y su futuro, su aspiración de progreso y derechos. En ese camino que tiene mucho de salto al vacío, entre las cosas urgentes a aprender y resolver está el desplome de nuestro presidencialismo parlamentarizado en el que basta tener los votos necesarios para tener al mandatario como rehén, como ocurre ahora o en el escenario opuesto, asegurarse la mayoría parlamentaria para decidir sin control, como ocurrió con el fujimorismo. En alguna medida, la continuidad de una manera nefasta de gobernar.


desco Opina / 15 de julio de 2022


sábado

El panorama electoral de Junín: el mismo menú que en el país

 

A poco menos de tres meses de las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre, ya son oficiales las agrupaciones que postularán a la Gobernación y al Consejo Regional. De las 18 listas inicialmente registradas, quedan apenas 7 en carrera. El Jurado Electoral Especial de Huancayo, eliminó definitivamente a 11 de ellas. Al 8 de julio aparecen como admitidos, entrando al período de tachas, Sierra y Selva Contigo Junín, Junín Renace y Junín Sostenible con su Gente. Caminemos Juntos aparecía como recibido, aunque aún no admitido. A ese día ya habían sido rechazadas las listas de Fe en el Perú, Frente de la Esperanza, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú y Perú Libre, declaradas como improcedentes, apareciendo también como inadmisibles las de APP, Corazón Patriota y el Partido Morado.

Por su origen regional y por ser el partido que llegó al gobierno con Pedro Castillo, el caso de Perú Libre es particularmente significativo. Según la resolución 00547-2022-JEE-HCYO/JNE, la lista que se pretendía inscribir de dicha agrupación, se declaró inadmisible el 30 de junio pasado por incumplir requisitos básicos para su inscripción como incluir seis candidatos jóvenes, tres representantes campesinos y la misma cantidad de hombres y mujeres como candidatos a gobernador regional en todo el país (Fernando Orihuela: "Volveré a mi cargo de gobernador si mi candidatura no va"). El «descuido» en el cumplimiento de las condiciones para participar, compartido con la mayoría de listas de los partidos nacionales, no sorprende. Perú Libre, al 17 de junio pasado cuando se cerró la fecha de presentación de las solicitudes de inscripción, tenía registradas apenas 60 listas distritales de las 124 posibles, mientras distintos movimientos regionales presentaron 105, 96 y 94 aspirantes distritales en la misma circunscripción.

Sea como fuere, de las listas y candidaturas que prosiguen seguras en carrera, porque las otras aún tienen derecho al pataleo y la apelación –recordemos que el 3 de agosto próximo será la fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales publiquen todas las fórmulas y listas admitidas en el diario de mayor circulación de la circunscripción correspondiente de acuerdo al cronograma electoral establecido para el proceso–, varias de ellas son encabezadas por figuras que tienen antecedentes, por lo menos polémicos. Son, por ejemplo, los casos de los candidatos Ángel Unchupaico, ex gobernador regional, y Zósimo Cárdenas.

El primero, quien además de una sentencia con prisión suspendida por injurias, registra 17 denuncias presentadas por la siguiente gestión regional responsabilizándolo de colusión, negociación incompatible, peculado y omisión de actos funcionales. El segundo, ex alcalde de Pichanaqui, es investigado por delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, negociación incompatible y contra la tranquilidad pública en la modalidad de crimen organizado, además de que la Contraloría Regional de Huancayo inició dos auditorías por un presunto perjuicio económico de 10 millones de soles durante su gestión como alcalde de Pichanaqui.

En Junín como en todo el país, ciudadanas y ciudadanos están desencantados de los partidos políticos, pero también de los movimientos regionales. Las experiencias recientes en su territorio no avalan ni a unos ni a otros. En ese escenario, el interés por conocer a candidatas y candidatos va creciendo y la gente busca a través de los medios, internet y las hojas de vida, información sobre las y los aspirantes. El temor y el malestar frente al riesgo a una nueva decepción, la sensación de que las campañas se «inflan» de promesas y compromisos que generan expectativas que después se incumplen y que hacen de nuestra democracia un espacio amplio para la frustración y el desengaño, son grandes.

Mayores aún con la reciente información divulgada por la Contraloría General de la República que en su Balance Anual del Índice de la Corrupción (Índice CGR de Corrupción 2021), estima que en Junín, a nivel de gobiernos regionales, provinciales y distritales, el perjuicio económico estimado es de S/ 696 000 091, cifra que ubica a la región, dentro del ranking de las más corruptas, en el 9° lugar, después de Amazonas y por encima de Ica, «encabezando» a todas las regiones del macrocentro.

En Junín, como en todo el país, todo indica que seguimos frente a la misma apuesta de nuestra clase política. Una que apunta a prolongar el registro de agrupaciones sin consistencia, representatividad ni apoyo electoral, que funcionan como franquicias, refuerzan la personalización de la política, la mercantilización de la participación en las contiendas electorales y en las propias campañas y amplían y prolongan la penetración, si no la captura de nuestro sistema político por poderes opacos que hoy, más allá de discursos ideológicos, coinciden en el Ejecutivo y el Legislativo. Estamos en la obligación de mirar con detenimiento agrupaciones y candidaturas, propuestas y compromisos porque una vez más, nuestro limitado poder, descansa en nuestra responsabilidad al elegir.

 

desco Opina – Regional / 8 de julio del 2022

descocentro

viernes

Ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario

 

¿Qué sabemos de la Unión Nacional de Transportistas, además de que Javier Marchese es aparentemente su presidente y Martín Ojeda el secretario ejecutivo? Responder a esta pregunta es importante, porque el gremio referido ha sido, nada menos, el organizador del paro indefinido de transportistas de carga pesada que debió empezar el lunes 27 de junio y nadie puede asegurar si estamos ante una entidad formal, constituida según las normas, o si se trata de un organismo fantasma que opera de acuerdo con intereses que no son necesariamente los de sus supuestos agremiados. Para empezar, no tiene una página web, y registra solo una actividad mínima y personal en las redes sociales.

Durante la semana anterior al inicio del paro indefinido, la exposición en los medios de comunicación nacional de Marchese y Ojeda fue intensa para explicarnos que la medida sería acatada por más de 31 gremios(que agruparían nada menos que 187 000 empresas) dado que se habían agotado todas las fases de diálogo tras un mes de conversaciones con tres ministros de Transportes y Comunicaciones: Juan Silva, Nicolás Bustamante y Juan Barranzuela. “Ahora, la única opción que nos queda es la huelga”, señalaba Marchese enfáticamente.

El pliego de reclamos era muy denso y, de buenas a primeras, traslucía la necesidad de negociaciones complejas que demandaban mucha paciencia y tolerancia a los que formaban parte de la mesa. Entre otros puntos estaba la restitución del transporte de mercancías como servicio público, la reducción del precio del diésel, el control de la competencia desleal que originan los transportistas bolivianos y ecuatorianos, y la regulación de peajes.

Además, como agregado, estuvieron las expresiones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, durante la conferencia de prensa del 24 de junio, en la que afirmó que si se procede a esta medida de fuerza solo sería de “algunos sectores de transportistas” y, probablemente, no habría el anunciado paro, luego de una reunión que los transportistas sostuvieran con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela.

Mientras las negociaciones se empantanaban, los medios de comunicación nacionales daban como un hecho la medida de fuerza y sugerían medidas a la población. Como era de esperar, la difusión (¿campaña?) mediática se centró en el probable desabastecimiento de alimentos en Lima que podría llegar, según estas advertencias previas, al 60% del total que ingresa diariamente a los mercados mayoristas.

Desde el lado gubernamental, también se daba por descontado el paro programado. El Ejecutivo declaró el “estado de emergencia” en la Red Vial Nacional durante 30 días, restringiendo derechos constitucionales como el libre tránsito por las carreteras y ordenando que “la Policía Nacional del Perú mantenga el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas” en las zonas en emergencia, mientras se suspendían las actividades escolares presenciales en distintas regiones del país.

La declaración se produjo tras el fracaso de las negociaciones, el domingo 26 de junio en la noche, aunque el ministro de Economía, Óscar Graham, el único presente en la mesa de negociaciones, anunció que el Ejecutivo sí logró un acuerdo con el sector de transportistas interprovinciales, que agrupa a unos 100 000 conductores de autobuses, que también amenazaba con paralizar sus labores.

Con estos antecedentes y habiendo «calentado el ambiente» durante toda la semana previa, los medios de comunicación nacionales –impresos, radiales y televisivos– prepararon la cobertura del primer día del paro. En efecto, el lunes 27 de junio iniciaron sus transmisiones bajo la seguridad de que se estaba escenificando un paro impactante en todo el territorio nacional. Sin embargo, rápidamente empezaron a mostrar su desconcierto. Sus reporteros difundían la inexistencia de novedades, algo que no estaba en las pautas y guiones que debían seguir las redacciones ese día. Para su confusión, varios gremios como la Asociación de Transportes de Carga Pesada de Nasca, señalaban su desacuerdo con la fecha del paro y convocaban para el 18 de julio.

¿Qué había pasado? Según dijo el vocero de los transportistas, Marlon Milla, en un confuso mensaje, el gobierno había aceptado una de sus demandas, el fondo de estabilización, aunque faltaban resolver otras, agregando que “hay varios temas que están en el tintero y que estamos a la espera de que se nos remitan las normas que se van a presentar para evaluarlas lo más pronto posible con nuestros asociados y poder tomar una decisión final”. Para Javier Marchese, la situación era diferente porque, según él, pese a los acuerdos y “debido a la cantidad de ministros que están cambiando” no habían llegado a una solución.

Por su lado, el gobierno anunció que el paro nacional había sido suspendido, luego que el ministro Barranzuela conversara con Javier Corrales, vocero de la Asociación de Transportistas del Perú, la cual tampoco registra actividad gremial, como la entidad que preside Marchese: “Hemos convenido y concertado que el paro queda suspendido, tenemos situaciones concretas que ya estamos trabajando y se las hemos mostrado”, señaló Barranzuela.

 La situación vivida a propósito del paro de los transportistas es fiel reflejo de nuestra «institucionalidad»: un gobierno que cambia hasta tres veces de ministro en el MTC, gremios sin rastros de registro formal y medios de comunicación concertando para promover hechos que no suceden, alineándose con consignas políticas que buscan debilitar aún más a un gobierno que, con todos sus grandes errores y pecados, fue legal y legítimamente constituido a pesar de los discursos sobre el fraude que encontraron su cajón de resonancia desde entonces en muchos de los medios.

 

desco Opina / 1º de julio de 2022