Cambios sin novedades

 

El sufrimiento creciente de los peruanos y peruanas a causa de la pobreza y el deterioro de la calidad de vida es incuestionable, aunque sordo e invisible para el gobierno de Dina Boluarte.

Las libertades democráticas y el imperio de la ley y la justicia siguen siendo jaqueados día a día desde la alianza entre la mayoría congresal y el Poder Ejecutivo, en medio de una plaga de mediocridad e incompetencia que nos castiga llevando a niveles inimaginables la descomposición social e institucional del Perú y el debilitamiento de los valores democráticos.

No es necesario recordar que hace buen rato el Perú dejó de ser un caso de manejo exitoso de la economía, abundan las razones: aumento de precios, mayor desempleo, incremento de la informalidad y estancamiento de nuevas inversiones. Todo esto en el marco de un escenario en el que operan de la mano la corrupción, la inseguridad y el crimen, anulando cualquier futuro promisorio para nuestro país.

En las actuales circunstancias, los cambios ministeriales no guardan relación con la necesidad de priorizar la atención a los problemas del país, sino que expresan apenas un momento de redefinición del reparto de poder al interior del gobierno, aunque sin efectos de fondo respecto a su orientación corrupta y autoritaria.

Los recientes relevos ministeriales en carteras que parecían seguras para sus portadores –Relaciones Exteriores, Cultura, Vivienda Construcción y Saneamiento, así como la del ministerio de Comercio Exterior y Turismo– dejan traslucir la pérdida de más de una ficha ligada al fujimorismo y posiciones de ultraderecha, como en el caso del ministro González Olaechea. También sugieren la garantía momentánea de sobrevivencia para el actual presidente del Consejo de Ministros, ampliamente catalogado como incompetente, hasta por lo menos la finalización de la reunión de APEC en noviembre próximo. Dejan ver igualmente, un retroceso lamentable con la reducción a tan solo dos ministras mujeres en un gabinete de 19 integrantes.

Se trata también de un Gabinete al que han sido incorporados funcionarios ministeriales operativos entre los que se incluye a un personaje cuestionado por sus vínculos cercanos con la corrupción del gobierno de Pedro Castillo, en la persona del nuevo ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento. Entre las pocas “novedades” está la ratificación de los ministros del Interior, Salud, Agricultura y Educación, señalados con múltiples cuestionamientos por la ciudadanía, gremios profesionales, organizaciones especializadas, sindicatos y la prensa por su deficiente desempeño.

En lo inmediato parece ser una tarea urgente establecer nuevas formas de diálogo haciendo uso de todos los medios disponibles que rompan la inercia generalizada. El próximo proceso electoral en el país debería conducir no a prolongar la agonía de la democracia, sino a cortar esta tendencia devastadora que nos está llevando a liquidar el esfuerzo arduo de varias generaciones por construir una democracia económica y social en el Perú.

Lo real de estos días para la gran mayoría de peruanos empobrecidos no es el juego de poder del Estado entre quienes lo acaparan, y los cambios de ministros, sino más bien la pandemia de corrupción e inseguridad provocada por las mafias de peruanos y extranjeros que socavan al país mañana, tarde y noche mediante el cobro de comisiones ilegales, extorsión a empresas, familias, colegios y otras instituciones. Llegan –es bueno recordarlo– hasta las tiendas más pequeñas de barrio, los mototaxistas y otros servicios urbanos como parte de la normalización del robo generalizado, los asaltos y homicidios principalmente por sicariato, haciendo de la vida de los peruanos y peruanas el reino de la inseguridad que incluye la trata de personas, el secuestro y la explotación sexual, además del narcotráfico. Por ello, a nadie debería sorprender, como puede comprobarse con la información migratoria disponible, el enorme éxodo silencioso de cientos de miles de peruanos al extranjero.

 

desco Opina / 6 de setiembre de 2024

La creciente perplejidad ciudadana

 

La mayoría de nuestra sociedad siente la inseguridad ciudadana como un problema que se agrava cada vez más en medio del tipo de democracia que soportamos. Con sus actos, quienes controlan los poderes del Estado, muestran una gran indolencia ante este peligroso desafío. Da la impresión, por lo que efectivamente se hace y se deja de hacer, que se vive una etapa en la historia nacional en la que, como señalan analistas especializados, se ha pasado de una precariedad institucional al descalabro político (Alberto Vergara / Ciudadanos sin República).

La población y la prensa nacional de distintas tendencias, compartimos la percepción creciente de que quienes nos gobiernan son delincuentes para los que la inseguridad ciudadana en aumento, es parte de su propio accionar. ¡Tremendo desafío el que tenemos por delante en el Perú!

El esfuerzo por fortalecer las instituciones democráticas y promover la independencia del Poder  Judicial y asegurar que actúe sin influencias indebidas, parece desvanecerse, del mismo modo que se entorpece la actuación de la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República. Peor aún es la situación de los organismos de derechos humanos, cuestionados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuando democráticamente pretenden supervisar el uso del poder y los recursos públicos.

Las condiciones sociales y económicas cotidianas de pobreza y exclusión, sumadas al temor luego de los asesinatos gubernamentales de quienes protestaban a fines del año 2022 e inicios del 2023, impiden que exista un ambiente propicio para desarrollar la participación activa de la ciudadanía en la política local y nacional, para ejercer presión sobre los representantes elegidos y demandarles responsabilidad y transparencia. El Parlamento ya no es, como debiera, un espacio de representación ni de debate, como consecuencia del transfuguismo, la creación de nuevos grupos parlamentarios y decisiones que se toman sin debates ni dar razones. Su legitimidad, lo sabemos todos, ha desaparecido e igual situación corresponde al Poder Ejecutivo de casi inexistente aprobación ciudadana.

En ese contexto, que el ministro del Interior descuide los temas de seguridad ciudadana, que debieran ser su prioridad ante el múltiple asedio del crimen organizado, es apenas una anécdota. Prioriza proteger a la presidenta Boluarte y cumplir la consigna de cerrar la DIVIAC que la investiga, intentando un control de daños a una fracción de las muchas acusaciones en su contra. En ese discurrir, la seguridad ciudadana para el gobierno es un tema más para pasar por agua tibia. El reciente asesinato de dos dirigentes de construcción civil, por ejemplo, además de ser un asunto de mafias, denota el grave problema en el que nos encontramos, trepando en los puestos del ranking de criminalidad en América Latina. La inseguridad ciudadana puede tener muchas causas, como la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la falta de estrategias claras para combatirla, pero constatamos también que pone en peligro los derechos fundamentales de los peruanos, sin olvidar la violencia de género que nos afecta.

Si nos concentramos en lo que tenemos hoy por hoy en el sistema penal, encontramos algunas medidas que parecen extrañas, tales como la atenuación de la pena de delincuentes o la suspensión de la ejecución de la pena y sus respectivas excepciones.

Las demandas ciudadanas de muy diversos sectores para que se combata la corrupción, son cada vez más insistentes, exigiendo una acción efectiva de las autoridades para erradicar una actividad perversa que genera temor e incertidumbre entre la población y cuantiosas pérdidas económicas. Sin duda, la inseguridad ciudadana que soportamos pone ya en peligro los derechos fundamentales y resquebraja las condiciones básicas que nos permiten la convivencia pacífica.

Los destapes y denuncias de la prensa de investigación sobre la corrupción y los abusos de poder parecen prédicas en el desierto del cinismo instaurado, cuando se constata que nuevas leyes y la gestión gubernamental protegen a corruptos y delincuentes en distintos ámbitos como el transporte ilegal, la minería, la tala y la pesca depredadoras y varios casos más como el funcionamiento de universidades de muy mala calidad.

Hay urgencia por avanzar en reformas casi imposibles de llevar adelante en las actuales condiciones, que hay que hacer en la policía y las fuerzas de seguridad para erradicar la corrupción y asegurar actúen en beneficio de los ciudadanos, cumplan con la prevención del delito y un manejo adecuado de la fuerza. Sin embargo, en un contexto de delitos cometidos por quienes gobiernan, puede ser necesario establecer otras medidas para abordar estos crímenes. La promoción de cambios políticos y electorales, lejos de traer reformas que hagan más difícil acceder o mantenerse en el poder a los delincuentes y corruptos, lo facilitan. No vemos en el horizonte un escenario favorable a la participación activa de movimientos de base que promuevan candidatos y partidos políticos con un fuerte compromiso contra la corrupción y la delincuencia. Tampoco un apoyo decidido de organizaciones internacionales para supervisar y ayudar en el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho en el Perú o la colaboración franca en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción transnacional.

Para prevenir el crimen y promover la seguridad ciudadana requerimos convencernos como sociedad de la importancia de utilizar un enfoque pluridisciplinario, que incluya políticas de inclusión social, fortalecimiento comunitario y educación, a las que ahora no se les da importancia.

En cuanto a la seguridad pública y las políticas de prevención, es necesario poner en marcha un modelo de Policía no sólo reactiva y de disuasión, sino proactiva, ligada a la sociedad de manera permanente y no sólo cuando se es víctima de algún delito; una Policía de prevención y proximidad con la ciudadanía, en donde el nivel de participación ciudadana sea dirigido y consolidado en acciones que permitan cambiar el rumbo de la percepción de inseguridad predominante.

 

desco Opina - Regional / 29 de agosto de 2024

descoCiudadano

El hartazgo frente al agravio y el autoritarismo como forma de gobierno

Hablar de la crisis del país ya es un lugar común. Mes a mes, las distintas mediciones de la opinión pública nos muestran la abrumadora desaprobación de la señora Boluarte y del Congreso de la República, es decir de la coalición autoritaria, conservadora y corrupta que nos gobierna. La encuesta de agosto del Instituto de Estudios Peruanos, como en los últimos meses, muestra que apenas 6% aprueba la gestión de la mandataria quien registra una desaprobación del 88% que se acentúa en el centro del país (3%), entre las personas de 25 a 39 años (5%) y en el nivel socioeconómico C (4%). Sus socios del Congreso se mantienen en un patético 4% de aprobación, que cae hasta el 1% en la macrozona central.

El nivel de insatisfacción sobre lo dicho por la presidenta en su mensaje presidencial con respecto a economía, seguridad y corrupción, es superior al 80%, en cada uno de los campos. Siete de cada diez encuestados no le creen nada. Esto es particularmente alto en las zonas rurales, la macrozona norte, las personas de 40 años a más, quienes pertenecen al nivel socioeconómico D/E, así como entre los que se identifican como de izquierda. Idéntico porcentaje de los encuestados no les cree nada o poco a los congresistas, especialmente las personas de 40 años a más, el nivel socioeconómico C, así como entre los que se identifican de izquierda o centro. Alrededor del 70% de los encuestados indica que el gobierno de Boluarte y el Congreso le suscitan sentimientos negativos. Muy pocos afirman tener sentimientos positivos ante el Ejecutivo (3%) o ante el Legislativo (2%).

Si miramos con algún detenimiento la forma en que se comportan el Ejecutivo y el Legislativo, entendemos con facilidad por qué menos de la mitad de los encuestados siente respeto por las instituciones políticas. En los últimos meses es claro que la Presidenta pretende que miremos la democracia como un asunto meramente electoral, desde el que ella tendría una legitimidad impune, más allá de muertos, heridos, perseguidos, relojes y pulseras, cirugías, wantanes e Inca Kolas, como sostuvo en China, protegida por su sociedad y sujeción con el parlamentarismo autoritario que nos gobierna, como lo evidenció su indignante y patética carta de respuesta a la CIDH, que firmó con otro de sus waykis, Alejandro Soto, el ex presidente del Congreso, en defensa de la ley perpetrada por los congresistas Rospigliosi y Cueto, para que se declare inaplicable la figura de lesa humanidad antes del 2002, protegiendo así a asesinos, violadores y torturadores, Alberto Fujimori incluido. La señora, autodeclarada madre de las peruanas y peruanos, a quienes les recuerda la madre propia cuando la silban, está decidida a hacer del agravio su sello personal.

Su capacidad de ofender y desdeñar a la población, como es obvio, marcha a la par con la incompetencia y la altanería de sus ministras y ministros, preocupados por su condición de guardaespaldas, ante que por gestionar el país. Desde su canciller, especializado en las últimas semanas en atacar en su casa a distintos representantes de países amigos, hasta el representante de César Acuña en el Gabinete, el sibilino ministro de Salud que combina su incapacidad para enfrentar el dengue –suman más de 260 000 contagiados y 240 fallecidos en la semana 32 del año–, con la arbitrariedad de algunas de sus decisiones que responden, seguramente a intereses privados como su decisión de cambiar las reglas para postular como serumista el presente año, estableciendo que se puede ocupar una plaza sin haber aprobado el examen nacional de la carrera. Sus distintos ministros combinan el ridículo con la arbitrariedad. Así, se desploman fungiendo de deportistas en la explanada de Palacio, niegan la inseguridad alimentaria insistiendo en que sobra la comida, inútilmente tratan de esconder las cifras de la pobreza creciente, despotrican de la CIDH y aplauden la desinstitucionalización del país, el retroceso en derechos y la protección a las economías ilegales y la impunidad, que promueven con entusiasmo los congresistas.

En el caso del Congreso, para que no queden dudas de sus intenciones futuras –control de la Junta Nacional de Justicia, control de los organismos electorales, seguros para asegurar su impunidad, candados para impedir candidaturas que los incomodan estilo Sagasti o Vizcarra, control de las ONG y del mundo de la cooperación y facilitación de las condiciones para las economías ilegales–, eligió una mesa directiva representativa de sus intereses e intenciones inmediatas. En este tiempo se evidenciaron tres procesos en marcha en este poder: (i) la consolidación de la alianza entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que más allá del reparto de cargos y la distribución de comisiones, apunta a subordinar a otros sectores de las derechas y a golpear a Renovación Popular; (ii) la ratificación de los intereses personales/grupales mayoritarios en el Congreso y la decisión de continuar en la dirección ya trazada; (iii) el relativo debilitamiento y la creciente necesidad de negociar de Keiko Fujimori, quien tras rechazar la candidatura de Salhuana, tuvo que aceptarla por las presiones de su bancada y posiblemente de su padre.

El nuevo presidente del Parlamento simboliza los vínculos congresales con las economías delictivas; Juárez la decisión de modificar la Constitución y horadar la institucionalidad en función al fujimorismo 2.0, que buscan; Cerrón, el “anticaviarismo” y la impunidad, mientras Cavero, el disfraz de defensa de derechos y constitucionalidad que trata de usar el autoritarismo.

En este escenario, el malestar con el agravio permanente y el autoritarismo creciente, alientan manifestaciones de protesta que se pueden multiplicar. Desde el rechazo a los congresistas Chirinos y Aragón en un bar barranquino –con un censurable e injustificable acto de violencia–, hasta las sucesivas huidas del waikicha mayor del desencanto y la movilización de sus paisanos, pasando por el abucheo a la Ministra de Cultura en un festival de cine, la ausencia “por enfermedad” de la propia mandataria y las críticas que enfrentan crecientemente en las calles y en su semana de representación muchos congresistas, es claro que el hartazgo y la grita espontánea van ganando espacio. Ciertamente no puede reemplazar a la debilidad de la movilización ciudadana organizada, pero se suma a ella y abre un nuevo curso, cuya legitimidad es indiscutible.

 

 

desco Opina / 23 de agosto de 2024

Se perdió la oportunidad

Muchos no fuimos conscientes de la importancia que tuvo el reciente “nuevo feriado” declarado por las autoridades el pasado 6 de agosto, en conmemoración al Bicentenario de la batalla de Junín. Esta fecha merecía un mejor resultado que intentase reconstruir la tan llamada buena vecindad sudamericana; lejos de ello, ni siquiera los locales estuvieron satisfechos con el programa de actividades, ni con los asistentes y mucho menos con los ausentes a la celebración. De manera inesperada, la presidenta de la nación brilló por su ausencia, no hubo explicaciones claras de parte del Poder Ejecutivo y el supuesto impedimento por la condición médica de la mandataria no convenció a nadie; todo apuntaba al temor por la ola de abucheos e insultos a la que podía ser expuesta, más aun teniendo en cuenta los recientes acontecimientos por el rechazo de la ciudadanía a autoridades y funcionarios, siendo este la comidilla cotidiana de nuestro anecdotario político.

En el mes de febrero, como parte de las actividades preparatorias, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, se puso en el ojo de la tormenta al reunirse con el embajador venezolano. En dicho encuentro se deslizó la idea de invitar al presidente Nicolás Maduro a la celebración, quien es abiertamente contrario al gobierno de Boluarte y quien, dicho sea de paso, no ha recibido el reconocimiento del gobierno peruano por su “reelección”. Ante esta controversia, el titular de la Dircetur declaró en febrero pasado: “aquí el tema es histórico, no político. Tampoco sabemos si los presidentes van a visitarnos, es posible que manden a otros representantes, es un tema protocolar”. Si bien esta oportunidad era idónea para reconstruir las deterioradas relaciones entre los países sudamericanos, los invitados del exterior no se hicieron presentes ya que nuestras relaciones diplomáticas con muchos países se encuentran en tensión.

El discurso del premier Adrianzén fue poco útil para limar asperezas con nuestros vecinos y menos aún con las organizaciones sociales de la región, que también se manifestaron sentirse excluidas de las celebraciones. La población organizó un festejo paralelo y se desmereció el homenaje, ya que a 200 años de la histórica gesta aún no tenemos una clara identidad patriótica que, sin negar la diversidad cultural que conforma nuestra sociedad y superando los atisbos de discriminación y marginalidad, sea capaz de sobreponerse a las diferencias en aras de construir un proyecto nacional que nos dirija al desarrollo y a mejores condiciones de vida para todas y todos.

Los enfrentamientos entre pobladores y la Policía Nacional del Perú eran de esperarse pues días antes, el Frente de defensa de los intereses de la provincia de Junín había anunciado que ni Dina Boluarte ni Zósimo Cárdenas presidirían las actividades del bicentenario; no era de sorprender, entonces, el minucioso resguardo de las autoridades, limitando el acceso de la población a los escenarios oficiales. Cabe señalar que el paro regional de inicios de julio puso sobre el tapete el permanente descontento de la población con el gobierno central y regional. Dicho paro, que comenzó la noche del 9 de julio, pretendía presionar al gobierno regional a fin que cumpla una serie de obras prometidas, entre ellas proyectos viales y construcción de sistemas de riegos para la región. En esta movilización, la provincia de Junín solicitaba al gobierno central el financiamiento de siete proyectos que en conjunto requieren alrededor de S/ 50 millones. Si bien esta paralización llegó a su fin por la mediación, es notoria la satisfacción de la ciudadanía en Junín.

El diciembre tendremos otra oportunidad para reconstruir la llamada “identidad sudamericana”, a propósito de la conmemoración del Bicentenario de la batalla de Ayacucho. Para entonces, no bastarán los planes, programas y proyectos que está preparando la Comisión Multisectorial, conformada para dicho evento histórico; pues todo indica que las manifestaciones contra el actual régimen y las principales instituciones nacionales, seguirán en pie, quizá no en la forma convencional de expresión, sino aprovechando cualquier otro recurso que permita vislumbrar el descontento y el rechazo por las actuales condiciones de precariedad. En el corto plazo seguirán siendo irreconciliables nuestras diferencias, toca entonces apuntalar esas otras formas de expresión que permita recordar con algarabía aquella gesta emancipadora.

 

 

desco Opina - Regional / 16 de agosto de 2024

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