Autenticidad certificada

 

El pez por la boca muere y la presidenta Boluarte se ha metido en un laberinto del que difícilmente podrá salir tras admitir, públicamente ante la prensa nacional, que fue Wilfredo Oscorima, su wayki, quien le puso un Rolex en la muñeca. Su problema se agrava tras la presentación en Fiscalía de Humberto Abanto, abogado del gobernador Oscorima, que aclaró este miércoles que no se trató de uno, sino de tres relojes y que, además, la mandataria recibió –según el cuento, también como préstamo– una pulsera de oro con 94 diamantes, bastante más costosa que la pulserita de bisutería final que lució en la mencionada conferencia. La situación de ambos se complica, pues podría corroborarse la presunción de delitos como enriquecimiento ilícito y corrupción.

La prensa ha podido constatar –por filtraciones ya habituales en Fiscalía– que en el allanamiento hecho a la vivienda de la presidenta se hallaron certificados de autenticidad, tanto de uno de los Rolex como de la pulsera Bangle, ambas joyas valorizadas en 18 000 y 13 000 dólares respectivamente. Nos preguntamos entonces, ¿por qué si eran un préstamo, Boluarte tenía los certificados? ¿No debieran, por el contrario, estar en posesión del dueño si es que realmente quería recuperar los bienes? ¿Qué es lo que realmente necesitaban certificar?

La cadena de coincidencias entre las aprobaciones de ampliaciones presupuestales y los supuestos préstamos de joyas complican a los protagonistas de esta novela. Por ahora son dos decretos los que benefician directamente al Gobierno Regional de Ayacucho, y que por las fechas de su emisión podrían estar vinculados a las joyas. Coincidiendo con el destape del llamado Rolexgate, el gobierno aprobó una semana después del escándalo, en marzo de este año, el DU 006-2024, que en teoría establecía medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público, pero que incluye un artículo que no guarda relación con el objetivo de la norma y que transfiere 100 millones de soles al Gobierno Regional de Ayacucho para el mejoramiento del estadio Cuna de La Libertad Americana en la ciudad de Huamanga.

Pero ayer saltó a la luz un nuevo decreto, este podría estar estrechamente vinculado con la ya famosa pulsera Bangle. El portal La Encerrona muestra la coincidencia entre el día en que Oscorima compra la pulsera con diamantes, visita palacio de gobierno y se publica el DU 029-2023. Todo ocurre el 25 de julio del año pasado.

El decreto, que en teoría establecía medidas extraordinarias en materia económica y financiera para impulsar la reactivación de la economía familiar y la reactivación del sector turismo, incluye una disposición final que, como en el caso anterior, tampoco guarda relación con el objeto de la norma. Esta disposición autoriza a los Gobiernos Regionales para ejecutar inversiones correspondientes a los servicios de Educación Superior Universitaria en universidades públicas, en convenio con las autoridades universitarias.

Nuevamente, el pez por la boca muere. Al día siguiente, el gobernador de Ayacucho, como lo muestra el portal La Encerrona, se adjudica, en sus redes sociales, la gestión realizada para esta autorización. Textualmente dice: “Gracias a las insistentes gestiones realizadas por el gobernador regional de Ayacucho, el Poder Ejecutivo aprobó ayer el Decreto de Urgencia Nº 029 2023 que de manera excepcional autoriza al Gobierno Regional como unidad ejecutora para iniciar la construcción de las seis escuelas profesionales de la Universidad San Cristóbal de Huamanga”.

¿La insistente gestión incluía la pulsera de oro con diamantes? No lo podemos afirmar, pero la coincidencia no deja lugar a dudas.

La entrega de certificados de este tipo de bienes es un elemento que da cuenta de una voluntad diferente a la del préstamo de una joya que se usa en una ocasión. La coincidencia de las fechas con la entrega de las mismas o su descubrimiento por parte de la prensa, sugiere en realidad una transacción. Transacción que por cotidiana en la política peruana no es menos dañina a la ética pública y al quehacer gubernamental.

En tiempos como este, en que la justicia se politiza y la política se judicializa, el futuro de la señora Boluarte y su socio parecen estar mucho más ligados al desenlace de las tensiones internas del Ministerio Público y el Poder Judicial, que a la acción política de un Congreso deslegitimado y desvergonzado o de una sociedad cada vez con mayor desafección frente a la política. 

Ojalá el futuro de un gobierno en el Perú vuelva a estar en las manos de “demos”, es decir, las ciudadanas y ciudadanos de la democracia, por el momento, esperemos que la justicia cumpla con su papel.

 

 

desco Opina – Regional / 12 de abril del 2024

Impunidad de compadres: a todo trapo

Las últimas semanas, la presidenta Boluarte parecía muy próxima a su vacancia. No era por los muertos, heridos y perseguidos por las protestas, abusiva y violentamente reprimidas el 2022-2023. Era, finalmente, por el escándalo de los relojes Rolex a los que se sumaron otras joyas, el desbalance que existiría en sus cuentas bancarias y su reticencia a aclarar la situación ante la Fiscalía de la Nación. La historia que empezó a partir de una investigación periodística la primera quincena de marzo, llevó inicialmente a la mandataria a argumentar que se trataba de un bien del pasado, fruto de su esforzado trabajo. Luego de encerrase en el silencio unos días, el 22 de marzo anunció que asistiría al Ministerio Público con “su verdad”. Pronto, Fuerza Popular, mediante comunicado, expresó su preocupación por los “escándalos” que alcanzan al gobierno, solicitando que la mandataria precise el origen de los relojes en cuestión. Ante su inasistencia a las citaciones que le hiciera la Fiscalía, ésta, juez mediante, finalmente allanó el domicilio presidencial el 29 de marzo, abriendo la puerta con un ariete.

La respuesta de la presidenta, como nos tiene acostumbrados, fue victimizarse invocando su condición de mujer, provinciana y luchadora contra la corrupción, denunciando temprano un complot. Fastidiada porque los medios que sistemáticamente defendieron su permanencia, aparecían exigiéndole una mínima rendición de cuentas y subrayando su mediocridad, los incorporó como parte de la conspiración. Asustada, más allá de su soberbia y su frivolidad, esperó, sí, que los principales partidos de la derecha se pronunciaran a su favor y condenaran el fuerte sentido simbólico del allanamiento que vivió. Como no podía ser de otra manera, ocurrió así, sumándose a la preocupación por lo que ocurría, distintos analistas que sorprendieron a muchos con una mirada que olvidaba que Palacio ya había sido allanado con Castillo, como lo fuera también el domicilio de los Castillo Paredes.

Gustavo Lino Adrianzén, heredero del estilo y las maneras de su predecesor, quien ya había dado muestras de su talante autoritario e intolerante en su intervención en la CIDH defendiendo a Boluarte ante la OEA, justificando las muertes en las protestas, asumió el rol de leal escudero y finalmente encubridor del silencio de la mandataria, apareciendo como su defensor y acompañado por el abogado real de aquella, evidenciando sin tapujos su intención de castigar al coronel de Policía Harvey Colchado, responsabilizándolo de afectar la imagen del país con su acción, obviando toda explicación sobre las razones y el contexto de ésta. La mandataria y su Premier, para que no queden dudas, se exhibieron con los mandos militares, que una vez más, sin aprender lecciones del pasado reciente, aparecen como parte del mensaje de “fuerza” de la mandataria que busca mostrar las buenas relaciones que pretende tener con ellos, tanto como con el Congreso.

70 votos a favor, 36 en contra y 17 abstenciones cerraron el capítulo más reciente de la triste historia que estamos viviendo. Con el apoyo pleno de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Renovación Popular, al que se sumó el respaldo parcial de Avanza País, Acción Popular, Podemos Perú y el Bloque Magisterial, el gabinete presidido por Gustavo Lino Adrianzén, obtuvo el voto de confianza que buscaba. Lograrlo, como ya es un clásico en la coalición autoritaria que han construido el Legislativo y el Ejecutivo de la señora Boluarte, tuvo su precio. Así, tras sus anuncios de austeridad, el Ejecutivo –en una demostración más de su debilidad y precariedad–, con las firmas de la mandataria y del ministro José Arista, autorizó a favor del Congreso que tiene un presupuesto de más de 1200 millones de soles, un crédito suplementario que supera los 50 millones para el año 2024, a fin de financiar gastos de personal, servicios y equipamiento, en otra muestra de la falta de escrúpulos del Parlamento, a decir del congresista Anderson.

El mismo ministro, evidenciando su particular manera de entender la cacareada “austeridad” del gobierno, se apuró en aprobar el Decreto de Urgencia 006-2024 en el que retrocedió y autorizó el financiamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por 3,5 veces sus ingresos hasta el 31 de diciembre del 2024, claudicando así ante el alcalde López Aliaga, jefe de Renovación Popular, quien desde febrero anunciaba su voluntad de desacato de las reglas fiscales dispuestas por el Ejecutivo, obviando las advertencias del Consejo Fiscal que alertó de un sobreendeudamiento que dejará sin recursos a los próximos burgomaestres de la ciudad.

A estos estímulos crematísticos, y como parte de las componendas con sus socios políticos, 48 horas antes de la asistencia de Adrianzén y sus ministros al Parlamento, la mandataria cambió a seis de aquellos y aquellas y recompuso el gabinete, respondiendo a las exigencias de la mayoría congresal. Entre los nuevos ministros y ministras figuran militantes de Avanza País, Somos Perú y el Partido Morado, que se suman al ministro de Salud, militante del partido de César Acuña. El voto de confianza ha sido el corolario. La deslucida presentación del primer ministro, vacía de contenido y plena de lugares comunes, alentó “duras” intervenciones de los mismos congresistas que inmediatamente después le dieron la confianza en una sesión llena de lamentables intervenciones desbordantes de autoritarismo y promotoras de la impunidad, como la de Fernando Rospigliosi.

Una vez más, los socios de la coalición autoritaria que nos gobierna, se han dado la mano y prolongan su impunidad. Boluarte se aferra a la presidencia, con el fujimorismo y la derecha extrema que la toleran mientras siga haciendo, como hasta ahora, lo que quieren; aún la necesitan para concluir con el entramado institucional que pretenden para mantenerse en el poder, continuar con sus negocios y preservar el modelo. Estamos advertidos.

 

 desco Opina / 5 de abril de 2024

Otra vez, Tía María

 

En lo que va del 2024, venimos siendo testigos de una fuerte presión del empresariado para explotar nuestros recursos naturales, aun en zonas de conservación y con la oposición de la población. Con la ayuda diligente de este deplorable Congreso de la República o del Ejecutivo, a veces ni les es necesario exponer sus motivos ante la opinión pública, sólo esperan sentados a que sus alfiles hagan las jugadas marcadas, ante un tablero pasmado por el caos político que azota diariamente sin tregua.

Primero fue el tira y jala de los cambios en la Ley Forestal que busca beneficiar a la industria de la palma. Después, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, anunció que Tía María sí va en Cocachacra, buscando beneficiar a Southern Perú Copper Corporation a pesar de la férrea oposición de los pobladores del Valle de Tambo. Y hace poco escuchamos noticiar sobre la solicitud de la Sociedad Nacional de Pesquería que pretende tirar sus redes en la Reserva Nacional de Paracas para la extracción de anchoveta, amparados en sus prácticas industriales de antaño.

De los tres casos mencionados, el de Tía María es especial, pues la oposición a este proyecto cuprífero cumplirá 14 años en Arequipa. Siete personas fallecieron en los enfrentamientos del 2011 y 2015 entre la Policía y la población del valle. Y aunque la campaña publicitaria de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía –enfocada en grabar en nuestros corazones la frase “Perú, país minero”– haya calado en la narrativa gubernamental, lo cierto es que no toda la población la ha adoptado como mantra.

Southern Perú Copper Corporation se ha jugado varios frentes durante ese tiempo. El más exitoso fue la campaña en medios de comunicación limeños para acuñar al proyecto lo imprescindible que es para el desarrollo del país; el más desafortunado fue terruquear a los pobladores del Valle de Tambo, ante su desesperación porque sucesivos gobiernos de los últimos periodos se pasaban la posta para darles luz verde.

El año pasado, el exministro de Energía y Minas, Oscar Vera, desempolvó el tema; pero un medio de comunicación recordó el acta firmada por la mandataria Dina Boluarte durante la campaña, donde se comprometía a la cancelación del proyecto. Cuatro meses después, el Ejecutivo, con Otarola a la cabeza, volvía a sacar cuerpo, afirmando a la prensa, en plena Convención Minera, que el tema no estaba en agenda.

Actualmente, Southern Perú, cuenta con la licencia de construcción del proyecto que el Ejecutivo le otorgó en el 2019; pero a pesar de sus campañas sociales en el valle, y de invertir fuertemente para conseguir aliados a su causa en la región, hasta ahora no logra colocar un solo ladrillo del proyecto en el valle.

El ministro Rómulo Mucho sigue anunciado, desde febrero, su llegada a Arequipa para destrabar el proyecto, pero sólo se queda en anuncio. Como respuesta, a inicios de marzo, las viviendas del distrito de Cocachacra comenzaron a embanderarse de verde.

No hay duda que la presión sobre los recursos naturales en nuestro país continuará, y si bien es cierto que la minería es un importante motor para la recaudación de impuestos en el Perú, el cambio climático nos debe hacer sopesar su valía. Las tecnologías muestran grandes avances a fin de disminuir el impacto ambiental de las operaciones mineras, pero estas son caras y no todos están dispuestos a invertir desde el saque. Recordemos que las primeras protestas en el Valle de Tambo lograron que Southern Perú cambiará su propuesta de usar agua subterránea por la desalinización de agua de mar para echar a andar su proyecto.

Por otro lado, tenemos que reconocer que tenemos un aparato estatal cada vez más debilitado, que ha sido incapaz de cumplir sus compromisos en diferentes Mesas de Diálogo a lo largo de los años y en todo el país, por lo que la palabra de sus funcionarios llega con la sombra del descrédito a las zonas de conflicto minero.

Así las cosas, Tía María, otra vez, parece destinada al confinamiento.

 

desco Opina – Regional / 27 de marzo del 2024

descosur

Una careta que se repite

 

El período de Alberto Otárola como Presidente del Consejo de Ministros llegó a su fin y ha sido el mejor ejemplo de cómo nuestra sociedad ha normalizado, no sólo el abuso de poder, si no la arbitrariedad desfachatada, la cultura de impunidad y la incapacidad de las y los gobernantes para dar cuenta de sus actos. Otárola fue el rostro de ese “régimen híbrido”, a medio camino entre democracia y autoritarismo, que nos otorgan los ránquines internacionales.

Aunque hace unas pocas semanas hubo cambios en cuatro carteras, el nombramiento del abogado Gustavo Adrianzén como nuevo presidente del Consejo de Ministros sin reemplazar a un solo integrante del gabinete es, por decir lo menos, inusual, más aún cuando en el Congreso de la República ya corrían firmas para interpelar al menos a cuatro de quienes fueron finalmente ratificados.

Adrianzén no sólo hereda un gabinete. Todo indica que dará continuidad al estilo de su predecesor. Ya había dado señas de su talante autoritario como defensor de Dina Boluarte ante la OEA, cuando además de justificar las muertes por represión durante las protestas a fines de 2022 y comienzos de 2023, perdió los papeles y respondió con gritos a un grupo de manifestantes que irrumpió en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del seguimiento a las recomendaciones que la entidad formuló en el “Informe sobre la situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”.

La presencia de Adrianzén en el gobierno de Boluarte tampoco supone un cambio en las reglas de convivencia cínica entre el Ejecutivo y el Legislativo y se puede dar por descontado que el 3 de abril obtendrá los votos suficientes para su investidura. Formalmente, los objetivos del Premier apuntan a la reactivación económica y a la atención de los problemas más evidentes de criminalidad. Y en su agenda de defensor oficioso de Boluarte, ya dio su primera muestra de impaciencia y malcriadez ante los medios, al retirarse ofuscado de los micrófonos ante la pregunta por los relojes de lujo sin origen conocido, que luce la Presidenta.

Reactivación y seguridad, eso es todo lo que ha adelantado como parte de la “ronda de diálogo” con las 9 bancadas del Congreso a las que solicitará el voto de confianza y que han aceptado su invitación, haciendo un alto en su intensa labor de persecución de adversarios políticos, ataque a la Junta Nacional de Justicia, desmontaje de controles ambientales para la inversión privada, dación de innumerables dispositivos legales para favorecer a las economías delictivas que, a fin de cuentas, son las que “ordenan” el país, así como apuro para asegurar la impunidad que necesitan.

Poco o nada es lo que se derivará de estas conversaciones para aliviar los efectos que la corrupción y la violencia tienen sobre la vida de millones de peruanos y peruanas. Tanto en nuestras ciudades como en los territorios rurales crecientemente afectados por la minería informal, la trata, el narcotráfico y demás males conocidos.

Para la gran mayoría de peruanos y peruanas que repudian tajantemente tanto al Congreso como al Ejecutivo, —según todos los resultados de las encuestas hechas en el país durante los últimos años—, sólo queda esperar a las elecciones generales del año 2026. Visto así, la investidura de Adrianzén apenas marca el derrotero de otros dos años perdidos para la democracia peruana.

 

 

desco Opina / 22 de marzo de 2024