viernes

Sin un día siguiente

 

En Perú el escenario de contienda de poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo, parece llevar a un encontronazo final, en un combate en el que solo cabría vencer o morir en el intento. En torno a él, los analistas de todo tipo, gusto y condición se explayan explicando si tal o cual medida es democrática o no, si es viable, legal o inconstitucional, si cuenta con el respaldo de la ciudadanía o de los medios. Así, se abre un abanico enorme, que no es para refrescar un verano caliente que ya se aproxima.

En simultáneo, el cansancio y un hartazgo enorme envuelven a la ciudadanía. Si el Congreso inhabilitara al presidente Castillo, casi el 90% de los entrevistados en todo el país considera que entonces se convoque a elecciones generales. La aprobación del Congreso apenas si bordea los dos dígitos y si bien el Presidente casi la duplica, una contundente mayoría reitera la desaprobación del desempeño de quienes combaten infructuosos a diario y no gobiernan ni legislan para el país. La crecida de la indignación ciudadana, provocando que ésta se desborde y acabe como un desmadre, siempre es una posibilidad, aunque probablemente no en las actuales circunstancias en las que el fin de año convoca a personas e instituciones a balances y evaluaciones más íntimas que colectivas, por lo que no parece ser el mejor momento subjetivo.

La estrategia de enfrentamiento permanente, como se ha visto, no ha llevado a una confrontación final. Es una manera de sobrevivir en la que un giro hacia la distención dejaría ver los problemas que se han ido acumulado para uno y para otro. Es la turbulencia lo que permite la sobrevivencia de Castillo y es el desorden del Congreso el que permite que se regodeen en una oposición que a nada conduce, sea éste leal o no a la interpretación de su rol fiscalizador.

No hay forma de solucionar las cosas desde dentro. No pasa nada, pero no porque no pueda pasar –mientras los actores buscan danzar al borde del precipicio– sino porque la desesperación por hacerse del poder sin pasar por elecciones y sin legitimidad, no trae un día después de estabilidad y dirección hacia destinos mejores.

El escenario de la vacancia es posible pero no es el más probable. Siempre hay un espacio para que las aguas salgan de su curso. Si se dan los votos no es sostenible un gobierno de la vicepresidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es la estrategia del Congreso para hacer esto, cuando saben que –antes y ahora– casi nadie los quiere en todo el país y ellos mismos no podrían sostenerse hasta el término de su mandato en julio del año 2026?  Son gemelos siameses inseparables: si uno muere ambos fallecen.

En un ejercicio de «balas de plata» si el gobierno provocara la censura del Gabinete de Bettsy Chávez y cierre del Congreso, la gran mayoría de la ciudadanía, sin duda, lo aprobaría. Nadie los quiere y las lágrimas por su partida se secarían muy pronto en el desierto de su olvido. Una medida así llevaría sin dificultad a que la popularidad del gobierno pueda pegar un salto, como ya ocurrió con Fujimori de una manera y con Vizcarra de otra. Podría subir en su aprobación inmediata, pero no hay argumentos para que se sostenga. Hay un gobierno que no manda ni sirve a las necesidades y prioridades del país. ¿Gobernaría mejor, superaría su pésima gestión?

Cuidando sus espaldas, el Congreso de la República ha presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial por el ejercicio de la cuestión de confianza. Se ampara en la decisión previa del TC de no observar la ley que restringe el referéndum, cuya revisión es el «argumento» del Ejecutivo para buscar la confianza.

Toca al TC precisar si le corresponde al Gobierno interpretar la decisión del Parlamento respecto al pedido del gabinete Torres, que fue considerada por el presidente como un “rehusamiento expreso de la confianza”. Al mismo tiempo en el Parlamento van por una tercera moción de vacancia del Presidente que podría tener viabilidad y alcanzar los votos rebuscando en el fondo de algunas curules.

Al «día siguiente» ya no habría a quién «echarle la culpa» en un campo de confrontación en el que se alimentaran los silencios profundos (en los que en realidad incurren) detrás de sus bravatas los políticos que elegimos el año 2021 y que quieren quedarse hasta el 2026.

 

desco Opina / 2 de diciembre de 2022

Agenda de género para Lima Metropolitana

La situación de violencia por la que atraviesan las niñas, niños y adolescentes (NNA) en nuestro país es preocupante. La pandemia ha impactado negativamente sobre esta realidad, agravando los índices de violencia antes registrados. Solo entre el 2020 y 2021 se incrementaron los casos de maternidad adolescente menores de 15 años; y entre enero y abril de este año se reportaron 8057 de violencia sexual, en los cuales 94,9% de las víctimas fueron mujeres y 69,5% fueron menores, entre los 0 y 17 años de edad. 

La situación de Lima Metropolitana no es muy diferente a este panorama general. En lo que va del 2022 el Centro de Emergencia Mujer (CEM) ha atendido 26 355 casos de violencia a mujeres, de los cuales 10 616 corresponden a violencia contra menores de edad; de éstos el 86,55% son de niñas y adolescentes mujeres. La mayoría de estas víctimas ha sido agredida psicológica y físicamente, mientras que las denuncias por violencia sexual representan el 17,32% del total. Pese a este contexto de alta vulnerabilidad, el Estado no ha logrado avances significativos que permitan no sólo sancionar a agresores y/o feminicidas, sino prevenir situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes; las políticas que busquen salvaguardar la integridad y la vida de mujeres e integrantes del grupo familiar son casi nulas. 

Contrariamente se observan avances peligrosos desde el conservadurismo político que busca eliminar de la gestión pública todo lo referente al enfoque de género. Esto se observa en acciones legislativas como la aprobación de la Ley N° 31498 que “permite” que padres y madres de familia participen en la elaboración de materiales y contenidos educativos, legalizando una interferencia antiderechos en contra de la educación sexual integral. También en acciones como la aprobación de un proyecto de ley que busca el cambio del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, invisibilizando los logros en defensa de las mujeres como sujetos de derechos pero también su condición de vulnerabilidad frente a otros sectores de la sociedad, más aún si nos referimos a sus condiciones económicas y de clase. Más recientemente, la propuesta de Milagros Jáuregui Martínez, congresista de Renovación Popular, que mediante el proyecto de ley N° 3464/2022-CR, propone eliminar el uso del lenguaje inclusivo de los textos escolares, es parte de la misma ofensiva. Lamentablemente todas estas propuestas han sido apenas  cuestionadas desde el Ejecutivo pese a que éste tiene pendiente la agenda pro derechos humanos y de lucha contra toda forma de discriminación, en salvaguarda de los sectores más vulnerados del país. 

El escenario se torna aun más gris en Lima Metropolitana si recordamos que en 2023  asumirá la alcaldía Rafael López Aliaga, personaje que llega a la gestión con una agenda ultraconservadora, antiderechos, con tintes racistas, discriminadores y antifeminista, bajo cuya responsabilidad recaerán las políticas públicas en materia de protección de las mujeres, infancias y adolescencias de la ciudad de Lima los próximos cuatro años. Cabe resaltar que la comuna limeña tiene bajo su administración, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, programas y servicios como la Demuna Lima, el Proyecto Ciudad de Niñas y Niños, el CCONNA Lima, entre otros, dirigidos a la promoción del ejercicio de derechos de NNA y a su protección. Resulta oportuno, entonces, preguntarse por el destino de las actuales políticas públicas referentes a la prevención de casos de violencia, por ejemplo, considerando que de enero a setiembre de este año, los once Centros de Acogida Residencial de Lima Metropolitana albergaron a 601 personas en situación de riesgo, 502 de las cuales son NNA y 441 son mujeres, habiéndose identificado distritos como San Juan de Lurigancho, Ate y San Martín de Porres como aquellos con mayor número de embarazo adolescente

Sin duda, la nueva gestión puede representar un retroceso alarmante en la conquista de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de Lima Metropolitana, así como el riesgo grande de normalizar discursos de odio e institucionalizar prácticas sexistas, demonizando toda política o iniciativa ciudadana que pretenda alzar las banderas de lucha contra las violencias hacia las mujeres y la defensa de una educación con enfoque no solo de género, sino de derechos e intercultural. La urgente lucha en contra de la violencia de género, que amenaza a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, es también una lucha cultural, cuestionando sentidos que homogenizan prácticas sociales, disputando espacios de participación política para las mujeres en su diversidad, pero también sensibilizando a la sociedad en general, sobre la urgencia de desterrar del sentido común, patrones que refuerzan y normalizan la violencia, el racismo y la discriminación. 


desco Opina / 25 de noviembre de 2022

descoCiudadano


Nada nuevo bajo el sol

 

Evidenciando el desinterés que comparten por la opinión pública, más profundamente aún, por la gente y sus necesidades, por el país y la profundidad de la crisis que estamos viviendo, el Ejecutivo y el Congreso de la República continúan en el ruidoso enfrentamiento que mantienen desde el día uno de su instalación, si no antes, desde el momento mismo de los resultados de la segunda vuelta, donde unos se refugiaron en la denuncia de un supuesto fraude y los otros iniciaban sus primeros cuoteos e inauguraban la casa de Sarratea.

Aparentemente satisfechos ambos con sus respectivas perfomances de las últimas semanas, el gobierno y su oposición más dura y achorada, afilan cuchillos esperando la inminente visita de la delegación de la OEA. La encuesta nacional urbano-rural de IPSOS, difundida días atrás, muestra que la aprobación de los principales actores de nuestra difícil situación se mantiene básicamente estancada; el mandatario sube un punto a 27%, mientras el Congreso lo hace 2, a 18%. La desaprobación del primero se mantiene en 66% en tanto que el Parlamento desciende un punto a 73%. La visita de la OEA, dicho sea de paso, no despierta mucha pasión entre la gente: 39% de los encuestados, 44% en el interior del país, no están enterados de la misma.

Desde el Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un esperpéntico informe que acusa al mandatario de haber violado distintos artículos de la Constitución, desconociendo lo que aquellos establecen sobre la soberanía nacional, los tratados internacionales y el referéndum, recomendando acusarlo como presunto autor del delito de traición a la patria en calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del Estado. Como sabemos bien, se trata de una historia vieja que se inició con la denuncia formulada y presentada en febrero de este año por varios rancios y desgastados políticos, entre los que destacaban Fernán Altuve, Ángel Delgado, Lourdes Flores Nano, Francisco Tudela, acompañados por periodistas igual de gastados como Hugo Guerra. La denuncia, adoptada por los legisladores Yarrow (Avanza País) y Cueto (Renovación Popular). El documento se basa en una entrevista que brindó el presidente Castillo a la cadena CNN, los días 24 y 25 de enero de este año. En esta se le recordó unas declaraciones que dio (Castillo) en un evento, antes de ser candidato a la Presidencia de Perú y en las cuales comenta la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia.

Aunque el Tribunal Constitucional aún no ha fallado en respuesta a la acción del abogado presidencial contra la Subcomisión, en la sesión de información del recurso planteado, el Procurador que representó al Congreso hizo un triste papel, minimizando la decisión de la Subcomisión, indicando que no se había tomado “una decisión de fondo”, apareciendo como incapaz de precisar cuál era el acto de traición a la patria. Aunque la acusación es evidentemente forzada y no puede sostenerse, habiendo sido criticada incluso por quienes defienden sin ambages el camino de la vacancia y perciben que con esta vía se fortalece al Presidente, sus promotores parecen decididos a seguir adelante y creen contar con los votos necesarios para su aprobación en la Comisión Permanente, lo que dicho sea de paso, no les asegura el resultado en el Pleno y terminar siendo un nuevo fuego artificial similar a los dos intentos anteriores de vacancia.

Desde el Ejecutivo, por su lado, el Premier, desde hace varios días insiste en obtener un voto de confianza pidiendo inicialmente la derogatoria de la Ley 31355 que establece que la cuestión de confianza sólo puede ser planteada respecto a la política general del gobierno, demanda que fue archivada por la Comisión de Constitución amparándose en que el Tribunal Constitucional ya había confirmado la validez de la norma. Tras ese rechazo, Aníbal Torres insistió, habiéndose presentado al Pleno con un proyecto, orientado, según dijo, a fortalecer la participación política del pueblo, que busca derogar la Ley 31399 que fortalece la aprobación de normas de reforma constitucional. Más allá de la finta de la “bala de plata” orientada a amedrentar a sectores del Legislativo con su eventual cierre, parece claro que se trata también de un artificio para evidenciar ante la misión de la OEA, la tesitura de sectores de la oposición congresal que organizan su acción a partir de un vulgar cálculo del alcance de votos disponibles.

En esencia, nada nuevo bajo el sol en este enfrentamiento y en el malestar de la gente. En este escenario, más de 220 asociaciones civiles que proponen que se acorte excepcionalmente el mandato presidencial y congresal por la corrupción y el desgobierno imperantes, presentaron siete propuestas de reforma política. Aunque indudablemente valiosas, las mismas parecen reducir la crisis sistémica que vivimos, a su dimensión política y transmiten en su composición una imagen que todavía es demasiado limeña y limitadamente vinculada con distintos actores, movimientos y activismos sociales que tienen sus propias miradas del momento.

La calle, finalmente, como lo evidenciaron las movilizaciones de los unos y los otros, sigue fría. Malhumorada y preocupada pero definitivamente incrédula y desconfiada. Aunque se mueve lentamente, la vida sigue igual por el momento. La OEA, creemos, no encontrará nada particularmente nuevo y más allá de ella, esa calma chicha seguramente no será indefinida.

 

 

desco Opina / 18 de noviembre de 2022

Junín y su gobernador electo

 

Al segundo intento, Zósimo Cárdenas Muje, finalmente obtuvo la Gobernación Regional de Junín para los próximos cuatro años. Elegido gobernador con el Movimiento Sierra y Selva Contigo Junín, fue gerente municipal en la provincia de Chanchamayo (2011-2012) y gerente general en el Gobierno Regional de Pasco (2019-2021), habiendo sido alcalde distrital de Pichanaki (2007-2010 y 2015-2018). Su victoria, celebrada por sus partidarios, aunque ha generado alguna expectativa entre la población juninense, se ve ensombrecida por las 30 investigaciones que tiene a nivel fiscal, 21 sobre presuntos delitos de peculado, colusión, negociación incompatible y asociación ilícita.

Lamentablemente, no fue el único candidato en la región con antecedentes que lo involucran en procesos penales, lo que es un indicador de los problemas de corrupción en la región, como en todo el país.

Según la Contraloría General de la República (2021,2022), la Región Junín se convirtió en una de las diez más corruptas, registrando un perjuicio económico estimado que superó los 696 millones de soles. En este escenario, de determinarse la culpabilidad del nuevo gobernador en alguno de los procesos que se le siguen, la institucionalidad regional se verá afectada una vez más. Recordemos que la última gestión liderada por Vladimir Cerrón Rojas fue interrumpida a los siete meses de iniciada debido a que el exgobernador fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible, siendo reemplazado por Fernando Orihuela Rojas.

En este escenario regional donde se reiteran presuntos casos de corrupción, es claro que la percepción que se genera sobre aquella, afecta la institucionalidad, la democracia y la gobernabilidad en Junín. El último informe del INEI, “Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones, octubre 2021 - marzo 2022”, registraba que 71.1% de los juninenses consideraba que la gestión regional era mala o muy mala, uno de los porcentajes más altos entre todas las regiones.

En este marco se requiere una movilización de cara a reformar la ley general de elecciones y la ley de Partidos Políticos como condición indispensable aunque no suficiente, para tener candidatos probos con capacidades y antecedentes claros, evitando experiencias como las más recientes que ha tenido la región, incluyendo la de Vladimir Cerrón.

La Ley de Reforma Constitucional N° 31042 establece el impedimento para la postulación a cargos de elección popular de las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso. En este marco, no es anecdótico recordar que en una entrevista reciente en la ciudad de Huancayo, el próximo gobernador dijo: “No tengo 37 denuncias, tengo 27; los otros candidatos tienen más”.

Es claro que la presunción de inocencia implica que uno tiene que ser tratado como inocente, conservando todos sus derechos, entre ellos el de ser elegido, mientras no exista una sentencia en instancia judicial definitiva. Sin embargo, la lentitud de los procesos en los que frecuentemente están involucrados muchos candidatos y la posibilidad de modificación de un fallo en instancia superior, siguen siendo potenciales bombas de tiempo que pueden afectar la gobernabilidad y ensombrecer aún más la democracia.

En lo inmediato, toca a los juninenses asegurar su participación en la gestión que se inicia en enero, garantizando la vigilancia y el control de las autoridades que resultaron elegidas. Pero toca también demandar y presionar por los cambios legales necesarios para fortalecer a los partidos y atender la pobreza de nuestra representación política.

 

 

desco Opina – Regional / 11 de noviembre del 2022

descocentro