Agua y cambio climático: más carga de cuidados

 

En Lima Metropolitana, el verano 2026 parece no haber tenido pausa por la persistencia de las condiciones cálidas asociadas al Niño Costero y, posteriormente, al desarrollo del Fenómeno de El Niño en el Pacífico central. Durante el 2026, se ha registrado un calentamiento de las aguas del mar frente a la costa peruana, lo que ha influido en el incremento de las temperaturas del aire en distintas ciudades costeras, entre ellas Lima Metropolitana. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se han previsto temperaturas superiores a sus valores normales en gran parte de la costa peruana y las condiciones asociadas a estos fenómenos podrían mantenerse hasta el verano de 2027.

A esta situación, se suma la desigualdad en el acceso al agua potable en Lima Metropolitana. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que, a inicios de 2026, solo 19 de los 46 distritos de Lima Metropolitana y el Callao contaban con acceso al agua potable durante las 24 horas del día.

Otros datos de estas injustas desigualdades se encuentran en el informe de Lima Cómo Vamos 2025. Por un lado, en la población del nivel socioeconómico E de Lima Metropolitana y Callao, la falta de agua potable aparece como el tercer problema más importante de la ciudad. Por otro lado, se observa una marcada disparidad territorial: Lima Norte y Lima Centro registran los mayores niveles de insatisfacción respecto al acceso y la calidad del agua, con 54,3 % y 52,5 %, respectivamente. En comparación, Lima Sur presenta un 29,9 % y Lima Este un 26,1 % de insatisfacción.

Los datos ofrecen un panorama poco alentador sobre las consecuencias de estas desigualdades, pues las condiciones climáticas cada vez más exigentes coinciden con problemas estructurales de acceso a servicios básicos como el agua potable. Esta inaceptable situación no solo representa un desafío ambiental y urbano, sino que también plantea interrogantes sobre sus consecuencias en la organización de la vida cotidiana, especialmente para las mujeres, quienes asumen en su mayoría las responsabilidades domésticas y de cuidado en los hogares peruanos.

Esta problemática adquiere una mayor complejidad en los hogares monoparentales encabezados por mujeres, donde las responsabilidades económicas, domésticas y de cuidado suelen concentrarse en una persona. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024 (Enut), las mujeres peruanas destinan al día alrededor de 3 horas para el cuidado no remunerado a miembros del hogar y 4 horas de trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar.

Con la presencia del Fenómeno de El Niño, las mujeres presentarán una mayor carga de trabajo para garantizar las condiciones básicas de bienestar de sus familias. Esta situación no solo implica destinar más tiempo a las tareas domésticas, sino también reorganizar sus actividades laborales, reducir sus espacios de descanso y postergar su propio cuidado.

Las consecuencias pueden ser mayores para las mujeres que trabajan en condiciones de informalidad o que no cuentan con redes familiares y comunitarias de apoyo. Las condiciones climáticas adversas no solo generan estas desigualdades, sino también pueden profundizar las dificultades que enfrentan las mujeres para conciliar sus responsabilidades de cuidado con su autonomía económica y bienestar personal.

Ante este escenario, nos preguntamos si las políticas públicas de adaptación al cambio climático consideran las desigualdades que soportan las mujeres en la distribución del trabajo de cuidados y las condiciones aún más graves en los hogares monoparentales. Si bien garantizar el acceso continuo al agua potable y mejorar la infraestructura de los servicios básicos son prioritarias, resultan insuficientes si no se acompañan de políticas que reconozcan las necesidades de cuidado de la población frente a condiciones climáticas adversas, como las provocadas por el Fenómeno de El Niño Costero.

En ese sentido, es urgente fortalecer los servicios públicos de cuidado, ampliar las redes de apoyo comunitario e incorporar una perspectiva de género en las estrategias de adaptación climática, especialmente en los territorios más vulnerables y de mayor pobreza. De lo contrario, las consecuencias de la crisis climática continuarán recayendo principalmente y sin equidad sobre las mujeres, trasladando al ámbito doméstico responsabilidades que también corresponden al Estado y a la sociedad.

Abordar el cambio climático desde una perspectiva de género demanda reconocer el trabajo de quiénes sostienen los cuidados y las condiciones en que se realiza. La adaptación climática no debe limitarse a responder a los efectos ambientales, sino también considerar las desigualdades que condicionan la vida cotidiana. Una gestión del riesgo bien entendida no solo consiste en construir pircas preventivas o entregar víveres, sino también garantizar que los derechos de las mujeres y niñas sean reconocidos y atendidos antes, durante y después de un desastre.

Incorporar el enfoque de género en la gestión del riesgo de desastres no es una cuestión ideológica, es una necesidad para identificar las distintas condiciones de vulnerabilidad de la población. Ignorar estas diferencias desde las políticas públicas significa dejar de lado una dimensión fundamental para garantizar una respuesta equitativa, justa y efectiva frente a la crisis climática.

 

 

desco Opina - Regional / 23 de octubre del 2026

descoCiudadano

¿Educar o imponer?

 

La autoridad en la escuela no se construye con prohibiciones y castigos, sino con formación, condiciones adecuadas y respeto.

El Ministerio de Educación ha vuelto a colocar la disciplina escolar en el centro de su discurso. Los lineamientos anunciados por el ministro José A. Chang consideran faltas graves, entre otras, el uso indebido de celulares y la acumulación de tardanzas injustificadas. A ello se suman las repetidas exigencias sobre el corte de pelo, el largo de las faldas, la puntualidad y la presentación personal.

Las escuelas públicas o privadas necesitan reglas de convivencia, y ciertas conductas exigen respuestas oportunas y proporcionales. Sin embargo, aparecen problemas cuando la disciplina se toma como el eje de la política educativa y la autoridad se confunde con la imposición de obediencia ciega. Educar no es uniformar conductas ni administrar castigos: es formar personas capaces de convivir, asumir responsabilidades y ejercer sus derechos. Más en un país multicultural, diverso, profundamente racista y clasista como el nuestro.

La insistencia en regular la apariencia, particularmente la vestimenta y el cabello de las alumnas y alumnos, revela una concepción propia de patrones autoritarios y machistas. En lugar de promover la autonomía y el respeto mutuo, se pretende transmitir que el orden depende del sometimiento a una autoridad que decide, incluso, la apariencia de los estudiantes. Las normas son necesarias, pero deben justificarse por su contribución al aprendizaje, la convivencia y la protección de las personas, no por la obediencia como valor en sí mismo. Así no se educa a nadie para vivir en democracia. Asunto éste que parece no preocuparles ni al Ministro ni al gobierno.

Quedan fuera de este debate las condiciones materiales para cumplir las exigencias escolares. Se pide aseo y buena presentación, pero ¿todas las escuelas disponen de agua, servicios higiénicos adecuados y materiales de limpieza? No. ¿Se considera la situación económica de las familias y las diferencias entre los entornos urbanos, rurales e indígenas? No. Más grave aún es la distancia entre el énfasis en la disciplina formal y los problemas de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes. Los casos de agresión sexual, y particularmente de una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guisse parece hacer disparado la reacción disciplinaria del Ministro y su entorno, parte del cual parecía mirar al techo y silbar en el caso Condorcanqui. Quisiéramos saber si también se han preguntado ante lo ocurrido, qué mecanismos de prevención, supervisión y protección funcionaron y cuáles fallaron, y por qué.

Este tipo de violencia no se previene únicamente con reglamentos más severos. Se necesitan educación sexual integral, formación para reconocer y enfrentar el abuso, canales seguros de denuncia, atención a las víctimas, protocolos efectivos y responsabilidades institucionales. También faltan recursos para capacitar a los docentes y directivos, así como para trabajar con los estudiantes sobre el consentimiento, el respeto, la resolución de conflictos y las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Dónde están estos componentes en el discurso que insiste en la presentación personal y el endurecimiento de las sanciones?

La cuestión trasciende las escuelas. Lo hemos visto en un reciente enfrentamiento verbal entre senadores y representantes del Ejecutivo durante el debate de las facultades legislativas. En el mismo se mostró hasta qué punto las instituciones pueden apartarse de las normas que reclaman a la sociedad. La convivencia democrática no se enseña mediante reglamentos, también se aprende observando cómo actúan quienes ejercen responsabilidades públicas. Exigir autocontrol a los escolares mientras los adultos protagonizan confrontaciones y descalificaciones debilita la legitimidad del mensaje.

Peor aun cuando la respuesta a la inseguridad ciudadana se expresa principalmente mediante despliegues y demostraciones públicas de autoridad. Frente a las extorsiones, los asesinatos y los secuestros, la ciudadanía necesita resultados: investigación criminal, inteligencia policial, protección de las víctimas, coordinación institucional y justicia. Las ceremonias pueden tener una función simbólica, pero no reemplazan una política de seguridad capaz de reducir la violencia y proteger a las personas.

No se trata de equiparar disciplina escolar con seguridad ciudadana, sino de entender que la ruta no es creer que los problemas complejos se resuelven multiplicando las sanciones, exhibiendo autoridad y endureciendo las reglas. El desafío educativo peruano va más allá que el control de la apariencia y la conducta. La autoridad democrática, tanto en la escuela como en el Estado, necesita legitimidad, capacidad de respuesta y coherencia entre lo que se exige y lo que se hace.

Necesitamos mejorar los locales escolares, los servicios básicos, fortalecer la formación docente, prevenir la violencia y reconocer la diversidad social, lingüística y cultural del país. El tema exige, asimismo, escuchar a estudiantes, las familias diversas del Perú y a los maestros, en lugar de tratarlos como receptores pasivos de disposiciones ministeriales.

Una política educativa responsable debe preguntarse no solo por qué conductas sancionar, sino por cuales capacidades desarrollar, qué recursos proporcionar y qué responsabilidades asumir para que las escuelas sean espacios seguros, inclusivos y democráticos. La escuela necesita autoridad, pero una autoridad que eduque; disciplina, pero una disciplina que forme; normas, pero normas que puedan comprenderse y reconocerse como legítimas. De lo contrario, estaremos ordenando la superficie mientras dejamos sin respuesta los problemas que atraviesan la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes.

 

desco Opina / 16 de octubre del 2026

La segunda vuelta electoral en Junín

 

Las elecciones regionales en Junín no trajeron ninguna sorpresa, pues el resultado ya confirmaba a los candidatos con mayor intención de voto, quienes además tuvieron campañas de gran peso económico. De acuerdo al conteo oficial de la ONPE al 99.05%, Fernando Pool Orihuela Rojas, del partido político Podemos Perú ocupa el primer lugar con un 29.02 %, dejando en segundo lugar a Arnoldo Dante Mallma Auqui, del partido político Alianza para el Progreso con un 27.01 %. Este resultado encamina a la región hacia una segunda vuelta según la normativa electoral peruana, donde si una lista no supera el 30% de los sufragios válidos, los dos candidatos con mayor votación deberán competir en un segundo proceso el próximo 6 de diciembre.

Dentro de las propuestas planteadas por Fernando Orihuela, se ofrece construir y fortalecer los hospitales generales en Chilca, Chupaca, Concepción, Junín, Jauja y Pangoa; ampliar el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro); implementar el parque agroindustrial del Valle del Mantaro; la protección integral del nevado del Huaytapallana; la recuperación integral del lago de Junín; la ejecución de corredores viales, carreteras y puentes estratégicos; así como crear la Gerencia Regional de Pueblos Originarios y Andinos.

Por su parte, Arnoldo Mallma, cuenta con un plan de gobierno más voluminoso, sobre todo en la dimensión social. Sus propuestas de mayor relevancia incluyen el pago de la deuda social a los maestros; la construcción de las nuevas universidades en las provincias de Jauja, Chupaca y San Martín de Pangoa; la implementación de la dorsal de fibra óptica para la selva y la sierra; la creación del Hospital del Niño Huancayo; el Centro Especializado Odontológico Regional y la planta petroquímica de fosfatos en Mantaro; el asfaltado de la provincia de Concepción-Comas-Satipo; la construcción de represas, diques, qochas y reservorios a nivel regional; la eliminación progresiva de vertimientos contaminantes al río Mantaro; la construcción y ampliación de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y la fiscalización ambiental de actividades industriales y mineras.

Lejos de confiar en que sus ofrecimientos se cumplan, o tener una lectura crítica de la viabilidad de sus propuestas a través del gobierno regional, es importante mencionar que la carrera por la segunda vuelta ya comenzó en los medios de comunicación de mayor sintonía a nivel regional, que son el escenario de la intensas acusaciones mutuas y opiniones en favor y en contra de los candidatos. Lo mismo sucede en las redes sociales que se han convertido en un espacio de estrategia mediática de campaña y contracampaña. Todo esto hace que la ciudadanía tenga puesta la mirada en las denuncias y escándalos de los contendores.

Orihuela ya ocupó el cargo de Gobernador Regional en reemplazo de Vladimir Cerrón, cuando fuera suspendido en el 2019. El candidato tiene denuncias pendientes en instancias como el Juzgado de Familia de Huancayo que le ordenó cumplir con una evaluación psicológica por un caso de violencia contra la mujer, la misma que está pendiente desde el 2023. También lo investiga la Fiscalía como exgobernador por presunta organización criminal vinculada a contrataciones en el sector Salud, así como por colusión agravada y negociación incompatible, donde el fiscal superior, Ramón Alfonso Vallejo Odría, ordenó investigarlo por su condición de gobernador regional de Junín. A esto se suman otras investigaciones y críticas por llevar, en más de la mitad de su lista a consejeros, a personas que solo registran secundaria completa y estudios técnicos. En cuanto a su declaración de ingresos y rentas, figura un total de S/ 72 000.00 por concepto de remuneración bruta anual y un inmueble. Además, consigna una sentencia civil por incumplimiento contractual por un monto de S/ 4,000.

Por otro lado, Arnoldo Mallma, encabeza ampliamente la declaración patrimonial con ingresos de S/ 1 812 560 y un patrimonio de S/ 1 378 587.98, integrado por siete inmuebles, tres vehículos y acciones en múltiples empresas gastronómicas. La hoja de vida de Arnoldo Mallma registra tres procesos judiciales que él mismo se vio obligado a consignar ante la autoridad electoral. Una sentencia del 2025 emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, una demanda familiar por alimentos donde Mallma debía elevar la pensión de alimentos de S/ 1400 a S/ 3000 soles mensuales. La justicia revela que el candidato incumplió de manera reiterada con sus obligaciones, con una deuda acumulada que ascendía a S/ 40 427.

Investigaciones periodísticas han revelado otros dos escándalos que rodean el entorno de Arnoldo Mallma, uno de ellas es la acusación de parricidio interpuesta por la viuda de su padre; y otra por la construcción de un edificio comercial de nueve pisos en pleno centro histórico de Huancayo, la denuncia la interpone el Ministerio de Cultura por destruir la histórica Casa Juan Parra del Riego, declarada Monumento Nacional en 1988.

En sus últimas apariciones después del 4 de septiembre, Mallma declaró desde Satipo que llega a la segunda vuelta con las manos limpias y sin deberle nada a nadie. Orihuela por su parte en su última aparición, procuró deslindar con Vladimir Cerrón, mencionando que “no hay ningún tipo de relación ni política, ni de ninguna índole con Perú Libre”. También declaró que conversará con otros grupos políticos de cara a la segunda vuelta, confirmando que buscará acuerdos con distintos actores, defendiendo la posibilidad de incorporar nuevos respaldos a su candidatura al considerar que “dos cabezas piensan mejor que una”.

Todo estos entrampamientos jurídicos y escándalos mediáticos, dejan en segundo plano la discusión más importante: el análisis de las propuestas políticas en pro del desarrollo de la región. Quien resulte ganador en la segunda vuelta, se verá enfrentado a retos muy grandes, sin cualidades básicas que le permitan resolver con soltura y juicio las principales demandas hasta hoy postergadas en Junín. 

 

 

desco Opina – Regional / 9 de octubre del 2026

descocentro

El gobierno y la oposición: ¿más de lo mismo?

 

La encuesta de la tercera semana de septiembre del IEP, ratificaba los resultados que días antes mostraron otras dos mediciones. La aprobación de Keiko Fujimori, a sesenta días de su anhelada instalación en la Plaza de Armas, había sido claramente superada por su desaprobación. 37% de las personas encuestadas aprobaba la gestión, mientras que 49% la desaprobaba, porcentaje que se elevaba hasta el 62% en el sur del país. 52% de los encuestados percibía que el gobierno representa “más de lo mismo”, mientras que 33% consideraba que representa un “cambio”, percepción instalada en Lima Metropolitana y en el nivel socioeconómico A/B).

La caída no sorprendía. La misma medición evidenciaba la percepción de un gobierno poco o nada capacitado para responder al fenómeno de El Niño y gestionar la inseguridad. A la misma hay que sumar otros factores entre los que destacan claramente las limitaciones de la mandataria y la mediocridad del Ejecutivo, la evidente falta de ideas de un gobierno que pugnó durante 15 años por serlo, desnudando su carencia de cuadros básicos, así como su indisimulable papel en el poder desde la administración de Boluarte, que se expresa en el reciclaje de funcionarios en la administración pública.

En este escenario, la apuesta fujimorista por una delegación de facultades muy amplias y sin contenido específico, para polarizar con el Congreso, aparecía como una estrategia suicida, a pesar de la probada experiencia naranja en reclutar opositores, como lo hicieran desde el primer día en la elección de la presidencia del Congreso. El costo inmediato ha sido en su aprobación y en la presión de sectores de su barra brava, que amenazan con los riesgos para la estabilidad política gubernamental si la gente cree que la presidenta es Dina II, alentando la necesaria afirmación de su autoridad  

El primer ministro, Luis Galarreta, empezando la semana, en medio de la moción de censura del ministro del Interior y de la resistencia al pedido de facultades legislativas impulsadas por la oposición al Ejecutivo, advirtió que el gobierno había mantenido “paciencia democrática y actitud republicana hasta el momento”, denunciando el “obstruccionismo” de algunos sectores y pidiéndole a la mandataria respaldo frente a los legisladores que se oponen a la delegación de facultades, dando la batalla política.

El problema para el gobierno es que no solo la oposición “obstruccionista” se resistía a otorgar las facultades. Lo hacían, incluso, sus socios de Renovación Popular que difícilmente se la jugarán por el Ejecutivo sin condiciones, como lo subrayó López Aliaga en su respuesta pública al candidato fujimorista a la municipalidad metropolitana. Galarreta no falta a la verdad, aunque abandona su tono republicano, cuando sostiene que en ninguna parte está establecido que las facultades legislativas sólo se pueden pedir para lo más urgente; olvida, sin embargo, que fueron la mandataria y él, quienes anunciaron el pedido en esos términos, acabando enredados en su anuncio y en los mecanismos constitucionales ideados, impulsados y aprobados para la bicameralidad por Fuerza Popular y sus socios en el Congreso anterior. Más grave aún, parece creer que sin las facultades extraordinarias, el gobierno se paraliza y no puede gestionar ni decidir, ignorando, por ejemplo, los decretos de urgencia, como les han recordado distintos políticos y analistas.

Para suerte del gobierno, que no puede esconder su carácter de continuidad, las oposiciones en el Congreso se vienen dejando llevar por la misma lógica. Muy pronto se dejaron atrapar por la escena oficial; la delegación de facultades y la inseguridad ciudadana se convirtieron en sus campos privilegiados. Como poder del Estado no han dicho nada sobre las movilizaciones y paralizaciones en distintas regiones del país ante el alza de los combustibles; callaron ante el ridículo anuncio de una educación sin “ideología” como parte del ataque que empezó con el LUM como centro; el silencio por la incorporación del país al Escudo de las Américas, la visita de Rubio, la ridícula ruptura de relaciones diplomáticas con Irán o la indignante abstención en la votación sobre la participación palestina en la Asamblea General de la ONU, ha sido la única respuesta a esos hechos que evidencian la subordinación de nuestra política exterior y que ciertamente desnudan una manera de gobernar, que seguramente se agravaría con las facultades extraordinarias.

Las oposiciones, aparentemente convencidas de que la política se hace y decide en los espacios que ocupan, en los medios masivos que mayoritariamente los acusan de obstruccionistas e incapaces, así como en las redes sociales como se observó claramente a lo largo de la campaña, se mantienen distantes de la sociedad, de sus demandas y necesidades; se olvidaron de promesas elementales que hicieran cuando candidatos como la eliminación de las leyes procrimen o de impunidad. Para peor, sus debilidades de origen afloraron con fuerza los últimos días. Ricardo Belmont y Alfonso López Chau, actuando como dueños de sus agrupaciones, tras negociar con el Premier, retiraron sus votos de la censura al ministro del Interior, a la vez que Renovación Popular, Obras y Buen Gobierno presentaron textos sustitutorios en la Comisión de Constitución, buscando un consenso que otorgue facultades únicamente en materias prioritarias y acotadas. Renovación contempla 10 materias, 2 más de las solicitadas, Obras 5 y Buen Gobierno 2, inseguridad y el fenómeno de El Niño.  En otras palabras, las oposiciones tampoco parecen alejarse mucho de la continuidad.

Hasta hoy, el régimen político consolidado los últimos cinco años, goza de buena salud. Los anuncios de cambio de quienes están en el gobierno y en las distintas oposiciones parecen distantes y en la escena oficial no nos alejamos del tiempo Boluarte.

 

 

desco Opina / 2 de octubre del 2026

La violación sexual y el mandato de masculinidad

 

El caso de la violación grupal a un menor, estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, por parte de sus compañeros, al parecer en presencia de adultos “responsables” de la integridad de los menores, debe llevarnos a una urgente reflexión en torno a la manera en la que estamos educando a niños, niñas y adolescentes en Perú.

Los perpetradores de este atroz delito merecen una sanción conforme a ley. No recibirán una pena de 25 años o cadena perpetua como un adulto, porque aún les falta uno o dos años para la mayoría de edad. Pero la gravedad de los hechos no admitiría una pena privativa de libertad menor de 5 o 6 años. No “un par de semanas en Maranguita” como sugiere el senador Rodrich. Estamos ante un crimen, no ante un juego que “se les salió de las manos” como afirma el padre de uno de los perpetradores.

Los adultos presentes no pueden ser juzgados sólo por no cumplir con el deber de atención a una persona en riesgo. Su presencia en el lugar de los hechos, con muy poca probabilidad de no haber notado lo que sucedía a pocos metros, es una clara incitación al ejercicio de ese tipo de violencia disciplinadora. Esos adultos estaban “educando” a los jóvenes, a los perpetradores del crimen y, a través de ellos, a la víctima.

Si el género es una construcción social, en sociedades patriarcales como la nuestra, la masculinidad es un estatus que debe ser adquirido, para que sea reconocido debe ser demostrado. Este proceso es gradual, desde la niñez, cuando oímos a madres, padres y docentes decir que “los niños no lloran”. Desde la infancia les exigimos que pierdan la sensibilidad, que neutralicen las emociones, que no lloren.

Rita Segato sostiene que esta manera de educar, que empieza violentamente desde la niñez, debe ser calificada como una “pedagogía de la crueldad”. Así, la primera víctima del patriarcado son nuestros niños. El proceso escala, se agrava, el mandato de masculinidad exige responder a las expectativas, a las exigencias del grupo. Es en este espiral de violenta demostración de masculinidad, que la violación se torna una práctica que más que satisfacer un placer individual, es una manera de ejercer dominación, de demostrar poder.

Esta violencia vivida, es luego una violencia ejercida. Quien fue víctima es luego victimario. Es un disciplinador. Segato sostiene que es un “moralizador” que busca castigar a la persona, la más de las veces una mujer, pero también a las diversidades y como vemos en este caso, a un hombre joven en situación de vulnerabilidad. Esta pedagogía de la crueldad lo que hace es cosificar, enseñar a extraer de los cuerpos cualquier idea de humanidad y transformarlos en objetos que pueden ser poseídos. Elimina la empatía.

El caso del Liceo Naval ha generado una reacción inmediata en el gobierno, que ya anunció que el plantel dejará de estar a cargo de las Fuerzas Armadas y quedará hasta el 2027 bajo la administración del Ministerio de Educación (Minedu). Esta debería ser una buena noticia y en cierto nivel lo es. Pero ese solo hecho no es garantía de transformación pedagógica.

Juan Carbajal, revisando cifras de la plataforma SíseVe del Minedu, muestra que, entre enero y agosto de este año, las denuncias por violencia sexual dentro de los colegios ascienden a 1198, representando un incremento del 32.6% frente al mismo periodo en años anteriores. Estamos hablando de un ritmo de 200 denuncias de violencia sexual al mes –desde marzo que inician clases– en los colegios del Perú.

Si un ministro de Justicia –que debiera centrar su atención en la defensa de los derechos humanos en el país–, cree que es muy difícil llevar a cabo procesos de sanción penal a docentes, a maestros contratados para educar a nuestra niñez que vienen violando de manera sostenida a niñas en Condorcanqui, si en una sesión del Congreso de la República es capaz de señalar que es un “problema cultural”, la violación sexual no dejará de ser una práctica de dominación que se ejerza sobre los más débiles en nuestras escuelas.

Detrás de la vida de violencia a la que condenamos como sociedad a las niñas y adolescentes de Condocanqui, donde se registran más de 1253 víctimas de violencia sexual entre el 2024 y julio del 2026, hay un mismo patrón de reproducción del patriarcado que el que vemos en casos que logran escalar a la escena pública nacional como el del Liceo Naval.

Ambos son muestra de esta crueldad hecha pedagogía, pero son también parte del espectáculo de la impunidad a la que este tipo de hechos nos tiene acostumbrados.

 

 

desco Opina Regional / 25 de setiembre del 2026

La ignorancia del ministro de Educación

 

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el Gobierno retirará de la currícula nacional las interpretaciones que, según sostuvo, incorporan una carga ideológica en la enseñanza de la historia del Perú, cuestionando que los periodos de violencia política sean presentados por algunos sectores como una “guerra civil”, cuando –afirmó– correspondieron a actos de terrorismo.

Veamos. En términos jurídicos no basta con que haya enfrentamientos internos para que se reconozca una situación como guerra civil: deben existir un nivel de organización, control territorial y capacidad de sostener operaciones militares prolongadas por parte de los rebeldes.

En esa línea, si se hubiera impuesto una interpretación como esa para lo que aconteció durante el ciclo de violencia política que asoló al país entre 1980 y el 2000, seguramente debió conducirnos a la discusión del reconocimiento de “fuerza beligerante” de los subversivos, es decir, a aceptar que poseían derechos y deberes similares a los de un Estado en guerra. Esto incluye derecho a ser tratado como fuerza armada legítima, posibilidad de establecer relaciones diplomáticas con terceros y aplicación plena de las leyes de la guerra (Convenios de La Haya, Ginebra).

Esto implicaría que el Estado peruano debía reconocer que la beligerancia estaba limitando su margen de acción. En otras palabras, no podría tratar a los subversivos como simples criminales o terroristas; debía aplicar normas de trato a prisioneros, protección de civiles, etc. De otro lado, ese supuesto reconocimiento abría la puerta a que otros Estados puedan negociar, mediar o incluso apoyar a los rebeldes, sin ser acusados de injerencia ilegítima. Asimismo, para los rebeldes es una forma de legitimación política y jurídica, porque pasan de ser “sediciosos” a actores con estatus internacional.

¿Quiere el ministro Chang un ejemplo? El caso de la Organización de Liberación de Palestina OLP, muestra cómo el sistema internacional puede flexibilizar las categorías jurídicas, ya que, sin cumplir todos los requisitos de beligerancia clásica, la OLP fue reconocida como actor legítimo por razones políticas y de justicia histórica. Como es obvio, en Perú, ni Sendero Luminoso (SL) ni el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) obtuvieron ese reconocimiento, porque ni sus métodos ni sus objetivos lograron generar legitimidad internacional. Aun así, Sendero Luminoso sí buscaba que el conflicto peruano fuese reconocido como una “guerra civil”, porque esa denominación les otorgaba un valor político y jurídico que iba mucho más allá de ser considerados “terroristas” o “delincuentes comunes”.

En suma, una “guerra civil” implica aceptar que los rebeldes no son meros delincuentes, sino actores armados con capacidad política y militar. Sin embargo, en la práctica los Estados suelen usar fórmulas intermedias (“conflicto armado interno”) para evitar esa concesión de estatus, aplicando normas humanitarias sin otorgar reconocimiento político.

En esa línea, reconocer una guerra civil acerca indudablemente al reconocimiento de beligerancia, aunque no es automático. Es un terreno donde el lenguaje jurídico y político se entrelaza con la estrategia de legitimidad.

Así, como resulta obvio para quien haya siquiera hojeado su Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú, nunca utilizó la categoría de “guerra civil” para describir el conflicto armado interno (1980–2000). En su lugar, lo definió como conflicto armado interno, siguiendo la terminología del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esto permitía aplicar normas de protección sin conceder beligerancia.

De igual manera, el guion del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) evita cuidadosamente la categoría  “guerra civil”. La narrativa oficial del LUM se construye sobre la base del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que definió el periodo 1980–2000 como conflicto armado interno.

Lo que hizo la CVR fue buscar un equilibrio. Por un lado, reconocer la magnitud del conflicto (violencia masiva, violaciones de derechos humanos, enfrentamientos prolongados) y, por otro, evitar la trampa política de legitimar a los insurgentes como actores equivalentes al Estado.

Por eso, su argumento se centró en la idea de un Estado democrático atacado por organizaciones terroristas, pero que, a la vez, cometió graves violaciones de derechos humanos en su respuesta.

 

desco Opina / 18 de setiembre de 2026

El Puerto de las Américas Corío en vitrina

 

Recientemente el Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó el Plan Maestro del Terminal Portuario de Corío, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa. El anuncio representa un hito histórico, si tomamos en cuenta que este megaproyecto carga una estela de dos décadas de promesas incumplidas en las gestiones regionales.  

En el sentido estrictamente burocrático: por primera vez existe un documento técnico validado por el ente rector que ordena usos de suelo, conectividad y etapas de implementación. Pero conviene mirar este anuncio teniendo presente los otrora halagüeños que hemos escuchado durante los últimos veintitrés años y que no condujeron a ninguna parte.

La idea de un gran puerto en Punta de Bombón se conoció en la gestión de Daniel Vera Ballón (2003-2006) quien se arrogó su concepción, pero la propuesta nació de la empresa privada, como Euroamerican International Group, invisibilizada en esta historia, como otros. Ese primer intento no prosperó.

Juan Manuel Guillén (2007-2010 y 2011-2014) y Yamila Osorio (2015-2018) heredaron la idea sin conseguir mayores avances. Aunque Osorio firmó un convenio con la APN para avanzar en el 2016 con los estudios que requiere el proyecto, su continuidad ejecutiva quedó inconclusa. Con Elmer Cáceres Llica (2019-2021) — quien nuevamente está en la carrera por el sillón regional tras su paso por la cárcel—, el proyecto languideció entre la conflictividad social por Tía María y la parálisis institucional. En el corto gobierno de Kimmerlee Gutiérrez (2021-2022) tampoco se avanzó nada. En noviembre de 2025, con Rohel Sánchez, se firmó un convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional, la APN, ProInversión y el MTC que finalmente destrabó el proceso hasta el Plan Maestro aprobado la semana pasada.

La inauguración del puerto de Chancay, en noviembre de 2024, financiado por capitales chinos a través de COSCO Shipping Ports, ha sido el chispazo para retomar el proyecto. Corío, con su batimetría natural de 28 metros —muy superior a los 17,9 metros de Chancay—, dejó de ser un proyecto regional más y empezó a venderse como la promesa para controlar la próxima generación de infraestructura portuaria del Pacífico Sur.

Detrás de los anuncios surge una disputa mayor: la inversión en "activos estratégicos", en medio de la pugna por el control logístico del Pacífico Sur entre China y Estados Unidos. Que Washington muestre interés no es casual. Estados Unidos observa con preocupación la expansión portuaria china en América Latina y busca alternativas de infraestructura en países aliados. Perú, sin buscarlo explícitamente, quedó posicionado como terreno de disputa entre ambas potencias. Y aquí cabe mencionar que la actual gestión regional de Arequipa también presentó el proyecto a inversionistas norteamericanos.  

El proyecto Corío contempla una plataforma logística, un hub de hidrógeno verde y conexión ferroviaria hacia Puno y Cusco. Para toda la macrorregión sur, el proyecto significaría la posibilidad de exportar mayor volumen de minerales y productos agroindustriales con menores costos logísticos, además de fomentar su articulación como un eje estratégico para el comercio regional y la integración con Brasil y el mercado asiático.

La aprobación del Plan Maestro es un paso real, pero tenemos que estar preparados para abordar la gestión de este megaproyecto desde diferentes flancos. Para comenzar el Gobierno Regional de Arequipa debería tener una participación en la formulación de los términos de referencia (TDR) que elaborará ProInversión para los posibles inversores y garantizar, con ello, una visión descentralista con ventajas para las economías de los departamentos de la Macrosur. También merece una discusión previa el tema de la soberanía nacional a fin de no dar prioridad a los intereses de países extranjeros, teniendo como antecedente la controversia suscitada por la supervisión estatal del puerto de Chancay. Otro tema que no debemos dejar de lado es la titularidad y resguardo de los terrenos donde se asentará el proyecto, ya tenemos malas experiencias en la ejecución del Proyecto Majes II, la Carretera Arequipa La Joya y el Puente Chilina.

Esta vez, el contexto geopolítico puede ser un espaldarazo para que este proyecto, rebautizado como el Puerto de las Américas Corío, se materialice y responda a las necesidades que implica el desarrollo descentralizado de las regiones al sur del país.

 

desco Opina – Regional / 11 de setiembre del 2026

descosur