Junín después del temblor

 La tierra no avisa, pero deja constancia. Los sismos que remecieron Junín entre fines de julio y los primeros días de agosto no llamaron la atención por su magnitud, moderada en cualquier escala técnica, sino por el desbalance entre la energía liberada y el daño que dejaron: 6 fallecidos, más de 300 damnificados, viviendas inhabitables y un decreto supremo (el N.° 115-2026-PCM) que puso en emergencia por 60 días a Chupaca, Concepción y Huancayo, además de Huancavelica y Tayacaja. La cifra sismológica fue discreta; la social, no, y buena parte de esa distancia se explica por la profundidad, porque el movimiento se originó a unos 10 kilómetros bajo la superficie en una falla local de la cordillera que llevaba décadas quieta, y esa cercanía concentra la aceleración del suelo justo donde vive la gente.

Para tener una referencia basta mirar el terremoto de 7,4 que devastó el Chocó colombiano por esos mismos días: ocurrió a 103 kilómetros de profundidad y aun así dejó más de 130 muertos, una comparación que no consuela sino que advierte, sobre todo porque en los anexos altoandinos de Chupaca y Concepción la vivienda sigue siendo de adobe y tapial, levantada sin vigas soleras ni confinamiento y muchas veces sobre suelos humedecidos por la temporada, de modo que cuando el terreno acelera esa masa se comporta como lo que es: peso sin capacidad de tracción. El estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) ofrece el marco nacional de este problema y es demoledor: de los 6,6 millones de viviendas del país, el 71% fue autoconstruido y apenas el 3% de ellas cumple estándares adecuados, es decir, cuenta con planos, estudios de suelos y supervisión profesional.

La preocupación nacional suele quedarse en la costa, donde la fotografía del riesgo resulta más evidente, pero la sierra central carga una vulnerabilidad propia, sobre todo por las distancias entre los poblados y los centros de auxilio: los anexos rurales están lejos de las capitales distritales y la evaluación de daños demora días en llegar, los centros de salud de nivel I y las escuelas salen de servicio justo cuando se vuelven indispensables. La falta de sismos destructivos recientes instaló una sensación de exención que hoy se paga en escombros. El adobe, además, no es un capricho cultural, sino la única técnica al alcance de familias sin título ni crédito, lo que traslada el problema constructivo al terreno económico y legal.

Junín, por lo demás, tampoco termina en el Mantaro. Chanchamayo, Satipo, Pichanaqui y las cuencas que bajan hacia Oxapampa comparten departamento y presupuesto con Huancayo, aunque su riesgo tenga otra forma, porque en la ceja de selva el sismo casi nunca aparece como colapso masivo de edificaciones, sino como ladera que cede, carretera que se corta y pueblo que queda incomunicado; suelos saturados por la lluvia y un movimiento moderado que funciona como detonante de deslizamientos. Ocurre, sin embargo, que la gestión del riesgo se sigue diseñando desde la mirada de la ciudad: los mapas de microzonificación, los simulacros multipeligro y hasta los formularios de empadronamiento asumen manzanas, calles y lotes, cuando en Río Negro, en Mazamari o en las comunidades asháninkas del Ene y del Tambo, la casa es de madera y calamina, dispersa en chacra, con acceso por trocha. Que ese material resista mejor el sacudimiento no vuelve segura a la familia: el peligro simplemente se muda al camino, al puente artesanal, al talud y a la imposibilidad de sacar a un herido.

Súmese a esto una coincidencia de calendario que exige lectura política: especialistas en infraestructura hidráulica advierten sobre un fenómeno de El Niño de gran intensidad entre enero y abril de 2027. El Ejecutivo ya instaló una comisión nacional para ese escenario con 1900 puntos críticos identificados en cauces de ríos, de los cuales se priorizarían apenas 569, de modo que un territorio con laderas fracturadas por un sismo que en pocos meses recibirá precipitaciones extraordinarias no enfrenta dos amenazas sucesivas, sino una sola encadenada. Mientras tanto, el decreto de emergencia contempla una línea que pasó casi inadvertida: las acciones se financian con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin recursos adicionales del Tesoro Público, así que regiones y municipios deberán reasignar lo que ya tenían. Para distritos con equipos técnicos mínimos y ejecución presupuestal históricamente baja, la declaratoria opera entonces como una habilitación administrativa antes que como respaldo financiero, sirve para comprar rápido y recibir donaciones, no para reconstruir. Ahí está, en el fondo, el punto débil del modelo, la respuesta está razonablemente normada, pero la prevención sigue repartida entre entidades que no se hablan, se declara la emergencia después del daño, se reparten calaminas y colchones, se firma un acta y el ciclo se cierra hasta el siguiente temblor, mientras que la reconstrucción choca con trabas que ningún decreto resuelve solo.

Sin título saneado no hay bono de vivienda ni crédito, así que el damnificado vuelve a levantar lo mismo, con los mismos materiales y en el mismo terreno, en un país donde el 73% de las viviendas se edificó sin licencia y solo el 4% recibió alguna sanción. A eso se suman las fajas marginales y las laderas inestables que siguen ocupadas porque no existe oferta de suelo seguro donde reubicar a las familias; mientras los fake news hacen lo suyo provocando alarma en la población ante la ausencia de información oficial.

Detrás de todo esto sigue el asunto mayor: frente a la costa central persiste una zona de acoplamiento que no libera energía desde 1746, con escenarios técnicos que proyectan un evento cercano a 8,8 grados y simulaciones oficiales que hablan de decenas de miles de fallecidos y medio millón de edificaciones destruidas, casi todo en Lima. Allí asoma la paradoja que la sierra y la selva central conocen de memoria: cuando llegue ese día, el aparato estatal se volcará entero hacia la capital y las regiones que hoy reciben atención tardía dejarán de recibirla.

Por eso la mirada desde Junín, Huancavelica y Pasco no puede ser la del espectador. La resiliencia del centro del país no vendrá en brigadas enviadas desde Lima, sino de la capacidad instalada aquí, con equipos técnicos permanentes en los gobiernos regionales, municipios que fiscalicen antes de que se levante el muro, universidades locales produciendo estudios de suelos y comunidades preparadas para sostenerse solas durante las primeras setenta y dos horas. Anticiparse, en este caso, es una condición de supervivencia.

 

 

desco Opina – Regional / 14 de agosto de 2026

descocentro 

Keiko y las Fuerzas Armadas

 

Uno de los anuncios más comentados de Keiko Fujimori que, además, está en el centro mismo de su pedido de facultades legislativas al Congreso, es el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y el transporte público para reforzar la seguridad ciudadana, en coordinación con la Policía Nacional. La medida también incluye apoyo militar en penales y operativos en zonas críticas como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Los supuestos resultados serían una presencia rápida y contundente del Estado en los espacios públicos y el transporte, una mayor capacidad de respuesta frente a delitos violentos y crimen organizado, así como una disuasión simbólica en la medida que la presencia militar puede generar sensación de control y orden.

Como no podía ser de otra manera, las críticas surgieron inmediatamente. Mejor dicho, volvieron a producirse porque son las mismas que vienen dándose desde hace un buen tiempo. Entre ellas, el desplazamiento del rol policial y que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para labores de seguridad ciudadana cotidiana; los posibles abusos contra los derechos humanos; la normalización de los estados de emergencia, cuando constitucionalmente aquellos se definen como una medida excepcional; el efecto limitado que tiene en las causas estructurales de la inseguridad, como la pobreza, la corrupción policial, la falta de justicia rápida, entre otras.

Pero, pareciera que las reacciones no son las mismas frente a la posible militarización y eventual privatización de los establecimientos penales. Sobre el tema, no existe un tratado internacional único y específico que prohíba de manera absoluta la militarización de los establecimientos penales, pero sí hay marcos normativos internacionales que limitan y regulan esa práctica, porque los penales deben ser gestionados bajo un enfoque civil y de derechos humanos.

El Perú suscribió las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, también conocidas como Reglas Nelson Mandela, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2015. Estas reglas establecen estándares mínimos para el tratamiento de las personas privadas de libertad y buscan garantizar su dignidad y derechos humanos y, en ese sentido, establecen que la administración penitenciaria debe estar a cargo de personal civil especializado, lo que hace que la presencia militar solo puede ser excepcional y temporal, nunca como sustituto permanente del personal penitenciario.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido en el 2022 sobre la obligatoriedad del cumplimiento de estas normas por parte del Estado peruano, lo que además, concuerda con lo expresado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (ONU, 1990), informes varios del Comité contra la Tortura (CAT, ONU), y otros instrumentos.

En adición, hay que entender que la privatización de establecimientos penales no es simplemente adecuar los procedimientos a las denominadas asociaciones público-privadas. Algo como lo que se propone estaría en contra de la Constitución, del Código de Ejecución Penal y de los principios de dignidad y reserva estatal. El Estado puede contratar servicios auxiliares (alimentación, salud, infraestructura), pero no puede privatizar la administración ni la seguridad penitenciaria.

Estas cuestiones, además de las contradicciones normativas y la confusión de funciones que muestran, pueden ser reveladoras de un asunto que el Estado peruano no puede resolver: qué hacer con el presupuesto destinado al sector Defensa.

Desde los años 90, a los países latinoamericanos les ha resultado cada vez más difícil aceptar altos gastos en Fuerzas Armadas por varias razones estructurales entre las que resaltaba el fin de la bipolaridad global y, en nuestro caso, la solución definitiva de las fronteras con los países vecinos, que redujo la presión geopolítica que justificaba grandes ejércitos. De otro lado, los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) empezaron a recomendar la reducción del gasto militar y el aumento del gasto social: los programas de ajuste estructural exigieron recortes en presupuestos militares para priorizar educación, salud y reducción de la pobreza, convirtiéndose en un criterio de “buena gobernanza” para acceder a créditos y cooperación. Asimismo, la ONU y la OEA impulsaron la idea de que la seguridad debía ser civil y democrática, y la militarización de funciones internas fue vista como un retroceso frente a los compromisos de democratización.

Sin embargo, el importante poder político que han mantenido los militares en nuestro continente, así como el despliegue constante de la estrategia neoconservadora tras el 11-S, significó el retorno de la concepción clásica de seguridad nacional basada en las políticas de fuerza, ahora con “otros enemigos”: los terroristas, los narcotraficantes, el crimen organizado. En este escenario, la reconversión militar eternamente inacabada es uno de sus procesos que, al parecer, estará perpetuamente en curso y esto tiene su expresión presupuestal.

De esta manera, que en el Ministerio de Defensa hayan designado a una persona que no debe tener una idea más o menos certera sobre qué hacer allí y que en el Ministerio del Interior tengamos al general César Astudillo, quien se desempeñó como comandante general del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, resulta sorprendente. ¿Es la forma como se militarizará la seguridad, es decir, sin intentar la coordinación entre las fuerzas públicas, sino imponiendo sin más la conducción castrense a una función que, por lo demás, no le compete?

 

desco Opina / 7 de agosto de 2026

Déjà vu

 

Aunque no se refirió a su padre en ningún momento, lo que expuso el 28 de julio Keiko Fujimori buscaba ser su calco y copia. Repetir lo que, seguramente, sus análisis internos le reafirman que fueron los pilares de la popularidad fujimorista de los 90, como la insistencia en infraestructura o hacer “funcional” al Estado, adelgazando su burocracia y centralizando las decisiones para “combatir la pobreza”, especialmente en las zonas rurales, sin importarle a ella y a sus asesores el que la pobreza haya cambiado de rostro y su crecimiento es ahora considerablemente mayor en las ciudades.

De esta manera, la referencia previa al Estado catastrófico puede no remitirnos a los gobiernos anteriores, menos aún a las responsabilidades directas que le tocan, sino generar artificialmente las sensaciones pesimistas precedentes al inicio del gobierno de su padre, y desde las cuales el fujimorismo levantó el relato fantasioso de sus superpoderes.

Los esfuerzos oficialistas, por ahora, se dirigen a reactivar discursivamente el mito del origen –el relato del “Estado en ruinas” que permite a Keiko inscribirse en la misma épica de reconstrucción–, para sumar una legitimidad por analogía: si su padre “salvó” al Perú en los 90, ella se presenta como quien puede repetir esa hazaña en el presente.

Es la tónica que prevaleció en todo su discurso. Dijo que resolvería los problemas identificados, por ejemplo, en inseguridad ciudadana, “con decisión y energía”; aunque muy a flor de piel, sin explicitarse, está el hecho de que los fujimoristas han sido parte sustancial en la formación de la delicada situación en la que nos encontramos, manteniendo vigente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), auspiciando las leyes procrimen, el desmantelamiento de lo poco que teníamos para garantizar los derechos humanos, la amnistía para acusados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos, la activación del fuero militar-policial; todo lo que contrasta con su rebuscada escenografía para asegurarnos que no va a tolerar inconductas de policías o militares.

También en la declarada intención de centralizar y concentrar las decisiones del Estado, como su padre. Específicamente, la gestión de las acciones ante el Fenómeno de El Niño –y también la inseguridad ciudadana– serán desde y por el Ejecutivo. Para ambos casos, ha pedido facultades legislativas y la pregunta obvia salta a la vista, ¿serán como los paquetes legislativos de 1991 y 1992?

Keiko habló como si recién hubiese llegado a la política, como si estuviéramos en 1990. Pero, no es una figura nueva. Al contrario, es la referencia emblemática de la nauseabunda política peruana. ¿Sería por eso que no sintió la necesidad de pedir perdón, ni por su padre, ni por ella misma? Era lo mínimo que esperábamos los ingenuos que creíamos en el milagro de que había un mínimo de vocación para el cambio.

Tampoco sintió la necesidad de plantearnos su estrategia contra la corrupción, uno de los principales problemas para la población peruana. Aun menos sintió la necesidad de convocar a la participación ciudadana y a las autoridades locales y regionales. En el mejor de los casos, serán engranajes operativos de lo que decida el Ejecutivo, como en 1994, cuando la activación política del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) fue decisiva para realinear conciencias políticas, permitiendo el barrido electoral de 1995.

No tendrá esa tecnocracia que su padre encontró en el camino, algo que se evidencia a borbotones en la composición de su Gabinete, en el que resultan aceptables un par de nombres, pero no más. A ello se suma que su bancada parlamentaria, conformada con algunos de los muchachos y muchachas reciclados del ayer, darán muestra de mucha maña y criollada, pero sin una agenda política que guíe su acción. No entiende que el “terruquismo” y el “caviarismo” ya agotaron su eficacia, si es que alguna vez la tuvieron.

A favor tendrá una cuadrilla de autoridades subnacionales siempre dispuesta a negociar lo que sea; las organizaciones sociales casi desaparecidas, la práctica destrucción de la institucionalidad pública, con su correlato en el fortalecimiento de una gobernabilidad directa, vertical y sin intermediación.

En este escenario, por ahora, podrían ponerse en debate los roles que querrán cumplir los grandes empresarios financieros y extractivistas, así como los mandos de las Fuerzas Armadas. En lo que no hay duda es que no serán los que se asignaron en los años 90.

 

desco Opina Regional / 31 de julio de 2026

Urgencias de un fujimorismo sin Fujimori

 

La victoria electoral de Keiko Fujimori abre una nueva etapa política. Como ocurre con todo gobierno que inicia su mandato, las primeras semanas están marcadas por los gestos simbólicos sobre prioridades, las expectativas y las definiciones. Una lectura comparada entre los ofrecimientos de campaña, el contenido de su plan de gobierno y las urgencias objetivas que enfrenta el país deja al descubierto vacíos e incoherencias difíciles de ignorar.

Resulta sorprendente que el discurso de Fuerza Popular siga concentrándose en defender el modelo económico y la Constitución como si fueran las grandes disputas nacionales en curso. En realidad, las urgencias del Perú son hoy distintas. El desafío principal consiste en construir un Estado que funcione para todos y todas y sea capaz de enfrentar al crimen organizado, controlar la minería ilegal, reducir la corrupción y ejecutar infraestructura de calidad. También mantener en funcionamiento exitoso, pero no abusivo a las grandes inversiones nacionales y extranjeras. Pero, por encima de todo ello, está no llegar demasiado tarde a las consecuencias del fenómeno de El Niño de gran magnitud, proyectado hasta mediados del año 2027. El escenario climático debiera ser prioritario.

Estamos tarde, una vez más, para atender territorios históricamente abandonados como el sur andino y la Amazonía. Ninguno de estos problemas se resuelve invocando las reformas de los años noventa. El país requiere otras respuestas de parte del gobierno entrante.

La prevención de desastres, el reforzamiento de infraestructura crítica, la protección de nuestras ciudades, carreteras y sistemas de riego en el norte del país, así como la coordinación entre niveles de gobierno, requieren un Estado con capacidad de planificación, inversión y presencia territorial que no existe para enfrentar un fenómeno de esta magnitud: un aparato público capaz de anticiparse a la emergencia, coordinar recursos y liderar la respuesta nacional. Primero en el norte, donde ya empezó a llover y luego, muy pronto, en un sur sediento.

La sequía, la fragilidad de la economía rural, las brechas de infraestructura y la persistente sensación de abandono es una realidad que se omite mencionar en relación con lo que espera el sur andino de un gobierno democrático. No es un tema que pueda resolverse únicamente mediante incentivos al mercado o anuncios de inversión pública. La presencia del Estado continúa siendo insustituible. Sin una estrategia nacional de desarrollo territorial, difícilmente podrá cerrarse la distancia entre Lima y las regiones más vulnerables que demandan fortalecer los gobiernos regionales y reducir las profundas desigualdades que el crecimiento económico no ha logrado corregir por sí solo.

Las respuestas conocidas y desgastadas respecto a la seguridad ciudadana constituyen otro terreno donde la magnitud del problema demanda cambios que no debieran ser la militarización del país. Las extorsiones, el sicariato, las economías ilegales y la penetración del crimen organizado han transformado la naturaleza de la violencia. Si bien la demanda social por firmeza es comprensible –el incremento de penas, la militarización del país o el endurecimiento del discurso–, no reemplazan la necesidad de reformar los sistemas de inteligencia, investigación criminal, control financiero y administración de justicia. Del mismo modo, la corrupción generalizada –que atraviesa distintos niveles del Estado y del sistema político– exige reformas institucionales profundas, mecanismos efectivos de transparencia y una voluntad política que vaya más allá de las declaraciones.

El fujimorismo de los noventa se embarcó con el mundo marcado por el triunfo de la globalización, el consenso de Washington y la hegemonía de Estados Unidos. Treinta y cinco años después el escenario internacional es otro. Hoy predominan la competencia entre China y Estados Unidos, la fragmentación del comercio internacional, la transición energética, la inteligencia artificial y una crisis climática que obliga a los Estados a desarrollar capacidades de prevención y planificación como preocupación política cada vez más importante.

Quizá por eso el mayor desafío del fujimorismo sea precisamente sobrevivir a Alberto Fujimori: comprender que las circunstancias históricas han cambiado y construir respuestas nuevas. Mientras ello no ocurra, el riesgo será que Fuerza Popular continúe ofreciendo soluciones para un país que ya no existe. Y esa es, probablemente, la mayor debilidad de su propuesta política actual. Paradójicamente, la mejor manera de Keiko de ser fiel a Fujimori sería dejar de repetir las respuestas que él mismo dio hace más de tres décadas.

Frente a este escenario, la oposición enfrenta igualmente un desafío. Reducir su papel a una estrategia de confrontación permanente en el Congreso o apostar exclusivamente por la movilización ciudadana, podría terminar fortaleciendo la polarización que ha caracterizado al país los últimos años. Renunciar al control político y a la fiscalización tampoco contribuiría al fortalecimiento democrático que demanda temas importantes como la justicia ante los asesinatos del gobierno de Dina Boluarte, protegida por las fuerzas políticas que hoy sostienen a Keiko Fujimori.

 

desco Opina / 24 de julio de 2026

Mediocridad y recentralización

 

La reciente inauguración del puente de la carretera Arequipa – La Joya es una buena noticia. Mejorará la conectividad regional, reducirá tiempos de viaje y fortalecerá la articulación logística entre Arequipa y el corredor hacia Matarani, Puno, Cusco y otras regiones del sur. Sin embargo, dejando de lado la pompa de la inauguración, este acto nos hace preguntarnos ¿por qué una infraestructura de esta importancia necesitó tantos años, múltiples paralizaciones, adicionales de obra y reiteradas observaciones técnicas para acercarse a su culminación? Acercarse, es un decir, porque ya han pasado seis administraciones regionales y no se logra terminar.

Lamentablemente, lo que pasa con la carretera Arequipa – La Joya no es una excepción. Es la consecuencia de uno de los mayores problemas de la inversión pública peruana: la incapacidad del Estado (en todos sus niveles) para ejecutar proyectos de manera oportuna y eficiente. Las obras paralizadas no solo inmovilizan miles de millones de soles de recursos públicos, sino que retrasan servicios esenciales, encarecen la inversión, pero, sobre todo, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. Por eso es común escuchar que el gobierno regional no hace nada, o la municipalidad o el ministerio.  

La Contraloría General de la República viene alertando desde hace varios años sobre la magnitud de este problema mediante informes y también en su portal web. Actualmente, a nivel nacional tenemos 634 obras paralizadas que tienen un valor conjunto de S/. 9211 millones. Cusco ostenta el triste récord de ser el departamento con el mayor número de obras paralizadas, 187 proyectos que representan la inmovilidad de S/.1060 millones de los recursos públicos.

Las causas se repiten con preocupante frecuencia. En una reciente exposición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el evento “Conectar el Estado: articulación multinivel y sistemas públicos para cerrar brechas territoriales” se mencionó que entre las principales causales de la paralización de proyectos de inversión pública en el país están: la programación presupuestal insuficiente para la continuidad, las controversias legales o arbitrales, el quiebre financiero contractual por pagos pendientes y los expedientes técnicos insuficientes (o mal hechos). Lo más preocupante es que gran parte de estas dificultades se pueden identificar antes del inicio de las obras.

El caso del puente Arequipa – La Joya resulta particularmente ilustrativo. La obra se gestó durante el gobierno regional de Vera Ballón, en el de Guillén Benavides se culminó con el expediente técnico, y recién se inició en el gobierno de Osorio Delgado en octubre de 2017, con un presupuesto superior a los S/ 107 millones y un plazo contractual de 510 días. Sin embargo, durante su desarrollo se aprobaron adicionales de obra y se registraron paralizaciones, resoluciones contractuales, reactivaciones y controversias judiciales que encarecieron el proyecto. Según data del Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el proyecto tiene un costo de inversión actualizado de S/ 914.8 millones. A esto, hay que añadirle las múltiples denuncias de corrupción y de invasiones de terrenos en zonas aledañas, que la han acompañado durante todo su trayecto de ejecución.

Lo alarmante es que varios de los proyectos de inversión pública que se ejecutan en la actualidad presentan uno o más de los problemas mencionados en el proyecto de la carretera Arequipa – La Joya. No se trata de ineficiencias exclusivas de obras de gran complejidad. Esta situación revela una debilidad más profunda: la insuficiente calidad de los expedientes técnicos y la escasa capacidad institucional para gestionar proyectos.

El estudio Políticas de Desarrollo Regional en Perú de la OCDE, recomienda que el país fortalezca la gobernanza multinivel, mejore la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y desarrolle capacidades técnicas permanentes para formular y ejecutar inversiones públicas. Sin embargo, la reciente presidenta electa, Keiko Fujimori, quien ha anunciado que reivindicará el gobierno de su padre en su gestión, es posible que implemente políticas que recentralicen el poder, evitando que se puedan resolver estos escollos en las gestiones subnacionales. Quizá volveremos a ver la acumulación del poder en un ministerio de la presidencia, con otro nombre, pero con las mismas artimañas para usar las alianzas estratégicas regionales como ejercicio de un clientelismo ramplón.

La descentralización necesita ir acompañada de instituciones más sólidas, mejores sistemas de planificación y equipos profesionales especializados, fundamentalmente en gobiernos regionales y locales que administran una parte significativa de la inversión pública. Quizá así, el cronograma de un proyecto de inversión pública se pueda cumplir sin complicaciones.

Sea cual sea la decisión del gobierno nacional, la ciudadanía tiene una tarea: vigilar la ejecución presupuestal. Recientemente la cooperación suiza ha inaugurado el portal de Alertas de Obras Públicas Paralizadas en el Perú con una base de datos de organismos oficiales. En él, cualquier persona puede monitorear los proyectos paralizados en los tres niveles de gobierno, además de ver cuánta es la cantidad de la población potencialmente afectada.

Celebrar la culminación de una obra siempre será motivo de satisfacción, pero sería un error conformarnos con el acto simbólico y no preguntarnos por qué tardamos tanto en concluir proyectos que debieron estar al servicio de la ciudadanía mucho antes. Debemos exigir que cada inauguración venga acompañada del acta oficial de cierre de proyecto, un trámite inconcluso de muchas obras, y que son un pasivo que se hereda de gestión en gestión.

Es imprescindible corregir las deficiencias estructurales en la formulación de proyectos, mejorar la calidad de los expedientes técnicos y fortalecer la capacidad de gestión pública para culminarlos con eficiencia, de lo contrario difícilmente seguiremos sonriendo en las fotos de inauguración.

 

desco Opina – Regional / 17 de julio del 2026

descosur

El futuro gobierno: entre dilemas y desafíos

Creer que el ajustado triunfo de Keiko Fujimori y Fuerza Popular (FP) cierra la crisis política del país es ingenuo o definitivamente interesado. En realidad, en medio de la continuidad de un orden que el partido naranja y la cuatro veces candidata fueron construyendo aplicadamente desde la elección de Pedro Castillo, asistimos al inicio de un nuevo momento del mismo, marcado por la débil legitimidad de la nueva mandataria, la continuidad de una polarización que viene creciendo desde el final del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y un escenario de difícil gobernabilidad en el que conviven un Estado exánime y depredado, instituciones capturadas por el poder político y una sociedad fuertemente fragmentada y atravesada por distintos malestares y exclusiones, que profundizan su desconfianza en la política y los políticos.

La nueva presidenta llega al poder tras un proceso electoral intenso y disputado en el que las denuncias de fraude y las acusaciones atravesaron toda la campaña. Iniciadas por López Aliaga y Renovación Popular, repitiendo una práctica y un discurso que compartieron con Fujimori el 2021, finalmente fueron el refugio de Roberto Sánchez para enfrentar su derrota en la segunda vuelta. Con el 50,13% del sufragio válido y una diferencia de 49 641 votos sobre el candidato de Juntos por el Perú (JPP) en una suerte de “déja vu” de las elecciones del 2021, la lideresa de Fuerza Popular llega al poder en un país partido en mitades casi exactas. Su victoria fue la de la derecha que cerró filas atrás de ella en la segunda vuelta como no lo había hecho tan nítida y unánimemente en los tres procesos electorales anteriores, donde fue derrotada por Ollanta Humala, PPK y Pedro Castillo, sucesivamente.

Como es claro, más importante que la división electoral que aparece nítida, es la fractura profunda que combina las distancias entre ricos y pobres, entre una Lima percibida como abusiva y el resto del país, entre lo urbano y lo rural, además de la notoria distancia étnica y cultural y los diversos clivajes territoriales. El triunfo de Keiko introduce, además, un elemento no por simbólico menos significativo: el retorno del fujimorismo al poder 25 años después de la caída del dictador y fundador de la dinastía, Alberto Fujimori. Se trata de un apellido que, aunque su rechazo ha disminuido, sigue dividiendo al Perú entre apoyos decididos y resistencias igualmente intensas. Esa ambivalencia habla de una fortaleza y una debilidad. Le garantiza a la mandataria una base mínima relativamente sólida, pero también hace crecer un antifujimorismo que podría convertirse en movilización social.

En este escenario, el país está en compás de espera, aguardando los anuncios de la nueva mandataria sobre la conformación de su gabinete y las principales medidas para enfrentar los urgentes desafíos que tiene por delante, varios de los cuales tienen entre sus principales artífices a su actual representación parlamentaria. En la espera, constatamos que el nuevo gobierno tiene ya al frente la difícil tarea de responder a los intereses y presiones de sus distintas clientelas. De las históricas y las nuevas. El desfile de visitas, saludos y felicitaciones ya empezó. Los compañeros de Alfonso Ugarte, con Jorge del Castillo y Mauricio Mulder a la cabeza, ya pasaron por la oficina presidencial de San Isidro, gestionando una cartera para Luis Carranza quien parece invertir en la misma desde el 2021, cuando también integró el equipo técnico naranja para los debates. Rivales hasta el 12 de abril, –Juan Sheput, Carlos Neuhaus y Rafael Belaunde–, circulan por los medios como ministeriables, mientras Daniel Barragán, recientemente elegido senador por el Partido Cívico Obras y exministro de Defensa en el gobierno de Pedro Castillo, conversa con Fuerza Popular la futura conducción del Parlamento.

No son los únicos. Desde los diversos sectores empresariales, algunos con cierto cuidado con las formas, otros, como el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, sin ningún tapujo, multiplican saludos y felicitaciones y no olvidan los distintos pronunciamientos y declaraciones que hicieran a su favor y en contra de su competidor, las dos semanas previas a las elecciones. La mayoría de medios de comunicación nacionales que se dedicaron a demoler a JPP entre la primera y la segunda vuelta, hoy día se llenan de recomendaciones y consejos a la mandataria. Pero también desde algunos de los sectores que han arribado al Congreso, empiezan a sucederse cantos de sirena y voces interesadas que se distancian del discurso con el que llegaron.

La composición del próximo Gabinete podrá darnos una pista del futuro modelo de gobierno que resultará de las múltiples presiones que existen y de los apoyos que hay que reconocer. Un camino es el del exclusivo color naranja, combinando un ala tecnocrática y una social clientelar, priorizando y respondiendo a las presiones del partido y sus figuras, al estilo Fernando Rospigliosi. Uno segundo es un modelo en el que los sectores empresariales tienen al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los sectores productivos en sus manos, mientras el partido maneja los ministerios sociales. En ambos, la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, será indudablemente importante, a juzgar por las declaraciones de diversos voceros de FP. En cualquiera de los casos, la continuidad del orden actual no está en cuestión.

 

desco Opina / 10 de julio de 2026

Los asentamientos humanos de Lima sur y El Niño Costero

 

El fenómeno El Niño Costero vuelve a instalarse en la agenda nacional. Mientras gran parte de la atención pública suele concentrarse en las posibles afectaciones en la zona norte del país, los efectos que este fenómeno puede tener sobre Lima Metropolitana y sus sectores en situación de mayor vulnerabilidad, reciben menor consideración.

La Comisión encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene actualmente el estado de "Alerta moderada de El Niño Costero" y advierte que el evento, iniciado en marzo de este año, podría prolongarse hasta el verano de 2027 con muchas probabilidades de alcanzar una intensidad fuerte.

En Lima Metropolitana, las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indican temperaturas superiores a las habituales durante los próximos meses, las cuales podrían superar los 29 °C y la posibilidad de lluvias fuera de lo normal para la capital. Aunque estas cifras pueden parecer moderadas frente a las emergencias que enfrenta el norte del país, su impacto no será igual para todos los habitantes de la ciudad.

El Instituto Geofísico del Perú recuerda que los grandes eventos de El Niño de 1983, 1998 y 2017 afectaron significativamente a Lima Metropolitana. Su análisis señala que el crecimiento acelerado y desordenado de la ciudad llevó a miles de familias a ocupar quebradas, laderas y otras zonas de riesgo. Ello demuestra que los desastres no son únicamente producto de la naturaleza; también son consecuencia de la manera en que construimos y gestionamos nuestras ciudades.

Esta realidad resulta especialmente relevante para distritos que cuentan con numerosa población asentada en terrenos de mala calidad y carentes de servicios como ocurre en las partes más altas de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Asentamientos humanos ubicados en la zona de La Nueva Rinconada y Nueva Esperanza, enfrentan diariamente desafíos relacionados con la movilidad, el acceso al agua y la calidad de la vivienda. Frente a un escenario de ocurrencia de un fenómeno El Niño excepcional, estos problemas pueden agravarse. El calor extremo incrementa los riesgos de deshidratación y afecta principalmente a niños y adultos mayores. Asimismo, las condiciones de almacenamiento de agua y el aumento de la temperatura pueden favorecer la proliferación de mosquitos y otros vectores, generando nuevas preocupaciones sanitarias. Situaciones similares ocurren en otros distritos, tanto en Lima Metropolitana como otras ciudades de la costa peruana.

Por otra parte, estos asentamientos también son espacios de organización y trabajo colectivo. La experiencia acumulada por dirigentes vecinales, organizaciones comunitarias y redes de apoyo, constituyen un recurso fundamental para enfrentar emergencias. La prevención no depende únicamente de obras de infraestructura; también requiere información, participación ciudadana y capacidad de respuesta colectiva. Las experiencias de mejoramiento barrial en Perú –varias impulsadas por organizaciones como descoCiudadano y otras instituciones– muestran que cuando los vecinos participan en el diseño, la ejecución y el cuidado de las intervenciones, la sostenibilidad suele ser mayor que cuando las obras son completamente externas.

La eventual llegada de un Niño Costero más intenso nos obliga a mirar más allá de las predicciones meteorológicas. El verdadero desafío no consiste solamente en anticipar cuánto aumentará la temperatura o cuándo llegarán las lluvias, sino en reconocer que los impactos del clima se distribuyen de manera desigual.

Allí donde persisten las brechas urbanas y sociales, los riesgos encuentran menos barreras para convertirse en crisis. Por ello, prepararse para El Niño implica también avanzar hacia ciudades más equitativas, planificadas y capaces de proteger a quienes hoy enfrentan las mayores condiciones de vulnerabilidad.

 

desco Opina - Regional / 3 de julio de 2026

descoCiudadano