viernes

Lima: hipertensión circulatoria

 

La suspensión temporal del Corredor Morado del servicio de transporte público en Lima por unos días, ha prendido una luz de alarma que debiéramos atender.

Hubo distintos momentos de decisiones mal tomadas para los habitantes de Lima que ayudan a entender cómo se ha llegado a la situación actual de desorden y decreciente calidad de vida, causada por un pésimo servicio multimodal de transporte urbano, crecientemente informal e inseguro. Uno de ellos, sin duda fue cuando se decidió retirar las ferrovías en la ciudad y sus alrededores. Se levantaron decenas de kilómetros de rieles de tranvías y de ferrocarril que servían a la ciudad facilitando el transporte ordenado de carga y pasajeros desde Ancón hasta Lurín y desde el Callao y Magdalena hasta el Centro histórico y Chorrillos. Lo único que se mantuvo fue el ferrocarril central hacia la Sierra.

Fueron reemplazados con la llegada de flotas de ómnibus y camiones que trajeron una supuesta modernidad, que progresivamente se adueñó de las calles de la ciudad. Solo en años recientes se está dando una incipiente recuperación de vías exclusivas para el transporte rápido masivo con el funcionamiento de una línea de Metro y una de BRT, (Bus Rapid Transit), denominada El Metropolitano.

Otro mal momento fue el de la liberalización del transporte público por parte del gobierno de Fujimori a inicios de los años 90, dejándolo en manos del mercado (D.L. Nº 651). El servicio de transporte de pasajeros fue copado por custer, combis y camionetas rurales viejas e importadas, que colmaron las calles ofreciendo un servicio no regulado que devino en un peligro público, recordado como el de las “combis asesinas”. La construcción de carriles exclusivos para buses del llamado El Metropolitano, sin ninguna articulación con el tren eléctrico, evidenció una vez más la carencia de herramientas de planificación urbana de la metrópoli.

Si bien la Municipalidad de Lima inició un proceso de reordenamiento de rutas, planificación de recorridos, interconexión y calidad de servicio a los pasajeros mediante la creación de corredores viales, éste se frustró. El reordenamiento apostó a la transición de un sistema atomizado-comisionista a uno empresarial, que buscaba armonizar los intereses de los transportistas que apuestan por la formalidad con un orden planificado del tránsito urbano de pasajeros en toda la ciudad. Eso ya es historia vieja porque las actuales autoridades municipales y el Gobierno Nacional tan terminado por boicotear la reforma. Actualmente, Lima ha escalado hasta el tercer lugar entre las ciudades con el transporte urbano más caótico del mundo. A eso se añaden graves consecuencias: es una ciudad altamente contaminada por humos de cientos de miles de vehículos que la transitan –la gran mayoría particulares–, que se desplazan a menos de 15 kilómetros por hora en promedio, principalmente los de transporte público de pasajeros.

El transporte rápido masivo del tren eléctrico, los buses de los corredores y El Metropolitano, no están articulados. Ninguno ofrece las rutas completas ni los servicios que tales proyectos ofrecieron brindar a la ciudad. Peor aún, la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), es incapaz de garantizar el funcionamiento normal de todas las rutas planificadas como corredores. Simultáneamente, contando con el apoyo del Congreso Nacional, funcionarios y alcaldes ineptos, han negociado acuerdos inaceptables que finalmente permiten la circulación de taxis colectivos y la resurrección de las “combis asesinas”. Su retorno expresa no sólo la corrupción e inseguridad imperantes en la ciudad, sino también el desprecio de las autoridades por millones de ciudadanos necesitados a diario de un servicio de transporte masivo en una ciudad de más de 10 millones de habitantes que se expande sin ninguna elemental planificación urbana. La ciudadanía está sumida en una situación caótica que obliga a viajar en vehículos absolutamente inseguros, informales y sumamente riesgosos, en viajes incómodos y apretujados en horas punta. A eso se suma que las custer o combis, viejas y poco higiénicas, son causantes de accidentes frecuentes.

Estamos en ruta directa al colapso, sin que las autoridades responsables del transporte urbano y el tránsito, que van desde la Policía Nacional, los municipios y a la cabeza de ellos el Concejo Metropolitano, así como la Autoridad de Transporte Urbano hagan nada por atender este grave problema. Ni siquiera han sido capaces de resolver el impase por el cobro indebido de peaje en una de las rutas concesionadas en el tramo de Puente Piedra, al norte de la ciudad.

El servicio de transporte público en Lima produce estrés y malhumor. Tres de cada cuatro pasajeros manifiestan que deben levantarse mucho más temprano para ir a trabajar o estudiar, prácticamente sin distinción entre sectores socioeconómicos. Además, significa la pérdida de millones de horas de trabajo durante más de tres horas diarias que se suman entre largas colas en los paraderos y en transportarse. Solamente el tren urbano cumple a medias con ajustarse a un horario de servicio programado.

A diferencia de muchas grandes ciudades, no hay ninguna política de género para el servicio de transporte ni de atención especializada para escolares, personas con discapacidad o aquellas que llevan pequeños bultos o canastas, etc. La red vial de Lima requiere una inversión superior a los US$ 1000 millones, pero también se debe avanzar en el mejoramiento de la planificación de la ciudad en la que el transporte es solo uno de los elementos, junto a otros derivados del acondicionamiento territorial para mejorar la calidad de vida, y no seguir agravándola.

Los intentos de reorganizar el transporte público de Lima a fin de promover un modelo de movilidad urbana sustentable tienen como principal obstáculo el predominio de la informalidad corrupta en dicha actividad que deteriora la calidad de vida de las clases medias y los más pobres, provocando una desestructuración de las relaciones humanas en un escenario de enfrentamiento constante entre los transportistas y la mayoría de los ciudadanos no organizados, que son los perdedores.

 

desco Opina - Regional / 15 de marzo de 2024

descoCiudadano

Una gran tragedia… aunque parezca comedia increíble

 

La caída del expremier Alberto Otárola y la arremetida final contra la Junta Nacional de Justicia son los nuevos capítulos de la renovada versión de una telenovela con la que Ejecutivo, Legislativo y los principales actores políticos devenidos en bufones que actúan paradójicamente en un drama, nos atormentan desde hace más de un año. El triste espectáculo que marca los estertores finales de nuestra siempre precaria democracia, se inició semanas atrás con la irrupción del presunto enfermo terminal Alberto Fujimori, explicitando su importante papel protagónico y el vínculo de conveniencia que liga a Fuerza Popular y la señora Boluarte. Los desmentidos de la hija, afectada una vez más en su ambición presidencial, fueron acompañados del oportuno “descubrimiento” de las condiciones de privilegio en las que se encontraría afrontando sus juicios la exalcaldesa de Lima.

El domingo tres de marzo, por la misma vía y a la misma hora de la denuncia contra Villarán, asistimos a la exhibición de algunas de las conocidas miserias del entonces primer ministro, abogado defensor y guionista de la mandataria. Una de las distintas beneficiarias de sus requiebres y afectos lo puso contra las cuerdas con las revelaciones de su historia, que nos ha costado a todas y todos varias decenas de miles de soles, encendiendo a la teleaudiencia y presumiblemente alegrando al “hermanísimo”.

La Presidenta, sorprendentemente reaccionó a los minutos, limitándose a mostrar su disposición a deshacerse de su guardaespaldas, quizá tranquilizada, entusiasmada por la proclama del Alberto original. Así las cosas, Otárola renunció, asegurándose que el único cambio fuera un sucesor de idéntica calaña, aunque de menor calado. La sacaba barata: se iba por un confuso escándalo de faldas y no por su responsabilidad por los muertos y la represión bárbara que comparte con su antigua asistida. Gustavo Adrianzén, el mismo que acusó ante la CIDH a los manifestantes de ser los responsables de las muertes, emulando a Martha Chávez, será la nueva bisagra con el fujicerronismo. Otárola, sonriente, se despidió haciendo un aporte adicional al morbo mediático, al señalar al expresidente Vizcarra, a estas alturas “culpable” de buena parte de los males del país, como el fabricante de una confabulación en su contra.

El Congreso “fiscalizador –cuyos principales voceros son los mismos que han blindado a Boluarte y a Otárola de cualquier investigación por los muertos y heridos de las protestas–, a la par que se apuró en exigir la salida del expremier, aprobó rápidamente la bicameralidad, abrió la puerta a la reelección inmediata de sus actuales integrantes y exoneró de ese requisito para postular al futuro Senado a todos aquellos que hoy lo componen y son menores de 45 años. De inmediato se abocaron a la fase final de su objetivo mayor en esta etapa, la liquidación de la Junta Nacional de Justicia.

Con dificultades para obtener los 67 votos que requerían para lograr su meta, se pusieron como objetivo mínimo la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez. Violando el artículo 100 de la Constitución y de su propio Reglamento, que establecen enfáticamente que los integrantes de la Comisión Permanente no votan, les permitieron hacerlo a partir de una “interpretación auténtica” y aparentemente de un acuerdo anterior, que resulta teniendo mayor peso que la sacrosanta carta magna que dicen es su Biblia. Fracasados, no obstante, en su primer intento con el segundo, y no habiendo alcanzado los votos en el caso de los otros cuatro integrantes –Thornberry, Zavala, Tumialán y De la Haza–, dando un espectáculo deplorable, la Mesa Directiva aceptó un juego de reconsideraciones, abriendo espacio a las presiones y las cartas bajo la mesa en las que tienen larga experiencia, para finalmente conseguir la inhabilitación de Vásquez y postergar hasta el lunes la nueva votación para el caso de De la Haza, buscando los votos que no tenían en ese momento.

Aunque desde afuera podemos ser vistos como partícipes de una comedia difícil de creer, es obvio que asistimos a una tragedia de larga duración. Estamos en una situación deplorable en la que la característica del régimen es la combinación de impunidad y comportamiento mafioso, asociado con un autoritarismo creciente que apunta a aislar y liquidar a quienes se opongan a lo que están haciendo, alentado por la mayoría de actores políticos e institucionales. Una reciente encuesta de IPSOS muestra como peruanas y peruanos calificamos la democracia con un puntaje de 7.1 sobre 20 y señalamos como responsables de la crisis política que estamos viviendo al Congreso (70%), el Poder Ejecutivo (63%), el Poder Judicial (27%) y la Fiscalía (16%).

Es evidente que la coalición autoritaria y conservadora está decidida a llegar hasta el final. Resulta entonces, más urgente que nunca, articular un amplio bloque democrático que vaya bastante más allá de las izquierdas y sea capaz de superar los matices y desconfianzas que se observan hoy en los distintos esfuerzos en curso, así como de actuar en los distintos espacios posibles, locales, regionales, nacional e internacionales, desde la apelación a la Carta Democrática de la CIDH, hasta la presencia constante en las calles. 

 

 

desco Opina / 8 de marzo de 2024

sábado

Junín en una crisis continua

 

Las fuertes precipitaciones en la región Junín están generando cuantiosas pérdidas económicas y sociales, es por ello que el 23 de febrero de 2024, INDECI/DIRES, emitió el Informe Situacional N°000007-2024, en el cual señala que, en base a la información emitida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se evidencia desbordes de ríos, derrumbes, huaicos, deslizamientos, entre otros, generando daños a la vida y la salud de la población, afectando directamente viviendas, vías de comunicación, infraestructura de riego, agua potable, infraestructura pública (establecimientos de salud y de educación), e involucrando distritos de la región Junín y a nivel nacional, específicamente las provincias de Chanchamayo, Jauja, Satipo y Tarma; sin embargo, este problema alcanza a otras provincias como Huancayo, Chupaca y Concepción. Ante esta situación se ha declarado en emergencia a los distritos de 17 regiones, mediante el Decreto Supremo N° 020-2024-PCM, y se busca afrontar las principales necesidades, como paliar la demanda de alimentos, mediante la Ley Nº 30498 que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales.

Este escenario evidencia la necesidad de mejorar las estrategias de gestión de desastres del Gobierno Regional de Junín (GORE), de las 9 provincias y los 124 distritos, a fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a eventos climáticos extremos. Según el portal de transparencia del MEF – Consulta amigable, el Gobierno Regional de Junín en el marco de la planificación presupuestal para este año, ha dispuesto en la categoría presupuestal Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 16 133 076.00, de los cuales en el primer trimestre se ha ejecutado S/ 111 514.00 que representa el 0.7% del presupuesto total. El mayor porcentaje de gasto se ha ejecutado en acciones comunes, capacidad instalada para dar respuesta frente a emergencias y desastres, formación de recurso humano, y conocimiento en gestión de riesgo y desastre y adaptación al cambio climático.

A nivel de las provincias ubicadas en el Valle del Mantaro, Huancayo tiene designado un PIM de S/ 1 242 621.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 46 267.00, de este monto el 3.9% (S/ 37 234.00) ha sido ejecutado en productos y proyectos de desarrollo con medidas de intervención para la protección física frente a peligro. Asimismo, Jauja designó S/ 424 392.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 1805.00, el 0.5% fue destinado a acciones comunes. Concepción tiene un PIM de S/ 180 548.00, de los cuales ha ejecutado el 0.4% en capacidad instalada para la prevención de respuesta frente a emergencias y desastres. Y la provincia de Chupaca tiene considerado un PIM de S/ 160 040.00 no ejecutados.

En la zona de Selva Central, Chanchamayo tiene un PIM de S/ 2 424 992.00, de los cuales el 1.2% (S/ 27 271.00) se destinó en medidas de intervención para la protección física frente a peligros y acciones comunes. Satipo tiene un PIM de S/ 4 231 429.00, de los cuales también se viene ejecutando el 0.1% (S/ 4962.00) en acciones comunes y capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.

Por otro lado, en la zona altoandina, Junín tiene un PIM de S/ 132 230.00, de los cuales en el primer trimestre del año se ha ejecutado el 24.2% (S/ 32 000.00) en acciones comunes. Tarma tiene un PIM de S/ 442 598.00, de los cuales se ha ejecutado el 0.7% (S/ 2530.00) en acciones comunes, capacidad de preparación, respuesta frente a emergencias y desastre, y desarrollo de medidas de intervención para protección física frente a peligros. Finalmente, Yauli no reporta gastos ejecutados.

Es claro que en Junín, la gestión de riesgos de desastres no es un tema prioritario. Por las características ya mencionadas y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales, es urgente priorizar acciones como el fortalecimiento de capacidades del Gobierno Regional y gobiernos locales para elaborar informes de evaluación de riesgo y análisis de vulnerabilidad; asistencia técnica a gobierno locales en la elaboración e implementación de planes de desarrollo territorial e institucional para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres; incremento de las actividades, proyectos, programas y/o estudios a nivel regional y a nivel local para proteger los medios de vida esenciales de la población ante el riesgo de desastres; la promoción e instalación de Sistemas de Alerta Temprana, que respondan a los factores de mayor recurrencia en las zonas priorizadas por el Gobierno Regional y los gobiernos locales.

 

desco Opina – Regional / 1 de marzo del 2024

descocentro