Segunda vuelta: un escenario incierto y polarizado

Un rápido balance de la primera vuelta electoral nos indicaba varias cosas. En principio, la suma de los votos válidos de Fujimori y Sánchez no alcanza el tercio de los votos válidos y por lo menos el 25% del electorado con voto válido se quedará sin representación, lo que afecta inevitablemente la legitimidad del nuevo gobierno, que estará obligado a buscar consensos con otros grupos, si quiere ganar la segunda vuelta, pero, sobre todo, si pretende gobernar.

En la primera vuelta Sánchez ganó en 1094 de 1874 distritos y Fujimori en 583, pero recordemos que Castillo lo hizo en 1262. Los distritos que votaron por Sánchez son mayoritariamente serranos y su población es menor a 20,000 habitantes; los favorables a FP están en la costa y la selva y tienen más de 100,000 habitantes. El porcentaje de Sánchez crece en los distritos más pobres, mientras el de Fujimori lo hace en los menos pobres. Más de un tercio de quienes viven en distritos donde mayoritariamente votaron por Sánchez, tienen el quechua como lengua materna mientras que en el caso de FP llegan al 6%. Más allá de los perfiles que resultan de la primera vuelta, es claro que ninguno de los dos candidatos entra a la segunda vuelta con mayores ventajas y el proceso estará marcado hasta el final por la incertidumbre, la polarización y la desconfianza que seguirán creciendo.

En segundo lugar, la primera ronda deja ya un escenario paradójico. El sistema electoral fue cambiado para asegurar la reproducción de sus diseñadores, pero la mayoría de ellos desaparecieron electoralmente, quedando un esquema institucional más complejo, fragmentado y potencialmente más conflictivo, lo que obliga a preguntarse si será posible gobernar con las reglas vigentes en un escenario que seguirá polarizado. Lo que es claro es que la composición del nuevo Congreso, obligará a quien sea gobierno, a una negociación constante. En tercer término, el país no votó programáticamente, ni por ideas; lo hizo como una sociedad fracturada, precarizada y desconfiada de quienes la gobiernan, de la política y los políticos.

En este escenario, a 18 días del balotaje, las cifras que mostró la primera encuesta que circuló, realizada el 16 y 17 de mayo, mostraba cierta mejora en las preferencias a favor de la señora K, 39%, frente al 35% del candidato de JP, muy cerca del margen de error. El porcentaje de quienes definitivamente o probablemente votaría por ella llegó a 44%, mientras el de Sánchez lo hizo a 39%; 48% definitiva o probablemente no votaría por ella y 47% no lo haría por él. La encuesta evidencia que una gran mayoría no le tiene particular confianza a ninguno de los dos; en el caso de que necesitaran que alguien cuidara sus casas y sus pertenencias, 52% responde que no le daría las llaves a ninguno y 41% responde que no le gustaría invitar a cualquiera de los dos.

Así las cosas, el fujimorismo, apoyado por las diversas derechas, basa su estrategia en una narrativa dura de orden y seguridad, que combina las formas “cuidadosas” que su candidata prioriza ahora, buscando construirse una imagen de empatía y diálogo, como lo evidenció en sus instrumentales visitas a una comunidad ayacuchana o al ex presidente PPK, con la reivindicación plena del gobierno de su padre, anunciando que el orden estará para ella, siempre por encima de la libertad y la democracia. Sánchez, por su parte, ha apostado por buscar correrse paulatinamente al centro y ha ido sumando, no sin dificultad, alianzas y apoyos (Venceremos, Ahora Nación, Primero la Gente, Obras, Cooperación Popular y un sector del Partido Morado). Evidencias del temor que generan los movimientos del candidato los encontramos en la campaña de demolición, emprendida por la mayoría de medios tradicionales de comunicación, tan grosera en algunos casos, que terminan beneficiándolo. Más importante aún, declaraciones recientes de la señora K, insistiendo en que le robaron las elecciones el 2021, parece el inicio de un argumento, ante la eventualidad de una derrota.

El reciente debate entre los equipos de ambas agrupaciones terminó en un empate virtual en el que las mayores capacidades técnicas, las exhibieron los profesionales que fueron incorporados para la segunda vuelta en los dos casos. En un intercambio de algunas propuestas para el país y muchos puyazos políticos, resultó preocupante el afán de los participantes naranjas por mostrar la década de los noventa del siglo pasado como un tiempo exitoso, como buscando reescribir la historia, evidenciando que, para seguir en el poder, tienen que instalar un relato que encubra sus responsabilidades y disimule las confesiones involuntarias que salen de sus filas. La versión 2026 de “nosotros matamos menos” del ex congresista Trelles, la protagonizó el electo senador Torres al afirmar que Pedro Castillo “no se vacó solo”, sino que fue responsabilidad del Congreso, el Ministerio Público y un sector de la prensa.

El escenario para el nuevo gobierno, cualquiera que fuere, será muy difícil, cuando confluyen el desplome del Estado, el vaciamiento de contenido de la democracia y sus instituciones, la desconfianza absoluta en la política; polarización extrema y fragmentación social, el crecimiento acelerado de las economías criminales y la inseguridad, en un mundo en el que Trump nos pretende como una ficha más a ser alineada contra China, además del inminente fenómeno de El Niño. Fujimori o Sánchez necesitarán negociar y construir acuerdos básicos con sectores que no votaron por ellos para hacer viables sus gestiones sin recurrir a la fuerza como siempre será su tentación, en el caso de la primera, para evitar el bloqueo y liquidación de su gobierno, en el del segundo.

 

desco Opina / 29 de mayo de 2026

La representación diluida

Tras semanas de indefinición, pataleo y denuncias promovidas por el candidato López Aliaga sobre un supuesto fraude; el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer oficialmente a los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán en una segunda vuelta. Para sorpresa de nadie, se reveló que entre los dos consiguieron el 29% del total de votos válidos: Keiko Fujimori, 17.1% y Roberto Sánchez, 12%. En una boleta con 36 fórmulas presidenciales, era previsible que, aparte de confundir al electorado, el voto se dispersara.  

Este problema estructural en las normas electorales propiciado por el Congreso, ahora se trasladará a las elecciones subnacionales. La legitimidad con la que llegan al poder muchos alcaldes y gobernadores regionales, nuevamente estará en discusión. Por lo menos en este proceso no se han perdido las elecciones primarias.

El domingo 4 de octubre se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). Como parte del cronograma de este proceso, el domingo 17 de mayo, diversas organizaciones políticas eligieron a sus delegados, incluso los partidos que no pasaron la valla nacional lo hicieron. A su vez, estos delegados designarán a los candidatos que competirán por los gobiernos regionales y municipales incluidos consejos y regidores, el domingo 24 de mayo. Este proceso interno, aunque necesario, ocurre en medio de un ecosistema político cada vez más atomizado, si sumamos a los movimientos regionales con inscripción vigente.

Según el JNE, un total de 150 organizaciones políticas están habilitadas para participar en las ERM 2026: 55 partidos políticos y 95 movimientos regionales. En la macrorregión sur, por ejemplo, la dispersión es notable. De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas, en Arequipa existen seis movimientos regionales aptos para estos comicios, al igual que en Tacna. En Puno, ocho; en Cusco, dos movimientos regionales: Túpac y Pachakuteq. En Moquegua, dos; y en Apurímac y Madre de Dios, tres. Esto no es un dato menor, pues a pesar de tener las mismas taras de los partidos nacionales, pero menos recursos económicos, los movimientos regionales usualmente son los que ganan en las elecciones regionales. En el 2022, obtuvieron 14 gobernaturas contra 11 de los partidos nacionales.  

Si bien los datos históricos de la ONPE de las elecciones en regiones no revelan un panorama tan desolador como en las elecciones nacionales, sigue siendo preocupante la legitimidad de las autoridades subnacionales. En las elecciones regionales de 2022, Rohel Sánchez fue elegido gobernador de Arequipa con el 38.4% de los votos válidos. En Puno, Richard Hancco accedió al cargo con el 33.9% de la votación válida. En Cusco, Werner Salcedo se impuso en segunda vuelta con el 57.9% de los votos válidos. En Moquegua, Gilia Gutiérrez ganó en segunda vuelta con el 52.28%, luego de que en primera vuelta ningún candidato superara el 30%. En Tacna, Luis Torres logró el 30.6% de los votos válidos. En Apurímac, Percy Godoy alcanzó el 40.3%. Y en Madre de Dios, Luis Otsuka obtuvo apenas el 31.8% de los votos. Salvo excepciones como Cusco y Moquegua en segunda vuelta, el resto de los ganadores se movió entre el 30% y 40%, lo que significa que entre el 60% y el 70% del electorado no votó por quien terminó gobernando. Este porcentaje disminuye si hacemos el cruce de los datos con todo el padrón electoral. El porcentaje de votos nulos y blancos expresan el descontento.

Si en 2022 ganar con el 30% y 40% era común, con más de 150 organizaciones compitiendo, es probable que en los próximos comicios muchos ganadores obtengan porcentajes aún más bajos y vayamos a una segunda vuelta. Un alcalde o gobernador que llega al poder con el respaldo de apenas el 30% o 35% del electorado asume un cargo con un mandato debilitado, aunque normativamente sea válido.

Con procesos electorales diseñados bajo las normas actuales, la gobernabilidad regional se resiente y la confianza ciudadana en la política sigue erosionándose. El problema no es solo la cantidad de partidos o movimientos, sino la ausencia de un debate serio sobre cómo construir legitimidad con umbrales de representación tan bajos.

Propuestas de reformas como la sugerida por la Coalición Ciudadana son importantes. Como aquella referida a la legitimidad de las autoridades electas que, aunque se diseñó para las elecciones nacionales, bien podría encajar con nuestros procesos subnacionales: “para la segunda vuelta de elecciones presidenciales deben participar, como máximo, los cuatro candidatos con votaciones más altas hasta superar el 55% de los votos”. Por supuesto, esta reforma nunca fue acogida en el seno parlamentario.    

La democracia peruana necesita autoridades que realmente representen a la mayoría. Mientras el sistema electoral premie la fragmentación y no incentive la construcción de consensos reales, la falta de legitimidad seguirá siendo el talón de Aquiles de nuestros gobiernos nacionales y subnacionales.

 

desco Opina – Regional / 22 de mayo del 2026

descosur

Pataz, el país que llegó para quedarse

 

En la madrugada del 1 de mayo, el Comando Unificado Pataz incautó armas de guerra y detuvo a 68 personas durante una operación ejecutada en dicha provincia. Posteriormente, los hechos fueron expuestos en conferencia de prensa realizada en Trujillo, con la participación de altas autoridades militares y policiales, destacando la importancia de esta intervención conjunta. Informaron, además, que 67 de las personas detenidas no domiciliaban en Pataz y procederían de otras jurisdicciones. Una semana después, el 8 de mayo, el mismo Comando liberó a ocho trabajadores de la bocamina “Danrro, La Codiciada”, que fueron secuestrados el día anterior. La operación dejó cuatro militares heridos.

Parecía una secuencia previsible de acciones. Sin embargo, días después, el 10 de mayo, se revelaría que las cosas no estaban nada bien entre las fuerzas gubernamentales. El 20 de marzo, habían asesinado a Jolvi Rodríguez, un minero ilegal de Pataz. Se dice que fue atacado por hombres en uniforme de camuflaje, quienes también destruyeron propiedades familiares.

Cuando un equipo policial llegó de Trujillo para investigar los hechos, una patrulla del Ejército los detuvo y los presentó como delincuentes. Días después, efectivos policiales de una comisaría de Pataz detuvieron al chofer de un oficial del Ejército, que tenía entre sus pertenencias, nada menos, que la placa de la moto de la víctima.

Así, los policías, los familiares e, incluso, el fiscal que investiga el caso, sospechan que los militares están al servicio de otros mineros ilegales. Piensan de esta manera por el ensañamiento de los homicidas contra Jolvi Rodríguez. Después de acribillarlo en el estómago y los pulmones, dinamitaron un camión, una compresora y dos motocicletas de la familia. Por si fuera poco, colocaron explosivos en la casa de Rodríguez y la volaron. No era un simple acto de sicariato.

El hecho es muy importante, porque revela algo que, a estas alturas, es hasta obvio: en la práctica, la minería “ilegal” y la minería “legal” del oro no son compartimentos estancos, sino que se complementan y se entrelazan en circuitos híbridos.

Como sabemos, las cadenas de valor son mixtas: el oro extraído ilegalmente suele ingresar a circuitos formales a través de empresas exportadoras, joyerías o refinerías que lo “blanquean”. El financiamiento es cruzado, porque inversionistas con operaciones legales pueden destinar capital a frentes ilegales, diversificando riesgos y maximizando ganancias.

En el caso que presentamos, lo que también se muestra es la capacidad para capturar instituciones. No es solamente que las autoridades locales o regionales facilitan permisos, toleran operaciones ilegales o incluso las integran a proyectos formales. Los agentes gubernamentales que deben reprimirlas son finalmente componentes imprescindibles para que funcionen.

Este acomodo de los actores parece adecuarse a un escenario en el que la minería ilegalizada o informalizada gana cada vez más espacio, pese al evidente daño ambiental, social y económico que provoca.

A estas alturas, son innegables los incentivos percibidos por quienes extraen oro ilegalmente. Obtienen altos márgenes de ganancia, dado el precio en el mercado; invierten bajos costos iniciales, porque no cumplen regulaciones ambientales ni laborales; tienen acceso rápido a liquidez, dado que el oro se comercializa fácilmente, incluso en circuitos informales, lo que permite obtener dinero inmediato; finalmente, hay una débil fiscalización estatal.

A fin de cuentas, lo que algunos actores ven como “ventajas” (ganancia rápida, bajos costos, liquidez), son en realidad incentivos perversos que sostienen la minería ilegal. Desde una perspectiva social, ambiental y política, las consecuencias son mucho más graves que cualquier beneficio inmediato.

 

desco Opina / 15 de mayo de 2026

Pobreza, becas y remodelaciones

 

El último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) podría leerse, a primera vista, como una buena noticia, porque la pobreza monetaria bajó de 27,6 % en 2024 a 25,7 % en 2025. Es decir, 567 mil personas dejaron de ser pobres en términos monetarios. Pero detenernos solo en esa cifra sería mirar el país desde una perspectiva peligrosa, pues una de cada cuatro personas en Perú sigue viviendo en pobreza.

La pregunta, entonces, no es solo si la pobreza bajó. La pregunta es qué hace el Estado con esa información. Y, sobre todo, qué decisiones toma cuando los datos le recuerdan que millones de personas siguen viviendo con ingresos insuficientes, servicios precarios y oportunidades que dependen más del esfuerzo individual que de una política pública sostenida.

En ese contexto, la suspensión de la convocatoria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario resulta difícil de justificar políticamente. No se trata únicamente de jóvenes que quieren estudiar fuera del país. Se trata de una política que brinda una posibilidad concreta para que profesionales peruanos accedan a una formación de alto nivel y regresen a aportar al país. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) ha señalado que no cuenta con presupuesto para abrir una nueva convocatoria en 2026 y requiere S/ 119 millones para atender la demanda de becas, incluida una posible convocatoria de Beca Generación del Bicentenario y nuevos beneficiarios de Beca 18.

Lo indignante no es solo la falta de presupuesto, sino la selectividad para la ejecución de gastos. Para la educación, se invoca la evaluación y la espera. No obstante, para otras prioridades, los recursos parecen encontrarse con mayor rapidez y menor pudor. Mientras se deja en incertidumbre a estudiantes admitidos en universidades del extranjero, el Congreso avanza en la implementación de la bicameralidad, integrada por 130 diputados y 60 senadores desde julio de 2026. No se trata solo de cambiar nombres o funciones, pues se ha ejecutado 85 millones de soles para adecuar edificios, oficinas, salas y equipamiento del Parlamento. Asimismo, el Congreso ha iniciado el concurso público para remodelar su complejo deportivo, ubicado en el Centro de Lima, que cuenta con cancha sintética de fútbol, dos piscinas, juegos de mesa, cafetería y una pista de baile.

No es que el Estado carezca de recursos suficientes, más bien, los asigna según determinadas prioridades. Se decide qué puede esperar y qué debe acelerarse, decide qué vidas se acompañan y cuáles deben seguir resolviéndose solas. Aunque estas decisiones se presentan como técnicas, son profundamente políticas.

La pobreza monetaria no se combate únicamente celebrando una reducción porcentual, sino que debe priorizarse un enfoque multidimensional. Esta se combate sosteniendo trayectorias educativas, fortaleciendo servicios públicos, ampliando oportunidades y evitando que la vulnerabilidad sea tratada como una condición normal de vida. Si el 35,5 % de la población rural sigue en pobreza, y departamentos como Cajamarca y Loreto superan el 40 %, entonces el país no necesita solo discursos de eficiencia, requiere una discusión seria sobre justicia distributiva.

Por eso, el debate sobre las becas y la remodelación del Congreso no es un tema aislado. Es una fotografía incómoda de nuestras prioridades. Por un lado, jóvenes ven suspendidos sus proyectos académicos porque el presupuesto “no alcanza”. Por otro lado, una institucionalidad parlamentaria se amplía, se acomoda y se remodela, pese a tener una de las legitimidades más deterioradas ante la ciudadanía.

Tal vez ahí está la verdadera lección del informe de pobreza. El Perú no solo debe preguntarse cuántas personas salieron de la pobreza, sino cuántas podrían volver a caer en esta, si el Estado sigue administrando la desigualdad en vez de enfrentarla. Porque cuando la educación se posterga, la inversión social se reduce.

 

desco Opina - Regional / 8 de mayo de 2026

descoCiudadano

La segunda vuelta y la memoria

 

La segunda vuelta no comienza con la proclamación oficial de resultados. Empezó antes, con la difusión de nuevas encuestas. Esta vez mostrando un escenario de empate técnico: dos candidaturas bordeando el 38% y un país que, antes que decidir, parece, por ahora, contener el aliento. Las candidaturas entran a una fase de contraste, donde aparece un elemento importante que no se puede esquivar: la memoria de las peruanas y peruanos sobre lo vivido desde la elección de Pedro Castillo y lo que siguió.

Ese dato tiene implicancias concretas. Anticipa una campaña más disputada, más agresiva y un cambio en el terreno del debate. Las promesas generales y los lemas de la primera vuelta no serán suficientes. En ese campo, el fujimorismo no llega en blanco. Lo hace con un registro de decisiones tomadas en el Congreso durante el período 2021–2026, donde su bancada ha tenido un rol sostenido en la articulación de mayorías, que muchos analistas han denominado “pacto mafioso”: una coalición parlamentaria funcional a sus intereses particulares, articulada no necesariamente por orientación ideológica, para sacar adelante votaciones clave, incluyendo el debilitamiento y captura de instituciones como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación.

No han sido episodios aislados, sino parte de un patrón que, bajo el discurso de “orden” y “seguridad jurídica”, ha impulsado normas duramente cuestionadas por sus efectos: debilitamiento de herramientas contra el crimen organizado, desprecio y riesgo de impunidad en materia de derechos humanos, restricciones a la acción de organizaciones civiles y ONG, retrocesos groseros en políticas de género y un uso recurrente del mecanismo de la insistencia legislativa para promulgar leyes frente a observaciones técnicas, que no se tomaron en cuenta. Todo esto tiene consecuencias que también se reflejarán en los votos. Ya más del 70% de quienes integraron esas mayorías congresales de facto, han sido rechazados por los votantes en su pretensión reeleccionista.

Estos procesos tienen efectos concretos. En el campo, los trabajadores agroindustriales siguen encasillados en esquemas precarios mientras se mantienen beneficios tributarios al sector. En la Amazonía, la presión sobre territorios y el avance de economías ilegales (tala ilegal, producción de cocaína y extracción de oro con dragas) continúa sin ninguna respuesta estatal consistente. En las ciudades, las clases medias y populares enfrentan servicios públicos precarios e ineficientes (salud, educación, agua potable y transporte público) y sistemas previsionales indecorosos. En los sectores urbano populares, las brechas estructurales persisten sin cambios, sin que ninguna ley declarativa –que han sido muchas– logre contentar a la tribuna. La inseguridad y la violencia delictiva que atraviesan el país son su manifestación más visible.

La discusión del balotaje, por tanto, no es sólo sobre cada medida; lo es sobre la dirección que éstas configuran. Esa orientación es la que ahora busca validación electoral, justamente cuando la memoria aparece como relevante para decidir el voto, no solo por el contenido de cada medida producida y concertada por el pacto mafioso, sino porque emerge la figura de quien ha manejado la batuta de esa concertación de intereses que busca validación electoral: Keiko Fujimori y la orientación política derechista y ultra conservadora que se aupó para controlar el Poder Ejecutivo y el gobierno de la nación.

El país llega a este momento atravesado por varias fracturas: entre fujimorismo y antifujimorismo, pero también entre derecha e izquierda, entre norte y sur, entre Lima y el resto del país. Son divisiones que se superponen y que hacen que el voto sea, al mismo tiempo que político o ideológico, también territorial, social y hasta emocional o de abierto conflicto reivindicativo. A ello se suma un contexto internacional más inestable de tensiones geopolíticas, conflictos bélicos, realineamientos internacionales y volatilidad económica. Todos ellos afectando en variables clave del país, como precios, empleo e inversión. La política interna no puede discutirse aislada de ese contexto.

En ese marco, la pregunta no es quién gana, sino con qué agenda lo hace. La campaña que sigue exigirá definiciones más claras sobre institucionalidad, derechos, seguridad y servicios públicos, pero también sobre la relación entre discurso y práctica. El fujimorismo enfrenta aquí un punto crítico: su narrativa apela al orden, pero su comportamiento legislativo reciente es parte central del cuestionamiento. Puede intentar reposicionarse o matizar su discurso, pero el registro de sus votaciones congresales existe. Incluso puede ensayar cínicamente hasta una autocrítica. Pero en política, como en la vida, hay cosas que no se borran con una conferencia de prensa.

El electorado no decide sobre una hoja en blanco, sino sobre una acumulación de decisiones y sus consecuencias. En ese contexto, la memoria deja de ser un recurso retórico. Se vuelve un criterio de decisión.

 

desco Opina / 30 de abril de 2026

Segunda vuelta… ya vuelta, oye

 En un desco opina de quince años atrás titulado «La selva central y la segunda vuelta», manifestamos que “para nadie es un secreto que la selva central es un bastión fujimorista”. Hoy en el 2026, el escenario se repite por cuarta vez consecutiva, enfrentando una segunda vuelta electoral con un sólido respaldo de la selva central a Keiko Fujimori.

De los ocho distritos de Oxapampa (Pasco), siete han afirmado un respaldo “escandalosamente abrumador”; en Chanchamayo (Junín), los seis distritos que componen esta provincia acumulan un caudal fujimorista contundente. Este mismo comportamiento se observa en Pichanaqui, a pesar del rechazo a la visita que realizó Keiko meses antes. Aquí, el fujimorismo obtuvo un virtual empate junto a Roberto Sánchez; mientras que en Satipo, alcanzó un segundo puesto con 21.5% de los votos, a escasos 3 puntos del primer lugar. En elecciones como la del 2016, el respaldo al fujimorismo en estas zonas superó el 50%, actualmente en muchos distritos este respaldo se mantiene por encima del 40%. Si recorremos nuestra Amazonía, en muchas de sus provincias, Keiko tiene un fuerte respaldo electoral, demostrando que en quince años el mapa político se ha movido muy poco o casi nada, y que ninguna o muy pocas de las 35 candidaturas presidenciales pudieron disputar su posicionamiento actual.

Aunque el escenario electoral de la segunda vuelta aún es incierto, todo nos indica que, si Sánchez es el candidato rival de Keiko, gran parte del voto local migrará hacia el partido naranja. El discurso de Sánchez y su exhibición pública con personajes de la izquierda denominada como radical por algunos sectores, no le auguran mucho respaldo en la selva central debido a la narrativa impregnada en esos sectores que apela al temor y la memoria de los años de la violencia terrorista. Máxime si uno de los aliados más cercanos señaló en su momento que “lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta ahorita, como partido político, ha sido Sendero Luminoso. Y que me graben, carajo”. La izquierda política en la selva central peruana (Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali) ha enfrentado históricamente un panorama electoral adverso, caracterizado por un contundente respaldo al fujimorismo.

Mientras el sur peruano es de tendencia izquierdista, las provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa han mostrado un fuerte respaldo a opciones conservadoras. Este “romance” entre el fujimorismo y la selva peruana sigue vigente desde los 90, y otras propuestas políticas no han sido capaces de disputarle ese posicionamiento. Cabe precisar que, al igual que en las grandes ciudades de la costa y sierra, en las ciudades de selva también existen colectivos de “No a Keiko”, quienes han organizado acciones de resistencia ante las visitas de los simpatizantes naranjas, pese al pasado albertista que aún sigue vigente en estas regiones, aunque, por la juventud de muchos de los actuales simpatizantes, podríamos aventurarnos a señalar que ahora la selva central es en su mayoría “keikista”.

No hay duda de que los principales y más antiguos representantes del fujimorismo seguirán apelando a la figura del padre, pero ahora es la hija la que está construyendo un liderazgo propio dirigido a las nuevas generaciones que no vivieron los 90 y que hoy muestran su respaldo en las ánforas. Para no perder ese respaldo, Fuerza Popular ya ha iniciado su campaña aprovechando la ventaja que la posiciona en el primer lugar, mientras aún aguardamos los resultados finales que darán los organismos electorales para conocer a su rival, en medio de una fuerte incertidumbre y la preocupación de sectores importantes de la población por una posible afectación a la voluntad que expresaron en las urnas.

 

desco Opina – Regional / 24 de abril de 2026

descocentro 

Una historia repetida

 

A cinco días de la primera vuelta electoral, aún desconocemos quién será el rival de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en la segunda vuelta, quiénes los integrantes del Congreso futuro y cuáles las fuerzas que controlarán al Senado todopoderoso. Sin embargo, es meridianamente claro que no estamos asistiendo a un proceso electoral “normal”. Lo sabíamos desde un inicio, porque se trata de uno diseñado por un congreso mafioso y autoritario que, convertido ya en primer poder del Estado, busca perpetuarse en el gobierno y lo diseñó a su imagen y semejanza.

Como se recordaba en un artículo publicado el día mismo de las elecciones, la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto al derecho de las minorías. En nuestro país, aquellas se fragmentaron aceleradamente por la perversión de las reglas de juego, consagrándose el imperio de las segundas. La alianza de facto de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País, Somos Perú, Podemos, AP y Perú Libre, destruyó la frágil institucionalidad democrática, el estado de derecho e incluso la persecución del crimen, todo en su beneficio. En ese proceso, la frivolidad de un Congreso lleno de privilegios que hoy cuesta 1768 millones de soles, más del doble de lo que costaba el 2022, así como su grosero desprecio por sus electores, explican el profundo rechazo que generan en la población, rechazo que, como es obvio, comparten los partidos políticos.

La cédula de votación, 44 cm x 21 cm, era el símbolo perfecto del desorden y la confusión que podían producirse el 12 de abril. Cinco columnas para igual número de elecciones simultáneas, 37 agrupaciones en competencia y varios miles de aspirantes en pugna, hablaban de la elección con más candidatos en los últimos 60 años en toda la historia nacional. La eliminación de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) multiplicó el número de partidos y abrió las puertas a agrupaciones que no habrían superado los filtros de procesos anteriores, asegurando una arquitectura electoral que asegurara el acceso al gobierno y a la representación con números irrelevantes. En otras palabras, la decisión de prolongar la situación que ya se observaba desde años atrás, manteniendo la baja legitimidad de origen de los parlamentarios. Recordemos que Fuerza Popular, con el 39.8% de los votos, logró el 56.15% de los congresistas el 2016, mientras que la alianza de facto que controla el actual Congreso, sin contar los votos de Perú Libre, no alcanzó ni el 15% del voto emitido.

Lo que no era tan previsible fue el naufragio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la organización de la votación. Retrasos significativos en la distribución del material electoral, problemas con el funcionamiento y las conexiones de las computadoras o ausencia de éstas y locales inadecuados se fueron evidenciando en Lima desde las primeras horas. Finalmente, 52 261 electores en Lima se quedaron sin ejercer su derecho, porque no se pudieron instalar 187 mesas de votación en varios distritos del sur de la capital. La incapacidad de la ONPE para responder a una situación que generaba malestar creciente y la pronta reaparición de López Aliaga denunciando un fraude en su contra, retomando una letanía que había iniciado semanas atrás y que incluía, desde entonces, una amenaza directa a Corvetto, enrarecieron rápidamente el ambiente y en pocas horas asistimos a una acelerada película que permite múltiples sospechas, y que debe ser aclarada pronto.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para salvar su indiscutible responsabilidad en los problemas suscitados, el Ministerio Público y la Policía, todos atrás del cuento del fraude, enfilaron contra Corvetto como responsable único y avanzaron en su afán de encontrar delito y flagrancia, incluyendo la detención y la exhibición de un funcionario esposado. Para entendernos, las gruesas fallas logísticas de la ONPE, los silencios y las importantes omisiones de su máxima autoridad, más allá de afectar de distinta manera el voto de más de 850 000 personas, exigen investigación inmediata y profunda, pero no justifican ni las denuncias de fraude ni la cacería de chivos expiatorios desde un Estado en derrumbe y en creciente deriva autoritaria (Nicolás Vargas en “Un golpe silencioso; un golpe perfecto”, La República 17 de abril de 2026). Mientras no se presenten pruebas, insistir con el argumento linda con el delito. El asunto es tan grosero que Keiko Fujimori hizo un llamado a la calma y a no hablar de fraude, cierto que como preámbulo a recordar que “el enemigo es la izquierda”, mientras distintos abogados, insospechables de izquierdismo, como César Nakazaki, insisten en que no se puede usar el derecho penal en este momento.

En medio de ese escenario, la gente participó y votó masivamente el domingo 12 porque asumió que con el voto también se lucha. Los resultados hasta el momento, así lo demuestran. Más allá de quién competirá con Fuerza Popular en la segunda vuelta, lo que es indiscutible es la lista de quiénes desaparecen del Congreso, sentenciados sin apelación. A César Acuña y APP, José Luna y Podemos, Avanza País y sus ruidosos voceros, Somos Perú con su triste paso por la presidencia del país, el huidizo Cerrón y su Perú Libre, así como a los viejos partidos históricos –APRA, PPC y AP, previamente suicidada –, les quedará como consuelo su eventual participación en las elecciones subnacionales de octubre. Los electores no se perdieron en la fragmentación ni en las dificultades del proceso mismo, decidiendo recordar y castigar.

El competidor de la señora K en la segunda vuelta difícilmente se definirá en las próximas horas. Hay más de 5400 actas impugnadas en el país, 18.8% en Lima. Los personeros naranjas y celestes se las reparten, priorizando muchos de los territorios en los que ganó Sánchez, en un proceso electoral cuya calidad ha sido seriamente afectada, involucrando la representatividad de los resultados y aumentando la polarización y la desconfianza de la ciudadanía. A la incontinente violencia verbal del exalcalde limeño se suman periodistas que no dudan, por ejemplo, en calificar de “ignorante, revanchista y odiador” al voto del sur, así como una derecha que no aprende y que mira como rojo y peligroso todo lo que no ve el mundo como lo hacen desde sus intereses y sus miedos. En este escenario, los próximos días las denuncias de fraude se multiplicarán, seguramente desde el lado de los candidatos en pugna, pero también de sectores del electorado y de poblaciones que sentirán que atrás de las acusaciones de fraude está el interés de desconocer su voluntad.

Como lo señaló un analista, citando a Marx, la historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa. Recordemos que a la segunda vuelta concurrirán dos candidatos, no importa si López Aliaga o Sánchez, que sumados a Fujimori no representan al 30% de los electores.

 

 

desco Opina / 17 de abril de 2026