Votemos por el estado de derecho

 

Mucho de la manera cómo funciona nuestra ruinosa democracia, se evidenció en el reciente debate entre los candidatos presidenciales. El esfuerzo por acercarle a la ciudadanía las propuestas de los candidatos con el afán de facilitar y mejorar los canales de representación, arrojaron como resultado la exposición de una absoluta orfandad de argumentos e ideas. El problema, una vez más, tiene mucho de forma, pero es bastante mayor en materia de contenidos.

Para 33 candidatos, de los 36 en competencia, el estado de derecho, es decir, el marco normativo, la debida gestión y los procesos transparentes en los que debieran competir, no interesan. En esa línea, los que buscan alejarse de los actuales partidos congresales, señalaron que una prioridad que tendría un eventual gobierno suyo, era la derogación de las leyes pro crimen que aprobaron los integrantes del actual Parlamento.

Que los candidatos de los tres partidos, “dueños” actuales del Congreso, que hicieron del Ministerio Público la destrozada institución que vemos ahora, pasando del 18% de desaprobación ciudadana el 2022 a 35% en el 2025, nos juren por todos los santos que la Fiscalía debería tener presupuesto autónomo (Acuña), ser blindada de injerencias políticas (López Aliaga) o que se le debe garantizar su independencia funcional (Fujimori), fue sólo una aburrida manera de llenar el tiempo que se les asignó en el debate, porque todos sabemos de los enormes problemas que tienen los tres con esa institución y su escenario soñado es probablemente que ni siquiera exista.

Este apego por la desinstitucionalización, poniendo de lado cualquier atisbo de estado de derecho, hace que, en términos generales, los candidatos entiendan la inseguridad ciudadana, el mayor problema que nos aqueja hoy, como un tema policial-militar que podríamos manejarlo mejor “saliéndonos del Pacto de San José”, expresando claramente sus limitaciones y su falta de creatividad. Peor aún, un candidato autodefinido de izquierda, supone que esta situación amerita, incluso, auspiciar la creación de “comandos de aniquilamiento”.

A estas alturas, deberíamos estar convencidos de que estamos ante un problema estructural que requiere reformas profundas en justicia, participación ciudadana, policía, coordinación interinstitucional y políticas sociales.

Sin embargo, lo planteado está lejos de enfoques integrales, participativos y territoriales. Por ello, las propuestas terminan siendo populistas, fragmentadas e inviables legalmente, lo que explica por qué no logran convencer a la ciudadanía ni ofrecer soluciones sostenibles.

De este decepcionante panorama, escapan posiblemente Jorge Nieto, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara. Nieto propone además de una reforma integral de la Policía Nacional con énfasis en la profesionalización, la coordinación y articulación con gobiernos locales para reforzar la prevención comunitaria, algo que escapa totalmente a la lógica represiva de los otros candidatos. De igual manera, Mesías Guevara, emplea un enfoque territorial de manera tal que el plan de seguridad ciudadana pueda adaptarse a las realidades regionales y responder así a la diversidad territorial del país. En el caso de Pérez Tello, planteó un enfoque integral, también bastante alejado de los predominantes enfoques represivos: fortalecimiento institucional y de redes comunitarias, transparencia y coordinación interinstitucional, para profesionalizar la Policía, combatir la corrupción y atender las causas sociales del delito.

No es que las propuestas sensatas en términos de institucionalizarnos, reforzando el estado de derecho para generar ambientes más seguros no existan. El problema es que predomina el discurso facilista, de corto plazo, que apela al sentido común, resumido en el formulismo de “mano dura”.

Por eso, el pesimismo, “el mal menor” de ayer o “el voto estratégico” de hoy, sólo favorece a la antipolítica de los actores no democráticos. Aquellos que demuestran a cada paso que la democracia y el estado de derecho no les importan, pero gritan fraude como si la sospecha fuera su único plan de gobierno, aun cuando la realidad no les dé motivo, como normalmente sucede.

Entonces, la cuestión que se plantea a las ciudadanas y los ciudadanos en las próximas elecciones es cómo recuperar el máximo de espacio cívico perdido en estas últimas décadas. El voto no es ideológico, sino principista. La cancha, sin duda, está nítidamente marcada.

 

desco Opina / 1 de abril de 2026

Ni olvido ni perdón

 

El pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, una oportunidad para dar un repaso a los retrocesos del último año en nuestra legislación que buscan dejar impunes a militares por sus crímenes durante el conflicto armado interno; y revisar cómo las decisiones de otros poderes del Estado están impidiendo que muchas familias de las regiones del sur del país encuentren justicia frente a la violencia ejercida por el Ejecutivo a fines del 2022 e inicios del 2023, que dejó muertos y heridos con secuelas irreparables.

En agosto del año pasado fue promulgada le Ley 32419, que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo en el Perú entre 1980 y 2000. Esta ley revierte sentencias firmes y puede detener juicios que aún están en curso por crímenes cometidos en ese periodo. Los votos que permitieron su aprobación provinieron de Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, APP, Somos Perú, Honor y Democracia, y Avanza País, destacando de ellos, dos de sus fervorosos artífices y defensores: el exmilitar y congresista Jorge Montoya, y el congresista Fernando Rospigliosi, ahora candidatos al Senado Nacional. Este último también fue el artífice de la Ley Nº 32107, que establece que los crímenes de lesa humanidad y de guerra no son perseguibles si ocurrieron antes del 1 de julio de 2002.

Si bien diversos jueces y salas del Poder Judicial se han negado a aplicar estas normas por considerarlas inconstitucionales, los abogados de condenados, como los ocho exmilitares procesados por la masacre de Cayara, han comenzado a recusar los casos de sus clientes. La anulación de la pena de doce años de cárcel a Daniel Urresti que dio el Tribunal Constitucional, es una muestra de los graves efectos provocados por los impulsores de estas normas pro impunidad. No hay que olvidar que Urresti fue condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos; sin embargo, el candidato presidencial Pepe Luna, de Podemos Perú, lo ha incorporado en sus filas como flamante pieza clave para luchar contra la inseguridad.

Por su parte, el ahora Fiscal de la Nación Tomás Gálvez, desactivó el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), además de otros tres, dejando en el aire 57 carpetas fiscales producto de las diligencias e investigaciones hechas en Ayacucho, Cusco y Puno, regiones donde se reportaron parte de las 49 personas asesinadas durante las masacres perpetradas por el régimen de Dina Boluarte. Si bien esta desactivación no significa que los casos se archiven, al pasar a manos de nuevos fiscales, los procesos y acusaciones a los responsables se vuelvan a retrasar. Peor aún, puede que esas carpetas fiscales queden olvidadas como tantas otras, debido a la abundante carga procesal del Ministerio Público.

Las víctimas del Estado en el sur no son sólo un número, se trata de vidas y familias que han quedado destruidas debido a la represión brutal que el régimen eligió desplegar a cambio de salvaguardar su permanencia en el poder. Vidas como la de José Luis Aguilar Yucra de 20 años, asesinado por un disparo que militares hicieron a 70 metros de distancia, el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho; o de Marco Antonio Samillán de 29 años, un estudiante de medicina que murió por un balazo en el tórax mientras brindaba auxilio a manifestantes durante las protestas, el 9 de enero de 2023 en Juliaca, Puno.

A más de tres años de lo acontecido, el avance para procesar a los culpables es lento y frustrante. La saña del Congreso no ha tenido límites: seis congresistas de Fuerza Popular, encabezados por Rospigliosi, presentaron el año pasado un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a policías y militares por las muertes que pudieran ocurrir durante la represión de una protesta. Si bien el proyecto fue duramente criticado por la opinión pública, no se archivó y continúa en la agenda parlamentaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.  

Lastimosamente, el discurso sostenido por la derecha peruana que argumenta que “los derechos humanos solo sirven para proteger a los delincuentes”, ha calado y podemos ver a muchas personas haciendo eco de esta falacia en redes sociales. El negacionismo y la alta tolerancia sobre estos y otros hechos, se hacen visibles en las recientes encuestas electorales, donde los grupos políticos cuestionados siguen ostentando altos porcentajes en la intención de voto.  

Hasta ahora no se discute seriamente la desproporcionalidad de la fuerza entre los que reprimen las protestas y los protestantes. No hay consensos básicos sobre cómo se debe controlar una protesta sin el uso de armas letales. Mientras tanto, estos crímenes de Estado se siguen normalizando y pasando por agua tibia todo intento que el régimen logra articular para evitar el acceso a justicia y verdad. Es sintomático que, durante el primer debate presidencial rumbo a las elecciones 2026, candidatos como Carlos Álvarez de País Para Todos, Pepe Luna de Podemos Perú y Cesar Acuña de Alianza por el Progreso, hayan evitado responder sobre si reactivarían los grupos especiales que Tomás Gálvez ha preferido alejar.

La memoria y la justicia deben ser también un motor importante para convocarnos a las urnas este 12 de abril. Nuestro voto es, en este contexto de democracia imperfecta, una muestra de nuestra resistencia y lucha frente a los grupos de poder que han priorizado mantener su status quo a costa de la vida de las y los peruanos. ¡Ni olvido ni perdón!

 

desco Opina – Regional / 27 de marzo del 2026

descosur

El espectáculo del cinismo

 

La política peruana, una vez más, nos ofrece un lastimoso espectáculo donde el cinismo compite con la irresponsabilidad. La amenaza de negación de la confianza al Gabinete encabezado por la señora Miralles –y el clima político que terminó precipitando su renuncia–, revelan hasta qué punto el Congreso ha decidido jugar con la estabilidad del país, como si se tratara de una pieza más en su tablero de cálculo político. El rumor de una negación de confianza fue suficiente para generar rápidamente una crisis de Gabinete, sin que mediara ningún debate serio sobre políticas públicas o sobre el rumbo del gobierno en los cuatro meses que le quedan. Bastó el cálculo frío de los integrantes del pacto corrupto guiados por sus intereses particulares.

Hoy, la negación de confianza no es en la práctica un mecanismo constitucional útil para equilibrar poderes o exigir responsabilidad política al Ejecutivo, sino una herramienta para producir desgaste, forzar reacomodos y mantener al gobierno en un estado de fragilidad constante. En ese contexto, la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros –resultado de un clima político deliberadamente alimentado desde el Parlamento– es un síntoma más de la normalización de la inestabilidad como forma de hacer política.

Renuncia, hay que decirlo, que siguió a la comunicación firmada por el Secretario de Palacio, quien por encargo del Presidente, le agradecía por sus servicios; Balcázar, con el estilo sinuoso que lo caracterizó desde su aparición en el Congreso, sacrificó a Miralles y a unos pocos ministros más, para evitarse una posible derrota y recomponer las componendas que lo instalaron en la Plaza de Armas.

La conformación del nuevo Gabinete, encabezado por Luis Arroyo Sánchez, un general retirado que ocupaba el Ministerio de Defensa, se recibe con una mezcla de indiferencia y escepticismo. La pregunta sobre si el Congreso le otorgará o no la confianza parece menos importante que el espectáculo mismo del proceso. Para buena parte de la clase política parlamentaria que soportamos, lo fundamental no es la gobernabilidad ni la continuidad de la administración pública, sino la capacidad de marcar distancia del gobierno cuando conviene y, al mismo tiempo, influir en él cuando resulta útil.

Ese doble juego es evidente en el comportamiento de las principales bancadas que hoy dominan el Parlamento: Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Avanza País y los pequeños grupos parlamentarios que orbitan a su alrededor. Todas estas fuerzas políticas han participado, de una u otra forma, en la dinámica que ha sostenido al actual gobierno, continuidad del repudiado régimen de Dina Boluarte, que siguió a la caída de Pedro Castillo. Sin embargo, luego del espectáculo vergonzoso que fue la gestión del inefable Jerí en la Presidencia, ahora pretenden presentarse ante la opinión pública como actores externos, como observadores críticos de un escenario del cual en realidad han sido los protagonistas y únicos gestores.

La distancia que intentan marcar resulta imposible de sostener frente a los hechos. El Congreso no es un actor marginal en la actual configuración del poder político en el país. Por el contrario, ha sido uno de sus principales arquitectos. La continuidad del gobierno, las decisiones clave en materia institucional y la supervivencia misma de la actual administración han dependido en buena medida de acuerdos tácitos, convergencias circunstanciales y cálculos compartidos entre el Ejecutivo y las bancadas parlamentarias que se sumaron al pacto corrupto. Pretender ahora que el deterioro de la situación política es responsabilidad exclusiva del gobierno, constituye, en el mejor de los casos, un ejercicio de amnesia selectiva.

Este intento –vano y fallido– de reescribir la realidad política tiene un objetivo claro: preservar el que creen su capital político ante una ciudadanía profundamente desencantada. Las encuestas muestran niveles históricamente bajos de confianza tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo. En ese contexto, cada bancada busca posicionarse como crítica del gobierno sin renunciar a los beneficios que le ha otorgado la correlación actual de fuerzas. Es un ejercicio de equilibrio precario, pero, sobre todo, extremadamente cínico.

El problema es que, mientras esos actores se concentran en sus estrategias de supervivencia electoral, el país enfrenta problemas urgentes que requieren atención y liderazgo. La inseguridad ciudadana, la desaceleración económica, las tensiones sociales y la persistente debilidad institucional no desaparecen porque el sistema político se encuentre atrapado en su propia dinámica de confrontación calculada. Por el contrario, se agravan.

Sin duda, la política democrática requiere conflicto, debate y control entre poderes. Pero también un mínimo de responsabilidad compartida respecto al funcionamiento del Estado. Cuando el Congreso convierte la amenaza de crisis en una rutina y los partidos que lo dominan buscan simultáneamente ejercer poder y negar su responsabilidad en las consecuencias, el sistema entero se degrada.

El espectáculo del cinismo que hoy observamos no es solo un problema de estilo o de retórica. Es un asunto de fondo que ya ha deteriorado la credibilidad de las instituciones y profundiza la distancia entre la ciudadanía y quienes la representan. Y mientras ese espectáculo continúe, lo que seguirá en veremos no será únicamente la confianza al segundo Gabinete de un Presidente con apenas un mes en el cargo, sino la confianza de los peruanos en nuestro propio sistema político. Los votos mayoritarios seguramente lo expresarán así el próximo abril.

 

desco Opina / 20 de marzo de 2026

Crisis energética, otro golpe a los barrios populares

La reciente crisis energética que atraviesa Perú no es un problema silencioso. Sus efectos ya se sienten con fuerza en la vida cotidiana de miles de familias que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La emergencia se originó tras un incidente en el sistema de transporte de gas natural de Camisea, que redujo el suministro de gas y generó tensiones en distintos sectores económicos, especialmente en el transporte y la distribución de combustibles. 

Uno de los impactos más inmediatos se ha observado en el precio del balón de gas doméstico. En diversos distritos de Lima, el costo del balón de gas de 10 kilos ha llegado a superar los 90 e incluso los 100 soles, cuando semanas atrás su precio era considerablemente menor. Este incremento afecta directamente a millones de hogares que dependen del gas para cocinar, pero también a pequeños negocios, mercados y servicios comunitarios que sostienen la alimentación diaria de los sectores populares.

El impacto de esta situación se amplifica cuando se observa la estrecha relación entre energía y transporte. En Lima y otras ciudades del país, una parte importante del transporte público utiliza gas natural vehicular (GNV). Cuando el suministro se restringe o se encarece, los transportistas deben recurrir a combustibles más caros, lo que incrementa sus costos de operación y termina trasladándose a los usuarios mediante el aumento del precio de los pasajes.

Para muchas familias que viven en las periferias urbanas, el transporte representa uno de los principales gastos diarios. En barrios ubicados en laderas o zonas alejadas de los centros de empleo y servicios, las y los trabajadores deben realizar varios tramos de transporte para llegar a sus destinos. El incremento del pasaje reduce el ingreso disponible para cubrir otras necesidades básicas como alimentación, salud o educación.

Sin embargo, uno de los impactos más preocupantes de esta crisis se observa en las organizaciones comunitarias que garantizan la alimentación en los barrios populares: los comedores populares y las ollas comunes. Estas organizaciones, gestionadas principalmente por mujeres, cumplen un rol fundamental en la seguridad alimentaria de miles de familias en situación de pobreza. A través de menús subsidiados o raciones solidarias, los comedores populares y las ollas comunes permiten que niños, adultos mayores, personas con discapacidad, trabajadores informales y personas desempleadas accedan diariamente a alimentos a bajo costo. El funcionamiento de estas iniciativas depende de un equilibrio muy frágil entre el costo de los insumos y el precio del menú. Cuando el gas, los alimentos y el transporte se encarecen al mismo tiempo, ese equilibrio se rompe.

La situación ha llegado a niveles preocupantes en algunos barrios de Lima Metropolitana, donde las mujeres organizadas han tenido que recurrir nuevamente a métodos precarios para continuar cocinando. En Villa María del Triunfo, por ejemplo, integrantes de una olla común reportaron que se han visto obligadas a utilizar leña o carbón para preparar los alimentos debido al fuerte incremento del precio del gas. Este tipo de soluciones refleja tanto la gravedad de la crisis como la capacidad de organización de las comunidades. Pero también evidencia una profunda desigualdad estructural: cuando el sistema energético enfrenta problemas, las consecuencias recaen principalmente en quienes tienen menos recursos para enfrentar la crisis.

La crisis energética también está generando un efecto en cadena sobre el precio de los alimentos. El incremento de los costos de transporte y logística repercute directamente en los mercados locales, encareciendo productos de primera necesidad que forman parte del menú cotidiano de muchas familias. Algunos comerciantes y pequeños negocios de comida ya han advertido el aumento en el precio del menú diario con el fin de solventar los insumos requeridos para la preparación.

Para los comedores populares y las ollas comunes, esto significa enfrentar una doble presión: por un lado, el incremento del costo del combustible necesario para cocinar y, por otro, el aumento del precio de los alimentos que deben comprar para preparar las raciones. En estas condiciones, muchas organizaciones comunitarias se ven obligadas a reducir porciones, modificar los menús o limitar el número de raciones que pueden ofrecer diariamente. Esto implica que las personas que dependen de estos espacios –en especial aquellas en situación de pobreza extrema– enfrenten mayores dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

Lo que estamos observando no es solo una crisis energética. Es también una nueva crisis social que revela la vulnerabilidad de los sistemas urbanos frente a interrupciones en el acceso a recursos básicos. La dependencia de determinadas fuentes energéticas, sumada a la falta de mecanismos de protección para los sectores más vulnerables, termina trasladando el costo de la crisis hacia quienes menos pueden asumirlo, y no hacia quienes resultan responsables, en este caso, la gran empresa privada.

Frente a esta situación, es urgente que las políticas públicas incorporen medidas específicas para proteger a las poblaciones más vulnerables. Esto implica fortalecer el apoyo a los comedores populares y ollas comunes, garantizar mecanismos de estabilización del precio del gas doméstico y diseñar políticas de transporte que reduzcan el impacto de las fluctuaciones energéticas en la economía cotidiana de las familias.

Las ciudades latinoamericanas han demostrado que las redes comunitarias cumplen un rol fundamental para sostener la vida en contextos de crisis. Sin embargo, estas redes no pueden seguir funcionando únicamente gracias al esfuerzo voluntario de las comunidades.

Si algo evidencia esta crisis energética es que, una vez más, los más afectados son quienes ya viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

 

desco Opina - Regional / 13 de marzo de 2026

descoCiudadano

Entre el proceso electoral y el voto de confianza al Gabinete

 

La designación como Presidente de la República de José María Balcázar, hecha por el Congreso de la República, marcó un nuevo momento en la larga crisis orgánica que vive el país. El anterior mandatario, también designado por el Congreso, José Jerí, un cabal representante del autodenominado primer poder del Estado, terminó su breve mandato con 21% de aprobación y en caída acelerada, con una opinión pública –que no obstante los sucesivos escándalos en los que apareció involucrado ya instalado en la Plaza de Armas– donde el 65% creía que su censura estuvo motivada sólo por intereses políticos. Apenas 24% aprobó la designación de Balcázar y 56% indicaba que las cosas seguirán igual con él y 26% creía que empeorarán.

Ciertamente, no faltaba razón. Más allá de los groseros pecados de las últimas semanas del representante de Somos Perú, su historial previo –cargaba con una denuncia por violación archivada, otra por desobediencia a la autoridad y una tercera por integrar una supuesta organización criminal, además de su activa participación en todas las normas que dificultan y limitan la lucha contra la criminalidad, así como en las leyes que demolieron la institucionalidad y su entusiasmo por la amnistía para militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos y la prescripción de delitos de lesa humanidad–, el interés y el apuro de parte importante del Congreso por su censura y la defensa cerrada que hicieran de él Keiko Fujimori y el fujimorismo en pleno, así lo demostraban.

Los pleitos entre Fujimori, López Aliaga, Acuña y Luna ocuparon el espacio, pero no lograban esconder que se trataba de peleas para desplazarse unos a otros en la campaña y para acusarse de haberle entregado el gobierno a la izquierda. Todos tratando de capitalizar en un sentido u otro la caída del hincha de Pantaleón y buscando adivinar quiénes votaron por Balcázar porque la aritmética demostraba que para lograr los 64 votos que obtuvo, el pacto de la derecha se debilita y que la competencia entre López Aliaga y los naranjas se desata, en una disputa entre compadres que buscan las mejores cartas de cara al 12 de abril y que más allá de los insultos y las descalificaciones en las que ambos tienen experiencia, aunque el candidato de Renovación lleva ventaja, están soldados y firmes en la captura del Estado y sus instituciones, la defensa de las leyes procrimen y antiderechos, la militarización de la seguridad ciudadana y la protección de su impunidad y sus privilegios.

El affaire De Soto, más allá de sus detalles menores, todo lo indica así, fue el temprano enfrentamiento entre dos egos, con historias y perfiles distintos, pero con similares ambiciones de poder y reconocimiento a la escala de cada uno. La continuidad de siete ministros, incluyendo a la nueva Premier y al ministro de Relaciones Exteriores, elogiados y reconocidos tres meses atrás por las distintas derechas, diversos gremios empresariales y por muchos analistas y medios de comunicación, se convirtió en demostración del peso y la presencia de APP en el Estado, como si fuera una novedad desconocida. Como en el caso de Jerí, el historial del nuevo encargado de la presidencia –la acusación por el robo de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque, el tráfico de influencias recomendando a su nuera a Patricia Benavides, el plagio de la tesis de su hijo o sus indignantes declaraciones sobre la sexualidad de las niñas–, devino en descubrimiento, evidenciando una práctica instalada que consiste en “descubrir” al infractor cuando es necesario y olvidarlo cuando conviene, como ocurrió en este caso con su papel de facilitador de la composición del Tribunal Constitucional.

Como resulta obvio, el futuro de Balcázar y su gabinete dependen del Congreso y por ende del proceso electoral, el interés mayor de éste hasta el 12 de abril. Aunque ha disminuido el porcentaje que no elige a ningún candidato viable (de 44.5% a 35.8%), la última encuesta del IEP muestra que se mantiene la incertidumbre: No aparece un ganador probable, y si bien 39% cree que puede ser alguien que encabeza las encuestas, con más de treinta aspirantes, tales números pueden no ser estadísticamente significativos en un escenario en el que López Aliaga (14.6%), la señora K (10.3%), López Chau (5.3%) y Carlos Álvarez (4.9%) encabezan la intención de voto, mientras 21 candidatos no alcanzan ni siquiera el 1%, en una competencia en la que Fujimori resulta imbatible en el antivoto (54%). Ello, en un escenario en el que 65% de los encuestados dice estar poco o nada interesado en la política, aumentando 8 puntos en relación a enero.

Por lo demás, ello es comprensible cuando al menos 252 candidatos al nuevo Congreso bicameral (Senado, Diputados y Parlamento Andino) han declarado sentencias penales firmes en sus hojas de vida presentadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre los partidos con mayor número de candidatos con antecedentes penales figuran Podemos, Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, que suman 61 sentenciados. Es difícil estimar el impacto en el electorado de la actuación del Congreso en el nombramiento de Balcázar, uno de sus efectos posibles es un mayor distanciamiento de la política y dar la idea de que la elección de presidente importa poco si el Congreso puede removerlo en cualquier momento.

El voto de confianza que buscará el gabinete Miralles en este contexto será un nuevo momento de la campaña electoral. El gobierno lo sabe y tiene claro que no es muy distinto al Congreso, –por ejemplo, más de diez ministros tienen denuncias policiales por delitos como corrupción, lavado de activos y ambientales–, apurándose en coordinar con la presidencia del Congreso, que como bien sabe Jerí, no es garantía de nada. A fin de cuentas, con este Congreso, por su afán de poder y de dinero, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. El pueblo peruano debe estar alerta y salir al frente cuando sea necesario.

 

 

desco Opina / 6 de marzo de 2026

Carretera Central: entre promesas y urgencia postergada

 

Mientras en Huancayo se iniciaba un paro regional de 48 horas por la nueva Carretera Central, cuya adhesión se limitó a funcionarios del Gobierno Regional de Junín y trabajadores municipales quienes anunciaron la suspendieron de sus labores, el transporte urbano y el comercio continuaron operando con relativa normalidad. Diversos medios locales reportaron que, pese al llamado a la paralización, el tránsito fluyó y las actividades económicas no se detuvieron de manera significativa ni en Huancayo ni en La Oroya. La protesta, aunque legítima en su demanda, no logró alterar de forma sustantiva la dinámica cotidiana de la ciudad.

Al mismo tiempo, en Lima el escenario político experimentaba otra transformación. La elección de un nuevo presidente del Congreso, figura clave en la línea de sucesión constitucional, reordenaba alianzas y prioridades en el gobierno central en medio de una coyuntura marcada por la incertidumbre. Casi en paralelo, millones celebraban el inicio del Año Nuevo Chino bajo el signo del Caballo de Fuego, símbolo de energía, libertad y cambios audaces. Tres planos distintos: una protesta regional, la recomposición del poder en el gobierno central y una renovación simbólica global, convergieron en los mismos días, dibujando un contexto de alta volatilidad política y social.

En ese contexto, la pregunta de fondo permanece intacta: ¿qué lugar ocupa realmente la nueva Carretera Central en la agenda del Estado? Más allá de los discursos y de las declaraciones formales, no existe claridad suficiente sobre el aseguramiento de recursos, los cronogramas efectivos ni las estrategias institucionales que garanticen su continuidad.

La Carretera Central es el principal corredor que conecta Lima con la macrorregión centro (Junín, Pasco, Huánuco y la Selva Central). Diseñada hace casi un siglo para un parque automotor radicalmente menor, hoy soporta un flujo muy superior al previsto originalmente. El resultado es estructural: congestión crónica, tiempos de viaje impredecibles, sobrecostos logísticos y una exposición permanente al riesgo.

El proyecto de la nueva Carretera Central estructurado bajo el modelo gobierno a gobierno (G2G) con Francia, fue presentado como la solución técnica de largo plazo para superar los cuellos de botella de la vía actual y transformar la conectividad nacional. Sin embargo, la reciente resolución del contrato de asistencia técnica con la empresa francesa EGIS generó incertidumbre pública, aun cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que dicha decisión no afectaría la continuidad del convenio ni los contratos vinculados al proyecto.

Las dudas persisten. No se ha explicado con suficiente detalle si existe un presupuesto multianual plenamente garantizado, considerando la magnitud de la inversión y su impacto fiscal. Tampoco se ha transparentado con precisión el cronograma actualizado ni los mecanismos que aseguren que los cambios de gabinete o de liderazgo político no vuelvan a postergar decisiones estratégicas. Cuando proyectos de esta envergadura dependen excesivamente del clima político del momento, la señal que se envía es preocupante.

A ello se suma un elemento estructural que no puede seguir invisibilizándose: la seguridad vial. El propio MTC, a través del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, ha señalado que la congestión y las deficiencias de infraestructura inciden de manera determinante en la siniestralidad en carreteras nacionales. Cuando una vía diseñada para determinado volumen de tránsito opera con el doble o el triple de su capacidad, el error humano deja de ser una causa aislada y se convierte en una consecuencia previsible de un sistema saturado.

El paro regional dejó lecciones contradictorias. Fue una expresión legítima de presión política para colocar el tema en la agenda nacional, pero también evidenció fragmentación social. La paralización fue percibida por algunos medios como simbólica, más cercana a una demostración institucional que a una movilización ciudadana masiva. Además, en el momento de la protesta el Poder Ejecutivo atravesaba una crisis de liderazgo, con cambios en el Gabinete y ministerios en transición, lo que diluyó la percepción de un interlocutor claro frente a la demanda regional. La pregunta que quedó flotando fue incómoda: ¿contra quién estaba realmente dirigido el paro?

Posteriormente, tras la reunión en Palacio de Gobierno en la que José María Balcázar recibió al gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, y algunos alcaldes de la macrorregión centro, se informó que los acuerdos incluyeron el compromiso de continuar impulsando el proyecto de la nueva Carretera Central y atender la preocupación por el aislamiento de La Oroya, ciudad que teme quedar marginada del nuevo trazo si no se garantiza su adecuada integración al sistema vial proyectado. Sin embargo, más allá de las declaraciones y de la voluntad expresada en la reunión, queda la interrogante central: ¿tiene un presidente encargado, en un contexto de alta rotación política, la capacidad real de convertir estos compromisos en decisiones presupuestales y administrativas concretas?

La infraestructura estratégica no puede depender de coyunturas ni de voluntades individuales transitorias. Requiere blindaje institucional, financiamiento asegurado y mecanismos de seguimiento que trasciendan los cambios políticos. De lo contrario, la Carretera Central seguirá siendo una promesa reiterada que se reactiva en cada crisis y se diluye en cada transición.

No hablamos solo de kilómetros de asfalto. Hablamos de competitividad regional, integración económica, seguridad vial, reducción de costos logísticos y, sobre todo, vidas humanas. Cada accidente evitable revela una falla estructural. Cada retraso injustificado en la ejecución del proyecto constituye una decisión política, aunque se presente como una dificultad técnica.

Las preguntas siguen abiertas: ¿existe realmente un presupuesto multianual garantizado? ¿Se mantendrá el cronograma original de ejecución? ¿Qué mecanismos institucionales impedirán que futuros cambios políticos vuelvan a dilatar la obra? ¿Se garantizará que ciudades como La Oroya no queden aisladas en el nuevo diseño? Responderlas con claridad y transparencia es indispensable para que la nueva Carretera Central deje de ser un anuncio recurrente y se convierta, finalmente, en una política de Estado que conecte desarrollo con seguridad y justicia territorial.

 

desco Opina – Regional / 27 de febrero de 2026

descocentro

La “última milla” social

 

El hecho de que la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) expusiera públicamente a niñas víctimas de violación junto a los hijos nacidos de embarazos forzados generó, como ya es conocido, una fuerte condena nacional e internacional.

Incluso, su propio partido manifestó su desaprobación, aunque sin reconocer que comparte plenamente el objetivo de la instrumentalización política y religiosa de la que ha hecho gala su candidata al Senado. Porque es innegable que la exposición pública de niñas violadas con sus bebés refleja cómo ciertos sectores, entre ellos, Renovación Popular, usan el sufrimiento infantil para legitimar agendas reaccionarias, invisibilizando derechos reproductivos.

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado reiteradamente que obligar a niñas a continuar embarazos producto de violaciones, puede constituir una forma de tortura. El caso de la señora Jáuregui muestra el rotundo fracaso estatal, porque refleja la ausencia de políticas efectivas de protección y el desmontaje del enfoque de género en Perú, promovido entusiastamente por la referida congresista y su partido.

Si bien las reacciones han sido firmes y contundentes, pueden ser más precisas. La violencia sexual contra niñas en Perú sigue siendo manifestación de una crisis estructural y persistente, con cifras alarmantes y consecuencias graves para la niñez y la sociedad en general. En el 2025, los CEM han documentado 13 096 casos de violación sexual contra mujeres, de los cuáles el 63% (7768) corresponde a víctimas entre 0 y 17 años. En este ambiente, casi 1000 niñas menores de 14 años fueron obligadas a convertirse en madres como resultado de violencia sexual. Más aún, sólo en enero 2026 ya se reportaban más de 40 nuevos casos.

Una mayor desagregación de estos enojosos resultados, nos conducirá a la lamentable conclusión de que la alta vulnerabilidad de la niñez peruana ante agresiones sexuales, aumenta considerablemente si se trata de niñas indígenas.

Los datos más recientes confirman –especialmente en comunidades amazónicas como las awajún y wampis– que las niñas indígenas enfrentan una situación crítica de violencia sexual. Cerca de 800 denuncias de abuso sexual contra menores indígenas en Condorcanqui (Amazonas) permanecen sin resolución judicial, lo que evidencia una grave impunidad.

La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc y otras organizaciones de mujeres awajún, han exigido justicia por estos cientos de abusos perpetrados por maestros y familiares, señalando que la reducción de fiscalías ha debilitado la capacidad de investigación. El Ministerio de Educación documentó en 2025 que las comunidades indígenas amazónicas y andinas enfrentan violencia sexual sistemática, con barreras culturales y lingüísticas que impiden la denuncia y atención.

Así, el violento resultado que impacta en la niñez peruana es causado por una combinación de factores que van desde el aislamiento geográfico, que dificulta el acceso a servicios de salud, justicia y protección; la discriminación estructural, que invisibiliza las denuncias; la debilidad institucional, que se materializa en el reducido número de fiscalías y la falta de presupuesto para atender casos en territorios indígenas.

La responsabilidad de los últimos gobiernos no se puede obviar. El desmontaje de los limitados avances que se lograron en materia de género, equidad e interculturalidad se encuentra a la base de esta condenable situación. En los territorios indígenas, donde los embarazos infantiles son más frecuentes en términos relativos, la ausencia de políticas interculturales reales (salud en lenguas originarias, justicia territorializada) han agravado la vulnerabilidad.

Las denuncias y condenas por la exposición pública de las niñas en Lima, contrasta con el silencio sobre la situación de las niñas indígenas en la Amazonía peruana, que no solo enfrentan violencia sexual por ser mujeres y menores de edad, sino también discriminación por su origen étnico, su condición socioeconómica y la exclusión territorial que sufren.

 

desco Opina / 20 de febrero de 2026