La Macrorregión Sur ante la crisis

 

Han transcurrido casi cuatro meses desde el naufragio del proyecto castillista y la instauración del gobierno de Dina Boluarte, auspiciado por una interesada alianza de congresistas ultraconservadores, las Fuerzas Armadas y retazos de Perú Libre, como el bloque magisterial o Perú Democrático, así como otros parlamentarios defensores de los privilegios congresales a cualquier costo. Han corrido también casi tres meses desde los 19 muertos en Juliaca, como parte de una brutal represión desatada con el propósito de sostener un gobierno y un régimen profundamente rechazados por la mayoría nacional. A la fecha, suman 62 las víctimas de la represión indiscriminada, 49 asesinados o víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que son motivo de condena internacional, a pesar de que no hay responsables políticos y que las investigaciones fiscales para el establecimiento de las responsabilidades penales son lentas, pese a la abundante evidencia. Cabe apuntar que ni siquiera se han efectuado las reparaciones anunciadas desde el gobierno para los deudos, según los testimonios de los participantes del Foro Macrorregional realizado en Cusco el pasado 16 de marzo, que congregó a representantes de la sociedad civil de las regiones del sur y especialmente una numerosa delegación de Puno.

El estallido social que remeció todo el país puso sobre la mesa problemas muy profundos que se mantuvieron en estas últimas décadas de instauración del régimen neoliberal, soterrados y ocultos debajo de la verdad oficial de un Perú que marchaba incontenible a integrarse al club de los países más desarrollados, agrupados en la OCDE. Éramos la envidia de nuestros vecinos latinoamericanos por nuestras altas tasas de crecimiento del PBI y por la baja inflación, pero la realidad interna siempre era otra.

Las frustraciones acumuladas por las promesas de cambio incumplidas por todos los gobiernos, la caída del empleo, el aumento de la pobreza, el agravamiento de la crisis política y la captura del gobierno por la derecha, provocaron la mayor movilización social de las últimas décadas en todo el país, generando un mayor despliegue de las regiones de la Macrorregión sur, particularmente la región Puno, con la emergencia identitaria de las poblaciones aymaras y quechuas. El fracaso de la descentralización y la consolidación del centralismo limeño acrecentaron las brechas históricas, que son especialmente sentidas en el sur peruano.

La reivindicación explícita de las matrices culturales expresadas en la protesta, colocó en la agenda el tema no resuelto por la República, de la construcción de la nación peruana con su diversidad y la necesidad de acabar con la marginación y opresión de las poblaciones originarias, que existe desde la Colonia.

La combinación de estos factores devino en el establecimiento de una agenda reivindicativa eminentemente política, a pesar de la ausencia de una dirección política en el movimiento, que ha sobrepasado las tradicionales direcciones gremiales y a los partidos de izquierda. La demanda de inclusión y cambio se expresa en la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la consulta para la convocatoria a una Asamblea Constituyente que establezca las nuevas reglas de convivencia en el país.

En todo el sur peruano, la protesta social ha sido protagonizada significativamente por la población rural y comunera que ha establecido las condiciones de la paralización y movilización en sus respectivos territorios, sumándose las y los trabajadores agrícolas y pequeños agricultores en los valles costeros e irrigaciones, así como las poblaciones marginales de las ciudades, aportando también los contingentes de jóvenes y mujeres que se desplazaron a Lima para movilizarse en los centros del poder. Este proceso ha significado un gran despliegue de solidaridad y la capacidad de sacrificar los limitados recursos familiares para sostener los justos reclamos. La decidida participación de las mujeres en las movilizaciones en todo el país es una gran lección y da cuenta de los avances en la lucha por la igualdad y la participación política.

A estas alturas, las poblaciones se han replegado en la mayor parte del país mientras la resistencia en Puno se mantiene como un llamado a la conciencia nacional en demanda de justicia. La zona aymara ha decidido mantener la paralización total, mientras la zona quechua viene realizando «paro seco», esto es, paralización total los días martes. La lucha continúa enfrentando a un Congreso de la República repudiado por el 91% de la población y a un Gobierno rechazado por el 78% de los ciudadanos, según los últimos sondeos de opinión. Estamos pues ante un Congreso y un Gobierno ilegítimos a pesar de una legalidad que ellos mismos se encargan de vilipendiar cotidianamente.

Ante la continuidad y profundización de la crisis política, las organizaciones sociales y comuneras del sur peruano en las conclusiones del Foro Macrorregional del Sur, han reafirmado la plataforma de la que damos cuenta, demandando al mismo tiempo el pronunciamiento de las nuevas autoridades regionales y municipales, así como su participación activa promoviendo la unión de las regiones de la Macrorregión que recientemente han constituido una mancomunidad, para dar una salida a la crisis y emplazar a las representaciones congresales regionales a atender las demandas de la población expresadas en la plataforma de lucha, en lugar de defender sus privilegios pretendiendo mantenerse hasta el año 2026.

 

desco Opina – Regional / 31 de marzo del 2023

descosur

La recomposición de clases

Los contextos y coyunturas influyen si se leen como información y datos sociales en una dinámica de clases, no sólo de consumidores o de habitantes de territorios urbanos, rurales o casi despoblados del país. En nuestra sociedad se asoma una recomposición de clases en curso a la que debemos prestar mucha atención.

Es una tarea ardua, aunque indispensable, la que tenemos por delante para conocernos mejor y entablar acercamientos que permitan actuar para encontrar y establecer espacios de consenso: la ansiada igualdad, la justicia, los derechos y los deberes de cada quien en democracia. Es un ejercicio difícil porque se contrapone con otras agendas cuyas prioridades son el orden, la propiedad privada, el individuo atado a una comunidad o la libertad plena dentro de las reglas de una economía capitalista regida por la oferta y la demanda que llevan a la concentración extrema. 

La necesidad del cambio en nuestra sociedad nos obliga a ensayar un ejercicio de lecturas múltiples. Distintos investigadores de la realidad nacional han reflexionado sobre temas como el control de nuestra economía por el gran capital internacional en alianza no solo con los sucesores directos de una parte de la oligarquía nacional, sino también con aquellos provenientes de otros grupos económicos de poder, por fuera de esas familias y grupos ligados al capital limeño. Surgen desde ciudades como Ayacucho, Trujillo, Arequipa, Piura y otras, menores o mayores. En parte algunos de estos capitales formaron o consolidaron en el negocio de la minería hormiga, el narcotráfico y el contrabando, cuyos montos son solo estimados. Es dinero que ha sido blanqueado en inversiones inmobiliarias, de comercio y otras, en medio de la informalidad que nos rige, que constituyen el sustento y los intereses de estas nuevas clases sociales.

Los cambios legales no cambian la realidad en ninguna parte. Con muchas de las leyes que tenemos, estamos en situación similar que lo más avanzado de la humanidad, aunque únicamente de modo declarativo y no en la realidad de las cosas. Las prácticas sociales se instauran solo si son aceptadas, se instituyen y se acuerdan o son toleradas por los valores que se han enraizado. Pero, es paradójico el hecho que siempre la realidad puede cambiar todas las leyes y relaciones entre las clases, pudiendo desaparecer a varias de éstas a la vez. En ese proceso está el Perú

A las clases dominantes se les ha aflojado la mascarilla que las ocultaba y eso está llevando a personas y familias de origen subalterno a buscar pertenecer a ellas o aspirar a formar parte de su entorno cercano. Se ha creado una nueva clase intermedia, organizada para consumir con estándares impensables para sus abuelos, que alimenta la defensa de un orden económico y de poder que no les da cabida, pero sí la ilusión de aparentar ser como ellos, en sus vidas públicas. Presionan sobre las viejas clases medias urbanas empobrecidas, que en ese contexto se han sumado con su silencio a una alianza de clases conservadora, unida por el temor al cambio. Sin embargo, la crisis económica nacional e internacional las tiene jaqueadas y no puede garantizarles que se mantengan.

Esta recomposición, desde los intereses de la derecha política en el control del Estado, trae nuevas formas de articulación, nuevos escenarios, en los que el peso de la derechización de la humanidad contrasta con el fortalecimiento de los movimientos ambientalistas, de género y de las redes de derechos humanos que juegan un papel que no tuvieron antes en la conformación de las clases sociales. 

Un segundo elemento a considerar es el de la circulación creciente de los individuos. Hoy la profundidad de la recomposición de las clases sociales ha dado paso a la transformación paulatina de los campesinos y trabajadores rurales en comerciantes y proletarios, obreros de grandes medianas y pequeñas fábricas e instalaciones, muchas conectadas directamente con el mercado internacional. Tomar conciencia de esto ya ha generado fuertes movilizaciones y protestas.

La circulación de individuos hacia y desde el extranjero constituye en la actualidad un factor a tener presente mucho más allá de verlo tan sólo como dinamizador de la economía local. Interesa reflexionar, y que se conozca el efecto de mostración que significa su presencia para las clases nacionales.

El proceso migratorio hacia el exterior, que se extiende ya por medio siglo, inserta a la sociedad peruana en dinámicas nuevas de circulación de individuos en el mundo. Los peruanos en el extranjero no son sólo futbolistas. Este hecho obliga a reconocer el surgimiento de una nueva realidad que aporta otros elementos en la dinámica de las clases sociales en el país y sus estrategias de vida: educación, empleo, ingresos, salud, derechos políticos y también inversiones pequeñas. La llegada de algo más de un millón de extranjeros, como nunca antes había ocurrido en nuestra historia, mostrando sus creencias, formas de organización, valores, conciencia de derechos y más, cuya idiosincrasia diferente a la peruana aporta elementos positivos o no, debe estudiarse en esta recomposición.

Las clases sociales existen, son algo más que categorías de análisis para su clasificación descriptiva, para medir bienestar o consumo. Expresan intereses y desarrollan identidades. Están vivas y cambian.

desco Opina / 24 de marzo de 2023

Proteger nuestros lugares públicos

 

El derecho a la ciudad es en gran medida el derecho a la vivienda y al espacio público. La Ley N° 31199, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, promulgada en años recientes, acaba de entrar en plena vigencia al ser aprobado su reglamento mediante Decreto Supremo del 2 de marzo (Nº 001-2023-vivienda). Éste permite que sea una norma aplicable en todo el país que debemos cuidar y asegurar que se cumpla en nuestras ciudades de la Costa, la Sierra y la Amazonía.

La Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, inspirándose en criterios ecológicos, urbanísticos y monumentales, busca establecer las condiciones para la adecuada gestión, protección, manejo y sostenibilidad de los espacios públicos en nuestras ciudades y sus entornos. Con el reglamento aprobado contamos con una herramienta valiosa para mejorar la calidad de vida de las personas, el ambiente de las ciudades y de los centros poblados de nuestro país. La ciudad y el espacio público constituyen un ámbito en movimiento y construcción. Por tanto, su reglamentación contribuirá a la movilización y autogestión de parte del vecindario.

Curiosamente, el reglamento ha sido aprobado en medio de una enorme crisis en la que el espacio público está en fuerte disputa. Eso, porque el espacio público condensa la profunda crisis política y las indeseables desigualdades que arrastramos en las ciudades. También porque abre las posibilidades de recuperación de nuestros espacios democráticos. La relación entre el espacio y la sociedad se resume pues, de manera importante, en lo que son sus ciudades.

Su objetivo es establecer el marco normativo para facilitar la gestión, protección, manejo y sostenibilidad de los espacios públicos en la ciudad, reconociéndolos como esenciales para la mejora de la calidad de la vida de las personas y del ambiente, garantizando su uso público, democrático e igual, mediante el trabajo coordinado, participativo y técnicamente consistente de las instituciones y organismos relacionados, empezando por las municipalidades. Las y los vecinos, ambientalistas, colegios profesionales y todos aquellos preocupados por nuestro entorno, tenemos una herramienta más para ampliar nuestro derecho a la ciudad y contrarrestar iniciativas contrarias que pretenden limitar la libre circulación e impulsan la privatización de los espacios públicos.

No es tarea sencilla y nos compromete mucho. Nuestras ciudades son espacios sociales y sus espacios públicos constituyen el mundo urbano común, producido y vivido por distintos grupos, clases, ciudadanías y personas heterogéneas, desiguales y desconocidas entre sí. De su mejor balance depende la conformación de ciudades democráticas. Allí se materializan, en lugares referentes de identidad, prácticas y usos sociales diversos que convergen y, por cierto, en algunos casos incluso se muestran incompatibles, la pluralidad, la desigualdad sociocultural, política y económica. Son espacios políticos, de participación y de relación con muchas instituciones, entre ellas el Estado. Qué duda cabe sobre su carácter social y simbólico de encuentro, de relación y comunicación entre todos los peruanos.

La tensión entre el sometimiento de la sociedad al Estado y el malestar de los actores hegemónicos, y la irreverencia que traen los sectores populares de una nación subordinada al centralismo estatal, se ve en los espacios públicos y es inocultable, por más que la prensa concentrada se esfuerce en esconder.

La materialidad de la ciudad y sus espacios públicos no deben llevarnos a olvidar la dimensión subjetiva de la experiencia urbana. El espacio público expresa la democracia en su dimensión territorial. Es el espacio colectivo, el ámbito en el que las y los ciudadanos pueden (o debieran) sentirse como tales, libres e iguales. Las y los ciudadanos pueden ejercitar la defensa del libre uso de los espacios públicos cuando las restricciones a su uso no se ajusten a lo establecido en la Ley o en su Reglamento.

Estos espacios de todos, consagrados por la Ley 31199 y su reglamento, son los que hoy están en crisis. Su vigencia y fortalecimiento constituyen pilares importantes del “derecho a la ciudad” planteado por Henri Lefebvre y trabajado hasta la actualidad por académicos como David Harvey o Jordi Borja y difundido por organizaciones mundiales como HIC (Habitat International Coalition).

Es necesario garantizar el cumplimiento de esta ley para que el derecho a la vivienda y al espacio público sean una realidad. Es sustancial que los sectores públicos que trabajan esta temática se involucren más y que la sociedad civil intervenga con mayor vigilancia ciudadana.

Corresponde a cada uno de nosotros, las y los ciudadanos, evitar la desnaturalización del uso público de los espacios de todos. Son los lugares de pertenencia común en los que constantemente se disputan el uso y el control del espacio social, se dan las luchas por el acceso a los bienes públicos y se impulsan formas de organización de la vida urbana, así como prácticas socioculturales que, desde la experiencia urbana de cada uno de nosotras y nosotros, la gente, muestran ciudadanías diferentes y también fuertes desigualdades que queremos terminar.

 

 

desco Opina / 17 de marzo de 2023

descoCiudadano

Hay que ponerle el cascabel al gato

 

Tiempo de paradojas, como en los años 80. Ahora, como entonces, la defensa de la legalidad quiere justificarse con el uso desproporcionado, indiscriminado, ilegal e ilegítimo de la fuerza estatal. Así ha quedado claro, con las respectivas evidencias, que en los operativos organizados para contener las movilizaciones sociales hubo dos situaciones: una, el grueso del contingente policial enfrentando directamente a la población, provocando, es cierto, un gran daño; dos, la presencia de francotiradores que han asesinado con disparos certeros y a distancia a personas que, obviamente, no estuvieron en el centro de las manifestaciones. Resta saber con precisión quiénes son, y, sobre todo, cuáles eran las motivaciones de sus acciones.

Estamos frente a situaciones en donde al menos un grupo o un sector de actores estaría esforzándose para no dejar siquiera ruinas del estado de derecho. Si bien en sí mismo, esto ya es más que preocupante –intolerable– para los que aún creemos que la democracia es la mejor manera de organizarnos políticamente y, por lo tanto, no debiéramos destruirla, sino al contrario, fortalecerla, lo cierto es que debemos dilucidar si estas acciones tienen relación con otras intenciones, más evidentes, de desmontaje acelerado de lo poco o casi nada que quedaba del intento de democratización que se operó en el 2000-2001.

Porque, sin duda, hacia eso apunta la decisión del Tribunal Constitucional. Los señores magistrados, integrantes de dicha instancia, debieran tener muy en cuenta que el legalismo es un defecto del sistema y no provoca para nada ninguna situación garantista; además de su inconveniencia política, en un momento en que todas las instituciones del Estado están cuestionadas, es decir, carecen de legitimidad. En otras palabras, a nadie parece ya interesarle que las acciones de las entidades públicas estén sujetas a la ley, porque las instituciones mismas y las personas que forman parte de ellas no gozan de la más mínima confianza por parte de la ciudadanía.

De esta manera, permitir que el Congreso continúe con los criticados procedimientos que ha venido usando para designar el Defensor del Pueblo, que pueda ejercer funciones judiciales que no le competen, que sin más esté en condiciones de imponer sus criterios políticos sobre entidades como SUNEDU o, si fuera poco lo anterior, advertir a la Junta Nacional de Justicia sobre las supuestas inconductas y malos procedimientos de los jueces que han intervenido en los procesos constitucionales de amparo “afectando competencias reservadas al Congreso de la República”, es decir, exigir que sean sancionados, lo único que hace es allanar el camino para el quiebre definitivo del equilibrio y la fiscalización –el “check and balance”– entre los poderes públicos, una de las cuestiones básicas en las que se fundamenta cualquier mínimo de democracia.

Sin embargo, hay más. Si empieza a ser evidente que la democracia se demuele en función a una mayor concentración y centralización del poder, no debemos perder de vista que esto no se reduce a la fantástica entronización de un Congreso en el que no cree ningún peruano o peruana.

El fracaso de las reglas democráticas que debía gestionar un Estado que nunca pudo adquirir un estándar mínimo de legitimidad, posiblemente fortaleció las relaciones clientelares organizadas alrededor de la figura de los patrones locales, tensando las concepciones de ciudadanía democrática y ciudadanía consuetudinaria, de compromiso cívico y relaciones patrón-cliente en un juego de suma cero o, en su defecto, otorgando amplio espacio para la consolidación de éstas últimas en función a su articulación en alianzas más amplias.

Si fuera el caso, cuestiones tan misteriosas como la reelección de gobernadores regionales y otras autoridades no sólo acusados, sino incluso sentenciados por actos de corrupción, otros mostrándose casi orgullosamente como lobistas de negocios tan cuestionados como los cultivos de palma aceitera, o alcaldes sospechosos de narcotráfico, entre otras, si partimos del dogma democrático, empezarían a adquirir más sentido y darle consistencia a nuestros desafíos políticos.

Los patrones distribuyen recursos y la población movilizada es un medio por el cual obtienen mejores «posiciones de negociación» ante un Estado al que no van a cuestionar en sus fundamentos, sino a exigirle un «reparto de la torta» más acorde con sus expectativas. Pero, para que ello suceda, los patrones no pueden tejer sus redes con una gran cantidad de clientes, ni que ellos tengan un grado de autonomía tal que no permita «disciplinarlos» alrededor de sus objetivos.

En ese sentido, cuestiones tan formales como un proceso electoral, parecen imponer ampliamente su pertinencia en momentos como los actuales, en los que ya vamos viendo los límites de la protesta en las calles, que se asemeja cada vez más a ese «derecho al pataleo» al que se refería Luis Alberto Sánchez.

Gobiernos como el actual, así como los detentadores de poderes más circunscritos, ambos productos de los procesos políticos concentradores y centralizadores, deben ser obligados a allanarse a intensos procesos de negociación, deliberación y consensos, evidenciando en el camino no sólo su endeblez como resultado de un pacto político que nunca se dio, sino también, en esa ruta, mostrando a los verdaderos beneficiarios de las decisiones que se toman en el país, aquellos que se afirman cada vez más en sus posiciones de dominio en la medida que no se presentan ni se presentarán como agentes deliberantes. Ahora bien, ¿quién le pone el cascabel al gato?

 

desco Opina / 10 de marzo de 2023