Perú enfrenta una crisis política de proporciones sistémicas. Nada menos
que el encargo de la Presidencia de la República al congresista Jerí recae en
un mandatario interino hoy señalado por serias sospechas de múltiples delitos,
lo que profundiza la percepción de ilegitimidad de las instituciones públicas y
amplifica la desconfianza ciudadana en el sistema político.
El
funcionario que hoy ocupa la Presidencia se encuentra bajo investigación por
una serie de presuntos ilícitos que incluyen al menos tres acusaciones: corrupción en la contratación pública, tráfico de influencias y
asociación ilícita mediante la posible existencia de redes que operan desde el
Estado para beneficio de ciertos grupos económicos y partidarios. Estas
acusaciones no solo afectan su legitimidad, sino que colocan al país en una
crisis de gobernabilidad: una vez más un presidente con investigación penal
enfrenta la obligación de responder a la justicia y, simultáneamente, dirigir
un Estado fracturado. Esta circunstancia no es un hecho aislado, sino el
resultado de un largo proceso de erosionamiento de la autoridad estatal, la
captura del Estado por redes clientelares y la normalización de prácticas
corruptas al más alto nivel.
El Congreso de la República, lejos de funcionar como un órgano de control
y equilibrio, se ha consolidado como el epicentro de un pacto
político-electoral mafioso que prioriza intereses particulares por encima del
interés general. Nos enfrentamos a la ambivalencia de muchos congresistas –y también
de las bancadas– que se manifiesta en la carencia de una postura ética clara:
se alterna entre la retórica de “defensa de la institucionalidad”, y el apoyo
tácito a prácticas que favorecen a los investigados, dependiendo de
conveniencias coyunturales.
También en negociaciones opacas sobre la continuidad o censura provenientes
del Ejecutivo, que han migrado de debates públicos a acuerdos informales entre
cúpulas partidarias. Constatamos así, una pasmosa inacción del poder
Legislativo frente a estos escándalos: más que fiscalizar, el Congreso ha
evitado investigaciones profundas que podrían implicar a sus propios miembros o
alianzas, priorizando la preservación del poder compartido.
El doble discurso del fujimorismo, Alianza para el Progreso y otros
actores de un sector de las izquierdas es innegable. El fujimorismo, por un
lado, se declara defensor del orden, la estabilidad y la lucha contra la
corrupción, mientras apoya acuerdos que preservan su influencia política,
incluso si implican avalar a figuras bajo investigación en un discurso que evidencia
una priorización del poder sobre la coherencia ética y la transparencia. De
forma similar, Alianza para el Progreso, bajo la conducción de César Acuña,
exhibe una retórica moderada y tecnocrática que pretende diferenciarse de las
acusaciones de corrupción generalizada, respaldando decisiones que favorecen la
permanencia del statu quo político,
diluyendo así cualquier postura de ruptura con el modelo de captura de poder que
se practica.
Todo esto se trenza faltando menos de dos meses para las elecciones
generales en un escenario caracterizado por un padrón de opciones excesivamente
fragmentado. Con casi 180 casilleros en la cédula de votación se complica la decisión racional de los electores, lo que sin duda producirá
un alto número de votos anulados por la complejidad de la boleta que se usará.
Asimismo, la fragmentación electoral beneficia a los grupos hoy
presentes en el Congreso, quienes además de disponer de más recursos para la
campaña, han diseñado el sistema y –más o menos– controlan al Jurado Nacional
de Elecciones. En este escenario, por ejemplo, la forma de elegir al Senado,
que es el centro del poder que se instale, beneficia la elección de cuatro
senadores por Lima, donde se concentra la votación de derecha extrema, como lo
evidencian las simpatías por López Aliaga.
Esto ocurre en medio de una campaña poco informativa en la que la
mayoría de candidaturas carece de propuestas claras y detalladas, centrándose
en lemas genéricos, en confrontaciones personales o trayendo propuestas francamente
estúpidas como la entrega de DNI a los fetos o la
construcción de un aeropuerto internacional en Oxapampa, entre las varias formuladas
por el candidato de Renovación Popular.
Finalmente, el ambiente de desencanto político ha generado un alto
desinterés electoral. Lo muestran todas las encuestas recientes que revelan niveles crecientes de apatía y de abstencionismo, particularmente entre jóvenes y sectores populares. Esto, a nuestro
entender, se explica por diversos factores como el serio déficit de información
a consecuencia de la carencia de medios efectivos de difusión de las propuestas,
y la inexistencia de una educación cívica robusta que permitiera a la mayoría
de votantes evaluar críticamente a los candidatos. A nadie sorprenderá entonces,
que esta situación probablemente desemboque en que muchos ciudadanos voten por
identidad de grupo, influencias mediáticas o endoses superficiales, y no sobre
la base de propuestas concretas o planes de gobierno viables. El resultado
previsible es el sacrificio de la calidad del proceso democrático y el
consecuente cuestionamiento de la legitimidad de los resultados, independiente
de quién resulte elegido por un electorado desinformado y desinteresado,
enfrentando una cédula de votación confusa y desarticulada.
Preocupa, sin duda, que este cóctel de factores nos conduzca a un ciclo
político por lo menos tan incierto como el actual, donde las decisiones tomadas
en las urnas no se traduzcan en estabilidad, transparencia o progreso
institucional para nuestra patria. Toca a los ciudadanos más conscientes hacer
un esfuerzo especial para intentar evitar este oscuro escenario ad portas.
desco Opina / 6 de febrero de
2026
Entradas
