¿Ordenar el Estado o concentrar el poder?

El asesinato de cuatro personas y el secuestro ocurrido en Trujillo ha vuelto a colocar la seguridad en el centro de la agenda y, sobre todo, ha convertido una promesa electoral de "mano dura" en una prueba concreta de capacidad de gobierno. Es decir, la de un Estado que funcione con autoridad y seguridad. El gobierno de Fuerza Popular –ante una ciudadanía cada vez más desconfiada de la política–, con el temor de un sector y la esperanza de otro, pareciera encontrarse en un terreno favorable para actuar como quien prometió poner orden.

Sin embargo, ese capital político alimentado por las promesas de orden y seguridad de la nueva administración, tiene también otro lado en la misma moneda que es el fracaso, como su principal riesgo. Recuperar la autoridad del Estado es indispensable, pero recuperar la capacidad de gobernar no es lo mismo. Menos si se pretendiera recobrar el poder para gobernar sin contrapesos.

Los homicidios, la extorsión y el avance del crimen organizado, han convertido -hace rato ya-, la demanda de seguridad en la principal preocupación ciudadana. Es comprensible que una población atemorizada reclame respuestas contundentes. Lo que habrá que comprobar es si detrás de la contundencia ofrecida existe una política pública capaz de producir resultados. La seguridad puede convertirse así en el primer gran indicador de la capacidad real del gobierno, pero también de su disposición al diálogo y concertación que pueda lograrse con el Congreso y la ciudadanía a la que representa.

Las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo (convertidas en una costumbre desde hace varios gobiernos), constituyen algo más que un trámite político. Son la primera oportunidad para observar cómo entiende el gobierno de la hija del dictador la relación entre poderes con el Congreso.

Aparentemente está respondiendo con firmeza al demandar mayores facultades para legislar en el endurecimiento de penas, la participación de las Fuerzas Armadas y un discurso de confrontación directa con el crimen. Acabar con la inseguridad constituye así una primera prueba que demanda resultados, porque anunciar mano dura es relativamente sencillo. Otra cosa más difícil es lograr desarticular las organizaciones criminales, investigar sus finanzas, recuperar los territorios controlados por ellas y hacer funcionar simultáneamente a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.

En este mes de la primavera cabe preguntarse si el nuevo gobierno buscará acuerdos y negociará reformas, aceptando modificaciones, o si utilizará su respaldo parlamentario para ampliar su margen de acción. No olvidemos que el fujimorismo no llega al poder sin historia. La experiencia de los años noventa forma parte de la memoria política del país y no debemos ignorarla pues esos antecedentes importan precisamente para saber qué señales institucionales deben ser observadas con mayor atención. Señales que no están solamente en el Congreso, sino también en la relación con la prensa y con los organismos de justicia, varios de ellos copados por gente de su confianza, como ocurre con las instituciones de control y con quienes investigan al poder.

Una democracia puede tener un gobierno fuerte de izquierda o de derecha, lo que no puede es tener uno que considere que toda crítica es una conspiración y todo control, una obstrucción. Por ahora, el respaldo ciudadano inicial a Keiko Fujimori es considerable y expresa, en buena medida, una expectativa, un consentimiento para que haga aquello que los anteriores no pudieron hacer. Algo que puede durar o diluirse muy pronto.

La estabilidad macroeconómica y la de nuestra moneda proporcionan al gobierno un margen que no debería desperdiciar pues el desafío no consiste en conservar indicadores que muestran cierta fortaleza, sino en transformar esa estabilidad cautelada por el BCR, en mayor empleo, una mejor distribución de los ingresos y mejores servicios públicos para la mayoría de los peruanos en su vida diaria. Eso significa en lo inmediato contar con una policía eficaz, instituciones coordinadas, servicios públicos que funcionen, inversión pública ejecutada y políticas capaces de llegar a los territorios donde el Estado prácticamente ha desaparecido.

El gobierno puede utilizar el mismo capital político para construir una estructura de poder cada vez más concentrada, en la que Congreso, gobierno e instituciones públicas terminen respondiendo a una misma lógica política y donde los controles democráticos sean vistos como obstáculos. Estamos a las puertas de ver cómo se resolverá esta disyuntiva.

La demanda ciudadana de orden no es una demanda de autoritarismo. El Perú necesita recuperar autoridad, pero una autoridad democrática. Es, fundamentalmente, la demanda de un Estado que proteja a sus ciudadanos, que funcione y que cumpla las reglas que él mismo establece.

El primer mes de Keiko Fujimori permite afirmar poco sobre el desenlace, aunque supone formular una pregunta que será cada vez más difícil obviar: ¿Estamos asistiendo a la recuperación de la capacidad de gobierno del Estado o al comienzo de una nueva concentración del poder político? No nos engañemos, la respuesta no estará en los discursos de Palacio, ni en las encuestas de aprobación. Estará en los hechos y allí cabe también la posibilidad de una crisis que se profundice en el pantano de la ineficiencia y el desgobierno. El Niño malo con lluvias extraordinarias y sequías simultaneas en el país también pondrá a prueba su desempeño.

desco Opina / 4 de setiembre del 2026

El Niño y los riesgos que Lima no puede ignorar

 

Lima es una ciudad acostumbrada a vivir casi sin lluvias. Sin embargo, las recientes precipitaciones intensas han demostrado que esta condición también puede convertirse en una vulnerabilidad cuando incluye la combinación de viviendas precarias, falta de drenaje y asentamientos humanos ubicados en laderas. En el contexto del Fenómeno El Niño, la gestión del riesgo vuelve a ocupar un lugar urgente: no solo por las lluvias, sino también por la amenaza permanente de un gran sismo en una ciudad donde miles de viviendas presentan condiciones de vulnerabilidad.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), mantiene información y seguimiento sobre el Fenómeno El Niño 2026-2027, así como avisos meteorológicos y monitoreo de las condiciones climáticas del país. Para una ciudad como Lima, donde las lluvias intensas no forman parte de la experiencia cotidiana, estos episodios muestran la necesidad de fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta.

A esta situación se suma el riesgo sísmico. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) cuenta con un escenario de riesgo para Lima y Callao que permite identificar los posibles impactos de un sismo de gran magnitud y orientar medidas de prevención y reducción del riesgo. Asimismo, el mapa de riesgo sísmico elaborado por el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid), permite conocer los niveles estimados de daño que podrían presentarse en las viviendas de los diferentes distritos de Lima ante un sismo severo.

Esta información adquiere especial importancia cuando se contrasta con lo que ocurre en los barrios de Lima Sur. Los testimonios que presentamos corresponden a lideresas con quienes trabajamos directamente en zonas de alta vulnerabilidad y riesgo de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Sus experiencias permiten observar cómo los fenómenos naturales impactan en la vida cotidiana de familias que cuentan con pocos recursos para prevenir o reparar los daños.

Deassy Huari, presidenta del comedor Mensajeros de la Paz, ubicado en Oasis de Villa, en Villa El Salvador, comenta que las lluvias recientes afectaron directamente a las familias de su comunidad. Las calaminas de muchas viviendas tienen años de uso y se encuentran desgastadas. Los pequeños agujeros que antes podían pasar desapercibidos se convirtieron, durante las horas de lluvia intensa, en puntos de ingreso de agua hacia los dormitorios y otros ambientes de sus casas.

La afectación no terminó al interior de las viviendas. En las calles hubo inundaciones y dificultades para movilizarse: un automóvil quedó varado y una combi tuvo problemas con el motor. Los niños y adolescentes que caminaban hacia sus colegios o regresaban a casa terminaron completamente empapados y luego algunos presentaron tos. Después de la lluvia emergió otra preocupación: los mosquitos. La humedad y el agua acumulada favorecieron su aparición y las familias se alertaron al encontrarlos en mayor cantidad y frecuencia. Las personas adultas también presentaron molestias en la garganta.

En Vista Alegre de Rinconada Alta, Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, Julissa Panta, presidenta del asentamiento humano, describe una realidad que suma otro riesgo: los sismos. En las laderas, las pircas requieren reforzamiento y, ante los movimientos, las piedras suelen deslizarse. La preocupación de las familias es que una vivienda que ya enfrenta dificultades frente a un terremoto, tenga también que soportar lluvias, humedad y fuertes vientos.

En el comedor popular Santa Rosa de Vista Alegre, el agua ingresó a las viviendas. Muchas familias no cuentan con recursos para realizar reforzamientos y viven con el temor de que ocurra un terremoto y las estructuras no puedan resistir. La expresión de las dirigentes es clara: sus casas no están preparadas para enfrentar un movimiento sísmico de gran magnitud.

La educación también se vio afectada. En Rinconada Alta del Distrito de San Juan de Miraflores, los estudiantes tuvieron dificultades para acudir al colegio debido a la neblina y, después de la lluvia del domingo 16 de agosto, uno de los centros educativos paralizó el dictado de clases durante dos días porque el agua se había empozado en el local. Para estas familias, una lluvia intensa no representa solamente un problema de infraestructura: también puede significar que los niños no puedan estudiar, que las familias tengan dificultades para movilizarse y que aumenten las condiciones de humedad y presencia de mosquitos que afecten su salud.

Los testimonios muestran tres impactos concretos de un mismo fenómeno: vivienda, educación y condiciones ambientales y de salud. Pero revelan también algo más profundo: en estos barrios la lluvia y los sismos no son riesgos inconexos. Se superponen sobre viviendas y comunidades que muchas veces no cuentan con recursos suficientes para prepararse ni enfrentarlos.

Por eso, la gestión del riesgo no puede aparecer únicamente después de una emergencia. Mejorar los sistemas de drenaje, reforzar viviendas y pircas, mantener escuelas y espacios comunitarios, identificar zonas seguras y fortalecer la organización vecinal son medidas que pueden reducir el impacto de futuros eventos.

Las voces de Deassy y Julissa permiten mirar las cifras y los escenarios oficiales desde la vida cotidiana. Ellas no se refieren a escenarios hipotéticos: hablan de agua inundando sus casas, niños que dejan de asistir al colegio, mosquitos que aparecen después de la lluvia y familias que temen que sus viviendas no resistan un terremoto. Escuchar a quienes viven en estos territorios es también una forma de reconocer dónde están las mayores vulnerabilidades y qué medidas deben priorizarse antes de que ocurra una emergencia mayor.

 

desco Opina - Regional / 28 de agosto de 2026

descoCiudadano

Tan pronto, y sin pena ni gloria

 

A 23 días del mensaje inaugural de la gestión de Keiko Fujimori, el presidente de su Consejo de Ministros, Luis Galarreta, asistió a la Cámara de Diputados para la presentación de las prioridades y la política general del gobierno. Quienes esperaban que la misma estuviera acompañada del pedido de facultades extraordinarias que la mandataria anunciara como si estuviera listo, el 28 de julio, para postergarlo posteriormente unos días “por retrasos en lo que significan los nombramientos de viceministros”, tendrán que seguir esperando, no sabemos bien hasta cuándo. En sentido estricto, las debilidades, los ruidos internos del Gabinete y las reiteradas diferencias de criterio con la Presidenta, cada vez más públicos, no permitían expectativas mayores sobre su asistencia a la avenida Abancay.

Una sucesión de errores y desencuentros, así lo evidenciaban. Recordemos algunas de las señales más estruendosas. El desencuentro más grosero lo protagonizó el Ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, quien fuera Primer Ministro de Jerí, aprovechando la filtración de una carta firmada por 21 abogados, muchos de ellos próximos a la Coordinadora Republicana, anunciaba su intención de que el Lugar de la Memoria (LUM) sea trasladado a su sector, argumentando que aborda directamente la época del conflicto armado interno. Pronto, Alberto Beingolea, uno de los mejores periodistas deportivos del país, convertido en Ministro de Cultura, indicó que se trataba de una opinión personal y le respondió defendiendo la ubicación del LUM.

Por las características del personaje, ocupa el segundo lugar el Canciller y excandidato presidencial Carlos Espá, que cuando aspirante al sillón de Pizarro consideraba inaceptable que la señalada por golpista Betssy Chávez se asilara en México, aparece anunciando la autorización para que salga del país como la primera medida de su gestión. Disputando ese honor, el ministro del Interior, César Astudillo, ex comandante general del Ejército, defendió la permanencia en el cargo del Jefe de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, argumentando sus resultados en la lucha contra la delincuencia, sin percatarse, quizá, que en los primeros 18 días de su gobierno, se habían producido 105 asesinatos, 77.5% cometidos con arma de fuego.

Por su lado, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, aseguró que los vagones del tren promovido por el exalcalde y ahora candidato Rafael López Aliaga, en realidad fueron comprados por la Municipalidad de Lima, rechazando la versión que aquél y sus defensores, mantuvieron permanentemente. La Presidenta tuvo que aparecer en una red social desautorizando a su ministro y asegurando que los trenes se harán de todas maneras, precisando que se encuentran en Proinversión. Finalmente, Rey, en la misma presentación en la Cámara de Diputados, terminó de recular, indicó que fue malinterpretado y que no tiene nada en contra del principal aliado gubernamental y su soporte indispensable en el Senado, precisando que dejará los estudios y el futuro del proyecto en manos de Proinversión.

El desorden y la debilidad parecen tan significativos, que incluso Elmer Cuba, el ministro más rankeado del equipo ministerial, tuvo unas declaraciones poco felices y nada empáticas, al pedir "no exagerar por un poco de agua en la rodilla" cuando varios distritos del sur de la capital sufrían las consecuencias de una lluvia intensa, días atrás, obligando una vez más a que la propia señora K le llame la atención desde el mismo lugar de los acontecimientos. Como es obvio, la suma de éstos y varios otros sucesos, motivaron, muy pronto, críticas y comentarios duros de analistas y políticos que perciben el rápido deterioro que puede alcanzar al Ejecutivo.

Así las cosas, la presentación de Luis Galarreta, Presidente del Consejo de Ministros, que en el mejor de los casos puede ser calificada como reiteración de un diagnóstico que el país ya escuchó de labios de la señora Fujimori, estuvo llena de promesas abstractas –sin precisar mecanismos, mucho menos presupuestos viables para convertirlas en resultados tangibles–, así como de omisiones clamorosas que ponen en cuestión la composición y capacidad del equipo ministerial y su posibilidad real de llevar adelante las ofertas y compromisos anunciados por el gobierno. Como su Presidenta, no podía ser de otra forma, empezó su mensaje señalando que el gobierno encontró un Estado “desordenado y desbordado”, olvidando oportunamente, igual que aquella, que tanto el desorden como el desborde los tienen claramente entre los responsables.

Sobre esa base concentró su intervención en algunos puntos e hizo unos pocos anuncios. En materia de seguridad, fortalecer el sistema de flagrancia y ampliar el subsistema contra la extorsión a 15 distritos judiciales, penales de alta seguridad y habilitar cuarteles en desuso para aliviar las cárceles, además de devolverle capacidades operativas al Sistema de Inteligencia Nacional, en el marco de unas FF.AA. protagónicas en la materia. Frente a El Niño, anunció la instalación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo para acelerar la preparación frente a su llegada, advirtiendo que “el Estado no llegará cuando el daño ya esté hecho”, olvidando que el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, acababa de anunciar un primer paquete de 800 millones de soles para 540 puntos críticos… de los más de 1900 que existen. En el discurso hubo silencio sobre las tareas pendientes de la Autoridad Nacional de Infraestructura, creada por Dina Boluarte, supuestamente para destrabar los proyectos que tenía la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Se necesitaban 7000 millones de soles para culminar obras esenciales como el Proyecto Integral de la Cuenca del Piura, el Congreso que encabezaron aprobó menos de la mitad.

Si los problemas previos del equipo encabezado por Galarreta daban indicios de un temprano desgaste sin necesidad de la intervención de la oposición, su paso por la Cámara de Diputados ratificó esa imagen e incluso las intervenciones de sus aliados, la señora Yarrow, por ejemplo, mostraron que no se alejan mucho de la línea de flotación.

 

 

desco Opina / 21 de agosto de 2026

Junín después del temblor

 La tierra no avisa, pero deja constancia. Los sismos que remecieron Junín entre fines de julio y los primeros días de agosto no llamaron la atención por su magnitud, moderada en cualquier escala técnica, sino por el desbalance entre la energía liberada y el daño que dejaron: 6 fallecidos, más de 300 damnificados, viviendas inhabitables y un decreto supremo (el N.° 115-2026-PCM) que puso en emergencia por 60 días a Chupaca, Concepción y Huancayo, además de Huancavelica y Tayacaja. La cifra sismológica fue discreta; la social, no, y buena parte de esa distancia se explica por la profundidad, porque el movimiento se originó a unos 10 kilómetros bajo la superficie en una falla local de la cordillera que llevaba décadas quieta, y esa cercanía concentra la aceleración del suelo justo donde vive la gente.

Para tener una referencia basta mirar el terremoto de 7,4 que devastó el Chocó colombiano por esos mismos días: ocurrió a 103 kilómetros de profundidad y aun así dejó más de 130 muertos, una comparación que no consuela sino que advierte, sobre todo porque en los anexos altoandinos de Chupaca y Concepción la vivienda sigue siendo de adobe y tapial, levantada sin vigas soleras ni confinamiento y muchas veces sobre suelos humedecidos por la temporada, de modo que cuando el terreno acelera esa masa se comporta como lo que es: peso sin capacidad de tracción. El estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) ofrece el marco nacional de este problema y es demoledor: de los 6,6 millones de viviendas del país, el 71% fue autoconstruido y apenas el 3% de ellas cumple estándares adecuados, es decir, cuenta con planos, estudios de suelos y supervisión profesional.

La preocupación nacional suele quedarse en la costa, donde la fotografía del riesgo resulta más evidente, pero la sierra central carga una vulnerabilidad propia, sobre todo por las distancias entre los poblados y los centros de auxilio: los anexos rurales están lejos de las capitales distritales y la evaluación de daños demora días en llegar, los centros de salud de nivel I y las escuelas salen de servicio justo cuando se vuelven indispensables. La falta de sismos destructivos recientes instaló una sensación de exención que hoy se paga en escombros. El adobe, además, no es un capricho cultural, sino la única técnica al alcance de familias sin título ni crédito, lo que traslada el problema constructivo al terreno económico y legal.

Junín, por lo demás, tampoco termina en el Mantaro. Chanchamayo, Satipo, Pichanaqui y las cuencas que bajan hacia Oxapampa comparten departamento y presupuesto con Huancayo, aunque su riesgo tenga otra forma, porque en la ceja de selva el sismo casi nunca aparece como colapso masivo de edificaciones, sino como ladera que cede, carretera que se corta y pueblo que queda incomunicado; suelos saturados por la lluvia y un movimiento moderado que funciona como detonante de deslizamientos. Ocurre, sin embargo, que la gestión del riesgo se sigue diseñando desde la mirada de la ciudad: los mapas de microzonificación, los simulacros multipeligro y hasta los formularios de empadronamiento asumen manzanas, calles y lotes, cuando en Río Negro, en Mazamari o en las comunidades asháninkas del Ene y del Tambo, la casa es de madera y calamina, dispersa en chacra, con acceso por trocha. Que ese material resista mejor el sacudimiento no vuelve segura a la familia: el peligro simplemente se muda al camino, al puente artesanal, al talud y a la imposibilidad de sacar a un herido.

Súmese a esto una coincidencia de calendario que exige lectura política: especialistas en infraestructura hidráulica advierten sobre un fenómeno de El Niño de gran intensidad entre enero y abril de 2027. El Ejecutivo ya instaló una comisión nacional para ese escenario con 1900 puntos críticos identificados en cauces de ríos, de los cuales se priorizarían apenas 569, de modo que un territorio con laderas fracturadas por un sismo que en pocos meses recibirá precipitaciones extraordinarias no enfrenta dos amenazas sucesivas, sino una sola encadenada. Mientras tanto, el decreto de emergencia contempla una línea que pasó casi inadvertida: las acciones se financian con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin recursos adicionales del Tesoro Público, así que regiones y municipios deberán reasignar lo que ya tenían. Para distritos con equipos técnicos mínimos y ejecución presupuestal históricamente baja, la declaratoria opera entonces como una habilitación administrativa antes que como respaldo financiero, sirve para comprar rápido y recibir donaciones, no para reconstruir. Ahí está, en el fondo, el punto débil del modelo, la respuesta está razonablemente normada, pero la prevención sigue repartida entre entidades que no se hablan, se declara la emergencia después del daño, se reparten calaminas y colchones, se firma un acta y el ciclo se cierra hasta el siguiente temblor, mientras que la reconstrucción choca con trabas que ningún decreto resuelve solo.

Sin título saneado no hay bono de vivienda ni crédito, así que el damnificado vuelve a levantar lo mismo, con los mismos materiales y en el mismo terreno, en un país donde el 73% de las viviendas se edificó sin licencia y solo el 4% recibió alguna sanción. A eso se suman las fajas marginales y las laderas inestables que siguen ocupadas porque no existe oferta de suelo seguro donde reubicar a las familias; mientras los fake news hacen lo suyo provocando alarma en la población ante la ausencia de información oficial.

Detrás de todo esto sigue el asunto mayor: frente a la costa central persiste una zona de acoplamiento que no libera energía desde 1746, con escenarios técnicos que proyectan un evento cercano a 8,8 grados y simulaciones oficiales que hablan de decenas de miles de fallecidos y medio millón de edificaciones destruidas, casi todo en Lima. Allí asoma la paradoja que la sierra y la selva central conocen de memoria: cuando llegue ese día, el aparato estatal se volcará entero hacia la capital y las regiones que hoy reciben atención tardía dejarán de recibirla.

Por eso la mirada desde Junín, Huancavelica y Pasco no puede ser la del espectador. La resiliencia del centro del país no vendrá en brigadas enviadas desde Lima, sino de la capacidad instalada aquí, con equipos técnicos permanentes en los gobiernos regionales, municipios que fiscalicen antes de que se levante el muro, universidades locales produciendo estudios de suelos y comunidades preparadas para sostenerse solas durante las primeras setenta y dos horas. Anticiparse, en este caso, es una condición de supervivencia.

 

 

desco Opina – Regional / 14 de agosto de 2026

descocentro 

Keiko y las Fuerzas Armadas

 

Uno de los anuncios más comentados de Keiko Fujimori que, además, está en el centro mismo de su pedido de facultades legislativas al Congreso, es el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y el transporte público para reforzar la seguridad ciudadana, en coordinación con la Policía Nacional. La medida también incluye apoyo militar en penales y operativos en zonas críticas como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Los supuestos resultados serían una presencia rápida y contundente del Estado en los espacios públicos y el transporte, una mayor capacidad de respuesta frente a delitos violentos y crimen organizado, así como una disuasión simbólica en la medida que la presencia militar puede generar sensación de control y orden.

Como no podía ser de otra manera, las críticas surgieron inmediatamente. Mejor dicho, volvieron a producirse porque son las mismas que vienen dándose desde hace un buen tiempo. Entre ellas, el desplazamiento del rol policial y que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para labores de seguridad ciudadana cotidiana; los posibles abusos contra los derechos humanos; la normalización de los estados de emergencia, cuando constitucionalmente aquellos se definen como una medida excepcional; el efecto limitado que tiene en las causas estructurales de la inseguridad, como la pobreza, la corrupción policial, la falta de justicia rápida, entre otras.

Pero, pareciera que las reacciones no son las mismas frente a la posible militarización y eventual privatización de los establecimientos penales. Sobre el tema, no existe un tratado internacional único y específico que prohíba de manera absoluta la militarización de los establecimientos penales, pero sí hay marcos normativos internacionales que limitan y regulan esa práctica, porque los penales deben ser gestionados bajo un enfoque civil y de derechos humanos.

El Perú suscribió las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, también conocidas como Reglas Nelson Mandela, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2015. Estas reglas establecen estándares mínimos para el tratamiento de las personas privadas de libertad y buscan garantizar su dignidad y derechos humanos y, en ese sentido, establecen que la administración penitenciaria debe estar a cargo de personal civil especializado, lo que hace que la presencia militar solo puede ser excepcional y temporal, nunca como sustituto permanente del personal penitenciario.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido en el 2022 sobre la obligatoriedad del cumplimiento de estas normas por parte del Estado peruano, lo que además, concuerda con lo expresado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (ONU, 1990), informes varios del Comité contra la Tortura (CAT, ONU), y otros instrumentos.

En adición, hay que entender que la privatización de establecimientos penales no es simplemente adecuar los procedimientos a las denominadas asociaciones público-privadas. Algo como lo que se propone estaría en contra de la Constitución, del Código de Ejecución Penal y de los principios de dignidad y reserva estatal. El Estado puede contratar servicios auxiliares (alimentación, salud, infraestructura), pero no puede privatizar la administración ni la seguridad penitenciaria.

Estas cuestiones, además de las contradicciones normativas y la confusión de funciones que muestran, pueden ser reveladoras de un asunto que el Estado peruano no puede resolver: qué hacer con el presupuesto destinado al sector Defensa.

Desde los años 90, a los países latinoamericanos les ha resultado cada vez más difícil aceptar altos gastos en Fuerzas Armadas por varias razones estructurales entre las que resaltaba el fin de la bipolaridad global y, en nuestro caso, la solución definitiva de las fronteras con los países vecinos, que redujo la presión geopolítica que justificaba grandes ejércitos. De otro lado, los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) empezaron a recomendar la reducción del gasto militar y el aumento del gasto social: los programas de ajuste estructural exigieron recortes en presupuestos militares para priorizar educación, salud y reducción de la pobreza, convirtiéndose en un criterio de “buena gobernanza” para acceder a créditos y cooperación. Asimismo, la ONU y la OEA impulsaron la idea de que la seguridad debía ser civil y democrática, y la militarización de funciones internas fue vista como un retroceso frente a los compromisos de democratización.

Sin embargo, el importante poder político que han mantenido los militares en nuestro continente, así como el despliegue constante de la estrategia neoconservadora tras el 11-S, significó el retorno de la concepción clásica de seguridad nacional basada en las políticas de fuerza, ahora con “otros enemigos”: los terroristas, los narcotraficantes, el crimen organizado. En este escenario, la reconversión militar eternamente inacabada es uno de sus procesos que, al parecer, estará perpetuamente en curso y esto tiene su expresión presupuestal.

De esta manera, que en el Ministerio de Defensa hayan designado a una persona que no debe tener una idea más o menos certera sobre qué hacer allí y que en el Ministerio del Interior tengamos al general César Astudillo, quien se desempeñó como comandante general del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, resulta sorprendente. ¿Es la forma como se militarizará la seguridad, es decir, sin intentar la coordinación entre las fuerzas públicas, sino imponiendo sin más la conducción castrense a una función que, por lo demás, no le compete?

 

desco Opina / 7 de agosto de 2026

Déjà vu

 

Aunque no se refirió a su padre en ningún momento, lo que expuso el 28 de julio Keiko Fujimori buscaba ser su calco y copia. Repetir lo que, seguramente, sus análisis internos le reafirman que fueron los pilares de la popularidad fujimorista de los 90, como la insistencia en infraestructura o hacer “funcional” al Estado, adelgazando su burocracia y centralizando las decisiones para “combatir la pobreza”, especialmente en las zonas rurales, sin importarle a ella y a sus asesores el que la pobreza haya cambiado de rostro y su crecimiento es ahora considerablemente mayor en las ciudades.

De esta manera, la referencia previa al Estado catastrófico puede no remitirnos a los gobiernos anteriores, menos aún a las responsabilidades directas que le tocan, sino generar artificialmente las sensaciones pesimistas precedentes al inicio del gobierno de su padre, y desde las cuales el fujimorismo levantó el relato fantasioso de sus superpoderes.

Los esfuerzos oficialistas, por ahora, se dirigen a reactivar discursivamente el mito del origen –el relato del “Estado en ruinas” que permite a Keiko inscribirse en la misma épica de reconstrucción–, para sumar una legitimidad por analogía: si su padre “salvó” al Perú en los 90, ella se presenta como quien puede repetir esa hazaña en el presente.

Es la tónica que prevaleció en todo su discurso. Dijo que resolvería los problemas identificados, por ejemplo, en inseguridad ciudadana, “con decisión y energía”; aunque muy a flor de piel, sin explicitarse, está el hecho de que los fujimoristas han sido parte sustancial en la formación de la delicada situación en la que nos encontramos, manteniendo vigente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), auspiciando las leyes procrimen, el desmantelamiento de lo poco que teníamos para garantizar los derechos humanos, la amnistía para acusados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos, la activación del fuero militar-policial; todo lo que contrasta con su rebuscada escenografía para asegurarnos que no va a tolerar inconductas de policías o militares.

También en la declarada intención de centralizar y concentrar las decisiones del Estado, como su padre. Específicamente, la gestión de las acciones ante el Fenómeno de El Niño –y también la inseguridad ciudadana– serán desde y por el Ejecutivo. Para ambos casos, ha pedido facultades legislativas y la pregunta obvia salta a la vista, ¿serán como los paquetes legislativos de 1991 y 1992?

Keiko habló como si recién hubiese llegado a la política, como si estuviéramos en 1990. Pero, no es una figura nueva. Al contrario, es la referencia emblemática de la nauseabunda política peruana. ¿Sería por eso que no sintió la necesidad de pedir perdón, ni por su padre, ni por ella misma? Era lo mínimo que esperábamos los ingenuos que creíamos en el milagro de que había un mínimo de vocación para el cambio.

Tampoco sintió la necesidad de plantearnos su estrategia contra la corrupción, uno de los principales problemas para la población peruana. Aun menos sintió la necesidad de convocar a la participación ciudadana y a las autoridades locales y regionales. En el mejor de los casos, serán engranajes operativos de lo que decida el Ejecutivo, como en 1994, cuando la activación política del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) fue decisiva para realinear conciencias políticas, permitiendo el barrido electoral de 1995.

No tendrá esa tecnocracia que su padre encontró en el camino, algo que se evidencia a borbotones en la composición de su Gabinete, en el que resultan aceptables un par de nombres, pero no más. A ello se suma que su bancada parlamentaria, conformada con algunos de los muchachos y muchachas reciclados del ayer, darán muestra de mucha maña y criollada, pero sin una agenda política que guíe su acción. No entiende que el “terruquismo” y el “caviarismo” ya agotaron su eficacia, si es que alguna vez la tuvieron.

A favor tendrá una cuadrilla de autoridades subnacionales siempre dispuesta a negociar lo que sea; las organizaciones sociales casi desaparecidas, la práctica destrucción de la institucionalidad pública, con su correlato en el fortalecimiento de una gobernabilidad directa, vertical y sin intermediación.

En este escenario, por ahora, podrían ponerse en debate los roles que querrán cumplir los grandes empresarios financieros y extractivistas, así como los mandos de las Fuerzas Armadas. En lo que no hay duda es que no serán los que se asignaron en los años 90.

 

desco Opina Regional / 31 de julio de 2026

Urgencias de un fujimorismo sin Fujimori

 

La victoria electoral de Keiko Fujimori abre una nueva etapa política. Como ocurre con todo gobierno que inicia su mandato, las primeras semanas están marcadas por los gestos simbólicos sobre prioridades, las expectativas y las definiciones. Una lectura comparada entre los ofrecimientos de campaña, el contenido de su plan de gobierno y las urgencias objetivas que enfrenta el país deja al descubierto vacíos e incoherencias difíciles de ignorar.

Resulta sorprendente que el discurso de Fuerza Popular siga concentrándose en defender el modelo económico y la Constitución como si fueran las grandes disputas nacionales en curso. En realidad, las urgencias del Perú son hoy distintas. El desafío principal consiste en construir un Estado que funcione para todos y todas y sea capaz de enfrentar al crimen organizado, controlar la minería ilegal, reducir la corrupción y ejecutar infraestructura de calidad. También mantener en funcionamiento exitoso, pero no abusivo a las grandes inversiones nacionales y extranjeras. Pero, por encima de todo ello, está no llegar demasiado tarde a las consecuencias del fenómeno de El Niño de gran magnitud, proyectado hasta mediados del año 2027. El escenario climático debiera ser prioritario.

Estamos tarde, una vez más, para atender territorios históricamente abandonados como el sur andino y la Amazonía. Ninguno de estos problemas se resuelve invocando las reformas de los años noventa. El país requiere otras respuestas de parte del gobierno entrante.

La prevención de desastres, el reforzamiento de infraestructura crítica, la protección de nuestras ciudades, carreteras y sistemas de riego en el norte del país, así como la coordinación entre niveles de gobierno, requieren un Estado con capacidad de planificación, inversión y presencia territorial que no existe para enfrentar un fenómeno de esta magnitud: un aparato público capaz de anticiparse a la emergencia, coordinar recursos y liderar la respuesta nacional. Primero en el norte, donde ya empezó a llover y luego, muy pronto, en un sur sediento.

La sequía, la fragilidad de la economía rural, las brechas de infraestructura y la persistente sensación de abandono es una realidad que se omite mencionar en relación con lo que espera el sur andino de un gobierno democrático. No es un tema que pueda resolverse únicamente mediante incentivos al mercado o anuncios de inversión pública. La presencia del Estado continúa siendo insustituible. Sin una estrategia nacional de desarrollo territorial, difícilmente podrá cerrarse la distancia entre Lima y las regiones más vulnerables que demandan fortalecer los gobiernos regionales y reducir las profundas desigualdades que el crecimiento económico no ha logrado corregir por sí solo.

Las respuestas conocidas y desgastadas respecto a la seguridad ciudadana constituyen otro terreno donde la magnitud del problema demanda cambios que no debieran ser la militarización del país. Las extorsiones, el sicariato, las economías ilegales y la penetración del crimen organizado han transformado la naturaleza de la violencia. Si bien la demanda social por firmeza es comprensible –el incremento de penas, la militarización del país o el endurecimiento del discurso–, no reemplazan la necesidad de reformar los sistemas de inteligencia, investigación criminal, control financiero y administración de justicia. Del mismo modo, la corrupción generalizada –que atraviesa distintos niveles del Estado y del sistema político– exige reformas institucionales profundas, mecanismos efectivos de transparencia y una voluntad política que vaya más allá de las declaraciones.

El fujimorismo de los noventa se embarcó con el mundo marcado por el triunfo de la globalización, el consenso de Washington y la hegemonía de Estados Unidos. Treinta y cinco años después el escenario internacional es otro. Hoy predominan la competencia entre China y Estados Unidos, la fragmentación del comercio internacional, la transición energética, la inteligencia artificial y una crisis climática que obliga a los Estados a desarrollar capacidades de prevención y planificación como preocupación política cada vez más importante.

Quizá por eso el mayor desafío del fujimorismo sea precisamente sobrevivir a Alberto Fujimori: comprender que las circunstancias históricas han cambiado y construir respuestas nuevas. Mientras ello no ocurra, el riesgo será que Fuerza Popular continúe ofreciendo soluciones para un país que ya no existe. Y esa es, probablemente, la mayor debilidad de su propuesta política actual. Paradójicamente, la mejor manera de Keiko de ser fiel a Fujimori sería dejar de repetir las respuestas que él mismo dio hace más de tres décadas.

Frente a este escenario, la oposición enfrenta igualmente un desafío. Reducir su papel a una estrategia de confrontación permanente en el Congreso o apostar exclusivamente por la movilización ciudadana, podría terminar fortaleciendo la polarización que ha caracterizado al país los últimos años. Renunciar al control político y a la fiscalización tampoco contribuiría al fortalecimiento democrático que demanda temas importantes como la justicia ante los asesinatos del gobierno de Dina Boluarte, protegida por las fuerzas políticas que hoy sostienen a Keiko Fujimori.

 

desco Opina / 24 de julio de 2026