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Puerto Bermúdez, tensiones y decisiones



Hace poco menos de un año, el Jurado Nacional de Elecciones anuló el proceso electoral en el distrito de Puerto Bermúdez. Las movilizaciones populares que arremetieron contra las ánforas de sufragio y las denuncias de fraude a favor de la reelección de la alcaldesa lograron su cometido. Desde entonces, y a pesar de que se convocó a un nuevo proceso, las tensiones políticas locales no han terminado de ceder.
En este tiempo, la sociedad civil se ha enfrentado a las decisiones del JNE de reponer a la citada alcaldesa acusada de corrupción, y ha logrado que la mencionada autoridad solicite vacaciones por el tiempo que, supuestamente, le correspondía retomar el ejercicio de sus funciones. Más adelante, ella señalaría que no era su intención solicitar vacaciones, pero se vio presionada por las masas, que la arrinconaron en una plaza pública obligándola a ello; triste desenlace para un movimiento regional –Pasco Verde– que, aparentemente, tenía un buen posicionamiento entre las comunidades nativas y ha logrado colocar a varios alcaldes distritales, así como al provincial.
El nuevo proceso electoral en Puerto Bermúdez ha sido convocado para el 5 de julio próximo, y todos los grupos políticos que se sienten en capacidad de acceder al cargo, han actualizado sus propuestas y sus listas de candidatos. Sin embargo, la desazón ciudadana habría sentenciado a quienes en teoría deberían ser sus verdaderos representantes, los candidatos ashánincas, que pertenecen a la etnia de la mayoría electoral. En los dos últimos períodos municipales, los alcaldes ashánincas han sido enjuiciados y hasta encarcelados por sendos delitos de malversación de fondos y corrupción. Las denuncias, procesos judiciales y encarcelamientos, afectaron también a los regidores y a los equipos técnicos municipales. 
Si en los dos períodos mencionados, las autoridades municipales elegidas han sido ashánincas, su desprestigio ha favorecido a grupos de descendientes de migrantes andinos cuyos candidatos pertenecen a las filas de Somos Perú y Fuerza Popular (fujimorismo) y son hoy los de mayor opción. Lo cierto es que la población está cansada de que los representantes de la etnia mayoritaria terminen sus períodos en medio de serias acusaciones de corrupción, en la cárcel o escondiéndose de la justicia. Lo contradictorio del asunto es que las organizaciones nativas vienen promoviendo que los líderes nativos tengan una mayor presencia en la política local para tomar decisiones sobre los territorios que ancestralmente les pertenecieron. 
Existen desde luego líderes nativos de mucha integridad moral, pero de escasa preparación técnica y política para ejercer cargos de dirección, lo que al parecer incidirá decisivamente en los resultados de las próximas elecciones municipales, aun cuando la idoneidad y honestidad de los candidatos actualmente con mayor opción estén por demostrarse. Cuando el liderazgo no posee buen equipo de gobierno los errores en la gestión son frecuentes e inevitables. El caso de Puerto Bermúdez es similar a lo que ocurre en gran parte de la selva y del territorio nacional; la poca formación política y técnica de los liderazgos locales limita a personalidades con mucha vocación de servicio y compromiso con sus vecinos, y las restringe a ejercer cargos de nivel comunal y sus potencialidades de atracción de votos son utilizadas por grupos políticos integrados por personas de prácticas más avezadas. En un contexto pre electoral de alcance nacional –elecciones presidenciales y al Congreso– las ingenuidades locales ya están siendo seducidas para embarcarse en apostar y acompañar a grupos y candidaturas de alcance nacional.
Es casi seguro que quienes salgan elegidos en este proceso municipal, tendrán que abordar no sólo sus eventuales déficits en capacidades de gestión, sino también, los diferentes intereses y demandas que existen entre los migrantes y los nativos, fruto de sus condiciones de vida y de sus propias visiones de desarrollo; tarea nada fácil que seguramente no se verá exenta de nuevas movilizaciones y enfrentamientos locales.

desco Opina - Regional / 26 de junio de 2015
Programa Selva Central
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Atisbando el 2016 desde el paro nacional



La política peruana de estos días evidencia una vez más la falta de iniciativa de los representantes elegidos por reafirmar su legitimidad como actores ante la ciudadanía que los eligió. Al iniciarse ya la etapa final de este gobierno, más allá de las cantadas candidaturas presidenciales al 2016 de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y tal vez Alan García y Alejandro Toledo, las demás son especulaciones menores que barajan nombres como el del exministro del Interior, Daniel Urresti, y varios autoproclamados outsiders.
Al gobierno, más que conseguir aires para cualquier nueva iniciativa en este proceso lo que le corresponde es organizar su retirada, es decir tratar de amarrar una salida lo más segura posible que le permita al nacionalismo defender a sus líderes ante lo que pueda traer el nuevo gobierno y la nueva correlación de fuerzas políticas que se instale en el país en julio del próximo año.
El escenario parlamentario, visto desde los intereses de los «candidatos del 2016» interesa más, en métodos prácticos, para bosquejar los términos de lo que será el presupuesto que se formule para el próximo año, de manera tal que les permita más adelante proceder a un manejo y reorientación acorde a sus intereses específicos. En lo grueso, las principales opciones para la casi totalidad de los parlamentarios de hoy solamente se diferencian en matices en cuanto al manejo macroeconómico, pero pueden saltar algunas diferencias mayores si se profundiza en el análisis sectorial. Lo demás será tratar de hacer populismo pensando en su continuidad como congresistas.
La crisis de los partidos y su visión nacional es difícil y debe alarmar no solamente a sus propios seguidores, sino a todos los que creemos en el sistema democrático y lo patrocinamos. Esto es particularmente evidente entre quienes constituyen ese tercio del electorado que normalmente se sitúa a la izquierda del espectro político y que hoy aparece tan fraccionado como lo ha acostumbrado en los últimos 25 años, para no remontarnos más atrás, marcado por condiciones sumamente «limeñas» de sus cabezas o pequeños líderes. La izquierda se sigue debatiendo entre la necesidad de organizarse para construir un instrumento de lucha política o desarrollar un espacio de organización y representación.
Si bien en estas semanas se perciben distintos intentos de un lento proceso de recomposición, es claro también que el sector más progresista de la ciudadanía demanda, dentro de su pasividad, se logre organizar «algo» que de alguna manera pueda aparecer como una opción atractiva para atender la necesidad de una representación política, con criterios más o menos institucionales. La mayoría de quienes hoy se presentan ante la opinión pública, más que movimientos o iniciativas, son barruntos que no se están acomodando dentro de la institucionalidad con bases y estrategias sólidas y miran hacia adentro de sus historias, y no hacia las mayorías nacionales y sus requerimientos de representación y liderazgo.
La convocatoria al paro nacional del 9 de julio puede convertirse en una interesante oportunidad para darle un sentido común a este proceso cada vez más centrado en las elecciones nacionales del 2016. Y es que será, una vez más, un momento que aglutine una larga lista de reivindicaciones, quejas, protestas y demandas de múltiples grupos y organizaciones sociales, de trabajadores, mujeres, jóvenes, intelectuales y otros que no se sienten representados por los candidatos del orden neoliberal. Pero también es claro que el paro nacional no resuelve los problemas de organización de las agrupaciones de izquierda o de quienes «militantemente» votan por el cambio o en contra del modelo neoliberal que se nos ha impuesto en medio de condiciones muy agresivas desde la derecha económica y el manejo mediático de grupos como El Comercio.
Esto lleva a una imperiosa necesidad de redefinición de cómo se entiende la participación política, la representación social y la concertación de intereses comunes de amplio giro, que lamentablemente no va a surgir desde dentro de los partidos políticos que demostraron tener representación nacional hasta no hace mucho y que han perdido vigencia. La organización y modernización de la izquierda probablemente llegue desde fuera y no de la competencia desgastante de pequeños grupos brindando un espectáculo poco alentador. Ojala el proceso mismo del paro nacional sea una oportunidad para entender qué esperan las mayorías nacionales y cómo sintonizar con sus demandas de representación política, sin caer en la ilusión de los años 80 de creer que un paro contundente podía reflejarse automáticamente en resultados electorales exitosos.

desco Opina / 19 de junio de 2015
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Tía María: la mecha del caldero



Un día antes del último paro regional convocado en Arequipa contra el proyecto Tía María, el gobierno nacional publicó una resolución suprema, autorizando hasta el 24 de junio la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Esta decisión fue motivada por el apoyo de los departamentos del sur a la protesta de los pobladores de Cocachacra, siendo también una advertencia para estas zonas, donde se localizan varios de los principales yacimientos mineros del país y donde bulle el descontento social.
En el sur no se necesita un Pepe Julio que amenace con incendiar Troya negociando protestas legítimas con el empresariado minero. Esta protesta ha demostrado que existe una masa que reprocha la imposición de un proyecto minero y el olvido gubernamental de sus localidades. Sin embargo, el lado peligroso del asunto es que el movimiento social no tiene una conducción política clara, tal cual se ha evidenciado durante el primer paro, en especial en Arequipa, donde se vio a pequeños grupos de personas desplegados por toda la ciudad, dispuestos a tirar piedras a mansalva. La desarticulación del movimiento fue notoria pues ni los «líderes sociales» que comprometieron a los suyos a la paralización, ni las autoridades locales, pudieron controlar el desborde. Por ello, ante su error de lectura del contexto social, el gobierno nacional tomó la peor decisión: militarizar el sur.
La desconfianza no sólo es un problema comunicacional, como cree Southern Peru, que el fin de semana presentó en diferentes medios de comunicación su centro de información, sino de credenciales.  Y la licencia social no se impone a la fuerza, como trata de hacer el gobierno, que se ha cerrado contra la posibilidad de que un tercero analice el estudio de impacto ambiental; tampoco lo logrará amedrentando a las autoridades subnacionales, sino trabajando con ellos como sus aliados, articulando los distintos niveles del Estado.
El conflicto de Tía María está dando lecciones al gobierno, el empresariado y a la clase política, y es muy importante aprender de ellas, especialmente la necesidad de actuar a tiempo para evitar la crisis, pues eso puede volver a ocurrir en Puno y Apurímac, donde se está caldeando el ambiente (en Arequipa todavía estamos en tensa calma).
Este es, por ejemplo, el caso en la Cuenca del Ramis, (Puno), donde se viene una paralización, en protesta por  el retraso del gobierno nacional en los proyectos de remediación de los estragos causados por la minería informal. Apurímac, según la Defensoría del Pueblo, es el departamento con mayores conflictos de tipo socioambiental vinculados a la explotación minera. En Cocachacra hay una calma superficial, porque el conflicto ha quedado en pausa con el estado de emergencia, con protestantes sin líderes visibles que tomen la posta dejada por los líderes cuestionados, y sin muchas posibilidades de desarrollar un real proceso de concertación en el sentido que espera el gobierno nacional y la empresa, es decir, la continuación del proyecto. Todo ello es, en último término, consecuencia de las acciones de la empresa y del mismo gobierno, no sólo ante el desencadenamiento de la reciente huelga en el valle de Tambo, sino también, por la forma en que condujeron el proceso de presentación del EIA en la zona hace dos años.
Sin embargo, y tratando de convertir esta crisis en una oportunidad, la situación abre la posibilidad para que distintos actores políticos y sociales puedan poner en discusión elementos clave para soluciones de fondo y de largo aliento: La gobernanza de las industrias extractivas, la política de gestión de conflictos, la formación de liderazgos, la crisis de los partidos, así como la sostenibilidad del modelo económico vigente. Antes que salidas coyunturales y referidas a un caso específico, el país necesita tener alternativas que enfrenten el problema desde sus raíces.

desco Opina - Regional / 12 de junio de 2015
Programa Regional Sur
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Palazos de ciego



La ingravidez es la experiencia de personas y objetos durante la caída libre. También de países como el nuestro, en donde pareciera haberse extinguido la política, en medio de una rápida desaceleración del crecimiento económico y la multiplicación de los conflictos sociales que, en sí mismos, no debieran ser problemas, sino datos de la realidad.
Sin embargo, sí es problema que el gobierno no muestre aptitud alguna para conducir la economía y los conflictos sociales sino a buen puerto, al menos a refugios temporales que permitan asegurar el menor daño posible. Simplemente, hace tiempo agotó su capacidad de reacción, si alguna vez la tuvo, y solo parece esperar que el sueño de la gran transformación convertido en pesadilla, termine lo más pronto posible.
Próximos a la sensación de ingobernabilidad, surgen especulaciones acerca de ollantazos y vacancias que no prosperan solamente porque si al gobierno le va muy mal, a la oposición le va peor. Unos paralizados porque a cada intento de movimiento salta la pus por todos sus costados y otros –las izquierdas– porque les cuesta reaprender a hacer política.
Pero, no confundamos el zafarrancho de combate con inmovilismo. En estos casos, sucede algo más delicado: los movimientos reflejos que ilusionan al moribundo con la vitalidad. Uno de ellos, sintomático, ha sido el denominador común de todos nuestros gobiernos en los últimos 35 años, luego de «re-inaugurar» nuestra democracia en 1980: el agente extranjero que subvierte el orden por intereses que no son los de la patria.
Belaunde buscó insistentemente europeos del este en Ayacucho. Al no encontrarlos se consoló con las franelas rojas que usaba la ONG Centro Labor, en Pasco, para limpiar de polvo a las obras de Mariátegui que tenía en sus anaqueles, pruebas indubitables de lucha armada y terrorismo para el segundo belaundismo. García envió a Rómulo León Alegría –nada menos– a Puno, en 1986, para acusar a los partidos de izquierda de «acceder a fondos de la cooperación internacional  para subvencionar la lucha armada».
La SECTI de Fujimori nos mostraría un rosario de estas situaciones, especialmente con las organizaciones de derechos humanos (recordemos su proyecto para limitar el sueldo de los profesionales de ONG a 2 o 3 sueldos mínimos vitales); con Toledo destacó su congresista Celina Palomino, y García, nuevamente, amagó varios intentos especialmente luego de Bagua.
Este recurso tan gastado y evidentemente efectista, vuelve a ser utilizado por el gobierno actual, alucinando que es una de las medidas que debe tomar para controlar los denominados conflictos socio-ambientales. El 25 de mayo, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) anunció que había conformado grupos de trabajo que viajarían a las regiones con «altos índices de conflictos sociales» con el objetivo de supervisar los proyectos ejecutados por las organizaciones no gubernamentales (ONG) de desarrollo.
Advirtió que quedarían fuera del registro de esta entidad las ONG y las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Internacional (ENIEX) que no hayan sometido a supervisión el uso que le dan a los recursos que reciben de la cooperación internacional, y aquellas que no hayan presentado la Declaración del Informe Anual de Actividades y un Plan Anual de Actividades para el año de inicio. Más aun, la directora ejecutiva de APCI, Rosa Herrera Costa, invocó a la ciudadanía que apoye esta acción planteando sus denuncias vía telefónica o electrónica. Es hasta cierto punto explicable que políticos y autoridades en busca de chivos expiatorios elijan una vez más como blanco a las ONG, pero esa actitud es inaceptable e inexcusable en un organismo especializado como APCI, que conoce muy bien a estas instituciones.
Frente a ello, como señala el comunicado de la Asociación Nacional de Centros (ANC), el gobierno debe recordar que en el Perú existe un clima de alta conflictividad social que no es responsabilidad de las ONG, e intentar buscar culpables, impide entender la profundidad del problema y conduce a falsas soluciones.
Continúa: «Los conflictos revelan un serio problema de falta de legitimidad de las instituciones del Estado, que debe corregirse a fin de que los ciudadanos puedan canalizar sus demandas y preocupaciones a través de ellas». Ojalá se tenga en cuenta esto.
El problema no es Grufides, la Red Muqui o Coperacción; es un Estado que en más de una década no pudo construir un aparato mínimo para gestionar adecuadamente los conflictos, bajo el imperio de la ley. En esta materia, no podrá negarse la importante colaboración de la cooperación internacional, que solo la desidia de los últimos gobiernos evitó que se expresara en mejores intervenciones. Sería necesaria una clara y contundente rendición de cuentas en este sentido y dejar de lado el cansino y periódico señalamiento a las ONG que, hasta donde se conoce, jamás ha terminado en denuncias concretas y probadas de instituciones promoviendo conflictos o fomentando la violencia.

desco Opina / 5 de junio de 2015
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