Aún lejos de la equidad

 

A semejanza de lo evidenciado en otros ámbitos, las condiciones favorables para que el ejercicio de los derechos de mujeres y niñas de nuestro país sea efectivamente garantizado, no van a producirse desarrollando solamente una buena legislación al respecto.

Es ampliamente reconocido que, en las últimas décadas, la igualdad de género en el Perú ha avanzado en varias dimensiones como, por ejemplo, la educación en todos sus niveles y su mayor inclusión en el mercado laboral: cerca de seis de cada diez mujeres tienen un empleo, una cifra superior a la media latinoamericana.

Aun así, hay grandes desafíos por superar. Como en todos los países, hombres y mujeres no comparten por igual las actividades laborales remuneradas y no remuneradas. Así, si uno de los cambios más importantes en el mercado laboral en las últimas décadas ha sido la disminución en las brechas de participación laboral entre mujeres y hombres, debido al incremento de la participación de las mujeres y en particular, de las mujeres casadas, esto no ha sido suficiente para equiparar su situación con la de los hombres.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dejó constancia que las mujeres peruanas trabajan 9 horas con 15 minutos más que los hombres. Además, en promedio, las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres al trabajo doméstico; así, mientras los hombres dedican 15 horas con 54 minutos a la semana a actividades no remuneradas, las mujeres destinan 39 horas con 28 minutos, es decir 23 horas con 34 minutos más que los hombres. En cambio, los hombres dedican en promedio más tiempo al trabajo remunerado que las mujeres, siendo la brecha de 14 horas con 19 minutos.

Por otro lado, al año 2020, el 36,0% de las mujeres de 14 y más años de edad no tenían ingresos propios, siendo esta proporción 1,8 veces mayor que la de los hombres (19,7%). En esa línea, la brecha más significativa se presentaba en las mujeres del área rural, donde 33,6% de ellas no tenían ingresos propios, mientras que, en el caso de los hombres, era el 11,4%.

La falta de autonomía económica implica ausencia de ingresos propios y determina una mayor pobreza individual. Los perceptores de ingresos propios, con frecuencia tienen mayor poder de decisión sobre el destino que dan a sus ingresos, mayores posibilidades de reservar parte de su dinero para gastos individuales y mejores posibilidades de enfrentar su manutención, especialmente si hay cambios en la conformación familiar de origen.

En suma, en promedio, durante los últimos 10 años, el ingreso promedio mensual de la mujer peruana ha sido menor en 33,5% al de los hombres.

Incluso cuando trabajan por una remuneración, las mujeres peruanas tienden a estar sobrerrepresentadas en el sector informal que, en nuestro caso, es relativamente grande, lo que crea una barrera que les impide acceder a trabajos más productivos, mejor pagados y de mejor calidad. Con un 75%, la tasa de empleo informal de las mujeres trabajadoras es significativamente más alta en el Perú que en el resto de América Latina.

Al mismo tiempo, es más probable que las trabajadoras perciban un ingreso bajo y menos factible que asciendan a puestos gerenciales. Además, es mucho menos probable que las niñas estudien en los campos más lucrativos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

¿Qué debe hacerse? Seguramente, cosas que son del conocimiento general pero que nunca se han colocado entre las prioridades de los gobernantes como garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y todas, proporcionando apoyo adicional a niñas vulnerables y madres adolescentes, y recompensando los beneficios de completar los estudios.

Además, se requiere implementar una política de promoción al acceso de las mujeres a roles de liderazgos y gerenciales; proporcionar incentivos en el mercado laboral formal para la atracción de trabajadoras; apoyar las iniciativas empresariales de las mujeres, facilitándoles la formalización y el acceso a servicios indispensables para la sostenibilidad del emprendimiento que llevan a cabo.

 

desco Opina - Regional / 24 de noviembre de 2023

descoCiudadano

La recesión y el lado oscuro de la luna

La recesión tomó forma de manera oficial y se convierte en el principal dato económico del año. Aun cuando se acepte lo que parece haber sido obvio, al menos desde mediados de año, no deja de ser un asunto desconcertante.

Para empezar, apenas un año atrás no era algo que estuviera en los cálculos de nadie que formara parte de los oráculos económicos. Hacia 2022, se señalaba que Perú constituía un caso especial, ya que pese a los constantes cambios políticos y tensiones sin resolver entre el Ejecutivo y el Legislativo, era visto como un ejemplo de éxito y estabilidad, en medio de la incertidumbre que empezaba a cernirse sobre las economías latinoamericanas.

Por entonces, según el Banco Central de Reserva de Perú, el PBI del país había crecido en 2021 un 13,2%, lo que significó su recuperación al nivel de prepandemia mucho antes de lo que habían pronosticado los expertos, habiendo crecido muy por encima de la media latinoamericana.

Pese a ello, ya estaban acumulándose cuestiones preocupantes. El PBI sumaba ocho meses consecutivos de desaceleración y las previsiones del BCR para el 2022 eran bastante modestas. Por otro lado, si bien la inversión extranjera no cayó, todo parecía indicar que iba a suceder, no tanto por las inestabilidades internas, como justificaban la situación algunos analistas nacionales, sino por el creciente impacto que ejercía un panorama internacional cada vez más incierto, sobre todo por la manera como fue evolucionando la inflación, que ya alcanzaba en todo el mundo desarrollado, niveles no vistos en décadas.

Asimismo, el sector minero –12,2% del PBI– experimentó un crecimiento estimado interanual de 9,6% en 2021 pero, nuevamente, esa cifra respondía en gran medida al enorme bache del año anterior y entre enero y noviembre de 2021, en realidad, la producción minera fue 5% inferior a la del mismo periodo de 2019. En un contexto de alza del precio de los metales, con la cotización del cobre en los mercados internacionales en niveles récord, muchos observadores temieron que el país estuviera perdiendo la oportunidad que suponía la tendencia mundial a buscar energías alternativas a los combustibles fósiles, para las que se requieren minerales que abundan en Perú.

Un informe del Instituto Peruano de Economía atribuyó el bajo desempeño del sector, a la "intensificación de los conflictos sociales y al agotamiento de recursos minerales en algunas zonas, ante el retraso de nuevas inversiones".

Iniciado el presente año, las cosas fueron para peor. En febrero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que la performance de las economías del mundo había dejado mucho que desear en el 2022, pero anunciaba que "lo peor está por venir y para muchas personas 2023 se sentirá como una recesión".

El crecimiento de Estados Unidos y la zona euro serían minúsculos, pero lo más preocupante fueron las proyecciones sobre China: su política de "Covid cero", que implicó continuos confinamientos y cierre de actividades comerciales, le pasó factura y, además, enfrentaba ya una crisis del mercado inmobiliario, una menor demanda mundial por sus productos y un yuan muy debilitado frente al dólar.

Dicho de otra manera, la desaceleración de China vino convirtiéndose en uno de los factores que afecta más el rumbo económico mundial, especialmente por los graves problemas que está produciendo en las cadenas de suministro.

Esto es crucial para una economía como la peruana, muy dependiente de sus exportaciones a China. En 2021, aquellas sumaron US$ 21 166 millones, lo que significó un crecimiento de 68,7%, con respecto al año anterior. De enero a noviembre de 2022, las exportaciones peruanas a China ascendieron a US$ 19 070 millones registrando una contracción de -0,7%, con respecto al mismo periodo del 2021. Sobre esto, hay que tomar en cuenta que las principales exportaciones a ese país son los minerales y la pesca, en ese orden.

Durante el 2023 la situación china continuó agravándose. Su crecimiento está estancado, los precios al consumo caen, la crisis inmobiliaria se agrava y las exportaciones se desploman.

En medio de este desalentador panorama mundial, en julio empezamos a tomar en cuenta que las cosas iban mal. Aunque la discusión que se dio entonces fue sobre si estábamos en “recesión técnica” –dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo– o no, lo cierto es que los resultados que mostramos no eran buenos y se estimaba que iba a ser muy difícil recuperarnos en los meses siguientes. Para entonces, Alex Contreras, ministro de Economía, aseguraba que estábamos recuperándonos, aunque su estimación era difícil de aceptar; en cualquier caso, ya se creía que algún factor permitía “maquillar” las estadísticas y hacer que la recesión no apareciera en los números con la magnitud que ya poseía.

Sin embargo, lo sorprendente no eran los síntomas sino el diagnóstico. Una parte importante de analistas económicos y evaluadores de riesgo, consideraban que en el centro del problema estaban dos factores: los problemas políticos y la conflictividad social, y el fenómeno de El Niño que, según Bloomberg, “ha paralizado la importante industria de harina de pescado”.

En suma, los impactos mayores e inmediatos se empiezan a ver en el decrecimiento del empleo y la disminución de la recaudación tributaria. Sin embargo, las 25 medidas que dio a conocer el MEF el 10 de noviembre, no consideran ninguno de ambos efectos. Contreras resaltó que “la minería y la agroexportación serán la base de la recuperación”. Así, las medidas se concentran en dos líneas: protección de la cadena de pagos e impulso sectorial, y más inversión privada.

En otras palabras, más de lo mismo: el manejo de cualquier cosa que podamos denominar “política económica” se reduce a asegurar a todo costo la inversión (si es privada, mejor) que garantice el crecimiento económico, aunque sea como efecto estadístico. Las personas, si somos consideradas, vendremos mucho después.

 

 

desco Opina / 17 de noviembre del 2023

Derechos de niñas, niños y adolescentes, más políticas incumplidas

 

En el Perú se han promulgado diversas políticas públicas en relación a los niños, niñas y adolescentes que, lamentablemente, no se han cumplido adecuadamente para garantizar sus derechos. A pesar de los esfuerzos realizados, persisten desafíos significativos en áreas clave como la educación, la salud y la protección de la infancia.

Desde que la Convención sobre los Derechos del Niño fuera aprobada por Naciones Unidas en 1989 y ratificada por 192 países, entre ellos el Perú, la situación de los niños, niñas y adolescentes no ha mejorado significativamente. En sus 34 años de vigencia, la Convención no ha supuesto mejoras significativas en las brechas de desigualdad, pobreza y pobreza extrema. En cuanto a la educación, se han registrado altos índices de deserción escolar y falta de acceso a una educación de calidad en muchas zonas rurales y marginales del país. Además, la falta de inversión en infraestructura educativa y la escasez de docentes capacitados han limitado las oportunidades de aprendizaje de miles de niñas, niños y adolescentes.

En términos de salud, se han observado deficiencias en la atención médica y la prevención de enfermedades, cómo anemia y desnutrición, especialmente en áreas rurales y comunidades indígenas. La falta de acceso a servicios básicos de salud como vacunas y atención prenatal, ha dejado a muchos niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Y la protección de la infancia también ha sido un desafío, ya que persisten altos índices de violencia, abuso y explotación infantil. A pesar de los esfuerzos para fortalecer el sistema de protección y promover la denuncia de casos, aún queda mucho por hacer para garantizar un entorno seguro y protector para todos los niños, niñas y adolescentes en el Perú. No obstante, la abundante normativa legal y la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes (PNMNNA) que aparentemente "protegen" a la niñez.

En muchas zonas de la región Junín, la Convención de los Derechos del Niño – CDN, está en tela de juicio, porque la heterogeneidad territorial y sociocultural de la región es evidente, lo que hace que los niños y niñas no tengan los mismos requerimientos o necesidades, mientras el Estado sigue usando de manera uniforme las mismas políticas proteccionistas a pesar de nuestra reconocida diversidad y de la carencia de una hoja de ruta para implementar la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes (PNMNNA), que ya tiene más de un año de promulgada pero nulo avance en su implementación.

Los resultados en la Región Junín, muestran que en los primeros nueve meses del presente año según el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se registraron 2206 denuncias en los CEM de la región, además de 5743 casos de violencia física, psicológica, sexual y económica en Junín. De ese total, el 38.4 % han sido hechos de violencia contra menores de 0 a 17 años. En otras palabras, 2206 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de maltrato. El departamento cuenta con 1 246 038 habitantes, de los cuales 65 600 son niños y niñas menores de 5 años; donde 4 de cada 10 niños menores de 36 meses de edad, sufren de anemia, vale decir el 42.9%. En comparación al año 2021, la disminución es de apenas 2.9 puntos porcentuales. La proporción de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición llega al 16.8%. Por si eso fuera poco, según la Dirección Regional de Salud de Junín, se registraron unas 1679 adolescentes embarazadas en el 2022; y la mayor concentración de trabajo infantil en el departamento se encuentra en la sierra, alcanzando un 22.1% del total de niños, niñas y adolescentes en la región, en tanto en la selva la incidencia de trabajo infantil es del 17.3%

En este mes de noviembre se conmemoran tres fechas representativas: el Día Internacional contra el Abuso Sexual Infantil y Adolescente, el 19; el Día Universal del Niño en el marco de la Convención de los derechos del Niño, el 20; y el 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Seguramente se seguirán realizando marchas, ferias, paseos, reconocimientos y otras actividades similares. Sin embargo, no vemos interés real en atender las necesidades de niños, niñas y adolescentes en nuestra región, lo que obliga a preguntarse ¿cuándo se aprobará e implementará el Proyecto educativo Regional? ¿Desde cuándo se implementará el Plan Regional de la Infancia en nuestra región Junín?, ¿se cuenta con los recursos suficientes para su implementación?

 

desco Opina – Regional / 10 de noviembre del 2023

descocentro

El futuro de la Junta Nacional de Justicia

 

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra la continuidad de las tendencias de la opinión pública que se observan desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte. Su desaprobación se ha incrementado en cinco puntos desde agosto, llegando a 84% y alcanzando hasta 88% en el centro y sur del país. El Congreso se mantiene firme en su maciza desaprobación, que alcanza al 90%, exhibiendo una aprobación de 6%, que se arrastra al 3%, también en el centro y sur del país. La Fiscal de la Nación, otra de las actrices más activas en la política oficial desde que asumió el cargo, además del estilo autoritario y su alergia al seguimiento público, comparte con la Presidenta el crecimiento de su desaprobación que ya está en 65%.

La misma encuesta registra la opinión pública sobre la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) impulsada por la mayoría del Congreso de la República, argumentada por varios de los abogados que denunciaron el supuesto fraude el 2021, incentivada por Patricia Benavides, quien le abrió un procedimiento competencial en el Tribunal Constitucional, aplaudida por la mayoría de opinólogos de la derecha, y por otros que insisten en pasar por sesudos y equilibrados demócratas. Sorprendentemente, tres de cada cuatro encuestados, en todos los segmentos de la muestra empleada, indican que la destitución de la Junta afectaría la democracia. Sorprendente, decimos, porque en septiembre, al inicio del proceso en el Congreso, apenas 19% estaba en contra de la investigación sumaria; un mes antes, hay que recordarlo, en la medición de la misma fuente, cerca del 50% de los encuestados no pudo darle un contenido al término democracia y 23% señaló que funcionaba mal y la vinculó con calificativos negativos.

Mientras la opinión pública es contundente, el comportamiento de los involucrados también lo es. La mandataria, dedicada a sus viajes mientras el país amenaza con incendiarse, está convencida que basta con responsabilizar de todo a su exsocio Castillo y hacer anuncios, grandilocuentes y vacíos, para atender la recesión económica, la inseguridad desbordada en su estado de emergencia y El Niño que toca la puerta. Su Premier, involucrado en controversias diarias, insiste en hacernos creer que es apenas un escudero, buscando esconder la incapacidad de su gobierno. Los congresistas, blindándose entre ellos y avanzando decididos a la captura de las instituciones, donde su llave inmediata es la JNJ. La Fiscal, por su lado, acelera las movidas en su interna, castiga a quienes la incomodan en el Ministerio Público y busca liquidar las indagaciones contra sus socios políticos. En esta película, hasta los extras actúan; así, el Defensor del Pueblo se apura en buscar prolongar su encargo y llenar la institución de los clientes de quienes le entregaron el encargo.

Sintiéndose seguros en su impunidad, convencidos que el estallido social que costó 49 vidas por acción de las fuerzas del orden, más de 1000 heridos y una cantidad importante de ciudadanas y ciudadanos judicializados por su participación en las protestas, se creen capaces de imponer su orden y garantizar sus negocios particulares, su permanencia en el poder y la prolongación del ciclo neoliberal. El descrédito de la política, el desapego de ella y la pérdida de contenido de la democracia han terminado por destruir las instituciones y liquidar la representación política, enfrentando a la sociedad con una generación de políticos a prueba de la opinión pública y carentes de cualquier recato, no haciéndose problemas de aparecer en fiestas que comparten con delincuentes y rechazando cualquier posibilidad por lo menos de control de daños, porque pedirles autocrítica es demasiado.

En este escenario oscuro, los próximos días asistiremos al desenlace del intento de destitución de la Junta, como paso previo a la arremetida que seguirá contra los órganos electorales. El pleno del Congreso, a última hora, postergó el debate del informe final, que recomienda su remoción por presunta falta grave, para el 8 de noviembre, fecha sospechosa porque ese día juegan Universitario de Deportes y Alianza Lima la final del campeonato nacional de fútbol. La postergación indica que no tienen los 87 votos que requieren y que las negociaciones entre las derechas continuarán. El dueño de APP, adelantó que su bancada no votará por la propuesta, lo que indica que busca un cuarto intermedio, dado el valor de su palabra, equivalente a un cenicero en una moto. Otros parlamentarios, buscando asegurarse un premio consuelo, estarían replanteando la propuesta, buscando la salida de algunos de los integrantes de la Junta y su reemplazo por quienes ocuparon los puestos siguientes en el concurso de su nombramiento.

Simultáneamente, el Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda competencial del Ministerio Público contra la misma Junta por una supuesta vulneración de sus funciones institucionales. El tema de fondo son dos investigaciones preliminares contra Benavides –el cambio en la conformación del equipo que investiga a los “Cuellos Blancos”, donde habría comunicaciones entre la Fiscal de la Nación y Antonio Camayo, así como la remoción del fiscal que investigaba el caso Sánchez Paredes–, vale decir, temas de gestión que no afectan la autonomía de la Fiscalía.

El desenlace de ambas situaciones probablemente terminará en que permanecen en su cargo algunos miembros de la JNJ, pero su conformación sufrirá cambios. En el país es evidente que las encuestas, más aún, la opinión pública, carecen de todo peso para los políticos que actúan hace años guiados por sus intereses inmediatos y blindados por el desapego a la política y la fragmentación de la sociedad.

Para que las cosas empiecen a cambiar, mientras los miles que se movilizaron en los primeros meses del año, especialmente en el sur andino, recuperan fuerzas, encuentran caminos para articularse y compartir su agenda –tema irresuelto hasta hoy–, sumando los nuevos y diversos malestares por la situación económica, la inseguridad, la corrupción y el abuso cotidiano, iniciativas importantes como la Plataforma por la Democracia tienen el desafío de encontrarse con ellos y construir puentes entre su defensa institucional de lo poco que queda de democracia y las demandas más amplias de la sociedad, que lo que exige, en el mediano plazo, más allá de nuevas elecciones, es un contrato social distinto. Lo que está en disputa en el corto plazo, es la derrota de la apuesta autoritaria y antidemocrática que busca asegurar sus intereses individuales y un nuevo ciclo neoliberal.

 

 

desco Opina / 3 de noviembre de 2023