“… yo sé que ahora vendrán caras extrañas…”

 

La pobreza de la oferta electoral de los candidatos regionales de Pasco respecto a la zona selvática de la región, es muy preocupante, porque muestra el desconocimiento de su realidad y necesidades. Los planes de gobierno de los ocho aspirantes que son exhibidos en el portal del JEE, tienen más referencias a Oxapampa en sus diagnósticos regionales que en sus planes de trabajo. Aunque se reconoce el esfuerzo de búsqueda de estos estudios, que son de dominio público, aparentemente no dedicaron tiempo suficiente para analizarlos concienzudamente y, por ende, tener propuestas viables para la Amazonía de la región que representa el 71% del territorio, pero que tiene una baja densidad electoral, lo que explicaría el poco interés que tiene para los candidatos. Es a partir de sus visitas proselitistas a la selva alta y baja, que han aparecido lanzando peroratas políticas, aduciendo un conocimiento del problema selvático pasqueño y de sus posibles soluciones, lo que resulta llamativo dada la desarticulación entre las propuestas de los planes para el gobierno regional y las de los municipales en todos los partidos y movimientos de la región.

En el análisis de aquellos, llama la atención el escaso entendimiento que se demuestra sobre las necesidades de las comunidades nativas yaneshas y asháninkas de la provincia, a pesar de que todas las listas llevan representantes de estas poblaciones como eventuales consejeros regionales. Hubiese sido interesante que en primer lugar se reconocieran los planes comunales del buen vivir, como insumo importante en la construcción de las herramientas de gestión regional. Uno de ellos señala la prioridad de la construcción de carreteras de acceso; otros, los servicios de agua y desagüe para sus centros poblados, así como la titulación de tierras, aunque de una manera muy general.

Los demás señalan el diálogo intercultural como una meta y no como un medio de acercamiento y transparencia de la gestión pública. Es incómodo decir que, en varios planes de gobierno regional, ni siquiera se les menciona y en alguno se dice que se fortalecerá la actividad ganadera de las comunidades nativas cuando es conocido que, para proteger sus bosques, la actividad económica de las comunidades es la agricultura. Los candidatos regionales deben entender que las 144 comunidades nativas de Oxapampa se encuentran en los niveles socioeconómico más bajos, por lo que es insuficiente dedicarles unas cuantas líneas para atender su problemática y captar su adherencia a su postulación.

Para nadie es secreto que la deforestación de los bosques es un grave problema regional; pese a ello, de los ocho candidatos, sólo uno y de manera muy general, propone la promoción de la reforestación de cara a una industria maderera regional responsable. Ninguno señala compromisos para la consolidación de la Reserva de la Biósfera Oxapampa Asháninka Yanesha, a pesar de que los ocho distritos de la provincia tienen mucha esperanza en que esa sea una vía alternativa para alcanzar el desarrollo sostenible. El tema de las carreteras es señalado en todos los planes de gobierno como una prioridad regional, pero en ninguno se indica de manera explícita cuáles se impulsarán para lograr la articulación de Oxapampa con la capital regional y/o con el mercado nacional. Por ejemplo, el asfaltado de la carretera Villa Rica – Puerto Bermúdez, es una tarea pendiente desde hace varias gestiones regionales, pero ni siquiera es mencionada a nivel de seguimiento en la gestión ante el gobierno central, a pesar de que se beneficiarían cuatro distritos de la provincia. El mejoramiento de los puertos artesanales de los ríos de la selva baja que señalan algunos de los planes, no tendría sostenibilidad si no se establecen criterios técnicos de funcionamiento adecuado. Ninguno indica al narcotráfico y al cultivo ilegal de hoja de coca como un problema latente a pesar de que la alteración social por esta causa se hace más evidente cada año.

Es poco probable que algún candidato gane la elección en primera vuelta, por lo que es de suponer que deberán afinar su oferta electoral para Oxapampa si es que no sólo les interesan los votos, sino también el desarrollo de esta hermosa provincia selvática. Si eso no ocurre, entonces diremos como el inmortal Carlos Gardel “…yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con sus limosnas de alivio a mi tormento, todo es mentira, mentira es su lamento…”.   

 

 

desco Opina – Regional / 30 de setiembre del 2022

descocentro – UOT Selva

Militares, política y representación

La elección del general José Williams como presidente del Congreso de la República, es un dato político muy importante. En primer lugar, no es el primer ni el único militar retirado que vemos en el recinto parlamentario, durante los últimos 20 años. A modo de explicación, debe recordarse que la ley 28480 del 30 de marzo de 2005, reformó el artículo 34 de la Constitución Política del Perú, reconociendo a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, el derecho al voto y a la participación ciudadana.

Este mandato tomó forma en las elecciones del 2006, cuando los efectivos militares ejercitaron por primera vez su derecho al voto. Desde entonces, ha sido habitual que oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sean parte de la representación política del país. En esa línea, si bien no tenemos ningún estudio que permita vislumbrar siquiera las tendencias que podrían tener los votos que provienen de las denominadas familias militar, naval y policial no sería descabellado pensar, por una serie de razones, que podríamos estar ante un comportamiento electoral esencialmente corporativo.

Esta conjetura, podemos relacionarla con una primera constatación significativa. El congresista que obtuvo la mayor votación en el actual Congreso es el almirante Jorge Montoya, con 138 231 votos. El siguiente fue José Luna Gálvez, que tuvo 91 055; entre uno y otro hay 47 176 votos de diferencia, una cifra superior a la cantidad que lograron 121 congresistas. Demás está decir que el almirante Montoya fue, también de lejos, el representante con mayor votación de su partido, Renovación Popular, seguido por María Jáuregui, con 68 003 votos.

El siguiente militar congresista más votado fue el general José Williams, de Avanza País, con 44 789 votos, sólo superado por Adriana Tudela (47 139 votos). Luego, está el almirante José Cueto Aservi, con 36 769 votos que lo hicieron el cuarto congresista más votado de Renovación Popular. A continuación, estuvo el general Roberto Chiabra, de Alianza para el Progreso (organización a la que ya renunció), con 19 222 votos, superado por Alejandro Soto, Gladys Echaíz y Segundo Acuña[1].

Entonces, no solo debemos considerar que Montoya fue el congresista más votado, sino también que Williams obtuvo la posición 11, Cueto la 15 y Chiabra la 42. Es decir, los cuatro militares que integran el actual Congreso de la República se ubicaron en el primer tercio de los congresistas más votados. Las preguntas que siguen a continuación, casi de manera natural son, entre otras, ¿quiénes votaron por ellos?, ¿a quiénes representan? y ¿ante quiénes y cómo debieran rendir cuentas?

En todo caso, si bien no podemos afirmar casi nada sobre las características de sus votantes, algo puede deducirse de los objetivos de su acción política, a partir de su actividad parlamentaria. Así, una primera cuestión a remarcar es que todos ellos concentran parte importante de su actividad en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Los cuatro parlamentarios mencionados forman parte de ella, siendo el congresista Williams quien la preside, mientras el representante Montoya se desempeña como secretario de ésta. Otro espacio de acción es la Comisión de Inteligencia, donde encontraremos a tres de los cuatro oficiales retirados: Cueto, quien la preside, Williams y Chiabra.

Williams, en su exposición sobre los objetivos que se propone la Comisión de Defensa, señala que la labor legislativa, debe estar enfocada en producir “las normas necesarias para el mejor funcionamiento de los sectores e instituciones que tenemos a cargo en nuestra comisión [cursivas nuestras]; algunas de ellas están referidas a la Policía Nacional del Perú, a los Institutos Armados, a los Bomberos, entre otros”.

Sobre esto, si se toman en cuenta los proyectos de ley que se han procesado en dicha comisión, constataremos que están en línea con lo afirmado por Williams, lo cual, plantea una situación a discutir sobre las maneras políticas que adoptan los militares para procesar sus propias demandas y, además, inducir al resto del sistema político a alinearse a las perspectivas y visiones que los oficiales congresistas proponen a sus colegas.

Es decir, no es que se esté militarizando el sistema político, sino, por el contrario, los militares ahora se expresan a través de las reglas democráticas, en lugar de subvertirlas mediante golpes de Estado, como ocurría en un pasado cada vez más lejano. Este es un cambio crucial que merece no perderse de vista.

 

desco Opina / 23 de setiembre de 2022

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[1] Se agradece a Carla Toche y María Fernanda Pacheco por el ordenamiento de los datos congresales.

Agua y minería, un persistente conflicto

 

La reciente aprobación, a fines de agosto, de una Resolución Directoral de la Autoridad Nacional del Agua otorgando un volumen anual de 22.08 millones de metros cúbicos, captados en los ríos Titire y Vizcachas para la operación del proyecto minero Quellaveco de Angloamerican, ha ocasionado la inmediata reacción de los agricultores, sus juntas de usuarios y autoridades del Valle de Tambo y la provincia de Islay. También de agricultores en Moquegua. Los primeros realizaron un paro de 72 horas hace unos días; los segundos, siguen molestos y piden explicaciones y rectificaciones.

La escasez de recursos hídricos en el valle de Tambo tiene una larga historia, ocasionando que importantes extensiones de sus productivas tierras se queden sin sembrar, sobre todo en la época de estiaje y que, al mismo tiempo, se produzcan disputas por el agua entre los propios agricultores del valle y sus vecinos moqueguanos ante la demanda de los cultivos. Esta situación se agravó con motivo de la construcción de la represa de Pastogrande que también captaba aguas de los ríos Vizcachas y Titire en las nacientes de la cuenca de Tambo. En esa ocasión se produjeron movilizaciones y paros con la interrupción del tránsito en la carretera Panamericana, conflicto que se resolvió con el acuerdo para una devolución anual de 6.81 millones de metros cúbicos desde la represa de Pastogrande a la cuenca, “preferentemente en la época de estiaje”. A pesar de esta disposición legal, el acuerdo se ha incumplido en varias oportunidades, alegándose escasez también en la represa. Un problema adicional que perjudica al valle de Tambo es la contaminación de las aguas por la presencia de boro, arsénico y sales ferrosas, que afectan la calidad de agua y por ende a los cultivos.

Como argumento para la resolución de esta autorización de uso, se ha señalado que estas aguas provienen principalmente del río Titire y, en consecuencia, al derivar parte de ellas para la actividad minera, se estaría disminuyendo la contaminación.

Otro conflicto reciente y pendiente ha sido el intento de poner en marcha el proyecto Tía María de la empresa Southern que inicialmente contemplaba el uso de los recursos hídricos del subsuelo para la operación minera. Ante la inmediata reacción de los agricultores y los cuestionamientos al impacto ambiental de este propósito, se vieron obligados a modificar el diseño del proyecto, cambiándolo para la utilización de agua de mar desalinizada en su operación. En medio de este conflicto por el agua, hubo pérdidas de vidas humanas, pero también el ofrecimiento de construir de una vez por todas la represa de Paltiture o Paltuture, que hasta el día de hoy sigue sin cumplirse.

En realidad, estos conflictos tienen a la base la presión de las políticas extractivistas que se suman a las indudables manifestaciones de los efectos del cambio climático y las alteraciones que origina en el régimen de precipitación pluvial, con una clara tendencia hacia la disminución, sobre todo en la vertiente occidental de la cordillera que incide directamente en los valles costeros, como Tambo.

Estos hechos muestran la ausencia de políticas públicas claramente orientadas a enfrentar los efectos del cambio climático, mediante medidas de adaptación y mitigación que apunten a asegurar la sostenibilidad de nuestro desarrollo, priorizando adecuadamente la inversión gubernamental entre las diferentes demandas, como la seguridad alimentaria de la población y la soberanía alimentaria potenciando nuestros recursos frente a las presiones del lucro extractivista del capital nacional y transnacional. La relación agro y minería requiere de un nuevo balance que tenga como orientación la sostenibilidad del país en el largo plazo y no solamente el lucro inmediato, teniendo en cuenta la velocidad del deterioro ambiental por los efectos del cambio climático. En los años recientes, las políticas de siembra y cosecha de agua y el programa Sierra Azul implementados en el país con muy pocos recursos y casi paralizados con el actual gobierno, son muestra de políticas agrarias erróneas.

Las protestas no son moco de pavo, su contundencia ha hecho que el Gobierno Regional de Arequipa instale una mesa de diálogo, que culminó con el compromiso de la gobernadora para conformar una comisión técnica y presentar una medida cautelar, de presentarse el caso. En tanto, Zenón Cuevas, gobernador de Moquegua, también está evaluando tomar acciones legales respecto al tema, luego de las airadas protestas de los agricultores en esta región.    

En este contexto, la principal demanda de los agricultores de Tambo es la construcción de la presa de compensación sea Paltiture o Paltuture, demanda totalmente justificada frente a la cual los gobiernos, incluyendo el presente, muestran una total insensibilidad. Por otro lado, los agricultores de Moquegua también piden al gobierno la actualización de sus prioridades. El presidente agricultor ya no los representa.

 

desco Opina – Regional / 16 de setiembre del 2022

descosur