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Crecimiento desigual y desnutrición

En esta última etapa el Gobierno ha concentrado su mayor esfuerzo en el plano económico, a través de las inversiones y la extracción de materia prima, sin embargo este énfasis no ha garantizado un crecimiento equitativo. Mirando los últimos indicadores (según datos del INEI) vemos que la pobreza ha venido disminuyendo desde el 2004 hasta el 2008 sin que, por ejemplo, se logre reducir los altos niveles la desnutrición. En el caso de Huancavelica, que ha sido un departamento históricamente golpeado en este sentido, podemos comentar dos elementos: (i) la prevalencia de desnutrición alta y constante y (ii) la brecha entre esta prevalencia y el promedio nacional, en aumento.

En el primer punto tenemos que la prevalencia se mantiene alta, con un 59,2% (ENDES 2007) cifra que dúplica al promedio nacional y que evidencia un crecimiento desigual, en segundo lugar tenemos que la diferencia entre los porcentajes de desnutrición crónica a nivel nacional con los de Huancavelica, ha ido creciendo sostenidamente, de 16,9% (1992), 24,5% (1996), 28% (2000) a 29,6% (2007). En tal sentido vemos que las políticas de desarrollo se concentran en el crecimiento económico y que éste, por cuestiones que probablemente tengan que ver con el modelo de desarrollo, aún no logra la mejora de otro tipo de indicadores sociales.
Otro elemento que apoya esta mirada de desigualdad, está relacionado al déficit calórico, que mide si el hogar está teniendo problemas para cubrir sus necesidades alimentarias y que es uno de los factores desencadenantes de la desnutrición crónica. Esta necesidad de las familias debería verse satisfecha en un contexto de crecimiento económico, sin embargo se produce el mismo escenario desigual, como lo manifiesta Eduardo Zegarra (GRADE), que señala que: «El déficit calórico subió en el Perú de 28% a 31,6% entre el 2007 y el 2008. De un total de 8 millones de personas subió a 9,2 millones. Es un incremento muy significativo en un año en el que la economía del Perú creció 10% y cayó la pobreza en 4%».
Por otro lado, es curioso ver que un indicador como desnutrición crónica se encuentra en 22,6% a nivel nacional, el porcentaje más bajo en los últimos 16 años, y constatar que éste se registra en medio de una «crisis económica» global, una falta de cobertura de servicios básicos como agua y saneamiento, una débil capacidad de gasto de inversión en todos los niveles y una desarticulación de programas y proyectos. Queda para un análisis más detallado conocer en qué se sustenta esta aparente paradoja.
No obstante, al ver el panorama general, parece claro que la actual gestión no hará un cambio en su política que permita una mejora tanto económica como social, sobre todo para las áreas rurales. En tal sentido, estos elementos se presentan como retos para la próxima gestión y deberían ser incluidos en los planteamientos de gobierno y debates generados por la sociedad civil.
Las zonas rurales tienen un enorme desafío, pues tanto ante una época de «bonanza» como de «crisis», presentan una realidad castigada con indicadores como los mencionados. Las elecciones de autoridades subnacionales de octubre de este año, también deberán recoger un mayor debate sobre estos temas.

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desco Opina - Regional / 29 de enero de 2010

Programa Sierra Centro
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Debate electoral: sin libretos ni actores

Hemos ingresado a un año electoral y los medios de comunicación anuncian aprestos, acomodos, posibilidades pero, como ha sucedido en el pasado, poco o nada sobre ideas o planteamientos de los que aspiran a ser Presidente de la República. De igual modo, tenemos al frente unas importantísimas elecciones locales y regionales, pero la cobertura nacional tampoco parece inmutarse frente a ello.

No les preocupa la fragilidad y las delicadas inconsistencias de nuestro sistema político. Están más atentos de las posibilidades electorales de Jaime Bayly, las capacidades oratorias de Luis Castañeda, subrayar los errores de Humala, que formar ambientes propicios para un verdadero debate electoral.

Puede ser simplemente ineficiencia en las comunicaciones. También desidia de los partidos políticos nacionales para superar su larga agonía. Sin embargo, ambas situaciones son tan sistemáticas que ya es difícil asumir la simple inoperancia.

En efecto, una de las premisas de la hegemonía neoliberal que se impuso en el país hace 20 años, es que debe aparecer ante los ojos de los ciudadanos como una situación «normal», en donde las cosas están más o menos en orden y los entrampes son aspectos circunstanciales –«disfuncionales»– proclives a ser corregidos con la magia del mercado.

Así, el sistema debe garantizar el crecimiento económico y, en esa medida, el «proyecto» o «plan nacional» que auspicia la derecha y el poder económico del país buscó legitimarlo imponiendo una «forma económica» para los debates en torno a los asuntos públicos. Así, fue común observar que en las últimas décadas no se preguntaba si algo era bueno o malo sino ¿es eficiente?, ¿es productivo?, ¿en qué medida beneficia al PBI?

Este encuadre evitó que se ponga en consideración cualquier cuestionamiento moral a lo que venía haciéndose y, en esa línea, censuraba tajantemente la posibilidad de preguntar si finalmente la producción y perennización de la pobreza era un factor consustancial para que el sistema funcione, restringiendo nuestros horizontes a sentidos tan estrechos como sacar simplemente la cuenta de cuánto se gana o cuánto se pierde. Dadas de esta manera las cosas, los pobres difícilmente podían aspirar a inclusiones sostenibles y el ejercicio de derechos de las poblaciones vulnerables se convertía en un sueño de imposible realización.

Sin embargo, los síntomas y señales del agotamiento del modelo imperante no dejan lugar a dudas, aun cuando la derecha auspiciadora de un sistema probadamente injusto siga vendiendo la idea de que un mercado libre con actores profundamente desiguales asigna, finalmente, de manera eficiente los recursos.

Por ello, el «debate electoral» no puede tolerar posiciones alternativas al statu quo y todo aquel que desee dirigir al país debe aceptar, de una u otra forma, las reglas establecidas. Si no fuera así, la demolición mediática se implementará rápida y contundentemente.

Desde el gobierno se dan señales en ese sentido. Recordemos que hace poco, el presidente previó una «crisis electoral» en referencia a los supuestos apetitos desmedidos de quienes disputarán las elecciones regionales y municipales de octubre próximo. Además, señaló que este año el país debe continuar con su crecimiento económico aunque el resultado de las elecciones podría motivar un «retraso». Es evidente la relación de este discurso, innecesariamente alarmista, con las preocupaciones del empresariado de capital nacional y transnacional.

Tengamos en cuenta que en la concepción de los empresarios, el 2010 debería ser el año de la salida de la crisis y como tal se percibe la necesidad de demostrar que la locomotora no puede parar. Esta idea se manifiesta en una preocupación de los actores económicos respecto de las elecciones de octubre, lo que a su vez se refleja en las declaraciones presidenciales. La capacidad para trasladar sus expectativas a las más altas esferas del poder es lo que define, de hecho, la influencia que estos actores tienen.

Constatar que estas preocupaciones son las que expresan, por ejemplo, los empresarios ligados a las industrias extractivas, nos hablan de un pensamiento centralista que solo se ocupa de los territorios como el «teatro de operaciones» de sus actividades, aun cuando tácitamente reconoce el grado de discrecionalidad y autonomía que podría tener un gobierno regional como para ocasionarle problemas, en caso éste le sea «adverso». Esto nos lleva a preguntarnos por el peso de los actores económicos regionales, como resultado de los años sostenidos de crecimiento que el presidente toma como suyos.

Por otro lado, el chantaje neoliberal no ha tenido respuestas que desafíen realmente su hegemonía. Desde el polo contrario no ha surgido una propuesta de nuevo orden que persuada de sus beneficios y sea aceptada por la población que no siente formar parte del sistema. En el mejor de los casos, parece que predomina la fantasía de que poco o nada podría hacerse si antes no se llega al gobierno.

Ello actualiza ese intenso y, a veces, insulso debate que se formuló tiempo atrás en la izquierda latinoamericana, acerca de las relaciones entre poder y gobierno. En efecto, la hegemonía que debía construirse estaba en relación al poder que consolidaba el bloque popular. Así, se esperaba como efecto de la acción política de izquierda la acumulación de fuerzas necesarias, mediante la creciente capacidad de organización y movilización social que adquiría, y no se buscaba medir el éxito a partir de las probabilidades electorales.

Seguramente, la agenda política transformadora tiene desde hace bastante tiempo el terreno propicio para levantarse y fortalecerse. Sin embargo, pareciera que el chantaje neoliberal hace mella en las filas de los llamados a superarlo, allanándolos a su juego.

Enlaces de interés

· Artículo sobre modificaciones a la Ley de Elecciones Regionales
· Cronograma de las elecciones regionales y municipales 2010

desco Opina / 22 de enero 2010
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¿Para que nunca más vuelva a suceder?

A finales del año pasado y como broma de inocentes, se hizo público el informe final de la «Comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua» dizque «para que nunca más vuelva a suceder», documento que días antes de ver la luz ya era cuestionado incluso por integrantes de la comisión, tal es así que el líder nativo awajún Jesús Manacés, y la religiosa María Gómez, no suscribieron el documento final y presentaron un documento justificatorio de su actitud. Otro integrante, el Reverendo padre Ricardo Álvarez Lobo, firmó el documento con ciertas incorporaciones, lo cual demuestra una singularidad en su conformidad con el texto. Quienes esperaban que el informe señale con nombres propios las responsabilidades políticas y penales se equivocaron, lo único que se atrevió a reconocer fue: «apresuramiento y falta de tacto del ejecutivo, especialmente de los sectores ministeriales autores de los decretos», ¿se pretende minimizar o invisibilizar responsabilidades de los Ministros y autoridades que manejaron las negociaciones, planearon y ejecutaron el desalojo?

Sin embargo, por otro lado, el informe distribuyó diferentes niveles de responsabilidad para el desborde de las comunidades nativas. Acusa a la falta de liderazgos indígenas sólidos y responsables que tengan capacidad de control de las masas y que sean propositivos para una salida pacífica. A la presencia y participación de terceros, por el atizamiento del calor de la crisis que habría sido realizada por varios congresistas del Partido Nacionalista; así como a ronderos y reservistas del ejército por su intervención en la Curva del diablo, durante los sucesos del 5 de Junio. Al Frente de Defensa del Pueblo de Bagua, a algunos sindicatos locales y a organizaciones civiles no indígenas los emplaza por incluir «…sus propias agendas políticas y sociales». El informe también otorga cierto nivel de responsabilidad «a algunos religiosos que se parcializaron con el movimiento indígena confundiendo su papel evangelizador…». Como corolario, el documento cuestiona las informaciones difundidas por los medios de comunicación pidiendo «…reactivar el rol de los Comités de Ética» y como ya se ha hecho costumbre el cuestionamiento a la participación de las ONG culmina con la recomendación a «…realizar sus funciones dentro del marco de las leyes y normas del Perú».

Las organizaciones indígenas están seriamente indignadas y afectadas por este informe, sienten que los miembros de la comisión se han parcializado con el Gobierno para lavarle las manos que están manchadas con la sangre de sus hermanos. Tienen a sus dirigentes en el exilio o en la clandestinidad, sus organizaciones corren el riesgo del colapso acusando el hostigamiento desde el Estado y toda esta sensación de insatisfacción está motivando que sus líderes estén promoviendo una reunión con sus bases para evaluar la decisión de retirarse de las mesas de diálogo y reiniciar sus movilizaciones. Las comunidades nativas de la selva central que antes de los sucesos de Bagua y Utcubamba se hallaban casi indiferentes al conflicto, hoy se muestran preocupadas, han dinamizado coordinaciones y se hallan pendientes del acontecer de las relaciones Estado-organizaciones indígenas; por lo que una nueva crisis podría tener un mayor ámbito de afectación. El Ejecutivo, el Congreso y los grupos políticos deben ponerse a la altura de las circunstancias ¿o estamos esperando otro Baguazo?

El caos se inició muchos meses antes de la toma de carreteras; incluso nos atrevemos a decir que si no era el 5 de Junio en Bagua, hubiese sido en cualquier otra fecha y lugar de la selva. Más allá de quienes se sientan afectados o conformes con el resultado de este informe, el principal objetivo que era conciliar cerrando las heridas, no se ha cumplido. Las declaraciones posteriores al informe, tanto del Ejecutivo como de los otros sectores políticos y sociales tampoco ayudan a cicatrizar resentimientos ni distanciamientos con las comunidades indígenas, ni son útiles para consolar a deudos de policías y nativos. Esta situación nos lleva a presumir que en el mediano plazo no habrá avances significativos e incluso corremos el riesgo de que nuestra selva nuevamente se encienda con nativos gritos de guerra y acusaciones de antipatrióticos por parte del Ejecutivo.

Un poco de mesura y sentido común de parte de todos los sectores del Estado y de la sociedad civil no estarían de más; tal vez no nos serviría para curar, pero sí para recordarnos que nuestra preocupación no debe ser la confrontación con las etnias de la selva, sino atender la agenda pendiente con los pueblos originarios de la Amazonía peruana, la cual tiene que ser tomada en cuenta de manera urgente. Todos reconocemos las necesidades básicas insatisfechas que deben ser resueltas y puestas al alcance de las comunidades nativas –educación, salud, etc.–, pero pocos nos hemos puesto a pensar en sus intereses estratégicos de sobrevivencia cultural. Es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad en su conjunto la construcción de canales de diálogo que permitan visibilizar esos intereses, con lo cual podríamos creer en la posibilidad de un país pluricultural que se halla en la vía de un desarrollo inclusivo.

Consulte aquí el informe final de la comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua http://www.aidesep.org.pe/editor/documentos/933.pdf

desco Opina - Regional / 15 de enero de 2010
Programa Selva Central
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Dos maneras de ver el país

El Informe de la comisión que fue constituida para investigar los sucesos acontecidos en Bagua, meses atrás, ha generado incertidumbre; dado que se cuestionan los enfoques utilizados y existen sospechas de manipulación de la información. Así pues, es posible observar como la problemática se ve reflejada cuando Jesús Manacés, dirigente awajun, decidió no firmar el documento y ratificar las observaciones que ya había difundido por los medios de comunicación; siendo acompañado por la hermana Carmen Gómez Callejas (miembro de la referida comisión).

Por otro lado, entre los desacuerdos que señalan Manacés y Gómez, resalta el hecho de que la investigación no siguió un protocolo riguroso; lo cual no sólo es perjudicial en sí mismo, sino conlleva a que la información disponible sea insuficiente y sesgada. De ésta manera se crea una desarticulación, en donde las conclusiones a las que se arribó carecen de consistencia. Asimismo, los autores subrayan las profundas deficiencias de interpretación que condujeron a afirmaciones tan fuera de lugar, como que los pobladores nativos de la Amazonía no sabían los contenidos de los decretos legislativos que estaban en cuestión y, por ende, fueron manipulados por «agentes externos» con objetivos políticos.

Todo ello acompañado de acciones y actitudes de las autoridades que a estas alturas no llaman la atención; aun cuando siempre serán motivo de indignación, como no haber financiado a la comisión a pesar de contar con partidas aprobadas y recursos disponibles aportados por el PNUD o que el Ministerio Público no haya facilitado los informes que requería para cumplir con su labor.

Estos señalamientos nos conducen inmediatamente al pasado reciente. Nos hace recordar el tiempo que emplearon los gobernantes y autoridades de los años 80, buscando cubanos y soviéticos, mientras Sendero Luminoso lanzaba diariamente sus coches bomba. Nos actualiza a esos empleados judiciales que –invadidos por el miedo– no atinaban a imponer el estado de Derecho y a esos funcionarios públicos cuya escasa visión era una de las mejores armas de la subversión.

Nos trae a la mente la comisión Uchuraccay y sus insólitas conclusiones, como también la de Accomarca, Cayara o aquella que formó el fujimorismo para no hallar nada en el Bolsón Cuchara, previamente bombardeado de manera intensa por las fuerzas del orden. Invita a reflexionar nuevamente sobre la sorprendente respuesta que dio a mediados de los años 80, el entonces subteniente Hurtado –que debía matar campesinos en Ayacucho para que la democracia de Lima pudiera funcionar– a los congresistas que investigaban lo sucedido en Accomarca.

Lo que dicen los firmantes del informe Bagua sólo es una reedición de este pasado y, por lo mismo, una señal de que poco o nada se aprendió. Según ese informe, la policía actuó de manera eficiente y atinada en Bagua. Nada había que reprocharle. Tampoco a las decisiones tomadas desde el Ministerio del Interior, bajo la conducción de Mercedes Cabanillas. La masacre de agentes policiales fue producto de la agitación que diseminaron agentes extranjeros en la zona. El gobernante actual ya no busca cubanos, pero sí venezolanos y bolivianos porque, como sus antecesores, asume que los pobres e ignorantes peruanos de los Andes y la Amazonía no pueden defender sus derechos, homologando en sus fantasías el ejercicio ciudadano y la subversión.

Sin embargo, la medalla tiene otro lado, que señala un derrotero para escapar de este permanente regreso al pasado. La ratificación de la sentencia a Fujimori, por asesinatos alevosos, lesiones y secuestro, pone punto final a su proceso judicial. Debe destacarse el hecho de que parte del lamentable Poder Judicial que tenemos, da muestra de idoneidad y brillantez. La contundencia de las conclusiones, del proceso y, en suma, de la actuación de los magistrados involucrados no permite argumentos en contra ni asomo de indulto que, dicho sea de paso, sería un imposible jurídico dado la naturaleza de los hechos.

Este hecho reivindica a esa otra parte del país que en su momento denunció firmemente y con pruebas las responsabilidades en las masacres de El Frontón y Lurigancho. La que intentó develar al comando Rodrigo Franco. A los militares que integraron el COMACA y a los familiares, investigadores y periodistas que no cejaron en su empeño hasta demostrar el asesinato de los estudiantes de La Cantuta, con los restos calcinados entre manos.

Es indudable que el hecho histórico de tener a un ex presidente cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad, se debe en gran parte a la movilización, compromiso y esfuerzo de esa parte de la sociedad organizada en la comunidad de derechos humanos que en estos años no descansó hasta traer de vuelta a Fujimori y exigir su enjuiciamiento.

desco Opina / 8 de enero 2010
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