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viernes

Más espacios públicos para Lima

 

La llegada de la temporada de verano trae consigo cambios importantes en la vida urbana para todas y todos. Es un momento en el que el uso intensivo de los espacios públicos en Lima, hace evidente las carencias temporales y la falta de atención a demandas básicas para mínimos aceptables de calidad de vida urbana.

Entre las carencias destacadas en la ciudad de Lima, está la falta de áreas verdes de recreación, parques y plazas públicas con buen mantenimiento para el uso de las y los ciudadanos. Principalmente en los barrios. Ante ello, es urgente invertir en el mejoramiento de dichos espacios públicos, que en esta temporada, son constantemente visitados por familias de Lima y otras regiones; así como garantizar el funcionamiento del transporte público masivo que adolece en medio del agotador y sofocante tráfico de la ciudad.

La inseguridad ciudadana, instalada como preocupación central de los vecindarios, y los latrocinios en las obras municipales y del gobierno central, las demandas por más y mejores áreas verdes vecinales; aparecen para algunos como asuntos exquisitos y de menor prioridad, frente a problemáticas como la ausencia de redes de agua potable y para consumo en las ciudades de la costa, la sierra y la Amazonía.

Sin embargo, las estadísticas sobre Lima son aplastantes al revisar la calidad de vida de sus habitantes respecto al tránsito, la diversa contaminación ambiental y la mala distribución de las áreas públicas existentes. Lima es una metrópoli que está muy por atrás en las encuestas que miden la oferta urbana (pública y privada) de servicios vecinales urbanos –propios de grandes ciudades o metrópolis– como son el transporte público masivo no contaminante y de calidad, acceso masivo a Internet con wifi abierto en espacios públicos, baños públicos gratuitos con políticas de género, parvularios y servicios para ciudadanas y vecinos ancianos, una adecuada iluminación nocturna y paraderos acogedores para pasajeros escolares, mujeres y cualquier ciudadano.

Diariamente, el Estado se pone de espaldas a la población limeña y sus urgentes necesidades. El alcalde metropolitano, Rafael López Aliaga, aspirante a presidente de la República 2026, ha priorizado acciones ridículas que ponen a la población en un estado de abandono, como su apuesta terca por seguir construyendo playas artificiales en parques zonales y la donación sospechosa de locomotoras de casi 40 años de antigüedad. No cabe duda que su incompetencia pervierte el sentido de urgencia de una ciudad que hace buen tiempo ha sido sobrepasada por la delincuencia.

Recordemos que el verano aparece como una buena ocasión para promover la apertura de espacios públicos para la comunidad, sobre todo de aquella que, debido a sus condiciones económicas y sociales, no pueden acceder a áreas recreativas o de descanso, como parques, lozas deportivas, etc., y por el aumento de la precariedad que cada día explota más el tiempo libre de las familias. Para lograrlo es indispensable superar las estrategias individualistas que priorizan el mercado y su funcionalidad, para dar paso a una gobernanza colectiva, que apueste por la recuperación de espacios tomados por la delincuencia y la mala gestión de las autoridades.

La dotación de áreas verdes, en cada barrio y distrito, es un indicador público del grado de desarrollo que hemos alcanzado en una perspectiva de democratización de la ciudad. Está más allá de las luchas contra la privatización de los espacios colectivos, públicos, de la urbe ya existentes en todos y cada uno de sus distritos. Es una demanda por mayores derechos que permitan disminuir las grandes diferencias sociales que nos caracterizan y recibir, del Estado y del municipio, ofertas atractivas de recreación y entretenimiento cultural, como cabinas de Internet, bibliotecas, espacios para la práctica del baile, para exposiciones fotográficas, de pintura y actividades teatrales. Estas pueden resultar de formas de organización democrática como lo son las juntas de vecinos de edificios, condominios, grupos residenciales y otros, aplicables al mejoramiento de las ciudades, los barrios y las propias viviendas.

Salta a la vista la necesidad de un plan verdaderamente concertado con todos los que vivimos en los distritos y el conjunto de la metrópoli. Un Plan que no existe, planes que nadie conoce o planes que sirven solamente para mostrarlos como un elemento decorativo de cumplimiento de la norma. La exigencia es que sean planes construidos de una manera verdaderamente participativa en una ciudad caótica que requiere un orden que tiene que venir de la autoridad, pero en el cual tiene que participar el ciudadano y comprometerse también a hacerlo realidad.

La construcción fallida de un puente peatonal innecesario e inconsulto, iniciado por un par de alcaldes distritales, es un mal ejemplo de cómo, por falta de canales institucionales de participación y diálogo, millones de personas que van a la playa en Lima verán afectada su calidad de vida los próximos meses, al impedir un buen uso de los reducidos espacios públicos con los que contamos.

 

desco Opina - Regional / 20 de diciembre

descoCiudadano

Quitar las piedras que impiden una Costa Verde para todos



Un lamentable accidente provocado por el desprendimiento de piedras del acantilado de la Costa Verde en la zona de Miraflores y Barranco y la animadversión de cierta prensa, han puesto una vez más bajo la lupa a la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV). Si se acude a su portal web, podrá encontrarse que  actualmente la Autoridad del Proyecto Costa Verde se encuentra en proceso de actualización del Plan Maestro de Desarrollo de su área de responsabilidad, en la que –importa destacarlo– no ejecuta obras, pues es un órgano técnico normativo encargado de verificar la compatibilidad con el Plan Maestro de Desarrollo de los proyectos a implementar sean estos públicos o privados. Se trata sí de una instancia de planificación, pero sin mayor fuerza real frente a los municipios que lo conforman.
Sin duda son interesantes y motivadoras sus propuestas para la realización de un proyecto integral que beneficie el entorno de las playa que van desde La Chira en el distrito de Chorrillos, hasta el distrito de San Miguel en su límite con el Callao. Pero también es cierto que la APCV ha sido una coladera incapaz de detener diversas iniciativas públicas y sobre todo privadas, que han privilegiado el interés de parte antes que el interés colectivo de la ciudad de Lima en uno de sus pocos y valiosos espacios públicos de gran magnitud.
Ahí están por ejemplo, varios edificios construidos sobre el acantilado en Barranco y Chorrillos, que sin duda, si se aplicara la ley debieran ser demolidos. Se trata de intervenciones contrarias al interés común, por cierto más peligrosas que los accidentes recientemente ocurridos y que ponen en tela de juicio  ante la ciudadanía el objetivo propuesto por la autoridad sobre la promoción, ordenamiento y supervisión del desarrollo integral y sostenido de la Costa Verde en la provincia de Lima, para convertirla en el lugar de encuentro de toda la metrópoli.
Los accidentes en la Costa Verde por el desprendimiento de rocas, no son un tema nuevo que aparece con las actuales administraciones ediles. Es un problema recurrente al que durante décadas no se le ha prestado la debida y adecuada atención. Lo alarmante de esta situación es que al momento de responder por los daños producidos, no se hace en el marco de aplicación de un esquema integral, común y compartido de intervención en los acantilados de las autoridades que conforman la APCV, sino que tanto las autoridades metropolitanas como las distritales pretender deslindarse de asumir sus responsabilidades. Así, el Consejo Directivo de la Autoridad del Proyecto Costa Verde –conformado por los alcaldes de los seis distritos limeños que limitan con el mar, un representante de Invermet y presidido por la Municipalidad Metropolitana de Lima– se esfuma y  convierte en un fantasma, cuando debiera ser un cuerpo colectivo y vigoroso con  objetivos e intereses comunes para promover, ordenar y supervisar el desarrollo integral y sostenido de su ámbito.
Si se quiere –como ofrece la municipalidad metropolitana– una «Costa Verde para todos», eso va mucho más allá de priorizar el arreglo de las vías, puentes y acceso a vehículos particulares a la Costa Verde sin darle un peso al reforzamiento de la seguridad de los acantilados con la instalación de geomallas, más puentes peatonales, áreas de servicios, recuperación de playas de arena mediante un manejo apropiado de espigones y corrientes marinas. También, claro está, la promoción de actividades recreativas y sociales como las que ocurren en parques zonales, estadios y plazas o áreas comunales en los distritos. Y por último, un servicio permanente de buses, por lo menos durante la temporada de verano.
Esperamos que el Plan Maestro de Desarrollo que se encuentra en actualización sea consultado  a la ciudadanía, a los vecinos y sus organizaciones representativas para que el Proyecto Costa Verde refleje efectivamente lo mejor del interés común de los habitantes de Lima. Más aún si corresponde a una gestión que ha demostrado una fuerte voluntad de concertación al dirigir los destinos de la ciudad.

desco Opina - Regional / 21 de febrero de 2014
Programa Urbano
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lunes

El gasto público en Huancavelica y Junín

En el marco del funcionamiento de los gobiernos regionales, la eficiencia de la gestión de recursos aparece como un tema fundamental. En la parte central del Perú, el riesgo es que la  ejecución del gasto se convierta en un sistema de reproducción de las diferencias. Los gobiernos regionales de Huancavelica y Junín están ubicados, respectivamente, en los puestos 8 (con 75.2%) y 11 (con 72.8%) en la ejecución de sus presupuestos.
Al analizar porcentajes y montos de cada función presupuestal frente al total del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2013, vemos que ambos gobiernos regionales tienen en primer lugar a la función ‘Educación’, seguramente entendiendo que es uno de los ejes que articula el crecimiento económico y el desarrollo social. Aunque es evidente que el peso de los sectores Educación y Salud, siempre es muy alto, por las obligaciones de pago de los gobiernos con el personal de salud y los docentes. Con eso en mente, presentamos cifras agregadas.
En el caso del Gobierno Regional de Junín contamos un 47.57% del PIM en Educación, lo cual asciende a S/. 506,537,763. En segundo lugar está la función Salud con 28.51% (S/. 303,634,289). Cabe señalar que ambas funciones tienen un avance de más del 68% en lo que va del año. La función Agropecuaria está en el sexto lugar, con un 1.45% del total de la inversión (S/. 15, 401,534), y un avance de ejecución de 46.6%.
Situación similar se presenta en el Gobierno Regional de Huancavelica: Educación en primer lugar con 41.93% (S/. 311, 274,927) y un avance de casi 77%; segundo, Salud con un 25.14% (S/. 186, 617,266) y un avance de 67.5%; y la función Agropecuaria en quinto lugar, con un porcentaje de 4.41% (S/. 32,766,549) reflejando un avance de 54.2%
Entendemos que tiene sentido la priorización de Educación y Salud, aunque es notorio lo rezagada que está la función Agropecuaria en departamentos con porcentajes significativos de la población dependiendo de ello como actividad económica predominante. También habría que evaluar si a mayores recursos se producen necesariamente mayores impactos, y que, además, las asignaciones presupuestarias se condigan con lo que señalan los Planes de Desarrollo de cada región, que ya han invertido tiempo y recursos en tener una lectura sobre los problemas regionales.
Finalmente, en el último trimestre de un año preelectoral, es previsible que se mejoren los porcentajes de ejecución. Esperamos que haya un balance basado en medidas de rentabilidad social, entre grandes obras con atractivo «político» y la inversión social necesaria en departamentos con altos porcentajes de población viviendo en pobreza.

desco Opina - Regional / 4 de noviembre de 2013
Programa Sierra Centro
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viernes

¿Borrón y cuenta nueva en Apurímac?

En estos días se anuncia en la región Apurímac que el proyecto minero Las Bambas a cargo de la Compañía Minera Xstrata pasará de la fase de exploración a la fase de explotación. Esto supone el inicio de la implementación del sistema de transporte del mineral, para lo cual se habría decidido la construcción de un ducto minero de la zona de Las Bambas hacia Espinar, en Cuzco. Este ducto requiere un insumo importante que es el agua para el funcionamiento de las fajas. El método escogido requerirá entonces el uso de las aguas del río Challhuahuacho. La mitad del caudal del mencionado río sería utilizado con ese propósito, lo cual presupone un estudio ambiental que garantice el abastecimiento de agua sin afectar las necesidades fundamentales de la región. Como sabemos la Ley establece que las aguas (que son propiedad del Estado) deben ser utilizadas principalmente con fines de uso doméstico y en segundo lugar, con fines productivos. Asimismo, se supone también la consulta respectiva a las comunidades y a la población afectada. No llevar a cabo las consultas trae consecuencias como la ocurrida esta semana, que ha obligado a Xstrata a trasladar a su personal y maquinarias por la protesta de las comunidades cercanas.

Mientras esto ocurre, aún no tenemos información sobre cuáles son los lineamientos de acción del nuevo Gobierno Regional de Apurímac: ¿se continuará con lo estipulado en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) publicado en 2010?, ¿se elaborará un nuevo plan de desarrollo?, ¿incorpora este PDC los planes de las compañías mineras para la zona?, ¿la población particularmente las comunidades campesinas, están de acuerdo con el sistema de transporte impuesto por la compañía minera?, ¿este sistema de transporte es el más adecuado para el desarrollo y los interés regionales?

Otras alternativas para transportar la producción regional han sido discutidas en su oportunidad, entre ellas la ferroviaria o la apuesta por el mejoramiento de carreteras con la finalidad de transportar productos agropecuarios hacia otros mercados. Además, no debemos olvidar que se ha dialogado extensamente a nivel regional sobre la preservación ambiental, lo cual esta reflejado en el Objetivo Estratégico nº 3 del PDC 2010 que dice que es prioritario «convertir a Apurímac en una región saludable y ambientalmente sostenible, ordenada territorialmente, donde sus habitantes conocen y hacen uso adecuado del ambiente y sus recursos naturales en sus diversos pisos ecológicos, y han desarrollado sus capacidades y mecanismos eficientes para el planeamiento y la gestión territorial con un adecuado manejo de riesgos y adaptada a los cambios climáticos».

Entonces, nos volvemos a preguntar ¿concuerdan los propósitos de la compañía minera en Las Bambas, con el Plan de Desarrollo Concertado Regional?, ¿o más bien se han priorizado las alternativas en función principalmente del abaratamiento de costos en el sistema de transporte para beneficio exclusivo de la empresa minera? Lo que resulta verdaderamente grave es que el uso de las escasísimas aguas del río Challhuahuacho (única fuente de agua de la zona) puede dejar un perjuicio irreparable no solo para la región, sino también para el país.

Este es un ejemplo de cómo muchas regiones en el Perú siguen siendo manejadas como economías de enclave en las cuales el planeamiento empresarial está desarticulado de los planes regionales y de los intereses nacionales. En términos generales, los espacios de reflexión y los planes de inversión de las empresas mineras tienen limitaciones para incorporar canales de participación, fortalecer los sistemas organizativos, mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos e introducir elementos de sostenibilidad social y ambiental.

En ese marco, un tema insuficientemente discutido en términos ambientales es la construcción de mineroductos que van desde las zonas de producción hacia los centros de acumulación. Se señala su efecto positivo al evitar el tránsito de un gran número de camiones por las carreteras, pero no se discute el efecto del uso del agua para su funcionamiento (los ductos transportan el mineral mediante presión hidráulica). La cantidad de agua que requiere esta tecnología es significativa. Además, esta alternativa, limita el transporte hacia un producto exclusivo, negando la posibilidad de aportar al crecimiento del mercado interno con el transporte de otros productos aparte de los minerales que, tarde o temprano, se acabarán.

Más allá de la necesaria discusión sobre el impuesto a las sobreganancias, urge que los debates electorales aborden estos aspectos de la operación de las empresas mineras y sus potenciales impactos en el medio ambiente.

desco Opina - Regional / 20 de mayo de 2011
Programa Sierra Centro

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Debate electoral: sin libretos ni actores

Hemos ingresado a un año electoral y los medios de comunicación anuncian aprestos, acomodos, posibilidades pero, como ha sucedido en el pasado, poco o nada sobre ideas o planteamientos de los que aspiran a ser Presidente de la República. De igual modo, tenemos al frente unas importantísimas elecciones locales y regionales, pero la cobertura nacional tampoco parece inmutarse frente a ello.

No les preocupa la fragilidad y las delicadas inconsistencias de nuestro sistema político. Están más atentos de las posibilidades electorales de Jaime Bayly, las capacidades oratorias de Luis Castañeda, subrayar los errores de Humala, que formar ambientes propicios para un verdadero debate electoral.

Puede ser simplemente ineficiencia en las comunicaciones. También desidia de los partidos políticos nacionales para superar su larga agonía. Sin embargo, ambas situaciones son tan sistemáticas que ya es difícil asumir la simple inoperancia.

En efecto, una de las premisas de la hegemonía neoliberal que se impuso en el país hace 20 años, es que debe aparecer ante los ojos de los ciudadanos como una situación «normal», en donde las cosas están más o menos en orden y los entrampes son aspectos circunstanciales –«disfuncionales»– proclives a ser corregidos con la magia del mercado.

Así, el sistema debe garantizar el crecimiento económico y, en esa medida, el «proyecto» o «plan nacional» que auspicia la derecha y el poder económico del país buscó legitimarlo imponiendo una «forma económica» para los debates en torno a los asuntos públicos. Así, fue común observar que en las últimas décadas no se preguntaba si algo era bueno o malo sino ¿es eficiente?, ¿es productivo?, ¿en qué medida beneficia al PBI?

Este encuadre evitó que se ponga en consideración cualquier cuestionamiento moral a lo que venía haciéndose y, en esa línea, censuraba tajantemente la posibilidad de preguntar si finalmente la producción y perennización de la pobreza era un factor consustancial para que el sistema funcione, restringiendo nuestros horizontes a sentidos tan estrechos como sacar simplemente la cuenta de cuánto se gana o cuánto se pierde. Dadas de esta manera las cosas, los pobres difícilmente podían aspirar a inclusiones sostenibles y el ejercicio de derechos de las poblaciones vulnerables se convertía en un sueño de imposible realización.

Sin embargo, los síntomas y señales del agotamiento del modelo imperante no dejan lugar a dudas, aun cuando la derecha auspiciadora de un sistema probadamente injusto siga vendiendo la idea de que un mercado libre con actores profundamente desiguales asigna, finalmente, de manera eficiente los recursos.

Por ello, el «debate electoral» no puede tolerar posiciones alternativas al statu quo y todo aquel que desee dirigir al país debe aceptar, de una u otra forma, las reglas establecidas. Si no fuera así, la demolición mediática se implementará rápida y contundentemente.

Desde el gobierno se dan señales en ese sentido. Recordemos que hace poco, el presidente previó una «crisis electoral» en referencia a los supuestos apetitos desmedidos de quienes disputarán las elecciones regionales y municipales de octubre próximo. Además, señaló que este año el país debe continuar con su crecimiento económico aunque el resultado de las elecciones podría motivar un «retraso». Es evidente la relación de este discurso, innecesariamente alarmista, con las preocupaciones del empresariado de capital nacional y transnacional.

Tengamos en cuenta que en la concepción de los empresarios, el 2010 debería ser el año de la salida de la crisis y como tal se percibe la necesidad de demostrar que la locomotora no puede parar. Esta idea se manifiesta en una preocupación de los actores económicos respecto de las elecciones de octubre, lo que a su vez se refleja en las declaraciones presidenciales. La capacidad para trasladar sus expectativas a las más altas esferas del poder es lo que define, de hecho, la influencia que estos actores tienen.

Constatar que estas preocupaciones son las que expresan, por ejemplo, los empresarios ligados a las industrias extractivas, nos hablan de un pensamiento centralista que solo se ocupa de los territorios como el «teatro de operaciones» de sus actividades, aun cuando tácitamente reconoce el grado de discrecionalidad y autonomía que podría tener un gobierno regional como para ocasionarle problemas, en caso éste le sea «adverso». Esto nos lleva a preguntarnos por el peso de los actores económicos regionales, como resultado de los años sostenidos de crecimiento que el presidente toma como suyos.

Por otro lado, el chantaje neoliberal no ha tenido respuestas que desafíen realmente su hegemonía. Desde el polo contrario no ha surgido una propuesta de nuevo orden que persuada de sus beneficios y sea aceptada por la población que no siente formar parte del sistema. En el mejor de los casos, parece que predomina la fantasía de que poco o nada podría hacerse si antes no se llega al gobierno.

Ello actualiza ese intenso y, a veces, insulso debate que se formuló tiempo atrás en la izquierda latinoamericana, acerca de las relaciones entre poder y gobierno. En efecto, la hegemonía que debía construirse estaba en relación al poder que consolidaba el bloque popular. Así, se esperaba como efecto de la acción política de izquierda la acumulación de fuerzas necesarias, mediante la creciente capacidad de organización y movilización social que adquiría, y no se buscaba medir el éxito a partir de las probabilidades electorales.

Seguramente, la agenda política transformadora tiene desde hace bastante tiempo el terreno propicio para levantarse y fortalecerse. Sin embargo, pareciera que el chantaje neoliberal hace mella en las filas de los llamados a superarlo, allanándolos a su juego.

Enlaces de interés

· Artículo sobre modificaciones a la Ley de Elecciones Regionales
· Cronograma de las elecciones regionales y municipales 2010

desco Opina / 22 de enero 2010
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¡Qué bueno los planes!... mejor si se cumplieran

desco Opina - Regional / 25 de setiembre de 2009

Las provincias huancavelicanas de Castrovirreyna y Huaytará cuentan actualmente con un extraordinario instrumento de trabajo para el planeamiento de su desarrollo. En efecto, en el marco de las intervenciones realizadas con recursos del Fondo Italo Peruano (FIP) se han elaborado los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de las capitales de esas jurisdicciones. Además, cabe mencionar que los mencionados proyectos fueron ejecutados con apoyo de las facultades de Arquitectura de las universidades Roma Tre, Italia y Católica de Lima, Perú. Sin embargo, también debe señalarse que hay acciones pendientes que deben realizarse, como por ejemplo, la capacitación a la población para que haga un uso adecuado de dichos planes.

Así, aun cuando es urgente la necesidad de contar con otros instrumentos de gestión territorial y de percibirse todavía algunos vacíos de información que, en nuestro concepto, deben incorporar estos proyectos –por ejemplo, la naturaleza de vivienda productiva de los hogares y la vocación principalmente pecuaria de los habitantes de la zona, así como la dotación de recursos paisajísticos y arquitectónicos existentes en ambas provincias–, debemos saludar estas acciones.

El caso expuesto, además, sirve para reflexionar sobre la situación de los instrumentos de gestión territorial en el país. En efecto, la legislación actual obliga a los gobiernos locales y regionales a estructurar sus respectivos planes estratégicos y sus presupuestos participativos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sólo se cumple formalmente lo establecido en las normas, pero no se transita hacia la conversión de estos documentos en verdaderos instrumentos de gestión.

Adicionalmente, esto trae a colación uno de los efectos más negativos que provoca la ausencia de una debida articulación de los planes de desarrollo. Como las intervenciones no tienen claridad respecto a los resultados que deben obtenerse, por no existir en el país un planeamiento estratégico, hay una lamentable superposición de éstas, muchas de las cuales no están enlazadas a los planes regionales o provinciales que debieran darles el marco y, lo que es más grave, se han gastado ingentes recursos del Estado y de la cooperación para el desarrollo en estudios y proyectos cuyos resultados no se pueden ubicar en ningún archivo, por decir lo menos.

Por ejemplo, recordemos que el Proyecto de Apoyo a los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Huancavelica AGORAH, tenía como unas de sus finalidades elaborar un plan de ordenamiento territorial y urbanístico para ambas regiones, es decir, se suponía que éste incluía a Huaytará y Castrovirreyna. Sorpresivamente, puede constatarse que el informe «final» del mencionado proyecto da cuenta de la ejecución del referido proyecto, en la que habría participado la Universidad San Martín de Porras. Entonces, la pregunta que debemos hacernos cae por su propio peso: ¿ambos proyectos –el del FIP y el de AGORAH– han hecho un trabajo similar?, ¿el segundo recoge información del primero? Más aun, ¿ambos están enlazados a los planes de desarrollo regional?

La eficacia en el uso de los recursos de la cooperación internacional es un tema que ha sido puesto en cuestión durante los últimos años y, por lo mismo, muchos esfuerzos se vienen haciendo para tratar de darle un uso óptimo a estos recursos. Sin embargo, nada de esto obtendrá resultados positivos si el Estado no articula en debida forma los planes de desarrollo y los planes sectoriales. Asimismo, poco o nada se logrará si las agencias de cooperación no buscan alinear sus intervenciones con las necesidades de desarrollo del país.

desco Opina - Regional
Programa Sierra Centro
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